La historia de la socialdemocracia en México se resume en una serie de intentos organizativos guiados por intenciones diversas, algunas excelentes, pero todas con escasos resultados políticos. No se puede decir que hayan faltado en ella actores relevantes, pero sí que no se tradujo en un genuino movimiento popular y menos aún en la forma de un partido o coalición de amplia base social. Su programa —que combina dos de las grandes agendas progresistas del mundo moderno: la democracia y la justicia social—, la hace políticamente atractiva e imprescindible para enmendar las injusticias de un país marcado por el abuso político y por desigualdades radicales.

Ilustración: Víctor Solís

La aparición de esta corriente en México se dio con la fundación del Partido Socialdemócrata en los años ochenta, dirigido por el ex militante priista Manuel Moreno Sánchez. Su participación en las elecciones presidenciales de 1982 pasó a la historia sin pena ni gloria. Sin embargo, la filiación previa de este político nos avisa de una larga y confusa relación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el proyecto socialdemócrata. El PRI, en varias ocasiones, se ha declarado parte de la socialdemocracia y tal pretensión debe ser evaluada con seriedad.

En los noventa el PRI pasó de ser “miembro observador” a “miembro consultivo” en la Internacional Socialista (IS).1 En 2003 este partido se convirtió en miembro pleno de la IS, reivindicando en ese espacio su identidad socialdemócrata, aunque sin hacerlo en la disputa política nacional. Más allá de esta adhesión formal, difícilmente el PRI calificaría como una entidad socialdemócrata conforme a parámetros políticos serios: durante décadas no abonó a la política democrática propia de la tradición socialdemócrata sino a una autoritaria. El Estado social que prohijó, si bien dio lugar a instituciones distributivas que deben valorarse y recuperarse, lo hizo conforme a un esquema clientelar y corporativo que vició sus resultados niveladores. Cuando, a partir de los noventa, tuvo que funcionar bajo condiciones democráticas, sus políticas de modernización terminaron por ampliar las brechas de desigualdad y en su última fase, favoreció la creación de una genuina cleptocracia que agregaría nuevas formas de corrupción a las ilegalidades desplegadas durante décadas.

La experiencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como partido socialdemócrata también tiene sus bemoles. Aunque se fundó usando el registro del Partido Mexicano Socialista, que se había encaminado por una aceptable ruta de izquierda democrática, la presencia protagónica de priistas de orientación caudillista y de segmentos de izquierda populista le impidieron una definición clara de su identidad de izquierda. Aunque fue aceptado en la IS como miembro de pleno derecho desde 1996 jamás resolvió en su seno la discusión sobre su naturaleza programática. De hecho, los militantes que se alejaron, en oleada o por goteo, se llevaron con ellos el ímpetu socialdemócrata que tuvo en algún momento.

Más claridad ofreció el proyecto de Democracia Social, que se registró en 1999 y compitió en las elecciones presidenciales del año 2000 con Gilberto Rincón Gallardo. Este partido presentó un programa político atractivo y moderno en un contexto sólo favorable a la alternancia presidencial, y ni siquiera obtuvo el mínimo de votos requerido para mantener el registro. El Partido de la Rosa cumplió en los años siguientes con los requisitos para ganar un nuevo registro, pero una sentencia rigorista de la autoridad electoral sobre los estatutos le negó esa autorización. Luego apareció México Posible —calificado por un discurso de igualdad de género—, que contendió en las elecciones intermedias de 2003 pero sin el suficiente apoyo de votantes. El siguiente paso lo dio Alternativa Socialdemócrata y Campesina, cuyo extraño nombre exhibía una tensa alianza entre militantes socialdemócratas y una organización clientelista rural. En 2006 su candidata a la presidencia fue la política feminista Patricia Mercado. En los siguientes años sus disputas internas, que culminaron en actos de violencia, lo vaciaron de contenido. En 2007 este grupo cambió de nombre a únicamente Partido Socialdemócrata. Para las elecciones de 2009 quienes retuvieron el partido eran en realidad los dueños de los restos de un naufragio. Perdieron entonces el registro electoral.

Transversal a esta sucesión de partidos se registra, desde 1999, la experiencia del partido Convergencia, que en las elecciones presidenciales de los años 2000, 2006, 2012 y 2018 se integró en distintas coaliciones, acompañando tanto a partidos de izquierda como de derecha. En 2011 cambió su nombre a Movimiento Ciudadano, y en especial durante esta última fase ha apostado a un discurso socialdemócrata.

