En México la moralidad pública ha sido siempre una forma con que las autoridades y las instituciones persiguen a los ciudadanos, y no un hecho social comprobable y objetivo. Hablar de la moralidad de los mexicanos: ¿cuáles mexicanos? ¿qué moralidad? No son lo mismo un indio tojolabal, un cacique bananero, un pueblerino persignado, un capitalino autoritario, un diputado del PRI, un obrero y un desempleado de Neza. Y cada uno de ellos, en mayor o menor grado, es diferente en su conducta a sus padres o a sus parientes un poco mayores. Dentro de todo este mosaico de clases, razas, regiones y grupos ¿quién tiene derecho a escoger un tipo de vida y de moralidad, imponerlo a todos y hasta castigar a quien se le resista con la policía?

El gobierno, los empresarios, la iglesia han inventado un mexicano irreal como modelo de moralidad, y lo han impuesto a toda la población. Ese modelo obligatorio de mexicano y de moralidad se acerca a la exterior e hipócrita versión que de sí misma suele hacer la clase media urbana: docilidad ante todo tipo de autoridad, resignación ante toda decisión del poder, desconfianza ante cualquier libertad, adoración por los estratos jerárquicos superiores y desprecio por las masas; exageradísimo culto de la religión, de la patria y de la familia como coartada para de hecho no ejercer el espacio civil y finalmente la demonización del placer, y esto muy especialmente en lo que se refiere a la sexualidad, cuando no está adulterado, impedido y agriado por todo tipo de atavismos e hipocresías. De los sermones de los curas a las opiniones presidenciales que en todos los informes a la nación suelen hacerse con respecto a la moralidad, de las películas y columnas periodísticas a la radio y fotonovelas, de las canciones del mariachi a las tonadillas urbanas, los consejos de la mamá y de la tía, a las moralejas del profesor y las macanas de la policía, en todos los órdenes se dibuja este tipo de moralidad pequeñoburguesa impuesta a toda la nación.

Y el cumplimiento de tal rol moral tiene que ser necesariamente irónico: por un lado se acata la decencia como forma de status social fuera de la cual no hay sino plebe, por el otro es precisamente la decencia el aspecto más ridiculizado y despreciado en la cultura popular. Inmoralidad es sinónimo de chusma. El mexicano vive tratando de escaparse de ella para trepar hacia los estratos de la gente decente, pero al mismo tiempo retoza y regresa a la inmoralidad popular: la complacencia en las malas palabras y majaderías, el albur y el doble sentido, el machismo y las borracheras, las broncas, el amor libre y el acostón, los aspectos procaces y hasta obscenos e incluso la prostitución, se han vuelto aspectos épicos de esta defensa del pueblo contra la santurronería clasemediera impuesta oficialmente.

MORAL ES NO TENER QUE PENSAR EN EL OTRO

La imposición de una moralidad implica la persecución de las otras. Imponer, además, esa moralidad clasemediera a los sectores sociales diferentes es una invocación a la burla, por decir lo menos. En países como México donde el poder se da autoritariamente, incluso con episodios de brutalidad, difícilmente la moralidad pública clasemediera podría caracterizar a los caciques, empresarios y funcionarios. Una de las ventajas del poder es la de hacer lo que a uno le viene en gana, y lo primero que viene en gana es la prepotencia contra la propia sociedad a la que se manda. Es proverbial en México que los mandones lleven vidas escandalosas, detalle que el pueblo, que a diferencia de la clase media no es puritano, no es lo que más les reprocha. Todo cacique, todo ricachón, todo alto funcionario se rodean ostentosamente de inmoralidades de lujo: las vedettes, las orgías, las bacanales, las encerronas, las supertransas. La moralidad pública, entonces, sería en este sentido la obligación de quienes no pueden comprar la inmoralidad. Los sectores más pobres y oprimidos de la población, por otra parte, cuyas condiciones de vida no son tan desahogadas ni higiénicas ni persignadas como las de la clase media que impone la norma moral, encuentran imposible o por lo menos extraña la moralidad impuesta. ¿Cómo establecer la virginidad, el matrimonio y la fidelidad como supremos valores morales en un país de madres solteras e hijos naturales? ¿De dónde el hogar como el único jardín social en un país donde millones de trabajadores emigran a regiones y hasta países distantes por largas temporadas, o que deben ausentarse casi todo el tiempo del hogar por las condiciones de trabajo y las distancias? ¿Cómo hablar del hogar en ciudades perdidas, insalubres y promiscuas, donde no hay más célula social que el baldío que funge de patio? ¿Cómo erigir la honestidad personal en los pequeños episodios y negocios de la vida cotidiana, cuando no hay sector de la vida nacional que prescinda del cohecho, el soborno y la extorsión oficiales? ¿Para qué gastar tantos encomios al valor moral del trabajo fecundo y creador entre las muchedumbres del subempleo y del desempleo? Y así podríamos seguir enumerando cada línea de la Cartilla moral del mexicano (perpetrada, para sumarse a sus demás tonterías, por Alfonso Reyes). Se diría que la moralidad pública oficial, empresarial y eclesiásticamente aceptada sólo les viene a la medida a los sacristanes titulares de parroquias principales, contadores públicos sin mayores posibilidades de ascenso, mecanógrafas cascarrabias y amas de casa con tanto pánico a la pobreza que se asen de la tablita de salvación de la decencia como superticioso recurso para que no las lancen de sus minúsculos departamentitos en la Narvarte el mes que entra.

