Riesgos para el Estado

El colapso financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido una crónica largamente anunciada. Lo que fue una paraestatal vigorosa durante el desarrollo estabilizador, así como fuente de 30 a 40% de los ingresos gubernamentales en las últimas tres décadas, está hoy urgida de capital y liquidez como ninguna otra petrolera en el mundo para responder a sus obligaciones crediticias, laborales, fiscales y operativas.

Lo peor: el escenario de insolvencia en Pemex resulta perjudicial para el Estado mexicano por doble vía. Por un lado, pone en jaque la dependencia fiscal de la renta petrolera que el gobierno ha empleado para compensar su baja capacidad para recaudar impuestos. De hecho, desde 2014 la renta petrolera ha pasado a representar sólo un 20% del presupuesto gubernamental. Por el otro, el rescate financiero de la petrolera con cargo exclusivo a recursos públicos equivale tanto a una reducción de la capacidad crediticia del Estado mexicano para honrar el resto de sus pasivos, como a un incremento implícito de la deuda soberana.1

Ciertamente, la lógica de extracción de rentas que ha guiado el manejo de Pemex fue conservada y maximizada por aquellos gobiernos partidarios de un proyecto económico liberal. De igual forma, los tímidos intentos por capitalizar a Pemex con inversión privada —tal como el encabezado por el presidente Calderón en 2008— naufragaron gracias a la oposición del ala nacionalista del PRI y la izquierda lopezobradorista.

Pese a que la crisis en Pemex le fue heredada por una administración desprestigiada por la corrupción, la responsabilidad del presidente López Obrador radica en el manejo que haga de tal emergencia y sus repercusiones fiscales y financieras para el país.

Si bien el Ejecutivo federal se ha abstenido de usar —por ahora— el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), cuyo fin es amortiguar caídas en los ingresos del gobierno central y no los de sus paraestatales, el rescate de Pemex se ha venido realizando a costa del presupuesto autorizado para otras funciones del Estado. López Obrador no parece percatarse que estas reasignaciones de gasto son paliativos sin solución al problema estructural de la compañía, pues estas transfusiones tendrán que hacerse recurrentemente.

Segundo, el presidente le ha ordenado a Pemex la ejecución de un megaproyecto de infraestructura en refinación que está lejos de ser un negocio rentable. Tercero, hemos presenciado el deterioro de la calificación crediticia ya no sólo de Pemex, sino también del país. Cuarto, se acordó el refinanciamiento de líneas de crédito revolventes “para fortalecer a Pemex”, aunque a decir verdad se trata de un negocio garantizado por el gobierno federal. Quinto, se suspendieron indefinidamente las rondas petroleras dirigidas a privados, incluidas las que buscaban encontrar socios estratégicos de Pemex para absorber el riesgo —financiero, operativo y tecnológico— en los campos que no podría explotar por sí sola.

He aquí el riesgo moral subyacente al salvamento lopezobradorista de Pemex: las medidas de austeridad soportadas primordialmente por una nación privada de un gobierno funcional y servicios públicos de calidad, e indirectamente por el contribuyente, no han tenido un correlato de acciones recíprocas de saneamiento y ajuste estructural dentro de la entidad objeto del rescate.

Ilustración: Víctor Solís

Entre la refundación fiscal del Estado y una inercia sin contrapesos

Decía el filósofo irlandés Edmund Burke que los “ingresos del Estado son el Estado […] ya sea para su sostén o para su reforma”.2 Luego, la gestión que el presidente López Obrador haga de la crisis en Pemex —y su impacto en las finanzas públicas— constituye una decisión política fundamental para el devenir del Estado mexicano. Considerando que López Obrador siempre se ha visualizado como campeón de la moralidad y la justicia social, no hay mayor legado histórico al que un proyecto progresista podría aspirar en México que la construcción de un régimen fiscal sustentable y transparente que —por conducto de sus instituciones tributarias y presupuestales— siente los pilares de un gobierno fuerte, pero a la vez obligado a rendir cuentas en un orden jurídico de contrapesos.

