La globalización, la cuarta revolución industrial y la economía digital son fenómenos que están cambiando el rostro del trabajo en todo el mundo. La precarización laboral que traen consigo parece tener pocas posibilidades de mejoría de la mano de los sindicatos, los actores tradicionales en la defensa de los trabajadores. Se cuestiona su capacidad para incluir empleos atípicos, sin acceso a la seguridad social y se argumenta que, salvo en contados países, las fuerzas sindicales se han debilitado a la par que perdieron su influencia política. A ello se suma que sigan limitándose a la defensa de intereses particulares sin ampliar su horizonte de influencia en el nuevo escenario laboral.1

Ilustración: Víctor Solís

Frente a estos planteamientos, estudios sobre revitalización sindical sugieren que los sindicatos no están inermes a la globalización y que su capacidad de acción estratégica es relevante en este contexto. Pueden renovar sus recursos de poder tradicionales en aras de reclutar nuevos miembros y adoptar otros repertorios de acción colectiva, con agendas amplias y en alianza con los movimientos sociales actuales.2 De esta forma, un escenario posible sería aquel en el que los sindicatos recuperaran su papel como actores protagónicos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social generada en los mercados de trabajo.3

Después de la crisis global de 2008 se reconoció, incluso desde los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la pérdida de poder sindical o el debilitamiento y atomización de la negociación colectiva son factores que explican el aumento de la desigualdad en los ingresos y la lenta recuperación económica. También se aceptó su importancia en los incrementos en la productividad porque, al elevar los salarios, crean incentivos para que los empleadores inviertan en la capacitación y la innovación tecnológica. A su vez, dan seguridad a los empleos y los ingresos, proveen mecanismos para resolver conflictos y reducen la rotación de personal.4 No es exagerado decir que el futuro de los trabajadores depende de la capacidad de los sindicatos para ganar poder y pugnar por políticas públicas —tanto a nivel macroeconómico, como laborales, educativas, industriales y sociales— que lleven a escenarios menos asimétricos en la negociación con los empleadores.

Si la revitalización sindical puede conducir a la renovación de las estructuras sindicales, las prácticas y los repertorios de acción,5 habría que evaluar los arreglos sociopolíticos e institucionales en que se encuentran inmersas las relaciones de las organizaciones con sus bases, los partidos políticos, el Estado y la sociedad en su conjunto. Hay que preguntarse cómo se encuentra el sindicalismo en México para asumir las tareas que exige la representación en un contexto en que los viejos recursos de poder son obsoletos o pueden ser difíciles de movilizar ante las dificultades para conservar o ampliar la membresía. También importa analizar la manera en la que el cambio de reglas del juego a partir de las reformas constitucionales de 2017 y 2019 incidirá sobre las relaciones de poder en el mundo del trabajo.

El poder estructural de los sindicatos mexicanos expresado en su capacidad de negociación en el mercado del trabajo es muy bajo cuando se le compara con Argentina, Brasil o Uruguay. Seis de cada 10 trabajadores mexicanos tienen un empleo informal sin acceso a la seguridad social. Cinco de cada 10 asalariados y ocho de cada 10 trabajadores autónomos o independientes se encuentran en esa condición. Además, la precariedad afecta en mayor medida a las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, los trabajadores rurales y los menos educados, contingentes que por lo general quedan fuera del radar de los sindicatos.

Este panorama implica retos particulares en la necesidad de frenar la precariedad laboral en México derivada de las nuevas formas de empleo asociadas a la economía digital o la destrucción de los viejos puestos de trabajo por la robotización. A la informalidad tradicional se suma la derivada de las plataformas digitales donde se está generando una parte del empleo en el sector de los servicios (transporte y mensajería, entre otros). En éstas —que de acuerdo a altos funcionarios de la SHCP podrían tener registrados alrededor de 800 mil trabajadores—6 se tienden a desdibujar los vínculos sociales, se afecta la identidad de los trabajadores y la solidaridad, a la vez que empleos tradicionalmente dependientes en los servicios se vuelven autoempleos. La precariedad laboral se origina también en la expansión de la subcontratación, en empleos sin acceso a la seguridad social y con bajos ingresos. Algunas estimaciones indican que 80% de los trabajadores inscritos en el IMSS en 2018 tenía un patrón distinto de aquel para el que trabajaba.7 Incluso en los bancos, por ejemplo, en febrero de 2019 el 52% del personal estaba contratado por otra razón social.8

El problema es que las formas tradicionales del poder de asociación en México ya no compensan el bajo poder estructural de los trabajadores en el mercado del trabajo, como sucedía bajo el modelo de sustitución de importaciones cuando el crecimiento dependía del mercado interno y los salarios se vinculaban a la productividad. Desde los años ochenta el arreglo institucional heredado de la Revolución —una legislación que reconoció fuertes poderes coactivos de agremiación, negociación colectiva y huelga a las dirigencias sindicales a cambio del control estatal y, en las últimas décadas, empresarial— se volvió el instrumento de un modelo exportador basado en bajos salarios.