Se persigue pues la inmoralidad sexual cuando ocurre fuera de las cortes oficiales y empresariales, con recursos tan gazmoños como “la defensa del salario” y “la protección a la familia del trabajador”, con lo que sólo se consigue lo buscado: encarecer la noche, los encuentros y los espectáculos. La cruzada oficial en defensa de la familia, tan invocada contra la prostitución, logró de inmediato y se ha asentado así a través de las décadas, el dominio del hampa policiaca sobre las calles de la ciudad, el monopolio de las patrullas en el padrotazgo de las putas, la sobrexplotación y la carencia de servicios y garantías de las prostitutas y la inseguridad del cliente; pero la moralidad pública del Distrito Federal, o del Estado de Michoacán, no reconoce la prostitución. Al mismo tiempo, las leyendas no tan infundadas del poder y de los magnates del dinero, los medios de comunicación y las artes comerciales, celebran la prostitución de lujo: de Agustín Lara a la última canción que haya usted escuchado en la radio, de Ninón Sevilla a Sasha Montenegro. La moralidad pública es ser tan libre y desmadroso como billetes se tenga.

Cuando la deshonestidad administrativa sofoca tanto la vida económica y social del pueblo, necesariamente desde abajo se inventan formas contraadministrativas de escaparse de las garras de los deshonestos en grande: todo el culto popular a ponerse listo, vivillo, vivo, a agarrar la transa, a seguir a movida, a buscar la onda; de esa manera, con suerte, puede escaparse a veces de la extorsión y enfrentar a inspectores, policías, gerentes, funcionarios menores y mayores.

La moralidad pública como hecho a sido en México este ambiente irónico de cursilería y crudeza, de burla y santurronería; el código moral impuesto no ha recibido diferente acogida a los otros códigos: se le acepta porque ni modo y en cuanto se pueda se le rompe porque sí, porque ¿qué se creen esos santurrones oficiales, que son los únicos que tienen derecho a todo? Ya, que sea menos.

El gobierno, los empresarios, la iglesia han inventado un mexicano irreal como modelo de moralidad, y lo han impuesto a toda la población. Ese modelo obligatorio de mexicano y de moralidad se acerca a la exterior e hipócrita versión que de sí misma suele hacer la clase media urbana.

DEL CONFESIONARIO AL TELEVISOR

Pero en los últimos veinte años han empezado a operarse cambios. El antiguo código moral refería —si acaso— a una clase media provinciana de ciudad agrícola o de pequeño comercio y establecía a un ciudadano metido en su casa, adorando a los suyos, sin permitirse expansiones sentimentales ni eróticas más allá de la estricta obligación católica de perpetuar la especie, prendiendo su veladora a la Virgen y poniéndose en posición de firmes ante el cacique local que lleva la bandera patria. Ese ciudadano no existe más, y los únicos que al parecer no se han dado cuenta de su desaparición. son los funcionarios anticonstitucionalmente nombrados para vigilar la moralidad pública. Por ejemplo, la censura en los espectáculos: difícilmente se encontrará en un espectáculo “censurable” mayor cantidad de incitaciones eróticas que en un anuncio de whisky, cerveza, calcetines, calzoncillos o salas de lujo en el propio canal del Estado y en horario para toda la familia.

