Nadie sospechó que en el legado del expresidente Enrique Peña Nieto estaría la más profunda y audaz reforma del régimen laboral en México desde la Ley Federal del Trabajo aprobada en 1931. Mucho menos que el ícono sagrado del modelo de regulación laboral mexicano, el artículo 123 constitucional, se vería sometido repentinamente a una cirugía mayor por iniciativa gubernamental.

La precipitación con que se llevó a cabo la reforma ilustra su singularidad. Resulta que de su desenlace dependía nada menos que la ratificación del tratado de libre comercio de América del Norte, el llamado T-MEC. Canadá y Estados Unidos exigieron a México un conjunto de reformas muy específicas en materia de relaciones de trabajo que se vinculan con un sólo punto: el régimen de simulación sindical y de relaciones obrero-patronales inequitativas que impera en México desde hace décadas pero que se sofisticó en los últimos lustros como parte de la política mexicana ante el libre comercio. La competencia empresarial mexicana está basada en el bajo costo de la fuerza de trabajo, el abatimiento de los salarios, la precarización laboral y la limitación a ultranza de los derechos de los trabajadores. Es una pauta de política laboral que, no sin razón, ha sido calificada en Estados Unidos como “dumping social”.1

Ilustración: Víctor Solís

Las implicaciones que tendrá la reforma sobre la arraigada cultura laboral autoritaria de nuestro país son profundas y es de esperarse que quienes se han beneficiado de ella se opongan a los cambios. Pero las mayores dificultades surgen de su instrumentación pues implican un cambio radical en las rutinas habituales de los principales actores del mundo del trabajo. Los dirigentes se verán especialmente presionados por un conjunto de normas que les exigen romper con los hábitos de subordinación hacia las alturas y despotismo hacia las bases sindicales que por décadas deformaron su función.

Los temas que sintetizan la reforma son: a) La desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el traslado de los litigios laborales al poder judicial; b ) la creación de nuevos centros, que en principio serán independientes del gobierno para buscar la conciliación obrero-patronal antes de que se inicie un juicio; c) nuevas reglas y normas de matriz democrática para la aprobación y el registro de los contratos colectivos, de los sindicatos y de sus directivas, d) la obligación de los sindicatos de acreditar formalmente su representatividad y e) la obligación de introducir en los estatutos nuevas normas para la democracia y transparencia en la vida de los sindicatos.

Parece extravagante que en los corredores del alegato sobre intereses comerciales y empresariales se pudiera gestar un temario semejante, pero así fue. El gobierno actual, los empresarios, los líderes y los propios asalariados enfrentarán la disyuntiva de traducir las reformas en una modernización significativa. Están obligados a no abrir paso a nuevos esquemas de simulación que perpetúen la postración y el descrédito de los sindicatos y el lamentable atraso de las relaciones laborales en México.

En el caso de la justicia laboral el desafío es mayúsculo, las juntas de conciliación y arbitraje han sido la institución crucial del añejo sistema de justicia laboral tripartita. Cuando se haya consumado la transición, ni el gobierno ni los representantes de los sindicatos y de los empresarios tendrán ya injerencia en la decisión de los litigios laborales individuales y colectivos que serán resueltos por jueces. Con ello se modificará un aspecto crucial de la relación entre Estado y sindicatos. Hasta hoy las juntas fueron la institución emblemática del control gubernamental sobre el ejercicio del derecho de huelga y la legitimación de los líderes sindicales subordinados al gobierno. Organizar un nuevo sistema de juicios laborales requerirá de recursos presupuestales, técnicos y humanos significativos, lo mismo que saldar los litigios pendientes que, según se ha afirmado, son más de un millón de casos.

El segundo reto que plantea la reforma es la puesta en marcha de los centros de conciliación. En el caso del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral sus atribuciones incluirán verificar la representatividad de los sindicatos y sus dirigencias, las elecciones de líderes por voto personal, directo y secreto, la aprobación por la misma vía de los emplazamientos a huelga y la aprobación de los contratos colectivos por los trabajadores involucrados. La instrumentación de lo centros presenta no sólo la exigencia evidente de la asignación de los recursos financieros suficientes para su funcionamiento. Hay una implicación política de primera magnitud: garantizar que en los hechos estos nuevos organismos actuarán con autonomía. Desde la constitución de los órganos, la designación de sus directivos, y a la hora de las decisiones cruciales, estará a prueba la voluntad del gobierno de empezar a superar la subordinación del movimiento sindical mexicano a los designios gubernamentales y su sometimiento al partido en el poder.