Dicha fortaleza fiscal pasa por despetrolizar, gradualmente, el tesoro público mediante un sistema tributario de base más amplia. Aunque se antoja insuperable, quizá la refundación fiscal del Estado resulte más probable como resultado de una emergencia económica o un nuevo pacto social. Por ello, no veo condiciones más propicias para dicho llamado nacional, que el desastre heredado en Pemex y un mandato presidencial que se concibe a sí mismo como el parteaguas de un nuevo régimen político.

Sería invaluable que el presidente López Obrador —como el estadista transformador que anhela ser— aprovechara esta oportunidad histórica para utilizar su legitimidad democrática y enviar al Congreso una iniciativa de reforma fiscal integral por la que se comunique de manera transparente a la nación:

1. Un diagnóstico detallado de los riesgos y consecuencias que la insolvencia de Pemex representa para las finanzas públicas.
2. Una evaluación del uso de los fondos de estabilización que, en su caso, el Ejecutivo federal deba operar a efecto de compensar el desajuste en el presupuesto gubernamental ocasionado por la caída de ingresos petroleros, de conformidad con la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
3. Una hoja de ruta con medidas correctivas a realizar dentro de la paraestatal.
4. Los esfuerzos tributarios y de gasto que el rescate financiero de Pemex y la caída de la producción petrolera exigirán de la nación, en cuanto propietaria de esta empresa y como contribuyente del presupuesto federal, respectivamente.
5. Los beneficios que las nuevas reglas fiscales producirán en términos de capacidades institucionales, servicios públicos y bienestar social para la población, y
6. Los presuntos hechos de corrupción identificados en el manejo de Pemex, guardando el debido proceso y secrecía sobre las investigaciones en curso por los aparatos de inteligencia, así como sustituyendo el enfoque de persecución de perfiles específicos por uno centrado en las conductas objeto de reproche y su daño patrimonial tanto para Pemex como para la hacienda pública.

Desde luego, López Obrador goza de una alternativa —más expedita jurídicamente y menos costosa políticamente— para rescatar a Pemex, aunque sería un remedio a expensas de finanzas públicas sustentables. Me explico: el régimen presupuestario vigente establece válvulas de seguridad para compensar descalabros en los ingresos del gobierno federal —y no de Pemex— que deriven de un colapso de las variables petroleras. En un escenario de gobierno unificado,3 dicha normativa fiscal presenta dos riesgos.

Primero, la regulación hacendaria confiere, de suyo, un gran margen de discreción al Ejecutivo federal —vía la Secretaría de Hacienda— para administrar ingresos excedentes, o bien realizar reasignaciones o ampliaciones presupuestales que exceden lo aprobado por la Cámara de Diputados, en un marco de controles parlamentarios laxos. De hecho, el presidente López Obrador parece haber escogido esta ruta, ya que su coalición en el Senado aprobó recientemente la iniciativa de Ley de Austeridad Republicana y adiciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las cuales no sólo conservan la discreción administrativa en cuestión, sino que la concentran en el titular del Ejecutivo federal para decidir destinos de gasto. Es así como el Congreso, dominado por la mayoría de Morena, parece haber abdicado de su función de contrapeso del Ejecutivo.

Segundo, la reforma energética contempla disposiciones que, por un lado, establecen la obligación anual a cargo del Fondo Mexicano del Petróleo de cubrir, al menos, una razón de 4.7% del Producto Interno Bruto de 2013; por el otro, autorizan el uso —extraordinario— de fondos de estabilización y ahorros de largo plazo para parchar el presupuesto gubernamental ante la caída de la producción petrolera o sus precios, sujeto a una prelación y, en ciertos casos, a la aprobación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Además de lo cuestionable que resulta que la reforma energética no haya previsto directrices para obligar al Estado a ir reduciendo, gradualmente, la dependencia presupuestal de la renta petrolera, estas reglas de excepción en materia fiscal corren el riesgo de utilizarse arbitrariamente, en un ambiente carente de contrapesos legislativos.

No es coincidencia que, en abril de 2019, la administración —a través de Hacienda— haya contemplado la opción de cambiar el objeto y reglas de operación del FEIP, a fin de inyectar parte de sus recursos a cubrir una porción de la deuda de Pemex.4 Si bien esta medida no fue consumada, y aun cuando hay argumentos para justificar su aprobación legislativa, el gobierno lopezobradorista podría recurrir a dicho instrumento en cualquier momento: la oposición a sortear en el Congreso sería muy baja. Así, las señales que ha dado el presidente en turno no son alentadoras. Por el contrario, el gobierno de la Cuarta Transformación parece conducirse como si quisiera conservar e, incluso, acentuar el régimen de voracidad fiscal —discrecional, opaco y rentista— que tanto criticó en sus rivales políticos: los gobiernos del paradigma ‘neoliberal’.