Así que no sólo se impone a todo el país la moralidad del sector clasemediero más guadalupano, sino de un sector guadalupano de hace décadas. La moralidad pública oficial es un anacronismo de los anacronismos. La transformación del código moral de las clases medias urbanas no se debe, sin embargo, a una lucha de ellas mismas por ser de otra manera, sino tan sólo a la repercusión ideológica de la modernización industrial y a la sociedad de consumo. Valores tradicionales como el ahorro, el recato, la privación, el pudor, la modestia cayeron ante las primeras marcas sofisticadas de pestañas postizas, toallas íntimas invisibles, tintes y shampoos, telas untuosas y modas cachondas. El consumo apela a un nuevo tipo de ciudadano arrogante, ávido, agresivo, narcicista, hedonista; y se regodea en apetencias e invocaciones sexuales: la mitad de los productos más anunciados en las calles, la televisión, la radio y la prensa ofrecen de modo ostentoso alguna promesa sexual.

Gran parte de las mercancías, por lo demás, tienen que ver con alguna idea de poder personal. De los pantalones muy machos a los automóviles ruidosos, de las botas y sombreros vaquerísimos a las lanchas y los viajes al extranjero, se publicita la idea del individuo prepotente a través de las mercancías -un ideal civil naturalmente opuesto al agachado, pulido y discreto de otras épocas.

Pero lo que finalmente caracteriza a la modernización industrial y a la sociedad de consumo es el supervalor del Bienestar, opuesto al Valle de Lágrimas de la moralidad tradicional. El bienestar como el atracón, en contraposición al renunciamiento y a la modestia. Lo que ahora caracteriza el status de una persona es su nivel de bienestar, incluso en grados tan ridículos y sofisticados como el de tener un bienestar de videocasetera como grado jerárquico superior al mero bienestar de tele a colores.

En pocas palabras: la idea de la moralidad pública se ha vuelto más objetiva y cruda. Ilusorias coartadas para ascender socialmente como las de impostar a pretender un mayor grado de decencia —pobre pero decente— no tienen cabida en Perisur. Cómo vives objetiva y detalladamente, en dónde, en qué condiciones, con qué aparatos, cuál es tu salario: ahí está tu moralidad. La clase media urbana, a diferencia de otras épocas, ya no brilla demasiado por prejuicios morales, religiosos o cívicos; en ocasiones es incluso motivo de escándalo para los pobres; sus prejuicios ahora son políticos y económicos. Aceptan los senos semidesnudos de Olga Breeskin en los noticieros de televisión, pero nada que les huela a comunismo (y casi todo les huele a comunismo.) En su lucha precipitada por conseguir consumidores de modelos cada vez más sofisticados de secadoras para el pelo y de espectadores para cada vez más elaborados episodios de cogidas en el cine, la libre empresa ha operado un cambio moral irreversible: masas urbanas que ya no se espantan más que del comunismo; cínicas y vulgares, fanáticas de sus niveles de bienestar en defensa de los cuales podrían linchar a los sospechosos de subversión como en Canoa. Esto no quita que el cinismo moral de repente parezca volver al pasado, y apoyar manifestaciones carmelitas o dominicas en contra del aborto, de los derechos de la mujer, del divorcio o de las valencianas en los pantalones de mezclilla, como en otras épocas caciques criminales han levantado estandartes de santos y sagradas vírgenes contra las reformas agrarias.

Acaso lo anterior ilustre un poco la confusión actual que sobre la moralidad pública existe; y que se ha escindido entre los alejados y cómicos discurso que apelan a la decencia preindustrial y las precipitadas masas urbanas de consumidores. Lo que sí está claro, tanto hoy como e n otros tiempos, es la cualidad de cerca o de barda de un concepto oficial moralidad pública: ponerle un muro a los demás, obligar; a comportarse de la manera en que no a ellos, sino sólo quien manda, conviene; restringirles sus capacidades y oportunidades de placer, diversión, reventón y libertad, para que no olviden que su deber es andar como escurridos y con el “lo que usted diga, licenciado” en la boca.

