Las explicaciones sumarias que contraponen “fraude electoral” o “golpe de Estado” en Bolivia, no expresan en absoluto el complejo entramado de circunstancias que condujeron primero a la renuncia de Evo Morales y luego a la proclamación de la senadora Jeanine Áñez como presidenta de la República, con el mandato de viabilizar la realización de nuevas elecciones generales a comienzos del próximo año.

La tesis del derrocamiento mediante un golpe de Estado de carácter político-cívico-policial es esgrimida obviamente por el propio Evo Morales y sus seguidores y simpatizantes en Bolivia, pero circula también en un amplio espectro de opinión pública, líderes políticos y analistas en América  Latina, en vista de las consecuencias geopolíticas que el asunto trae consigo.

Ilustración: Guadalupe Gómez

El argumento principal de dicha interpretación hace referencia a la negativa del Ejército de salir a las calles para reprimir los bloqueos y movilizaciones que denunciaban un cómputo electoral fraudulento, y reforzado esto con la sugerencia del Comandante de las Fuerzas Armadas de que Evo Morales renuncie en vista de la situación imperante una vez que se hizo público el informe de auditoría de la OEA, con las siguientes conclusiones lapidarias:

“Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta.… El equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que se recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”.

Éste fue el detonante de la escalada de las movilizaciones opositoras, incendios de viviendas de ministros y parlamentarios del MAS en Potosí y Cochabamba, y la subsiguiente seguidilla de renuncias de ministros, gobernadores y otras autoridades gubernamentales. 

A partir de ese momento, todas las fuerzas políticas opositoras y la totalidad de las movilizaciones ciudadanas se sumaron a la demanda de renuncia de Evo Morales, que para sorpresa de muchos también fueron secundadas por parte de importantes sectores sindicales, que pocos días antes le brindaron su apoyo completo, tales como la Central Obrera Boliviana, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros y la Federación de Petroleros.

Para entonces la Policía ya se había retirado de las calles, y en muchos lugares se dieron episodios de confraternización entre ciudadanos movilizados y policías, sin óbice de que la posición adoptada por parte de los uniformados consistía en reivindicaciones particulares de la institución. 

Las revelaciones del informe de auditoría de la OEA y la admisión por parte de la presidenta del Tribunal Electoral de haber estado sometida a intensas presiones, ya no dejan duda alguna sobre la existencia de un escandaloso fraude electoral organizado minuciosamente desde la etapa preparatoria de los comicios, lo que explica ciertamente la generalización de los innumerables bloqueos urbanos realizados de manera espontánea por vecinos, jóvenes y ciudadanos en general, que se enlazaban sin dificultad con las manifestaciones y cabildos ocurridos antes del 20 de octubre.

Frente a todo eso, se desató la reacción de los grupos de choque organizados por el MAS, que iniciaron una ola de violencia vandálica que ha dejado hasta ahora un saldo de siete personas fallecidas, centenas de heridos, jóvenes vejadas cuando se dirigían en buses a la capital, decenas de viviendas incendiadas en las ciudades de La Paz, El Alto, Potosí y Cochabamba, así como quema de 60 autobuses del servicio urbano de La Paz, incendio de estaciones del teleférico en La Paz, destrozos de negocios comerciales y asalto de cajeros automáticos, entre muchos otros atropellos y desmanes.

No es arbitrario señalar que han sido los grupos organizados del MAS los que han desplegado los principales hechos de violencia, atropello y amedrentamiento de los vecinos, alentados desde luego por las amenazas de cercar las ciudades, vertidas previamente por el propio Evo Morales y algunos de sus ministros.

Han ocurrido seguramente también diversos hechos de violencia atribuibles a las fuerzas opositoras, pero no guardan proporción alguna con los desmanes de las huestes masistas.

A estas alturas no se han pacificado todavía los ánimos y menos se ha restablecido la normalidad de la vida cotidiana. Baste mencionar un reciente ultimátum de las Federaciones de Productores de Coca del Chaparé para que retorne Evo Morales y asuma la presidencia hasta culminar su mandato el 22 de enero próximo, a cuyos efectos marcharán primero a Cochabamba y luego a otras ciudades, hasta llegar a La Paz el fin de semana. También existen aprestos semejantes en El Alto.

En vista de todo lo anterior, se comprende que la tarea primordial inmediata del nuevo gobierno consista en garantizar la seguridad ciudadana efectiva, el tránsito expedito en todas las carreteras, el funcionamiento de los aeropuertos, el restablecimiento de los servicios de salud y educación, así como el abastecimiento regular de los principales mercados.

Pero desmovilizar a los grupos violentos y encaminar las medidas necesarias para designar un nuevo órgano electoral en todos sus niveles, con las calificaciones técnicas necesarias para asegurar la transparencia de los próximos comicios, será seguramente una tarea imposible de realizar en medio del acoso político del enorme sistema de lealtades y prebendas que construyó el MAS en los 14 años pasados, a menos que se cuente con el respaldo de un sólido mecanismo de  acuerdos políticos e institucionales de amplio alcance.

Las fracturas sociales y los odios sembrados a lo largo de los años pasados tardarán mucho tiempo en desaparecer, y por eso mismo se hace necesario un esfuerzo supremo de reconciliación sistemática entre los bolivianos, con el objetivo de desmontar de inmediato el estilo autoritario de gobierno de Evo Morales, sin retroceder por ello en los avances logrados en materia social, que deben promoverse con convicciones y acciones auténticas, ajenas al estruendo retórico del pasado.

En cuanto al sistema político, se requieren acuerdos básicos para encaminar al país hacia una democracia institucionalizada sobre cimientos robustos, empezando por la realización impecable de las próximas elecciones. Esto se dice fácil, pero constituye una tarea descomunal en vista de la nueva constelación de actores presentes en los escenarios políticos nacionales, regionales y locales.

Los derechos adquiridos en las movilizaciones de las últimas semanas, sumados a las demandas de los cabildos cívicos, imponen la necesidad de abrir espacios electorales para las nuevas representaciones sociales y de los pueblos indígenas, en una composición que debilitará inicialmente al ya de suyo frágil sistema de partidos políticos. Y el asunto se torna tanto más complicado cuando se ha mostrado en todo su alcance el talante retrógrado de algunos dirigentes cívicos, de amplio arrastre demostrado en los acontecimientos recientes.

Es además probable que no se puedan llevar a cabo las próximas elecciones en condiciones democráticas ideales, si es que no se introducen algunos cambios sustantivos en el sistema judicial.

Una gran mayoría de ciudadanos bolivianos ha hecho su tarea impecable de resistencia al autoritarismo y al fraude. Ahora le toca al liderazgo político demostrar su capacidad de reconstruir con creatividad y firmeza el andamiaje de una democracia en forma.

 

Horst Grebe López
Economista boliviano.

 

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