En Venezuela, el oficialismo y la oposición se disputan la legitimidad para dirigir al país sin que se vislumbre en el corto plazo cuál es el camino correcto para desactivar el enfrentamiento “pacífica, democrática y soberanamente” como proponen quienes están preocupados por el agravamiento de la situación nacional. La oposición venezolana no ha logrado los objetivos que se propuso a principios de este año para intervenir, y son cada vez mayores las dificultades para que el conflicto alcance una solución negociada.  Si bien el 14 de mayo se inició en la ciudad de Oslo una mediación auspiciada por Noruega con cada una de las partes, el punto de partida de la oposición en esta posible mediación parece inalcanzable: “antes de las elecciones libres y democráticas, tiene que darse el cese de la usurpación”, lo que requeriría de un gobierno de transición. Por su parte, el gobierno, no parece contemplar en este momento la celebración de elecciones presidenciales a pesar que según sus declaraciones ante los medios, “llega con la agenda abierta”.

Para entender la dimensión global y el colapso económico que caracterizan a la crisis venezolana se requiere dimensionar factores como la baja de los precios del petróleo, la reducción de casi un tercio de la producción petrolera, la rampante corrupción, la ineficiencia del Estado y las sanciones económicas externas: en la actualidad, la inflación es de ocho dígitos (casi 10 millones por ciento). A ello se suma la grave crisis humanitaria y social que se manifiesta en desnutrición y escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos de todo tipo, así como en la migración de más del 10% de la población —con tendencia a seguir creciendo—, lo que ha generado un fuerte impacto en los países de la región.

Han pasado casi cuatro meses desde que Nicolás Maduro se juramentara como presidente siendo desconocido por la oposición que, en su mayoría, no participó en las elecciones por considerar que no reunían los criterios de confianza e imparcialidad. El diputado Juan Guaidó, por su parte, fue elegido como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2019 y el 23 de enero se proclamó como presidente interino y encargado del país. La oposición nacional invocó un “vacío de poder” tildando a Nicolás Maduro de “usurpador” según su interpretación del artículo 233 de la Constitución Nacional y Guaidó recibió un amplio respaldo de la comunidad internacional siendo reconocido como el presidente encargado de Venezuela por más de 50 países.

Guaidó logró reagrupar a los distintos partidos políticos que se movilizaron junto con la sociedad civil alrededor de los lemas: “cese de la usurpación, transición democrática y elecciones libres y transparentes”, aunque las primeras movilizaciones tuvieron como objetivo la ayuda humanitaria por considerar que era urgente. A pesar de las manifestaciones masivas, los objetivos de la oposición no se han logrado. A la confrontación interna y la grave crisis humanitaria se han sumado factores externos como las sanciones económicas de Estados Unidos que están afectando seriamente las inversiones y la entrada de divisas en un país que casi todo lo importa. Además, existe la amenaza, real o no, de una intervención armada por parte de Estados Unidos y la posibilidad de una confrontación entre este país y Rusia.

Ilustración: Víctor Solís

La encrucijada: ¿en dónde estamos?

Hasta el momento el gobierno venezolano tiene el control de las instituciones, de los medios de comunicación formales y la censura, y del aparato de poder del Estado. Nicolás Maduro controla también los mecanismos de coerción, como se demostró en los recientes eventos del 30 de abril. Cuenta con la lealtad de la mayoría de los militares, una de las principales razones para su permanencia en el poder; este sector que algunos analistas consideran altamente corrupto, constituye hoy en día “una caja negra” y su lealtad se mantiene gracias al control de puestos políticos clave en el gabinete y a las prebendas vinculadas con el Arco Minero del Orinoco (AMO), declarada en febrero de 2016 como una Zonade Desarrollo Estratégico Nacional que fue entregada a los militares. El AMO, cuyo desarrollo se basa en la extracción de oro, coltán, diamantes, cobre, caolín, dolomita y otros minerales, comprende una extensión de casi 111.843 kilómetros cuadrados, se localiza en una zona sumamente sensible desde el punto de vista ecológico y en donde además hay población indígena. Este proyecto de carácter extractivista es uno de los pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social o Plan de la Patria y se está convirtiendo en uno de los desastres ambientales más grande del mundo.

Otro factor relevante para comprender el estancamiento de la oposición se debe el apoyo que sigue teniendo Maduro de un grupo, que si bien es cada vez más reducido, ha sido militante y leal; a ello se suma el apoyo de los grupos armados o “colectivos” que siembran el terror entre quienes protestan y hostigan a los disidentes. A estos colectivos se están dirigiendo de forma selectiva (y clientelar) los escasos recursos con los que cuenta el gobierno para garantizar el control político, aprovechando que muchas familias dependen de estos programas sociales para su subsistencia.