MORAL ES VAMONOS RESPETANDO, CIUDADANO

Y en este sentido, ¿cómo podría interpretarse la “nueva moralidad” que invoca el candidato del PRI a la presidencia Miguel de la Madrid, en su campaña? ¿Cuál es la vieja moralidad, cuándo empezó a envejecer y cuáles son los rasgos precisos, denunciables, de tal envejecimiento? Nada se dice respecto. Pero se ven rasgos, por lo demás comunes a casi todos los grandes políticos en campaña, que apuntan a un hecho igualmente inevitable en México: la moralidad pública es la que se parece a la imagen exterior del Presidente de la República. El lucimiento que el candidato del PRI hace de su vida familiar, como paradigma de la familia mexicana; su pronunciamientos airados contra la deshonestidad pública como si los funcionarios deshonestos no pertenecieran masivamente al propio y moralizador Partido Revolucionario Institucional; las constantes recomendaciones de instalarse en el patriotismo, la nobleza, el paterfamilismo, la verdad, etc. Y es que aunque la Constitución en ningún momento le dé facultades para ello, el Presidente de la República cree que debe monopolizar y mandar con poderes absolutos sobre la moralidad de los ciudadanos, o de otro modo su autoridad empezaría a relativizarse. Y acaso el sistema empiece a ver con recelo la generalizada falta de respeto de la sociedad con respecto al gobierno, cómo se le acepta cínicamente entre chistes procaces y mentadas de madre; cómo los edificantes egregios, catequísticos discursos oficiales no logran traspasar la capa gelatinosa de la desconfianza y la mordacidad pública, creadas a base de escándalos y atropellos oficiales durante décadas; cómo, finalmente, el consenso del Estado parece estar más hecho de la presencia de la fuerza pública del miedo al caos si el gobierno (así de malo y todo) cayera de cínica resignación ante la conseja de que todos los gobernantes son iguales y no queda sino sufrirlos, como a los sabañones, etc., que de respeto civil, entusiasmo y confianza populares. Renovar moralmente a la sociedad podría ser un eufemismo de recobrar por decreto para el gobierno, el respeto civil que ha perdido, por lo menos desde Lázaro Cárdenas (aunque casi no hay gobierno en la historia de México sin su historia de grandísimas inmoralidades.)

Podría inventarse un cuento chino: había una vez un mandarín que se quedó ciego, y mandó que se les sacaran los ojos a todos su súbditos para así poder decir, desde la autoridad sagrada del trono, que en ese reino todos estaban ciegos. Así resultaría que en México todos somos inmorales, y no sólo el PRI; y que necesitamos renovarnos moralmente, a fin de que el Estado, insatisfecho con imponerse sólo por las vías de hecho, pueda imponerse además por el respeto civil que llamaría moral. Para poder aceptar, y nunca por la vía jurídica, que tal gobernador robó cientos de millones de pesos, se publicita ante todos los ciudadanos que no hay mexicano que no deba lavarse de sus personales deshonestidades. Para mejor implantación de la sumisión cívica, laboral, cultural, política, etc., se atropella a setenta millones de mexicanos con la obligación de formar familia-modelo-en sala-de-lujo-de-residencia-del-Pedregal-o Coyoacán, y se vuelve costosísimo y/o clandestino todo otro tipo de relación y reunión eróticas y sentimentales. Y así en cada articulillo de la cartilla moral.

Una cruzada moralizadora por parte del Estado mexicano no implicaría, en consecuencia, sino una avanzada para conseguir más poder aún sobre los ciudadanos. Es la vieja idea de que los ciudadanos son menores de edad y hay que decirles hasta cómo y con quién deben coger y cuándo. Es la forma tiránica de descalificar a la sociedad civil como organizadora de su propia cotidianeidad. Y es, sobre todo, la táctica urgente de consolidar un poder que empieza a perder otros prestigios y bases de apoyo.

Renovar moralmente a la sociedad podría ser un eufemismo para recobrar por decreto para el gobierno, el respeto civil que ha perdido. Podría inventarse un cuento chino: había una vez un mandarín que se quedó ciego, y mandó que se le sacaran los ojos a todos sus súbditos para así poder decir, desde la autoridad sagrada del trono, que en ese reino todos estaban ciegos.

