Hace 84 días estalló la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana y son todavía confusos los indicios con respecto de su próxima solución. En enero de este año comenzó la negociación entre la administración y el sindicato titular del contrato colectivo de administrativos y académicos, el SITUAM, y todo parecía indicar que las partes llegarían a un acuerdo con respecto de la revisión contractual y el aumento salarial. No fue así. Esta valoración errónea, asumida por las autoridades universitarias, y compartida por académicos afiliados al SITUAM, dio pie al tobogán en que ahora se desliza la institución. Mientras la administración no calibró adecuadamente la coyuntura abierta con el cambio del gobierno federal y las expectativas que la Cuarta Transformación generaría entre los trabajadores, los académicos sindicalizados se desmovilizaron y un segmento no acudió a votar el día en que se decidió el paro de labores, presuponiendo que éste no ocurriría. Por estrecho margen (127-120) ganó el sí a la huelga en la asamblea de delegados.

Ilustración: Estelí Meza

El SITUAM se constituyó en 1975. Eran los tiempos de la llamada “insurgencia sindical”. En origen democrático y combativo, el SITUAM pactó en su primera huelga (van 17 en 45 años de la UAM) un contrato colectivo de trabajo que fue modelo para el sindicalismo universitario y otorgó base laboral a administrativos y académicos. Sin embargo, el pacto permitió la injerencia sindical en los asuntos académicos lo que llevó a un laudo arbitral por parte de la Secretaría del Trabajo que separó lo laboral de lo académico en 1981,  costándole el cargo a su tercer rector, Fernando Salmerón Roiz. Esta escisión de las esferas laboral y académica tendría consecuencias en la composición del sindicato, replegándose los académicos y fortaleciéndose los administrativos. Con las nuevas coordenadas, el SITUAM cimentó su poder en la base administrativa, con el monopolio de las plazas y su eventual crecimiento dentro del sector, hasta formar verdaderos clanes que desde entonces se han alternado la dirección. Hoy en día el número de administrativos supera en 2 a 1 al de académicos.

La depresión salarial en los ochenta y las políticas de austeridad del gobierno de Miguel de la Madrid hicieron que parte del personal académico más calificado abandonara la institución. La UAM, que tenía los programas educativos más novedosos del país, y se había beneficiado con la incorporación de académicos líderes en sus campos y de jóvenes formados en universidades extranjeras acreditadas, padeció una fuga de cerebros que contrarrestó a finales de la década con programas de estímulos, los más amplios y generosos de todo el sistema universitario nacional. Esto tuvo sus costos, pues la universidad aceptó las políticas neoliberales en materia educativa que, básicamente, consistían en contener el crecimiento de la planta académica, ofrecer compensaciones económicas que no fueran al salario y fijar un tope nacional a éste. No hubo institución que se rehusara a ello. También se diseñaron paquetes de estímulos para los trabajadores administrativos, pero en la UAM el sindicato los rechazó porque no formaban parte de la masa salarial. Esta decisión, a pesar de razones laboralmente justas, profundizó la brecha entre los ingresos de los académicos y los administrativos.

Estaba en el espíritu de la legislación de la UAM evitar la formación de una burocracia universitaria como la que ha dominado a la unam por décadas. Por tal motivo, los cargos directivos en la UAM son de cuatro años, no es posible la reelección y quienes los ocupan son profesores en casi todos los casos, por lo cual regresan a las aulas, el laboratorio o el cubículo cuando terminan su encargo. Esta respetable intención, sin embargo, provocó improvisación y el desperdicio del saber acumulado en la administración. Además, cuando llegaron los programas de estímulos a los académicos —y antes el Sistema Nacional de Investigadores— resultó poco atractivo ser funcionario universitario para los profesores más destacados. Vinieron entonces los estímulos a la gestión académica, inicialmente bastante moderados comparativamente con otras instituciones, hasta que una disposición dictada en 2011 por el rector general en turno provocó una distorsión, pues asignó una media de los estímulos académicos a los funcionarios de alta y mediana jerarquía. Este despropósito nadie lo corrigió.

Por las razones expuestas, no cabe duda que los trabajadores administrativos son quienes se han quedado a la zaga en materia de ingresos. Revertirlo, sin embargo, escapa al menos en parte a las facultades de las autoridades universitarias. Éstas podrían redistribuir el volumen de los estímulos de manera distinta, pero no están en posibilidad de transformarlos en salario como demanda el sindicato, con el consecuente impacto en un sistema de jubilaciones quebrado. Y no lo están porque, en caso de intentarlo, no tendrían el fondeo de la secretaría de Hacienda, ni menos la certeza de que la Cámara de Diputados mantenga un presupuesto equivalente cada año. Los presupuestos federales son anuales, que no se nos olvide. Esto es, comprometerían el gasto operativo de la UAM, con el concomitante riesgo de insolvencia como ocurrió en 2018 en 10 universidades estatales, a expensas de la construcción de nuevos edificios, del aumento de la oferta educativa, del mantenimiento de instalaciones y equipo, o de los fondos destinados a la investigación y difusión de la cultura.

El SITUAM vio en el cambio de gobierno la ocasión de rehacer el pacto universitario. En materia salarial, tomando a la letra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Y, desde una perspectiva estratégica, intentando reverdecer los laureles que cultivó en sus orígenes. Ambas cuestiones son legítimas, pero la oportunidad parece desvanecerse, dado que la administración lopezobradorista tiene otras prioridades, por lo cual las protestas sindicales en Palacio Nacional no fueron atendidas, y porque los demás sindicatos universitarios no hicieron eco de la reivindicación del SITUAM para, conjuntamente, pugnar por la transformación de los estímulos en salarios y romper los topes de éstos. Ningún sindicato universitario lo pudo hacer en lo que va del año, y el 20% de aumento a los salarios contractuales que demanda el SITUAM únicamente lo obtuvieron las maquiladoras y un par de empresas metalúrgicas en Matamoros, favorecidas por el aumento en la misma proporción de los salarios mínimos en toda la franja fronteriza. No es tomando las casetas de peaje como lograrán esto, ni prolongando indefinidamente una huelga en la que no obtendrán una salida favorable. Sacrificarán nada más a la mayoría de los trabajadores, abundarán en su desprestigio y quedarán en una posición de debilidad con los cambios profundos que implica la reforma en curso a la Ley Federal del Trabajo. Del otro lado, la administración universitaria, dijimos, no leyó adecuadamente el cambio de señales del gobierno federal y no corrigió a tiempo lo que podía enmendar. No queda más que, tras una huelga de costos inmensos para la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y trabajadores), haga las reformas pertinentes para garantizar su viabilidad y retribuir a la sociedad lo que mucho invierte en ella.

 

Carlos Illades
Profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana.

 

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