Como mucho en el sexenio anterior, se veía grande en el papel: fue presentado como uno de los proyectos estrella en materia educativa de Enrique Peña Nieto, uno que incorporaría tecnología de punta a miles de escuelas en el país y que llevaría a estudiantes a desarrollar “un pensamiento computacional”.

El “Aula Digital @prende 2.0” no sólo prometía crear el salón de clases del siglo XXI, sino dar nacimiento en México a una generación de “alumnos conectados”, con acceso a la red de redes mediante decenas de miles de computadoras y tabletas.

Para lograr una conexión digital en aulas de norte a sur- algo en los que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón fracasaron con programas similares–, la administración Peña Nieto creó y financió una oficina de coordinación especial, ordenó a las secretarías de Educación Pública y Comunicaciones y Transportes dar seguimiento pormenorizado a su avance y asignó una bolsa millonaria para fondear la adquisición, instalación y renta de equipo de cómputo. Era uno de los pilares sobre los que descansaría la Reforma Educativa.

Era. Hoy, como muchas otras aspiraciones de Peña Nieto, el proyecto ha resultado un fiasco. A días de que se presente el Presupuesto 2019 y la Cámara de Diputados inicie la derogación formal de la Reforma Educativa, la polémica que rodea al futuro del Aula Digital podría convertirse en el primer gran dolor de cabeza jurídico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ilustración: Patricio Betteo

Rescindido de manera unilateral por la SEP en los días finales del sexenio pasado, el programa Aula Digital @prende 2.0 es hoy un pasivo legal y administrativo que hereda la administración entrante de Esteban Moctezuma. Tiene todos los elementos para complicarse: sospechas de corrupción, investigaciones internas en curso, pagos no realizados, proveedores que se dicen defraudados y, eventualmente, hasta demandas en el Poder Judicial.

Las formas y el fondo de su cancelación están en el centro de parte del debate. El proyecto fue cancelado por una orden de la Secretaría de Educación Pública “sin un sustento legal”, advierte Omar Cuevas, abogado de Interconecta, la empresa que se vio afectada por la eliminación y que ahora busca reactivar el proyecto u obtener la reparación del daño, aún si ello implica una demanda millonaria.

“Estamos considerando presentar una demanda por responsabilidad patrimonial del Estado mexicano a través de la SEP, en respuesta al ilegal actuar de la titular de la Coordinación @prende, a cargo de Cristina Cárdenas”, dijo Cuevas. “Hemos tratado de conciliar y solo recibimos una actitud hostil por parte de la dependencia”.

El caso en curso parece un ejemplo de laboratorio de las dificultades que enfrentará el nuevo gobierno federal para llegar a términos con algunos de los elementos más tóxicos que deja el peñanietismo como legado. Aunque sea herencia de la reforma ideada por el secretario Aurelio Nuño, los costos de la eliminación del programa tendrán que ser solventados por la nueva administración en la SEP, dejando a Moctezuma con la disyuntiva de asignar recursos para consolidar su cancelación, resolver el diferendo con la empresa a través de la  reactivación del proyecto o, en el peor caso, enfrentar un proceso potencialmente millonario en tribunales.

Tras la cancelación del contrato por supuesto incumplimiento, Interconecta estudia los escenarios legales para demandar a la SEP por lo que considera fue una rescisión injustificada. “No recibimos ni un solo pago por parte de la secretaría”, señala Cuevas. “¿A dónde fue a parar ese dinero?”.

La empresa, asegura, pagó de su propio bolsillo 150 millones de pesos para adquirir miles de laptops y tabletas. Pese a que estaba establecido en el contrato, la SEP jamás hizo los depósitos prometidos a las cuentas de la compañía. “Nunca nos dejaron trabajar”, dice Cuevas.

Al final, el 25 de noviembre pasado, cuando quedaba menos de una semana a la administración de Peña Nieto, se ordenó la cancelación del proyecto.

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Como si se tratase de una especie de maldición recurrente, el mismo escenario ha ocurrido en anteriores ocasiones a lo largo de este siglo: una administración anuncia planes ambiciosos para conectar digitalmente aulas del país o incorporar tecnologías de información (TIC) al modelo educativo, sólo para que el proyecto fracase por distintas razones. Después, vienen los litigios y los pagos millonarios, a cuenta del Estado mexicano. Así como Vicente Fox. Así como Felipe Calderón. Ahora, Peña Nieto.

De proceder legalmente, el caso se perfila como una repetición casi en calca del camino seguido por empresas involucradas en proyectos educativos similares, como TED y Mainbit, que han logrado ganar en las cortes millonarias reparaciones de daño al gobierno federal tras la cancelación de proyectos de conexión digital educativa. En casos de este tipo, el desempeño del área jurídica de la secretaría ha sido poco exitoso.

En torno al litigio que pende sobre la nueva SEP hay dos versiones: por un lado, Cristina Cárdenas Peralta, ex coordinadora del programa, asegura que Interconecta falló en los tiempos de entrega. La empresa alega que hay factores mitigantes, como el robo de un embarque de laptops que sufrió en Veracruz en mayo pasado, además de que asegura que la coordinación general nunca les permitió cumplir con su labor a cabalidad.

Si la vía judicial sigue, tocará a los jueces definir quién tiene la razón. Pero, interpretaciones aparte, Interconecta tiene ahora una orden difícil de cumplir: retirar las  laptops y tabletas que ya tienen más de 200 mil niños en el país. “No es difícil anticipar cómo nos van a recibir en las escuelas cuando les vayamos a retirar los equipos”, lamenta el abogado.

Pero no es el único flanco débil que hereda Moctezuma respecto al proyecto de aulas digitales. A la bomba de tiempo jurídica demanda que le dejan en manos, se suman sospechas de irregularidades en la adjudicación de recursos y hasta sendas investigaciones administrativas en proceso: la Coordinación General @prende 2.0, encabezada en su momento por Cárdenas Peralta, se halla bajo la lupa y podría ser uno de los primeros expedientes transexenales de corrupción.

El Órgano Interno de Control de la SEP mantiene abierta una investigación “relacionada a hechos que se presumen constitutivos de irregularidad administrativa atribuidos a servidores públicos” adscritos a la Coordinación General, según se asienta en el expediente 2018/SEP/DE76.

La ASF, por su lado, realiza la auditoría especial 167/DS al procedimiento de licitación con el que se asignó como ganadora a Interconecta.

Y sobre todo pende un manto de opacidad. Toda la información relativa a la licitación y la forma en que se ejerció el gasto fue clasificada por 5 años por la anterior administración de la SEP a petición de la coordinación @prende, según se desprende de un acta del Comité de Transparencia de la dependencia con fecha del pasado 5 de mayo.

Un dato adicional dispara más dudas: de acuerdo a la ASF, existían las condiciones para instalar la tecnología necesaria en al menos el 85% de las aulas licitadas, pese a lo cual la SEP ordenó cancelar el proyecto.

 

ctor Hugo Michel

 

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