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Los mexicanos inauguraron el año de 1983 con el compromiso gubernamental y la urgencia práctica de estabilizar la economía. El instrumento de ese ajuste, conocido como Programa Inmediato de Ordenación Económica, está previsto para durar tres años, 1983-1985, y supone en lo fundamental que la actividad económica, basada en una estructura que genera déficit fiscales y de comercio exterior, debe contraerse a su nivel real”, o sea, el compatible con los recursos internos disponibles ya que los externos serán escasos en los años por venir. La contracción se expresa simplificadamente como un compromiso de reducción del déficit del sector público y del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos; no garantiza por sí misma la corrección de los numerosos problemas estructurales de la economía mexicana, ni su recuperación sostenida, pero se espera que varios de esos cambios estructurales comiencen a tener lugar y permitan posteriormente una nueva expansión no deficitaria mediante el fortalecimiento de la capacidad de exportación, la racionalización de las importaciones y la consolidación del ahorro interno. Huelga decir que si estos cambios no tienen lugar, la contracción no servirá de nada y la economía volverá al desequilibrio, en cuanto comience a crecer de nuevo, tal como lo hizo entre 1977 y 1982.

En esta perspectiva, para lograr la meta de reducir su déficit el Estado debe allegarse recursos propios y lo hace elevando los precios de sus bienes y las tarifas de sus servicios, lo cual desata una ola de alzas que elevan el índice de precios y reducen el salario real restringiendo por consecuencia el consumo de las masas. En este brusco proceso de elevación de precios conviene sin embargo distinguir entre el alza provocada por ajuste de precios subsidiados y el alza derivada de presiones inflacionarias. La primera significa un solo jalón en el índice de precios y se impone por lo general cuando el precio de algún bien o servicio no corresponde a sus costos de producción, situación que tiende a provocar escasez futura, según se presenta ya como un peligro en el caso de la tortilla y ha ocurrido con la leche. El segundo tipo de alza es la que constituye una presión inflacionaria permanente. Sus causas con las políticas fiscales y monetarias que infla la demanda artificialmente, sin que haya aumentos en la productividad, aunque también puede deberse a alzas permanentes en las tasas de interés o en los precios de las importaciones. (Por esto último es que

el desliz del peso se considera inflacionario, porque eleva permanentemente el costo en pesos de toda importación.) El programa de estabilización busca eliminar presiones inflacionarias reduciendo la demanda y el salario real, al tiempo que ajustar todos los precios que no reflejen adecuadamente su costos de producción.

El alza en el nivel de precios es entonces una resultante del programa de ajuste y puede rebasar todas las previsiones, sin que ello necesariamente signifique que el programa ha fallado. Lo mismo sucede con la contracción de la economía, que en el programa del FMI de diciembre de 1982 se estimó que tendría un crecimiento cero durante 1983 y que hoy se estima oficialmente en -3.5%. La cifra de bajo crecimiento esperado para 1982, fue también corregida ya oficialmente y arroja un crecimiento negativo de 0.7%. Todo esto indica que la contracción global de la economía para los años de ajuste será bastante mayor de lo esperado. Compárense si no las metas originales del programa del FMI y algunos resultados alcanzados durante 1983.

LUZ Y SOMBRA

Como se desprende de estos datos, el ajuste económico que vive la sociedad mexicana no tiene precedente y de ninguna manera puede esperarse que haya, una recuperación en 1984.

a) El déficit del sector público.

A pesar de la contracción, con la consecuente baja en el empleo y en el salario real, se ha cumplido el objetivo del programa en materia de reducción del déficit del sector público, al grado de que la reducción propuesta al 8.5% como porcentaje del PIB, llegará a 8.3%. La forma de lograrlo, sin embargo, admite varias críticas:

1. La inversión pública se redujo más que el gasto corriente, limitando así la posibilidad de recuperación futura, ya que esta inversión será indispensable para apoyar la recuperación.

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                                19821983    1984

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Crecimiento

 Del PIB (%) según FMI           2.00        3.0

 Estimación oficial             -0.7-3.5     1.0

                                            meta

Resultados reales:

 Producción industrial          -1.7-9.0(1)   

 Ventas del sector

 comercio                          –28.0(2)  

Inflación dic 82-dic 83

 FMI                            98.850.0    30.0

 Resultado real (dic-dic)       98.890.4(3) 40.0

                                          (meta)

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1. enero-agosto. 2. enero-junio, según Banamex, Análisis de la Situación Económica de México, julio 1983. 3. Resultado a octubre.

