Tomando en cuenta diversos estudios, el ciclo de los gobiernos progresistas en América Latina comprendería una variedad de gobernantes: Hugo Chávez (1999-2013) en Venezuela —quien fuera, además, el iniciador del ciclo—, seguido por su sucesor Nicolás Maduro (2013-hoy); Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina; Evo Morales (2006-hoy) en Bolivia, Ignacio Lula da Silva (2003-2010) en Brasil, seguido por Dilma Rousseff (2011-2016), Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en Chile; Rafael Correa (2007-2017) en Ecuador, Salvador Sánchez Cerén (2014-hoy) en El Salvador, Manuel Zelaya (2006-2009) en Honduras, Daniel Ortega (2007-hoy) en Nicaragua, Fernando Lugo (2008-2012) en Paraguay, Leonel Fernández (2004-2012) en República Dominicana, Tabaré Vásquez (2005-2010 y 2015-hoy) y José Mujica (2010-2015) en Uruguay. Se considera, además, que los gobernantes radicales, que marcaron una nueva izquierda, han sido H. Chávez, N. Maduro, E. Morales y R. Correa, identificados con los países bolivarianos.

Sin embargo, en la actualidad (2018) sólo están en el poder N. Maduro, E. Morales, S. Sánchez, D. Ortega y T. Vásquez. De otra parte, se sostiene que el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador abrirá puertas al progresismo en México, y se esperaba que lo mismo sucediera en Brasil si triunfaba Fernando Haddad; pero, al ganar Jair Bolsonaro, incluso se advierte que el ciclo progresista está no sólo liquidado, sino que la izquierda puede correr un gran peligro al instalarse un protofascismo de derecha, que puede contagiar a toda Latinoamérica.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Por consiguiente, hablar de gobernantes progresistas, democráticos y de nueva izquierda comporta una generalización demasiado amplia, aunque resulta más seguro referirse al ciclo de gobiernos progresistas. Y, sin duda, al concepto “progresismo” le ocurre lo mismo que al desgastado término “populismo”: engloba diversas realidades que sólo pueden comprenderse mediante una investigación rigurosa de cada gobierno y remarcando las diferencias que, a veces, son abismales entre ellos.

A todos les ha identificado el origen electivo de sus mandatos. Incluso los gobernantes bolivarianos tuvieron varias reelecciones igualmente respaldadas por la ciudadanía con sus votos. También sufrieron intentos de golpes de Estado (Chávez en 2002, Correa en 2010 y Morales en 2008 y 2012). Los llamados golpes blandos fueron exitosos contra D. Rousseff, M. Zelaya y F. Lugo, sacados de la presidencia por intermedio de claras confabulaciones institucionales.

A su vez, los gobiernos progresistas y de nueva izquierda se caracterizaron por haber logrado la expedición de nuevas Constituciones (Venezuela 1999, Ecuador 2008 y Bolivia 2009) aprobadas por sendos referendums populares, y que inauguraron conceptos e instituciones inéditas, como los órganos del poder ciudadano en Venezuela, el reconocimiento a los principios y fundamentos del Buen Vivir (Sumak Kawsay) en Ecuador y Bolivia, y además, los Derechos de la Naturaleza en la Constitución ecuatoriana o el reconocimiento a la coca originaria y ancestral, como patrimonio cultural, en la Constitución boliviana.

En el marco de los gobiernos progresistas de nueva izquierda, el de Rafael Correa surgió como reacción nacional al modelo empresarial-neoliberal afirmado en las décadas finales del siglo XX y contra la debacle institucional y gubernamental del país, que en sólo una década (1996-2006) generó siete gobiernos (tres electos, pero derrocados a consecuencia de revueltas ciudadanas) y una efímera dictadura nocturna.