 

Este sinuoso camino de la socialdemocracia en México nos anima a postular un rumbo para los grupos —dispersos y hasta desencantados— de una izquierda democrática que, junto a la conciencia de sus propios fracasos, debe asumir una posición clara frente a una propuesta de izquierda que ha sabido conquistar el poder e instalar su propia forma de presidencialismo.

En un texto lúcido y con un poderoso olfato histórico, Fernando Henrique Cardoso sostuvo que la construcción de un socialismo democrático en los países de nuestra región no sólo debe hacer una “crítica tanto del liberalismo que se restringe a deificar al mercado como del socialismo bolchevique”, sino que “… necesita ajustar sus cuentas con una tradición política que le es desfavorable…”.2  Debe destacarse que Cardoso denomina a ésta la “tradición nacional-populista”, identificándola como el principal obstáculo para el socialismo democrático. En este último aserto reside lo visionario de su diagnóstico para la izquierda socialista mexicana de ahora.

Es cierto que el fardo ideológico del bolchevismo gravitó en la conciencia de la izquierda mexicana a la que le costó mucho deshacerse del ideal de la revolución política, es decir, de la ilusión de la conquista del poder mediante un proceso violento y la destrucción del régimen existente con el propósito de la refundación social. Desde los años setenta, curiosamente primero en la práctica y luego en su discurso público, la antigua izquierda comunista le tomó la palabra al proceso de reforma política y se alejó del camino revolucionario. Pero este ajuste de cuentas dejó intacta una tentación que no ha tardado mucho en volver por sus fueros: la del nacionalismo revolucionario. La ilusión del programa social del nacionalismo revolucionario ha sido, y no el apego por el bolchevismo, lo que impidió en la izquierda mexicana el tránsito a la socialdemocracia.

El Estado social mexicano, con sus instituciones niveladoras en los terrenos laboral, sanitario y educativo, así como con un poderoso empuje para la movilidad social resultado del desarrollo estabilizador, habría cubierto las expectativas mínimas de una izquierda que se democratizaba de no ser por su poderoso componente autoritario. Este componente, que por un lado viciaba la competencia electoral para favorecer al partido hegemónico y por otro imponía poderosos límites al ejercicio de los derechos políticos democráticos, tuvo su piedra de toque en el presidencialismo metaconstitucional de los sucesivos gobiernos priistas.

El triunfo electoral del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 instala un desafío superlativo para la ruta de una izquierda democrática en México. No sólo porque su presidencia funciona conforme a un liderazgo caudillista contrario a la pretensión institucionalizadora de una izquierda democrática, sino porque la agenda social del país se desvía hacia un modelo clientelar extraño a la experiencia de la justicia distributiva moderna y de cuño socialdemócrata.

Tenía razón Cardoso. En la experiencia mexicana los proyectos socialdemócratas se han dedicado, con más o menos tesón, a deslindarse de la sublimación liberal del mercado y a denunciar la modernización autoritaria de las relaciones económicas, pero han sido omisos en autoentenderse como una crítica política actuante del nacional-populismo. Hoy por hoy, el espejismo de una supuesta agenda distributiva compartida paraliza buena parte de la necesaria crítica socialdemócrata de la política social entendida como reparto directo de recursos fiscales a una población aún indeterminada, en vez del rescate y reforzamiento de las instituciones propias del Estado de bienestar.

Una suerte de “síndrome de Estocolmo” atenaza a algunos segmentos socialdemócratas, que se autoconvencen de que mantienen poderosas coincidencias con una izquierda nacional-populista que, no obstante, sigue en la tarea de hacerlos desaparecer de la escena política. Sólo una distinción clara y notoria con la política clientelar y, paradójicamente, neoliberal, podría ofrecerle a la ciudadanía la evidencia de que en la izquierda es posible fraguar una alternativa responsable, de vocación igualitaria, aliada de las libertades públicas y portadora de un proyecto de sociedad que no se agota en la nostalgia por un pasado dorado que nunca existió, y menos en el culto a la personalidad de un líder carismático.

 

Jesús Rodríguez Zepeda
Profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.


1 La Internacional Socialista (IS) se fundó en Frankfurt en 1951 a instancias de los laboristas británicos y los socialdemócratas alemanes. Es bastante flexible en cuanto a la identidad y formas de organización de sus integrantes; tiene como guía el compromiso con los valores de una izquierda democrática: la ruta pacífica para alcanzar el poder, la prioridad de la política distributiva y los derechos sociales.

2 Cardoso, Fernando H., “Desafíos de la socialdemocracia en América Latina”, Leviatán: revista de pensamiento socialista, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, núm. 48, 1992, pp. 65 y 66.

 

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