2. La mayor parte del aumento de los ingresos públicos provino del IVA y de los impuestos pagados por PEMEX: el primero es regresivo en tanto que el segundo es volátil, por la incertidumbre en el mercado petrolero.

3. Una suma tan importante como el 12.5% del presupuesto total del sector público neto de amortización de deuda, se aglutinó en “erogaciones adicionales” (601 mil 400 millones) que en su mayor parte (400 mil millones) se dedicaron a un programa de empleo temporal de cuyos resultados no se ha informado, pero que a juzgar por las cifras del segundo trimestre parece no haber detenido el aumento del desempleo. Entre tanto, la planta industrial en donde hay empleos permanentes, sufrió por falta de recursos.

4. La misma estrategia, que impide dar transparencia al gasto, se repite en el presupuesto de 1984: hay “erogaciones adicionales” por 634 mil 200 millones y se crea una nueva partida por 277 mil millones “para la recuperación de la actividad económica”, todo lo cual significa un 10.1 % del total del presupuesto neto de amortizaciones de la deuda, y aproximadamente 3.3 puntos porcentuales del PIB de 1984, es decir, más de la mitad del déficit propuesto (5.5%).

b) El déficit en cuenta corriente. Por lo que hace al segundo objetivo del programa, la reducción del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, también es claro que hubo cumplimiento. Se rebasó la meta original de tener un déficit de 3 mil 400 millones de dólares en 1983 (era de 12 mil 544 millones en 1981), ya que según informe oficial habrá un superávit de entre 3 mil y 3 mil 500 millones de dólares. La forma de cumplir con esta meta también admite distintos cuestionamientos:

1. Se logró la meta reduciendo la importación y con un mediocre incremento en la exportación. La importación se redujo de su nivel de 1982 (ya menor en 40% al de 1981), en 56% (hasta agosto).

2. No se aprovechó la ventaja del tipo de cambio para aumentar la exportación, misma que creció en 3.9% hasta agosto y en 8.5% las exportaciones no petroleras sobre su nivel de 1982. Estas últimas, sin embargo, fueron menores a las de 1981 en 6.5%. En otras palabras: en dos años no ha habido un aumento de exportaciones no petroleras, a pesar de la devaluación del peso, de la recuperación de la economía norteamericana y de que la planta industrial mexicana tiene un 40% de capacidad ociosa.

3. El ajuste requirió una alta subvaluación del peso, que presenta el peligro de volver ineficiente toda la de por sí pobre exportación, además de causar presiones inflacionarias, que se acrecientan con el deslizamiento del peso a partir de septiembre.

4. La existencia de un superávit en la balanza de cuenta corriente ha ocultado el empantamiento de la política de fomento a las exportaciones, en gran medida causado por la inexplicable persistencia de barreras burocráticas y falta de programas.

5. A lo largo de todo este período de ajuste, México ha tenido un tipo dual de cambios, que implícitamente subsidia a las empresas endeudadas en dólares. Esas empresas usan el tipo de cambio “controlado” en sus programas de renegociación de deuda, a costa de gravar la exportación, desanimar el ingreso de las divisas que se generan e impedir la repatriación de capitales. Así un instrumento tan general como el tipo de cambio, que afecta a toda la economía, se usa para subsidiar a un sector particular con graves daños para el país.

LA CAJA NEGRA

Si bien los resultados del programa de corto plazo indican un claro éxito en el logro de las metas básicas, distintas deficiencias sugieren que aún falta mucho por hacerse y que nada está garantizado.

Primero: La simple reducción de la demanda para estabilizar la economía tiene límites y, aun queriéndose, no podrá abusarse de ella. Por eso son en extremo urgentes los cambios estructurales que deben tener lugar en la estructura de precios relativos, en la reasignación de recursos de inversión y en la reorganización del sector industrial. Paradójicamente, no hay señales de una significativa reasignación de recursos que permitan elevar el nivel de empleo de la mano de obra y de la planta industrial en los sectores de desarrollo futuro. Aparte de la industria automotriz, el gobierno no ha dado indicaciones de sus planes a la planta industrial, trabando así el proceso de inversión. 