Bajo el manto de la nueva Constitución se desarrolló la institucionalidad nacional, fueron rescatadas y potenciadas las capacidades regulatorias e intervencionistas del Estado en la economía, se sujetaron los intereses empresariales y privados al interés público, el poder se inclinó a favorecer a los sectores medios, populares y de trabajadores contra la hegemonía del capital, se amplió la inversión estatal en obras e infraestructuras, se fortalecieron los servicios sociales (educación, salud, medicina, seguridad social) y las bonificaciones populares, y se robusteció el sistema tributario con criterio redistributivo de la riqueza, retomando el sentido de los impuestos directos sobre las capas más ricas.

De acuerdo con el documento Ecuador. Panorama General de abril 11, 2017, el Banco Mundial asegura que entre 2006 y 2014, Ecuador creció en su PIB promedio al 4.3%, lo que permitió fuertes inversiones públicas y sociales, que lograron reducir la pobreza del 37.6% al 22.5%; el coeficiente de Gini del 0.54 a 0.47; pero el proceso se estancó desde 2015.

De otra parte, el gobierno de Correa se identificó con el latinoamericanismo reinante, cuestionó los poderes imperialistas, asumió representar el “socialismo del siglo XXI”, levantó el sentido nacionalista, de dignidad y orgullo por el país, y abogó por un cambio en las relaciones económicas mundiales en favor de los países menos desarrollados.

Las orientaciones y políticas emprendidas por Correa alinearon en su contra a poderosas fuerzas sociales: élites empresariales que perdieron la imposición habitual de sus intereses en el Estado; medios de comunicación privados cuestionados por el presidente por su constante campaña opositora y su evidente posicionamiento político; derechas enemigas de cualquier “izquierdismo”; y, naturalmente, el imperialismo. Pero después de haber apoyado el proceso progresista en marcha, con el paso de los años se sumaron a la oposición sectores de las izquierdas tradicionales y dirigencias de los movimientos sociales (principalmente indígenas y trabajadores) que finalmente perdieron las prebendas y clientelismos favorables a sus intereses y estrategias políticas. Estos sectores claramente se expresaron contra Correa durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010.

El gobierno avanzó, por tanto, en un creciente ambiente de polarización social y tensión política, levantado por las fuerzas de oposición dispuestas a no permitir la alteración de las estructuras de poder y la marginación de sus intereses, que habían sido construidos en décadas anteriores. Y en ese contexto, se movilizaron argumentos y conceptos para convencer a la población de que se vivía una época de autoritarismo, hiperpresidencialismo, caudillismo, populismo, desinstitucionalización, violaciones constitucionales, criminalización de la protesta social, persecución política, socialismo antidemocrático, “bolivarianismo” nefasto, “estatismo”, eternización en el poder, o cualquier otra fórmula útil para el combate a lo que dio en llamarse “correísmo”. Una ideología fantasmagórica se levantó para negar o neutralizar las realidades que se vivían en el país, a pesar de que en más de una decena de procesos de votación popular entre 2006 y 2017 (elecciones, consultas y referendums) las fuerzas de Alianza País (el partido de gobierno) obtuvieran siempre la victoria electoral y política.

Pero esa misma historia de una década “perdida” para unos o “ganada” para otros, dejó algunas sombras que merecen no sólo apreciación crítica, sino un mínimo de objetividad.

No hay duda que el país progresó y cambió, de modo que los intentos por una restauración conservadora no tuvieron éxito, aunque lentamente minaron resistencias e hicieron crecer las fuerzas de la oposición. Eso explica que el triunfo de Lenín Moreno en 2017, por ser considerado como la continuidad del “régimen correísta” aunque bajo otro “estilo”, haya obtenido en el balotaje (segunda vuelta) sólo el 51.16% de los votos, un escaso margen frente a su contrincante, el exbanquero y millonario Guillermo Lasso, quien obtuvo el 48.84% de la votación.

A pesar de los avances económicos y sociales, resaltados por instituciones como el BM, FMI, Pnud y Cepal, el “modelo” despertó las resistencias empresariales y de las capas ricas, que atacaron al “correísmo” como avanzada del “chavismo”. Los dos últimos años del gobierno de Correa, afectados por el derrumbe de los precios del petróleo y otros factores externos, desajustaron algunas políticas estatales y llevaron incluso a ciertas flexibilizaciones laborales. Con ello, la imagen de izquierdismo fue golpeada.

