El 10 de abril se cumplieron 100 años del asesinato de Zapata, y el gobierno federal ha decretado al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. En contrapunteo a los ánimos celebratorios y mitográficos que seguramente han de prevalecer, estos textos mensuales recuerdan otras historias que reflejan las aspiraciones y el devenir de aquel movimiento popular, sepultadas por el tiempo y por nuestra recurrente ansia de redención.
Cuenta la historia patria, aun en sus versiones más sofisticadas, que el zapatismo perdió en el campo de batalla pero ganó en la reforma social de la propiedad rural. Gracias fundamentalmente a su gesta rebelde el campo se fue poblando de repartos ejidales, primero con grandes dificultades y luego masivamente durante la década de 1930. Hasta aquí es una narrativa de triunfo: el agrarismo de la Revolución, supuesto hijo del zapatismo. Lo dicen ad nauseam los textos escolares, los imaginativos murales de Diego Rivera, las ceremonias oficiales y casi todas las monografías históricas. A partir de la posguerra, según esto, las políticas cambian, la reforma agraria se desvirtúa, el agrarismo se corrompe, y es entonces que Zapata, traicionado, vuelve otra vez a jugar el papel de figura contestataria, de Rubén Jaramillo hasta el EZLN.
En realidad, el ejido de la Revolución no guardó relación alguna con el zapatismo, y en todo caso fue su negación. Como se explicó en la entrega anterior (“La historia al revés”, nexos, abril 2019). el zapatismo defendió específicamente dos grandes causas: la reconstitución de los poderes políticos para el autogobierno de los pueblos y la recuperación de las tierras que los pueblos habían recibido en perpetuidad durante la época colonial. El reparto ejidal les negó ambas, y por ello hay que concluir que el proyecto político y agrario del zapatismo efectivamente murió en Chinameca. Es difícil contar una historia a contracorriente, sus tonos son disonantes y sus inflexiones extrañas, pero los fragmentos que la componen siempre han estado ahí, a plena vista. Basta con ver un poco de cerca cómo ocurrió la dotación de un ejido en Anenecuilco para entender con claridad la naturaleza del quiebre entre el zapatismo y el incipiente agrarismo de la Revolución.
Ilustración: Ricardo Figueroa
Como se dijo anteriormente, después de Chinameca el liderazgo zapatista pactó con Obregón y a cambio de su apoyo contra Carranza obtuvo puestos en el ejército y el nuevo gobierno, así como el control político del estado de Morelos y la promesa de un reparto agrario rápido de acuerdo con los lineamientos procesales recién establecidos (Ley del 6 de enero, artículo 27, Comisión Nacional Agraria, etcétera). En cuestión de meses una nueva reforma agraria estaba en marcha, dejando a los repartos de 1914-1915 sin sustento legal.
En Anenecuilco, cuna del zapatismo, el contraste entre los viejos reclamos y la nueva realidad no se hizo esperar. En cuanto se anunció el reparto en Morelos, Anenecuilco pidió la restitución de sus tierras históricas, que para 1910 formaban parte de las haciendas de Hospital y Coahuixtla. En 1915, con los hacendados huidos, la reforma agraria zapatista le había devuelto al pueblo buena parte de ellas, pero en este nuevo escenario esas posesiones habían perdido su fundamento legal. ¿Qué ocurriría ahora? Aquel reparto se había fundado en principio en la consulta de títulos, mapas y otros documentos históricos que indicaban las antiguas propiedades comunales otorgadas a los pueblos coloniales. Así se había interpretado entonces el mandato del Plan de Ayala. Para Anenecuilco los fragmentos sobrevivientes de esa memoria antigua habían quedado resumidos en un centenar de papeles, muchos de ellos copias sacadas del archivo nacional, que los principales del pueblo habían logrado reunir a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Zapata recibió ese legado en el verano de 1909, al asumir el liderato del pueblo, y poco después, cuando decidió unirse a los levantamientos contra Porfirio Díaz, los metió enrollados en una caja de hojalata que mandó esconder en espera de mejores tiempos. Son muchos los testimonios acerca del significado y el poder que Zapata le atribuía a aquellos papeles. Uno, ya legendario, lo cuenta Jesús Sotelo Inclán; para mostrarle a unos visitantes “la razón primera y última de su rebeldía, pidió a Robles que trajera los documentos y los enseñó a los visitantes diciéndoles: Por esto peleo”.1 Ese Robles era José Robles, uno de dos jóvenes colaboradores a quienes Zapata encargó el resguardo de los papeles a lo largo de la Revolución. El otro, Francisco Chico Franco, era primo hermano de Emiliano.