La competencia entre los liderazgos políticos de la oposición y su tendencia a fragmentarse también ha fortalecido a Maduro. A partir de la proclamación de Guaidó como presidente encargado, en un primer momento la oposición se reagrupó convergiendo alrededor de los objetivos mencionados; no obstante, el frustrado alzamiento cívico-militar del 30 de abril puso de manifiesto las viejas fracturas entre los líderes políticos y entre éstos y la sociedad civil. Con la debacle de finales de abril, las fisuras entre la oposición han tendido a profundizarse por el no cumplimiento de los acuerdos y expectativas según algunos y, por las diferencias acerca de si apoyar o no las sanciones económicas impuestas desde el exterior y, sobre todo, si apoyar o no la intervención armada de los Estados Unidos.

La solución negociada

Hay pocas alternativas de solución a corto plazo para el conflicto venezolano pues tanto el gobierno como la oposición están jugando una política de “todo o nada” que dificulta cualquier acuerdo político y acentúa las posibilidades de violencia. Al mismo tiempo, los mecanismos institucionales y constitucionales para la alternabilidad política y para resolver los conflictos de forma democrática permanecen bloqueados.

La vía constitucional permanece cerrada gracias a la Asamblea Nacional Constituyente establecida en 2017 y rechazada por la oposición. Ésta no sólo ha sustituido a todos los poderes, sino que pretende cambiar la Constitución Bolivariana de 1999 que hasta hace poco representaba la única instancia legitimada por los distintos contendientes y el mecanismo para dirimir los disensos. Por otro lado, la aguda polarización existente imposibilita cualquier negociación alrededor de los dos proyectos sociopolíticos inscritos en la Constitución de 1999 que pretenden ser hegemónicos y que en la confrontación política entre el gobierno y la oposición se autoexcluyen: uno es el proyecto liberal de democracia representativa, enarbolado por las antiguas élites y por la oposición política, y el otro es el proyecto anti-neoliberal de democracia radical, enarbolado, al menos discursivamente, por el gobierno y sus adeptos. En caso de conflicto, el marco constitucional ha sido interpretado acorde a los intereses de cada grupo, lo que ha llevado a confrontar los derechos liberales versus los socioeconómicos.

La resolución de los conflictos por la vía institucional también está cerrada. Desde que la oposición ganó mayoritariamente la principal instancia de representación en 2015, la Asamblea Nacional, el gobierno intentó desplazarla y suplantarla. Inmediatamente que ésta  se instaló, Maduro activó el Parlamento Comunal integrado por voceros y voceras de los consejos comunales que se articulan en la comuna a pesar que esta instancia no existe en la Constitución. Cuando éste Parlamento Comunal fracasó debido a desavenencias internas por el liderazgo, Nicolás Maduro continuó cercenando las funciones de la Asamblea Nacional trasladándolas a otras instituciones y creando una Asamblea Nacional Constituyente en 2017 a la que supuestamente deben rendir cuentas todos los demás poderes. Por otro lado, la oposición rechaza al Tribunal Supremo de Justicia considerado como afín a Maduro y ha nombrado a un Tribunal Supremo de Justicia  paralelo, el cual emite pronunciamientos desde el exilio. Tampoco han querido ir a elecciones bajo el Consejo Nacional Electoral actual pues lo consideran ilegal y  parcial. En la actualidad existe un sinnúmero de instituciones paralelas creadas por la Asamblea Nacional de oposición lo que dificulta definir quiénes son los actores e interlocutores “legítimos”.

Es preciso destacar que, a pesar de sus diferencias ­—incluso ideológicas—, los grupos que rechazan a Nicolás Maduro, que incluyen a los denominados chavistas críticos, permanecen unidos en la demanda, aparentemente innegociable, de que éste “salga del poder” como condición sine qua non para iniciar cualquier diálogo sobre posibles elecciones.  Ello, junto con los dos requisitos que deben cumplirse antes de las elecciones previas según Juan Guaidó (fin de la usurpación y gobierno de transición), sitúa a la vía electoral en un tercer lugar en importancia. En contraste, la mayoría de los miembros de la comunidad internacional de apoyo ponen las elecciones primero; de hecho, el Grupo de Contacto Internacional para Venezuela conformado el 1 de enero de 2019 y en el que participan ocho estado miembros de la Unión Europea y cuatro de América Latina tiene como objetivo “crear las condiciones para el surgimiento de un proceso político y pacífico que permita a los venezolanos determinar su propio futuro, mediante la celebración de elecciones libres, transparentes y creíbles, en línea con la Constitución del país”. La tercera reunión del grupo en Costa Rica el 8 de mayo reiteró tales objetivos. El Grupo de Lima ha sido menos explícito en priorizar las elecciones como la única vía de solución al conflicto pero también  las  define como imprescindibles para lograr su objetivo más general de “buscar una salida pacífica a la crisis”.