Las confrontaciones del presidente Correa con las distintas fuerzas de oposición tensionaron relaciones sociales y hasta familiares. La reacción de las viejas izquierdas, de los marxistas dogmáticos (en 2017 surgió en el país una corriente de “marxistas probancarios” que apoyaron a Lasso), así como la de una serie de dirigentes indígenas y laborales que hicieron uso político de las organizaciones que controlaban para levantar el anticorreísmo, minaron el simbolismo de un gobierno de nueva izquierda, que apareció como confrontador con los sectores a quienes decía representar.

A diferencia de lo ocurrido en Venezuela o en Bolivia, el gobierno de Correa, si bien mantuvo una amplia fuerza electoral popular, no supo crear bases sociales organizadas, politizadas y permanentes para el sostenimiento, en el largo tiempo, del proceso progresista de nueva izquierda. Por eso, al gobierno de Lenin Moreno no le costó esfuerzo alguno el desmontaje de la institucionalidad y del modelo económico del régimen precedente, de modo que en apenas un año revirtió lo conquistado en una década, sin que tampoco surgieran resistencias de los movimientos sociales, que se acomodaron al nuevo régimen, sin demostrar fuerza organizativa propia.

La continuidad de un proceso requiere el fomento de un tipo de conciencia social capaz de sostenerlo. El presidente Correa confrontaba, en forma directamente personal y casi siempre en sus “sabatinas”, con personas y sectores sociales o políticos, a quienes consideraba que se debía oponer la visión gubernamental contra sus criterios. Ello desgastó su imagen. Particular relieve tuvieron sus confrontaciones con la prensa ecuatoriana. De modo que se forjó un ambiente en el cual se afirmaba la idea de un presidente “autoritario”, que se peleaba “con todo el mundo” y que, además, atacaba a la “prensa libre e independiente”, coartando la “libertad de expresión”, aunque en los hechos esa misma prensa se había transformado en instrumento de lucha opositora al régimen y gozaba de plena libertad para obrar y decir cuanto pensaba.

Igualmente cabría señalar que los sucesivos triunfos y el manejo del Estado parecían imbatibles, lo cual hizo que se descuide o minimice el auge paulatino de las derechas y los opositores, en tanto las izquierdas se dividían y se peleaban.

El más poderoso de los golpes ha sido el descubrimiento de sonados casos de corrupción pública durante el gobierno de Correa, que también, a posteriori, han evidenciado que durante la Revolución Ciudadana no parece que se logró detectarlos a tiempo, a pesar de que hubo una nueva institucionalidad que igualmente parecía favorable para evitarla. Se perdió la imagen de la ética revolucionaria y las derechas asumieron el papel reivindicativo de toda ética.

Finalmente, habría que entender al gobierno de la Revolución Ciudadana como un ciclo con distintas fases: entre 2007-2008, la del auge transformador; entre 2009-2014, la de estabilización institucional; entre 2015-2017, la fase de los desajustes.

Se creyó que la presidencia de Lenín Moreno daría continuidad a la Revolución Ciudadana, garantizando los logros de una década. Pero no ocurrió así. Moreno dio un giro total a su gobierno y rompió con Correa. Además, desarticuló la institucionalidad preexistente y encabezó la política de “descorreización” de la sociedad. El nuevo proceso no ha escatimado la persecución política, la judicialización arbitraria (lawfare), la denuncia genérica contra el pasado inmediato, el alejamiento total del latinoamericanismo y el alineamiento con las políticas e intereses del imperialismo.

Nadie esperó que todo ello ocurriera. De modo que se ha logrado la efectiva restauración conservadora y la reimplantación de un modelo empresarial de desarrollo sujeto a los intereses de las élites privadas y del mercado libre.

 

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Historiador. Su libro más reciente es Historia de los impuestos en Ecuador (SRI-PUCE-Fac. de Economía-THE, 2015); es creador del sitio web Historia y Presente.

 

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