En septiembre de 1920, cuando el gobernador de Morelos invitó a los pueblos a solicitar ejidos, los de Anenecuilco se movilizaron apresuradamente; los representantes comisionados para abogar por el pueblo fueron precisamente Chico Franco y José Robles. No era casualidad; ellos sabían exactamente lo que querían, lo que Emiliano les había inculcado: la restitución de sus antiguas tierras, como ya se había hecho en 1915. Pero el gobernador, un ex zapatista, tenía otras ideas, más acordes con los nuevos tiempos: una dotación express para darle a Anenecuilco (junto con Villa de Ayala, por aquello del Plan) los primeros dos ejidos de la Revolución en Morelos. Nada de restitución, eso eran vainas del pasado (no habría casi ninguna restitución en Morelos); estas tierras las daría el gobierno. Además, como se vería después, las leyes vigentes establecían un parteaguas en 1856, y las tierras que los pueblos habían perdido antes (como todas las de Anenecuilco) ya no podían ser reclamadas. De cualquier manera, en ese momento ni siquiera alcanzaron a presentar sus papeles, no les dieron tiempo, pero aún así insistieron en pedir restitución. Acto seguido les inventaron la dotación relámpago de un ejido. La celeridad (y el descuido) de aquel trámite producen vértigo, aún hoy: el 26 de septiembre llenaron una solicitud preimpresa por la Comisión Local Agraria y se levantó un perímetro a ojo de buen cubero de las tierras que alguien decidió incluir en el reparto. Apenas dos días después, el 28, sesionó la Comisión; su dictamen desechó la solicitud de restitución por “falta de comprobación de derecho” y recomendó a cambio una dotación provisional de tierras ejidales. Ese mismo día el gobernador firmó el decreto correspondiente, y apenas cuatro días después, el 2 de octubre de 1920, el gobernador, Genovevo de la O y varios otros generales se presentaron en Anenecuilco para darles posesión de aquel ejido. En ese momento nadie sabía a ciencia cierta cuál era la superficie del terreno dotado ni quiénes eran los beneficiarios; eso vendría después. Eventualmente se determinó que serían aproximadamente 500 hectáreas para casi 300 habitantes, 100 de los cuales tendrían derecho a pequeñas parcelas. Lo que sí quedó muy claro desde el principio es que algunas de las mejores tierras irrigadas quedaban fuera de la dotación; eran tierras que según los papeles habían sido de Anenecuilco, algunas de las cuales habían sido recuperadas en 1915.2
Inconformes, Franco y Robles siguieron el trámite en la segunda instancia, con la Comisión Nacional Agraria. Insistían en la restitución de lo propio. Finalmente, pudieron presentar sus papeles, pero de nada les sirvieron. Poco más de dos años después las autoridades federales denegaron de nuevo la restitución, citando “falta de pruebas”, y aprobaron una dotación de 700 hectáreas (200 más, todas de terreno cerril) para 75 ejidatarios. A principios de 1923 Obregón firmó la resolución definitiva, y entonces Franco y Robles le enviaron una carta al presidente expresando su profundo desacuerdo, diciendo que ellos tenían documentos que amparaban la antigua propiedad de tierras que habían sido usurpadas y debían ser restituidas. Se les dio la posesión definitiva justamente el 11 de abril de 1923, pero el simbolismo de la fecha era ya de doble filo. Ese día Franco y Robles firmaron el acta, añadiéndole al margen que el pueblo tenía títulos de propiedad por mucha más tierra de la que entonces recibían.3 Cuando Soto y Gama y compañía pregonaban en Cuautla y en los medios de comunicación las supuestas virtudes de la fusión zapatista-obregonista, los verdaderos herederos de Zapata sabían muy bien que aquel ejido trunco no era ni podía ser lo que ellos habían peleado por obtener.
A pesar de tanta decepción, Chico Franco no se daría por vencido. Tres veces más los vecinos de Anenecuilco elevaron solicitudes de restitución, en 1927, 1929 y 1934/1935; “pedimos”, decía la de 1929, que “se inicie un nuevo expediente por restitución, en virtud de tener nuestros títulos primordiales, que amparan las tierras que reclamamos”. Todas ellas corrieron la misma suerte: improcedentes. El veredicto era contundente: en la legislación ejidal de la Revolución no había cabida para las demandas que habían animado al Plan de Ayala. Y más allá del desengaño, no les faltaban motivos de preocupación. El ejido era una institución endeble, vulnerable, carente de categoría política, sujeta a los vaivenes del dinero y la ambición política. No había en el ejido tierra suficiente para todos, y la codicia de algunos amenazaba el patrimonio de otros. Mantenían todavía algunas de las tierras fuera del ejido que habían sido recuperadas en 1915, pero éstas estaban ahora completamente desprotegidas. Intentaron incluso tramitar una ampliación del ejido, sin éxito. ¿Por qué seguían empecinados en conseguir la restitución? La respuesta, según ellos, yacía en la caja de hojalata que Chico Franco guardaba celosamente, enterrada.
Emilio Kourí
Historiador, prepara para su publicación un libro sobre los orígenes de la reforma agraria y su relación con la historia de los pueblos. Es profesor en la Universidad de Chicago.
Próxima entrega: La caja de hojalata
1 Jesús Sotelo Inclán, Raíz y razón de Zapata, México, 1943, p. 203.
2 Archivo General Agrario, Restitución de tierras, exp. 24/2961, Anenecuilco; Archivo General Agrario, Dotación de tierras, exp. 23/2961, Anenecuilco.
3 Archivo General Agrario, Restitución de tierras, exp. 24/2961, Anenecuilco; Archivo General Agrario, Dotación de tierras, exp. 23/2961, Anenecuilco; Mario Gill, Episodios mexicanos, México, 1960, pp. 49-54; Helga Baitenmann, Matters of Justice: Pueblos, Agrarian Reform, and the Judiciary in Revolutionary Mexico, University of Nebraska Press, capítulo 6, en prensa.