Esta tendencia se agravó por el bajo crecimiento, lo que se tradujo en pérdida de afiliación. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entre los trabajadores asalariados formales de la jurisdicción federal (donde se encuentran las ramas económicas más importantes y las empresas de mayor tamaño y nivel de productividad) la tasa de sindicalización cayó de un 33.6% a un 27.3%, mientras en la jurisdicción local pasó de 27.25% a 22.4% entre 2009-2017. Sin embargo, si se considera solamente a los asalariados formales cuyos contratos colectivos fueron efectivamente revisados en la jurisdicción federal (con base en registros de la Secretaría del Trabajo) en relación al total de trabajadores en dicha rama, la cobertura podría no sólo ser mucho mayor, sino estable, en tanto alcanzaría al 46.9% de estos trabajadores en 2017 (y 47.9% en 2008). En las industrias de jurisdicción local donde la simulación es mayor debido a la presencia de contratos de protección al empleador, alcanzaba apenas 8.9% en 2017 (y 9.2% en 2008).9

Los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva así estimados pueden estar sobrerrepresentados debido a los problemas de clasificación de las ramas industriales y a la utilización de fuentes distintas. Sin embargo, lo importante es que la cobertura de la negociación colectiva sería mayor a lo comúnmente estimado, confirmando el papel de los sindicatos como instrumento de control salarial en las empresas más importantes del país. A su vez, existe una amplia brecha entre jurisdicciones y la calidad de la negociación colectiva es mucho menor a nivel local. Por eso en el futuro inmediato será importante relegimitar la negociación colectiva con base en el voto de los trabajadores lo que más temprano que tarde posibilitaría el mejoramiento de las condiciones de trabajo en general.

El viejo arreglo institucional generó vicios y distorsiones en la representación sindical en México: unidades y divisiones organizativas artificiales impuestas exógenamente con fines de control, mayorías ficticias y una extendida corrupción para asegurar la disciplina. A su vez, las alianzas políticas tradicionales mantenidas por las centrales mayoritarias con el PRI llevaron al desprestigio de los líderes y a la casi total desafección de las bases. El nivel de confianza de la sociedad mexicana en los sindicatos pasó de 44% a sólo 30% entre 1995 y 2015, dejándolo entre los más bajos de la región según Latinobarómetro 2018.

En suma, junto a las malas decisiones y estrategias de los sindicatos —en parte debido a los bajísimos niveles de democracia interna y rendición de cuentas que los caracteriza—, las restricciones institucionales y el modelo económico al que sirvieron, dificultaron la consolidación de un nuevo sindicalismo o la emergencia de liderazgos con capacidades y recursos de poder renovados, llevándolos a una evidente degradación de la representación y al deterioro de empleos viejos y nuevos. Basta señalar que, de acuerdo con cifras del INEGI, entre 2006 y 2018 se perdieron alrededor de cinco millones de empleos que pagaban más de tres salarios mínimos a la vez que aumentaron los empleos de tres o menos salarios mínimos.10 La participación de los salarios en el PIB cayó más de 10% entre los años 1980 y 2010 alcanzando apenas 28%, mientras que en Brasil y Argentina se recuperaba con 43.5% y 40%, respectivamente.11

 

Los márgenes para lograr la transformación de los sindicatos serán muy reducidos si se mantiene el mismo modelo económico y los bajos salarios como recurso para sostener el modelo exportador. Pero el contexto actual puede cambiar esto: las presiones provenientes del exterior —primero por la negociación del Tratado Transpacífico y, más tarde, la renegociación del TLCAN— llevarán a la transformación de las instituciones laborales con base en la reforma del artículo 123 constitucional del 24 de febrero de 2017 y a la recientemente aprobada reforma a la legislación laboral del 30 de abril de 2019. A lo cual se sumaría el viraje en la política salarial por parte de la nueva administración.

Como es sabido, el llamado “dumping social” provocado por los bajos salarios en México y los factores institucionales que lo hacen posible formaron parte de la agenda trilateral a lo largo de las distintas rondas de negociaciones, generando fuertes resistencias. El triunfo electoral de López Obrador favoreció finalmente la inclusión del capítulo XXIII del T-MEC y su anexo, y el compromiso de aprobar la legislación reglamentaria de la reforma constitucional de 2017 como condición de la ratificación de este acuerdo comercial. Aunque la ratificación del T-MEC sigue siendo incierta porque ahora Estados Unidos exige pruebas de que ésta será realmente cumplida, lo cierto es que las nuevas reglas incidirán en el comportamiento de los actores del mundo del trabajo.

Hay que decir que las reformas de 2017 y 2019 tienen antecedentes en las luchas del sindicalismo independiente desde los años setenta y en diversas iniciativas provenientes de partidos políticos como el PAN (1995) y el PRD (1997), así como las que este partido auspició junto a la Unión Nacional de Trabajadores en 2002, 2010 y 2012. Sin embargo, fueron las exigencias de los socios comerciales del norte las que lograron mover el statu quo.