Un último factor a destacar es el cercenamiento del ejercicio de la democracia participativa en sus diversas modalidades. Por un lado, en 2016 el gobierno paralizó la realización del referéndum revocatorio presidencial, uno de los mecanismos de la democracia participativa  que había sido convocado por la oposición siguiendo las reglas constitucionales establecidas; además ha criminalizado las movilizaciones y protestas (otra expresión de la democracia participativa según la Constitución) utilizando el aparato represivo del Estado para desmovilizarlas. Ello ha tenido un costo muy alto en lo que se refiere al número de muertes, heridos y presos.

La red de organizaciones comunitarias (como los consejos comunales y las comunas) que  encarnaban el poder popular, y en las cuales se basó el modelo de inclusión y de participación promovido por el presidente Hugo Chávez, también ha sufrido los embates del cierre de la democracia participativa por falta de recursos. Además, éstas han sido desplazadas por nuevas instancias pro-Maduro, más ideologizadas, como los Comités Locales de Alimentación (o CLAPS) que distribuyen “clientelarmente” las bolsas de comida. A través de los CLAPS  se ejerce el  control político de forma más directa pues están coordinados por el partido oficial (Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV) y por los militares.

De 2014 a 2017 la mayoría de la oposición estuvo abierta al diálogo y se dieron dos reuniones importantes: la de Caracas en abril de 2014 auspiciada por UNASUR y la de Santo Domingo en septiembre de 2017 auspiciada por el Vaticano; no obstante, dichos diálogos resultaron infructuosos. En estos momentos la oposición agrupada alrededor de Juan Guaidó no tiene la misma disposición al diálogo o lo condiciona al cumplimiento de demandas como “el cese de la usurpación” lo que implica “la negación y exclusión de la otra parte del conflicto”: Maduro y su gobierno. Después del levantamiento del 30 de abril el gobierno ha acusado a la oposición de sublevarse y de vulnerar la Constitución iniciando una severa represión que incluye la detención de los diputados estrella de la Asamblea Nacional lo que significa el descabezamiento de esta instancia, la única que cuenta con suficiente legitimidad para representar a la oposición en un posible diálogo.

¿Cómo se pueden lograr acuerdos en medio del vacío institucional y en un escenario de falta de confianza y credibilidad de los actores? Si partimos de que se requiere negociar una salida institucional y pacífica, se concluye la necesidad de elecciones limpias y confiables para asegurar un futuro de gobernabilidad democrática para Venezuela. El otro interrogante  que surge, y que parece no tener respuesta en el corto plazo, es cómo crear las condiciones para el surgimiento de un proceso democrático y pacífico que permita a los venezolanos determinar su propio futuro. A este respecto, se requiere que el gobierno reconozca a la Asamblea Nacional como un interlocutor legítimo y que los líderes de la oposición, la mayoría de los cuales están fuera del país por ser perseguidos, presos y/o inhabilitados políticamente, vuelvan a la arena electoral.

Aun si Nicolás Maduro sale del poder queda pendiente la pregunta acerca de cuál será la naturaleza y la duración de la transición dado el poder de los militares y la polarización existente. En este horizonte de incertidumbre, algunos analistas como Michael Shifter del Diálogo Interamericano han señalado que Venezuela podría enfrentarse a una transición militar “que se extendería hasta que las fuerzas armadas estén convencidas de que el regreso a la democracia no pondría en peligro su poder y sus privilegios, o a un gobierno híbrido de militares y civiles, en el que la oposición compartiría el poder con dirigentes militares acusados de graves crímenes”. En cualquier caso, se requiere involucrar a la sociedad civil más activamente en el posible intercambio, diálogo y negociaciones, pues hasta ahora ha sido dejada de lado.

El horizonte del conflicto venezolano sigue siendo incierto. Hasta el momento 32 diputados han sido desactivados por el retiro inconstitucional de su inmunidad parlamentaria y las negociaciones en Oslo, así como la comisión nombrada en Costa Rica por el Grupo de Contacto de la Unión Europea y algunos países de la región que llegó a Caracas hace un par de días para reunirse con ambas partes por separado en busca de “una solución pacífica y democrática a la crisis”, enfrentan severos retos. Si bien, tarde o temprano, deben buscarse acuerdos, es posible que los mismos tomen un tiempo en vista de la radicalización y de las posiciones encontradas que siguen manteniendo cada una de las partes del conflicto.

 

María Pilar García-Guadilla
Investigadora de la Universidad Simón Bolívar coautora de Venezuela’s Polarized Politics: The Paradox of Direct Democracy Under Chavez. First Forum Press, 2017.

Una versión de este texto se presentó en la jornada Conflictos Actuales: Análisis y Alternativas” en la Universidad Complutense de Madrid el 9 de mayo de 2019.