Una tercera vía para Pemex

La importancia histórica de la reforma petrolera de 2013 radicó en abrir una industria que había sido expropiada en 1938 y luego consolidada en monopolio estatal. Pese a las expectativas de crecimiento económico y desarrollo creadas por la apertura del sector hidrocarburos hacia un régimen de inversión amigable al mercado, el diseño institucional adoptado contiene algunas omisiones —en términos de frenos y contrapesos— que denotan insuficiencias respecto al objetivo liberalizador de la reforma.

La reforma de hidrocarburos fue diseñada con base en la experiencia institucional de Noruega y sus réplicas latinoamericanas más exitosas: Brasil y Colombia. Estos casos de éxito constituyen las mejores prácticas internacionales en cuanto a modelos regulatorios de ‘tercera vía’; es decir, regímenes en los que se conjuga —balanceada y funcionalmente— la intervención del Estado como rector, policía y empresario en una industria de interés público que, por lo demás, está sujeta a las reglas del mercado y la libre competencia.

Si bien en 2013 se logró la institución de contratos administrativos para que inversionistas privados exploren y extraigan hidrocarburos. Lamentablemente, dadas las condicionantes de la negociación y aprobación de la reforma energética, la importación del modelo noruego resultó incompleta en un punto crucial: Pemex no fue semi-privatizada en su estructura accionaria, a diferencia de lo ocurrido con Statoil —ahora Equinor5— en 2001,6 Petrobras7 entre 1997 y 20008 y Ecopetrol9 desde 2007.10 Tres empresas públicas cuya capitalización privada parcial no ha impedido que sigan bajo el control de sus gobiernos.

A la par, considerando la distribución vigente de los derechos de exploración y extracción por conducto de las asignaciones otorgadas durante la Ronda Cero y los 107 contratos adjudicados a privados a la fecha, Pemex controla cerca de un 90% de las reservas probadas del país, mientras que el 5% de las reservas totales está en manos de contratistas.11 De este modo, el operador estatal sigue siendo un virtual monopolio en el segmento extractivo del sector hidrocarburos. ¿De qué sirve tener un portafolio de activos tan jugoso cuando se carece de las capacidades financieras, técnicas y operativas para explotarlos?

Es claro que la propiedad privada en México goza de dudosa reputación y una protección jurídica débil. Prueba de ello es el artículo 27 constitucional que sujeta la regulación de la propiedad privada a las “modalidades que dicte el interés público”, colocando al Estado como garante de esta función social. Esta lógica se ve trasladada al petróleo y gas en el subsuelo, cuyo dominio corresponde a un sujeto amorfo y difuso denominado “nación”, quien a su vez es representado por un Estado rentista.

La mala fama de la propiedad privada también obedece a una implementación discrecional y fallida de varios procesos de liberalización en el México contemporáneo. En teoría, la privatización debía ser un medio para abrir sectores económicos monopolizados por el Estado, reemplazando las barreras y rigidez burocrática por la dinámica de un mercado en libre competencia. La realidad es que la desincorporación de activos estatales estratégicos sirvió a un “capitalismo de cuates” que —además de asentar un maridaje de corrupción entre gobernantes y clientela empresarial— culminó en monopolios privados contrarios a la competencia, cuando no en reintervenciones y rescates a costa del tesoro público.

Frente a estos experimentos fallidos, atribuibles a cúpulas sin vocación de Estado ni capacidad política para lograr su propio proyecto de modernización, aprendimos un par de cosas. Por un lado, que cualquier medida de liberalización económica está condenada al fracaso cuando se instrumenta en un vacío regulatorio sin contrapesos efectivos. Por el otro, que la privatización —en cuanto política pública— sufre hoy de una ilegitimidad de origen, en detrimento de las bondades que la misma pudiera inducir en aras de una sana relación entre Pemex y las instituciones fiscales del Estado.