Para la mayoría de los empresarios formales, las nuevas condiciones del régimen sindical y los requisitos de aprobación de los contratos colectivos por los trabajadores significan el fin de una época. Por una parte será cada vez más difícil la operación de las fórmulas de extorsión a empleadores mediante la presentación de emplazamientos a huelga sin respaldo de los trabajadores. Por otro lado, la práctica de firmar contratos espurios con líderes venales controlados para impedir el ejercicio genuino de los derechos laborales —los llamados contratos de protección patronal— ha llegado a su límite. Las circunstancias parecen favorables a nuevas fórmulas de relación entre empleadores y asalariados, pero la mayoría de los empresarios sigue viendo el ejercicio de los derechos de sus empleados como una manifestación inadmisible de insubordinación

Sin embargo, de todos los actores del mundo del trabajo mexicano los más afectados por las reformas son los sindicatos. Durante décadas el sindicalismo mexicano tuvo un déficit en materia de democracia originado en el viejo régimen de control corporativo de las organizaciones sociales. Mientras el pluralismo político, el voto libre, la libertad de expresión y la discusión de las ideas se integraron a los hábitos de la sociedad, éstos no tocaron la vida sindical, salvo en excepciones notorias y aisladas.

Los sindicatos en México se cuentan entre las instituciones sociales con menos reconocimiento público y varios de sus dirigentes son vistos como prototipos de corrupción y enriquecimiento al amparo del poder. Además, debe decirse, se han visto sometidos en los últimos años a intensas campañas de descrédito promovidas por la ideología antisindical predominante en los medios empresariales y públicos. No es extraño que hoy los trabajadores sindicalizados sean menos del 10% de la fuerza laboral mexicana.

Probablemente la consecuencia mayor de ese debilitamiento haya sido la pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores, lo cual se manifiesta en el deterioro de los salarios reales en las últimas tres décadas, la precariedad creciente de las condiciones de trabajo y la agudización de la concentración del ingreso en el país. Tan sólo esa referencia justifica la expectativa de que nuevas tendencias sindicales contribuyan a cambiar el sentido de los acontecimientos en el mundo del trabajo. Pero los desafíos son más amplios que lo que puede corregir esta reforma. Se necesita la democratización de la vida sindical, la expansión de la contratación colectiva a un mayor número de trabajadores, la superación de la fragmentación organizativa y la renovación del compromiso de los sindicatos con la sociedad.

La introducción del voto personal, libre y secreto como requisito obligatorio será una buena noticia para la mayoría de los trabajadores sindicalizados. Pero además de que su instrumentación será difícil y tortuosa, habrá que considerar que la democratización de los sindicatos exige algo más que las votaciones que pide la reforma. Se requiere del control de los trabajadores sobre las decisiones de sus dirigentes, la transparencia y rendición de cuentas, la deliberación genuina y libre sobre los asuntos sindicales, las garantías al pluralismo político dentro de las organizaciones y, sobre todo la independencia de los dirigentes respecto a las directivas gubernamentales. Esto requiere la introducción de prácticas inéditas en la mayoría de las organizaciones.

La burocratización sindical ha derivado en el gremialismo que restringe la defensa de los intereses de los trabajadores al ámbito de las empresas en particular. El universo de la contratación colectiva es de una gran dispersión, lo que implica que las capacidades de negociación empresa por empresa son débiles en la mayor parte de los casos. Por otra parte, la proporción de trabajadores amparados por contratos colectivos es muy baja. Así, un sindicalismo que aspire a ser significativo tendría que procurar no sólo la extensión de la contratación colectiva a un mayor número de trabajadores sino a ampliar los alcances de los contratos colectivos a los niveles de rama industrial.

Esta fragmentación organizativa es una consecuencia directa de la conversión de los sindicatos en patrimonio personal de los líderes. En la actualidad, la organización de grandes centrales sindicales y aun de los escasos sindicatos nacionales de industria responde más a intereses políticos que a la lógica de fortalecer la capacidad negociadora. Dar paso al pluralismo político parece hoy una aspiración difícil de alcanzar, pese a que existen en el mundo ejemplos exitosos.

Finalmente, el reconocimiento y la aceptación de los sindicatos dependerá también de que su actuación se haga cargo de los problemas sociales más acuciantes. Hoy los sindicatos mexicanos permanecen al margen de las preocupaciones sobre el medio ambiente, la migración, la equidad de género, el deterioro de los mercados de trabajo y el déficit de cumplimiento de las leyes que agobia al país. Difícilmente podrán rehacer el prestigio perdido si no recuperan, así sea paulatinamente, su presencia como voz de los trabajadores ante la complejidad de los problemas públicos.

Hay que matizar las expectativas demasiado optimistas sobre el futuro de los sindicatos a partir de la reforma que saltó desde el libre comercio. Los cambios legales abren una perspectiva inédita pero un desenlace positivo dependerá de la interacción de todos los actores: gobierno, jueces, empresarios y trabajadores. Y sobre todo de que pueda generarse un movimiento sindical moderno y vigoroso capaz de enfrentar las funestas tradiciones del mundo laboral mexicano.

 

Luis Emilio Giménez Cacho
Sociólogo. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Miembro de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transición Democrática.


1 Dani Rodrik, “It´s Time to Think for Yourself on Free Trade”. Foreign Policy, 27 de enero de 2017. https://bit.ly/2LuBlmq.