LAS MASAS ALEBRESTADAS

El problema es que un Estado mexicano tan decimonónico, tan creyente de poder normar todavía al país de acuerdo con los prejuicios y caprichos de doña Carmelita Romero Rubio de Díaz, va a tener que lidiar con masas urbanas alebrestadas por la civilización industrial y el consumo de los ochentas occidentales. Todas estas masas malcriadas, clasemedieras, procaces y a la moda (descendientes de padres con escapularios y miércoles de ceniza), no están dispuestas a sacrificar su bienestar por un capricho oficial. La muchedumbre de trabajadores, que sobre todo en estos últimos años ha visto cómo con las más edificantes palabras se le saquea la tercera parte del valor adquisitivo de su salario, no es el público más apropiado ante el cual el gobierno pueda exigir para sí mismo facultades anticonstitucionales y extraordinarias en terrenos de cotidianeidad social y de vida privada. Y factores de irritación contra el gobierno hay muchos para añadirle uno más, sobre todo uno tan resbaloso como éste.

Sin embargo, la dictadura de los gobiernos sobre la vida privada de las sociedades y la vida diaria de las personas es un hecho moderno, y de ninguna manera privativo de las dictaduras. Una forma básica de esta dictadura es la pesquisa y la documentación —en México anticonstitucional— de la vida privada de los ciudadanos, a través de registros de computación concentrados en una cédula de identidad, en la que cualquier gendarme podrá leer, metiéndola a un aparato, todo lo que tal persona ha hecho y dejado de hacer: qué enfermedades, qué parientes, qué estudios, cuáles broncas, de cuál fuma, de qué toma, con quién ha cogido o dejado de coger; cuánto ha pagado o evadido de impuestos, a dónde ha viajado, en qué ha trabajado y por qué ha cambiado de empleo, qué ideología y qué partido, qué transas, etc. Otra es, también ilegal pero funcionante en nuestro país, los interrogatorios inevitables para, por ejemplo, conseguir empleo: que si es casado o no, que por qué se divorció, etc. Es habitual en los bancos que se investigue la vida marital de los aspirantes a puestos ejecutivos, incluso medianamente ejecutivos, porque con la inteligencia propia de los bancos se supone que sólo un aburrido y apacible padre de familia ejemplar es un hombre maduro; es habitual, también, que se desconfíe de mujeres trabajadoras mayores de veinticinco años que sean solteras o divorciadas, para no hablar de madres solteras. Y de todo se les pregunta. Los interrogatorios para selección o promoción de personal, muchas veces disfrazados de tests sociales o sicológicos, en los grandes almacenes, por ejemplo, llegan a ser verdaderamente infamantes. En Estados Unidos se ha hecho costumbre preguntar oficialmente si uno fuma o deja de fumar, si bebe o no, a qué religión o club pertenece, etc.

La idea de que la libertad personal sólo era perseguida en las dictaduras hace mucho que ha sido desmentida. Las democracias modernas, así sean tan priístas como la mexicana, en las últimas décadas han tratado, y logrado en gran medida, de restar espacio y ejercicio a la sociedad civil aun en asuntos personales. La lucha por una moralidad ajena a los caprichos, a la arrogancia y a la prepotencia del poder. una moralidad de ciudadanos y no de funcionarios, viene por ello a reforzar la defensa de la sociedad contra la expansión arbitraria de los gobiernos y las grandes empresas (muchas veces coludidas con ellos).

Una contradicción viene finalmente a marcar el panorama presente: por un lado la modernización industrial y la sociedad de consumo han permitido a grandes sectores urbanos mayores libertad y espacios personales en asuntos de moralidad; por el otro, ha implementado también mecanismos para que el gobierno, la iglesia y las grandes empresas ejerzan una dictadura moral, computarizada y judicial, de alcances imprevisibles. Porque siempre que al Poderoso se le antoje el ciudadano inerme puede resultar inmoral. Y encontrarles pequeñas inmoralidades a los de abajo es una inmejorable cortina de humo para desaparecer las multimillonarias inmoralidades de los de arriba.

 

José Joaquín Blanco
Crítico, poeta, ensayista. Su último libro: Función de medianoche (Era, 1981). En breve aparecerá su poesía reunida: La siesta en el parque.