Durante 2019, los especialistas se han concentrado en criticar la instrucción presidencial de suspender las licitaciones dirigidas a competir por contratos petroleros y alianzas estratégicas con Pemex. Ciertamente, López Obrador está privando a su gobierno de ingresos valiosos que dichos contratos aportarían —vía contraprestaciones e impuestos— a las arcas públicas, impidiendo sangrías adicionales en Pemex y el presupuesto federal. Sin embargo, no queda claro que estos contratos —vistos aisladamente— sean capaces de resolver la patología estructural que afecta la relación entre empresa pública y Estado.

La crítica —dominada por el lenguaje de economistas, financieros e ingenieros— ha pasado por alto el “nudo gordiano” que la reforma energética omitió resolver: los contrapesos en la composición del capital social de Pemex a la manera de Noruega, Brasil o Colombia. Esta solución de tercera vía permite un equilibrio entre el control estatal de sus campeones petroleros y una participación privada que —aun siendo minoritaria— es capaz de colocar controles efectivos a la voracidad fiscal e interferencia política del gobierno, a fin de garantizar decisiones con base en criterios de empresa productiva.

Al estar Pemex sujeta a un régimen de propiedad estatal exclusiva, el interés difuso de la nación sobre su manejo está expuesto a la captura de los intereses del gobierno en turno por permanecer en el poder —sobre todo, en un escenario sin contrapesos—. Durante décadas, gobierno y sociedad mexicana nos hemos beneficiado de este arreglo perverso por doble vía. Primero, al usar a Pemex como el principal contribuyente del Estado, se ha evitado el desarrollo de instituciones tributarias estables y fuertes, con capacidad efectiva para cobrar impuestos. Segundo, a falta de un arreglo tributario robusto, el gobierno ha recibido en reciprocidad un cheque en blanco, de parte de una ciudadanía corresponsable, en la forma de un régimen presupuestal discrecional, laxo y opaco por el que fluyen recursos para subsidios, obras de infraestructura afectas de corrupción, subvenciones y gastos fiscales destinados al mantenimiento de clientelas electorales.

Los perdedores de este pacto implícito han sido Pemex y las instituciones fiscales. Paradójicamente, cuando hablamos de la “cosa pública”, dicha esfera suele internalizarse como un dominio de todos y de nadie al mismo tiempo, arriesgando su apropiación de facto por la agenda particular de aquellos que controlan un aparato gubernamental sin contrapesos. Sin embargo, al final, el Estado es casa de todos.

Resulta fructífero que la crisis de Pemex, en principio financiera y fiscal, conduzca a repensar la ausencia de contrapesos en sus órganos de gobierno. Empero, la transparencia y rendición de cuentas exigida no vendrá de cambiar leyes y diseños de gobierno corporativo. Dicho enfoque nominalista resultará inoperante y cosmético, en tanto no vaya sustentado en una reforma de los cimientos: la estructura de propiedad de la empresa pública.

Una participación minoritaria en el capital social de Pemex —por ejemplo, fondos de inversión a cargo de las pensiones de los trabajadores mexicanos— haría visible, de jure, un interés económico concreto por maximizar los retornos a su inversión y reducir el gasto improductivo en la compañía, lo cual crearía un círculo virtuoso de incentivos:

1. Mayor publicidad y rendición de cuentas de las decisiones estratégicas y corporativas de Pemex, mediante la creación de una Asamblea General de Accionistas, como ocurre con Equinor, con poder de mando sobre el Consejo de Administración.
2. Un escrutinio legal, contable y operativo más riguroso sobre las decisiones de negocio, inversión, deuda y recursos humanos en Pemex, bajo una óptica costo-beneficio.
3. Mayor rendición de cuentas del fisco respecto las obligaciones tributarias de la empresa, pues los accionistas minoritarios presionarían por reducir la carga fiscal de los retornos a su inversión sobre la base de reglas estables, transparentes y conocidas.
4. Una separación nítida que evite la confusión de las funciones del gobierno como fisco, regulador sectorial y socio mayoritario de la petrolera.
5. La posibilidad de internacionalizar operaciones si las condiciones regulatorias del país resultaran menos competitivas a las ofrecidas en otras jurisdicciones.
6. La multiplicación de un sistema de alertas y denuncias de conflictos de interés y hechos de corrupción dentro de Pemex, así como de puntos de contacto que habiliten la intervención de investigaciones, inteligencia y mecanismos de procuración de justicia de otras jurisdicciones, en cooperación con el sistema anticorrupción de México.
7. Indirectamente, una ampliación de la base del sistema tributario para incrementar la recaudación, lo que tendría el efecto de una sociedad civil más activa que exija del Congreso una normativa y vigilancia más estricta del gasto gubernamental. 

