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Debemos aprovechar la insistencia con la que el presidente López Obrador hace referencia a las causas estructurales de la violencia. En los sexenios pasados predominaron los análisis circunstanciales, que buscaron explicar “la crisis” a partir de las acciones de una docena de organizaciones delictivas o incluso de individuos particulares. La incapacidad para ver la violencia como el resultado de mecanismos sociales y económicos más complejos llevó a elegir soluciones que agravaron la situación, en particular la militarización y el descabezamiento de organizaciones. El problema es que la explicación estructural del gobierno de Morena se queda corta, pues se reduce a una ecuación simple entre pobreza, corrupción y violencia. Urge hacer diagnósticos regionales mucho más precisos y concebir soluciones contemporáneas, es decir, tan excepcionales como las condiciones que enfrentamos.

Expropiar la industria de la protección

Ilustración: Víctor Solís

Entender la violencia en términos estructurales implica, para empezar, pensarla no como una crisis de seguridad, sino como el costo cotidiano de una economía compleja y relativamente estable. Una economía en la que la violencia misma es la mercancía producida por una clase trabajadora: hombres con diferentes grados de entrenamiento militar, salidos del ejército, de la policía o del sicariato, que reciben un salario a cambio de su disposición a matar y a arriesgar su vida. Esta industria de la violencia estuvo originalmente vinculada al narcotráfico pero actualmente funciona de manera autónoma. El control violento de un territorio pasó de ser un medio para facilitar el contrabando a convertirse en un fin en sí mismo que se puede explotar de otras formas: controlando los mercados informales, participando en actividades extractivas clandestinas, y vendiendo protección. Me interesa esta última.

La venta de protección es el negocio emblemático de las mafias clásicas en todo el mundo, consiste en la exacción de cuotas —como el derecho de piso— por medio del uso de la fuerza o de una amenaza creíble. La importancia social y política de este delito radica en que usurpa funciones estatales: cobrar impuestos, proteger e incluso impartir justicia. En ocasiones las organizaciones delictivas brindan de hecho un servicio, en la medida en que no sólo protegen a su “cliente” de sí mismas, sino también de una amenaza externa que sí existía. El pago de una cuota a la mafia para que no queme un negocio, por ejemplo, puede también significar que la organización mantendrá a los ladrones a raya.

En regiones enteras de México grupos de sicarios o milicias armadas ejercen un control permanente del territorio que financian en gran medida gracias al cobro de cuotas. En general no son los negocios grandes los que sostienen a estas milicias, sino los sectores más vulnerables de población, sobre todo aquellos que se encuentren en alguna situación de irregularidad legal: los trabajadores de la economía informal y los migrantes centroamericanos. Por ejemplo, en la zona fronteriza de Sonora (que he descrito en otras ocasiones) hay un grupo de sicarios que desde 2010 mantiene un control permanente de cinco municipios, vigila estrictamente el paso de migrantes por la zona y le cobra una cuota de seis mil pesos a cada uno. Ese orden local ha reducido los secuestros y asaltos a migrantes en esta zona, pero ha significado la presencia permanente de una milicia armada, la concentración de poder y recursos en su jefe, y enfrentamientos repetidos con grupos rivales por la defensa y expansión del territorio. Este sistema reproduce en gran medida la situación creada por las pandillas en los países del triángulo norte en Centroamérica, la que precisamente ha forzado a muchos a migrar.

¿Cómo se desmantelan esos órdenes locales violentos? Me parece que para ello es fundamental entender la función de vendedoras fraudulentas de protección que desempeñan estas organizaciones delictivas; el término protection rackets es común en inglés pero inexistente en español. Esto significa que estas milicias, al igual que los huachicoleros, explotan de manera privada un bien público que le corresponde al Estado administrar. Sofocar ese negocio ilegal requiere precisamente que el Estado expropie la industria de la protección que ha sido ilegalmente privatizada, es decir, que ampare y defienda a los más vulnerables. Vista así, la protección de los migrantes centroamericanos no es sólo un deber humanitario, sino una prioridad de seguridad pública, es la manera de arrancarle a las organizaciones delictivas uno de sus principales ingresos. Es equivalente a cerrar tomas clandestinas de combustible.

La militarización, por el contrario, sólo puede tener un efecto contraproducente. En primer lugar porque aumenta la demanda de protección en lugar de reducirla y por lo tanto hace el negocio de estas milicias más necesario y redituable. Fue precisamente la militarización del combate al narcotráfico en 2007 al que derivó en el establecimiento de sicarios permanentemente movilizados en la zona fronteriza. En segundo lugar porque la militarización aumenta la disponibilidad de dos insumos fundamentales para la industria ilegal de la protección: las armas y los hombres con entrenamiento militar. El objetivo debe ser el contrario: que estos dos insumos se vuelvan tan escasos como sea posible, y que la protección legal sea abundante y pública.

 

Natalia Mendoza
Antropóloga y ensayista. Estudió relaciones internacionales en El Colegio de México y doctorado en antropología en la Universidad de Columbia.

 

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