La reforma ha creado los incentivos necesarios, aunque no suficientes, para la transformación sindical en México. Basta decir que las nuevas reglas sentaron los principios para hacer efectiva la libertad sindical y de negociación sin la injerencia del gobierno y los empleadores en el proceso organizativo, la eliminación de restricciones respecto del tipo sindical y la exigencia de una auténtica representatividad como condición para negociar. La democracia sindical a partir del voto secreto, universal, libre y directo en la elección de directivas, la aprobación de los contratos colectivos y la exigencia de transparencia supondrá devolver a los trabajadores los derechos colectivos expropiados por las dirigencias. Más aún, la obligación de revisar la totalidad de los contratos colectivos en un plazo máximo de cuatro años con el respaldo de la mayoría de los trabajadores cubiertos por estos instrumentos marcaría el fin de la simulación. Por último, la creación de un órgano autónomo encargado del registro de sindicatos y contratos colectivos tanto en la jurisdicción federal como local (el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral) y el traslado de la justicia laboral al Poder Judicial, eliminando las juntas de conciliación y arbitraje, son pasos decisivos hacia la consolidación del Estado de derecho y la reducción de la discrecionalidad en el mundo del trabajo.

El futuro del sindicalismo y de los trabajadores dependerá, entre otros factores, de la manera en que las nuevas reglas del juego sean implementadas, la capacidad de las organizaciones para ganar credibilidad frente a públicos más amplios (especialmente ante las nuevas generaciones) y la importancia que se otorgue al mercado interno como motor del crecimiento. Es cierto que el cambio institucional no detendrá la automatización ni la consiguiente pérdida de empleos, pero creará un contexto más favorable a la acción colectiva y de mayor exigencia en el respeto a los derechos laborales de los trabajadores asalariados informales, subcontratados o en las plataformas digitales, donde se observan intentos de organización. Por fin hay una ventana de oportunidad para dejar atrás los vicios del viejo arreglo corporativo y sentar las bases de una gobernabilidad democrática e incluyente que detenga el ciclo que hace al mercado de trabajo ser el principal generador de pobreza y desigualdad en México.

 

Graciela Benusán
Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es autora de El modelo mexicano de regulación laboral.


1 Guy Standing, The Precariat, Londres, Bloomsbury Academic, 2011.

2 Gregor Murray, “Union renewal: what can we learn from three decades of research?”, Transfer: European Review of Labour and Research, 23(1), 2017, pp. 9-29.

3 Richard Hyman, “Tres hipótesis sobre el futuro de las relaciones laborales en Europa”, Revista Internacional del Trabajo, 134 (1), 2015, pp. 5-15.

4 Maura Francese y Carlos Mulas, Functional Income Distribution and Its Role in Explaining Inequality, Washington, DC, International Monetary Fund, 2015. También ver: World Bank, World Development Report: Jobs, Washington, DC, 2013, p. 263 y OIT/OCDE/BM, G20 Labour markets: outlook, key challenges and policy responses, Australia, 2014.

5 G. Murray, “Union renewal: what can we learn from three decades of research?”, Transfer: European Review of Labour and Research, 23(1), 2017, pp. 9-29.

6 Declaraciones del subsecretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera. Ver: Elizabeth Albarrán y Belén Saldívar, “Conductores de Uber y Rapi pagarán impuestos”, El Economista, 20 de mayo de
2019. Disponible en: https://bit.ly/2Eog3Th

7 Economía Hoy, “Trabajan en esquema outsourcing 80% de trabajadores en México”, 3 de octubre de 2018.

8 A. Hernández, “Banca hace del outsourcing su esquema favorito”, El Universal, 18 de abril de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2XChnga.

9 Datos calculados por la autora a solicitud de la OIT (2017). Es necesario advertir que no existía información oficial acerca del total de trabajadores en cada una de las dos jurisdicciones. Por ese motivo se utilizaron los datos oficiales de la STPS sobre trabajadores cubiertos en las revisiones salariales en relación al total de trabajadores asalariados en dichas jurisdicciones y los de la ENOE sobre sindicalización, estimados con base en una clasificación de las ramas económicas de acuerdo al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte que no coincide exactamente con la clasificación de ramas en el artículo 123 constitucional, lo que obligó a hacer diversos ajustes. Cabe señalar que los datos de sindicalización de la ENOE pueden estar subestimados ya que muchos trabajadores afiliados pueden ignorar que lo están. Graciela Bensusán, La estructura de la negociación colectiva en México, mimeo., Ginebra, OIT, 2017.

10 Coneval, Estudio diagnóstico del derecho al trabajo, México, 2018.

11 German A. Tosoni, “Participación salarial y crecimiento económico en América Latina, 1950-2011”, Revista CEPAl, Comisión Económica para América Latina (113), 2014, pp. 43-60.

 

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