Lo aquí propuesto es una privatización al servicio del rescate de Pemex y las capacidades fiscales del Estado. Esto es, un medio más para liberalizar genuinamente a Pemex de los “cuellos de botella” que la han asfixiado desde una lógica rentista y monopólica. Para ello, la privatización de cualquier paraestatal debe sujetarse a reglas de desincorporación y vigilancia que —desde una lógica estricta de competencia y anticorrupción— eviten la mera traslación de un monopolio público a uno privado.

Desde luego, una eventual semi-privatización de Pemex no podría realizarse en automático. Antes, el gobierno mexicano tendría que aplicar un plan de saneamiento12 en la empresa. Ninguna persona estaría dispuesta a comprar una casa ante la presunción razonable de vicios ocultos en la misma. De este modo, estas medidas de ajuste estructural permitirían al gobierno atajar el deterioro crediticio y planear la estrategia, el grado y el ritmo de la privatización en cuestión.

Persuadir a la nación sobre la necesidad de privatizar parcialmente una paraestatal sería un desafío político antes que técnico. Como bien decía Max Weber: “la política se hace con la cabeza, pero en modo alguno solamente con la cabeza.”13 Ello porque una reforma de este calado requeriría de un liderazgo responsable y estoico para situarse por encima de las resistencias de facciones, ideologías, cúpulas y clientelas, así como de cierta disposición estratégica a ceder parte de su poder en contrapesos institucionales, en aras de blindar la columna vertebral del Estado.

López Obrador enfrenta con Pemex esa clase de crisis cuyo manejo lo definirá como uno más entre tantos gestores, o bien como el estadista que sueña ser. Convocar al auxilio —calculado y reglado— del sector privado no implica traición a los principios, cuando está en juego el devenir del Estado. México pide a gritos un referente político transformador que, sin olvidar convicciones igualitarias, se conduzca con responsabilidad en el manejo de la cosa pública, bajo las reglas de la democracia y el derecho, lo que exige un dominio de los impulsos para leer con mesura una realidad que nos supera.

De incumplir las expectativas, López Obrador habrá dejado pasar una oportunidad única para institucionalizar las bases de un bienestar de largo plazo en México —y con ello, la credibilidad de la izquierda como una opción eficaz de gobierno—. Cualquier proyecto socialdemócrata en potencia corre así el riesgo de quedar arrasado por la pasión sin mesura e irresponsabilidad que, hasta ahora, ha mostrado el presidente López Obrador. Sólo basta verse al espejo en las lecciones de la historia: el desprestigio del liberalismo económico en mucho obedeció a una implementación fallida y corrupta de los gobiernos de la transición. Esto no es lo más inquietante: ante promesas incumplidas y la normalización de acciones cuestionables del lopezobradorismo a las formas legal y democráticamente aceptadas en nuestro país, es previsible esperar una reacción. Ahí se lamentará mucho haber destruido toda clase de contrapesos. 

Postdata. Al momento de escribir este texto, el gobierno lopezobradorista ha presentado las líneas generales del Plan de Negocios de Pemex. Las señales son desalentadoras. La administración mantiene la estrategia de rescatar a Pemex con cargo exclusivo al presupuesto gubernamental y mediante una reducción temporal de su carga fiscal, sin visos de una reforma fiscal integral en puerta. De igual forma, se plantea recurrir a privados mediante contratos de servicios, los cuales ya existían antes de la reforma energética, omitiendo el uso de vehículos más atractivos para la inversión privada como las licencias. El plan nada dice sobre una posible capitalización de Pemex con una participación privada minoritaria. Así pues, López Obrador se ha decantado por conservar las sangrías en las arcas públicas, sin antes sanear el interior de la petrolera.