Segundo: Hay escasez de utilidades en las empresas para financiar inversiones y el gobierno no ha realizado inversión pública significativa, la cual, por el contrario, se ha caído en términos reales. El capital extranjero, que ha sido invitado a invertir, está sometido a un proceso de adivinanza sobre cuál será en la práctica la política de inversión extranjera, cuáles los sectores punta de crecimiento futuro, cuáles los criterios a aplicar por el gobierno. No ha habido señales claras y generales en la materia y por otro lado hay múltiples problemas de capitalización de deuda, reestructuración de la misma, coinversiones con socios mexicanos quebrados, etc., para las cuales no se han dictado criterios de tratamiento, aparte de la tantas veces anunciada “flexibilidad” .

El resultado es que conforme a la tendencia observable en junio, en 1983, cuando más barato resultaba comprar activos mexicanos, la inversión extranjera directa se había desplomado en 92.4%. Otra fuente de probable financiamiento para la inversión son los capitales repatriados, pero éstos ven aún incierto el modelo económico y político de la administración; no el de corto plazo -que es un acuerdo con el FMI- sino el de mediano y largo plazo. La Rectoría del Estado no se ha definido suficientemente en su contenido filosófico y menos aun en sus límites. El proceso de democratización se ha visto frenado por fraudes electorales en Mexicali y Sinaloa, impidiendo la participación de otros grupos hasta ahora ajenos al ejercicio del poder, en la administración de la crisis. Paradójicamente, varios de estos grupos tienen capitales en el extranjero y la capacidad para sacar del país aún más.

Es cierto que el avance del programa económico hasta la fecha crea condiciones suficientemente amplias para que en 1984 se logre una reducción importante en la inflación y se impida una caída más en el salario real. Al mismo tiempo, habrá mejores condiciones para disponer de divisas, reducir el deslizamiento del tipo de cambio, unificar los dos tipos y fortalecer las expectativas de una situación más estable, si bien de muy lenta recuperación.

¿AJUSTE SIN DEMOCRACIA?

Sin embargo, el problema económico empieza a perder relevancia en un contexto más amplio de consideraciones, que es imposible no hacer en un país de instituciones democráticas sumido en tan profundo ajuste. Al buen manejo financiero y económico o al logro de lo posible en esta área, se ha sumado lo que muchos observadores consideran un mal manejo político. Los ejecutadores de este programa, si bien han revalidado las bases económicas del “desarrollo estabilizador”, han olvidado al parecer que el componente más importante de ese proceso no fueron las políticas fiscal y monetaria conservadoras, sino ante todo el manejo político fundado en la negociación y la conciliación con la oposición, los gobiernos de los estados, el sector privado y las organizaciones de masas. Los arquitectos del desarrollo estabilizador y en particular su representante más conspicuo fueron, ante todo, políticos.

No se puede pretender que una democracia que sufre un ajuste económico tan profundo y doloroso no sea compensada con mayores válvulas de participación política. Aun una dictadura militar tan arraigada como la brasileña ha aceptado que la oposición gobierne el estado de Río de Janeiro, el más importante de Brasil, y que sendos proyectos de ley para reducir el salario real se debatan e incluso se rechacen en el Congreso. En su turno, la crisis económica Argentina ha dado paso, por encima de los intereses de otra dictadura militar, a una corriente política renovadora cuyo triunfo electoral se respetó pese a los viejos intereses peronistas y aun cuando su programa electoral apunta contra los intereses del ejército. En México, mientras tanto, se ha impedido el acceso de otros grupos a posiciones ganadas por el voto popular en algunas ciudades y el país vive una de las mayores oleadas de imposición y fraude electoral de las últimas décadas.

Las anteriores son algunas de las interrogantes sobre el éxito de un programa económico que busca restablecer la estabilidad de la economía sobre una base duradera. El reto es avanzar no sólo en el programa de corto plazo, sino en todas las áreas de cambio cualitativo. El menor crecimiento económico futuro no es grave en sí mismo, si se acompaña de una mejor calidad de crecimiento que no sólo implica un crecimiento agrícola y manufacturero más importante en las cifras globales, sino cambios en los métodos y en el estilo de administrar este ajuste. Ello requiere en especial que se responda a la responsabilidad política de modernizar un régimen democrático. Sin estos cambios, el programa no dará resultados duraderos y pronto será obvio que el Nuevo Enfoque no debió haberse combinado con las Viejas Tácticas.