 

Armando David Rodríguez Maldonado
Doctor en Derecho por la Universidad de California, Berkeley y abogado por el ITAM. Twitter: @armandodavidrm


1 El artículo 106, fracción V de la Ley de Petróleos Mexicanos, que dispone que la deuda de la paraestatal no está garantizada por el Estado mexicano, es una buena intención condenada la ineficacia: la ordeña de Pemex ha sido la columna vertebral de la estabilidad fiscal del país, por lo que los incentivos —económicos y políticos— del gobierno para rescatarla son enormes. Prueba de tal artificio legal es que el sistema de responsabilidad hacendaria contempla un concepto contable denominado “requerimientos financieros del sector público” y su saldo histórico, quizá el indicador más realista para englobar la totalidad de los pasivos del Estado mexicano, incluídas las obligaciones a cargo de Pemex y CFE.

2 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France”, 1790. p. 188.

3 Por ‘gobierno unificado’ entiendo aquel escenario donde el partido o coalición política del titular del Poder Ejecutivo controla, al menos, la mayoría absoluta de los votos en el Congreso.

4 Véase Zenyazen Flores, Jeanette Leyva y Jassiel Valdelamar, “Hacienda transformará Fondo de Estabilización en fondo contracíclico para ayudar a Pemex”, El Financiero, 21 de marzo de 2019; véase también Redacción, “Hacienda destinará 100 mil mdp de Fondo de Estabilización para deuda de Pemex en 2019”, El Financiero, 12 de abril de 2019. 

5 El 16 de mayo de 2018, la petrolera estatal noruega, Statoil, pasó a denominarse Equinor como resultado de una decisión adoptada en la Asamblea General de Accionistas el pasado marzo de 2018. Lo anterior, con el fin de reflejar nuevos valores de la corporación, tales como: la equidad, el combate al cambio climático y, sobre todo, una muestra de orgullo nacional en Noruega más que un vínculo al aparato estatal.

6 El Estado noruego detenta actualmente el 67% de la estructura de capital de Equinor. El resto de los accionistas minoritarios obtuvo su participación en el capital social como resultado de la privatización parcial de la petrolera estatal en 2001, mediante una oferta pública de acciones en las bolsas de Oslo y Nueva York. Véase Equinor, “Equinor-Investors”.

7 El gobierno brasileño es titular de una participación del 50.3% de las acciones ordinarias —aquellas que confieren a sus titulares el derecho a votar en los órganos de gobernanza corporativa— en la composición del capital social de Petrobras, además de una porcentaje adicional equivalente al 10.1% de la misma clase de títulos colocados en manos del Banco de Desarrollo Brasileño, mismo que a su vez es una entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, incrementando la participación efectiva del Estado a un 60.4%. Véase Petrobras, “Shareholding Structure: Capital Ownership Composition”, al 30 de junio de 2019.

8 Adilson de Oliveira, “Brazil’s Petrobras: strategy and performance”, en Oil and Governance: State-owned Enterprises and the World Energy Supply, Cambridge University Press, 2012, pp. 535-536.

9 Un conglomerado de entidades paraestatales del gobierno de Colombia detentan un 88.49% de la composición del capital social de Ecopetrol. Véase Ecopetrol, “Ownership”, a marzo de 2019.

10 Dinero, “10 años de la acción de Ecopetrol en la Bolsa de Valores de Colombia”, noviembre de 2017.

11 Karol García, “Privados ya controlan 5% de las reservas petroleras del país”, El Economista, 30 de mayo de 2018. Véase Petróleos Mexicanos, “Investor Presentation”, Petróleos Mexicanos, México, agosto de 2018.

12 Este plan de saneamiento debe abordar la liquidación de plazas excesivas y la cuestión del pasivo laboral; la reestructuración y, en su caso, amortización de parte de su deuda; una debida diligencia sobre las líneas de negocio que —por su rentabilidad— podría conservar el Estado, respecto de aquellos activos ociosos o segmentos industriales que no lo son, o bien donde la inversión pública no ha llegado en décadas. Dicha medidas deben aparejarse con auditorías externas e investigaciones independientes para procesar ante la justicia probables hechos de corrupción en todos los negocios, lo cual pasa por el sindicato; y finalmente, una inyección, por excepción, de recursos presupuestales que contenga temporalmente el estado de insolvencia.

13 Max Weber, “La política como vocación”, 1919, p. 26.

 

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