Llevamos décadas pensando y tratando de transformar a México con la mirada puesta en convertirnos en algo parecido a Dinamarca. No hemos estados solos. Tras el fin de la Guerra Fría el encuadre dominante para pensar y promover el progreso ha sido el mantra según el cual democracia y economía abierta constituían la dupla que inevitablemente habría de conducirnos del atraso al desarrollo.

Con la desaparición de la Unión Soviética la internacionalización económica y el ascenso del neoliberalismo el biniomio democracia y mercado parecían ser el único camino para impulsar crecimiento, bienestar, libertad y seguridad en cualquier parte del mundo. Resumió bien aquel ánimo el famoso texto de Francis Fukuyama, El fin de la historia. No quedaba de otra, no parecía haber otro ideal ni otra vía para progresar que adoptar como modelo el de las democracias avanzadas del norte desarrollado.

Ese camino no sólo aparecía como el único; también resultaba atractivo y promisorio. En nuestro caso, como en muchos otros, ese plan de viaje aportó rumbo tras el agotamiento del viejo modelo de economía cerrada y arreglo político autoritario, y permitió llevar a cabo transformaciones de gran calado. Esas transformaciones nos vincularon más estrechamente con el mundo y generaron condiciones para la estabilidad macroeconómica. Asimismo, permitieron el surgimiento de islas importantes de alta productividad y competitividad en el ámbito económico. También abrieron las puertas a la pluralidad política efectiva, al desarrollo progresivo de una sociedad civil más activa, a medios de comunicación más abiertos, así como a mayor transparencia de los asuntos relativos al gobierno.

Ilustraciones: Adrián Pérez

El problema, sin embargo, es que democracia y economía abierta también produjeron un crecimiento económico mediocre, una mayor concentración del ingreso y la riqueza y tasas de pobreza que parecen irrevertibles y que abarcan casi a la mitad de la población. Al mismo tiempo, trajeron consigo una aumento significativo de la violencia y la inseguridad. Con el foco puesto en intentar ser Dinamarca, nos hemos olvidado de lo efectivamente posible dentro del México realmente existente. Con ello, se nos fue desdibujando hasta perderse casi del todo cualquier noción mínimamente clara y compartida con respecto a la frontera entre lo admisible y lo inadmisible.

El objetivo central de este texto consiste en traer al centro de nuestra mirada colectiva esas dos brújulas que traemos perdidas: la de lo posible y la de lo inadmisible. Importa hacerlo porque el lente con el que hemos estado mirando y operando ha privilegiado excesivamente los ajustes o profundizaciones requeridas —en teoría— para que la democracia y una economía abierta produzcan los efectos esperados y deseados. Sucesivas oleadas de reformas en este sentido no han generado los beneficios previstos. Emprender más reformas electorales y más reformas estructurales difícilmente generarán, por sí mismas, más y mejor crecimiento, o más y mejor democracia.

Es imprescindible hacer un alto en el camino y escudriñar las condiciones de fondo que han hecho de nuestra joven democracia un régimen crecientemente disfuncional y poco legítimo, y de nuestra también joven economía abierta una marcada por tasas de crecimiento mediocres y altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza. Urge, asimismo, entender mejor cómo la apertura económica y la democratización política lejos de haber eliminado las viejas formas de gobernar un país profundamente desigual han contribuido a exacerbar sus peores vicios, lo que ha terminado por fracturar la gobernabilidad y auspiciar la espiral de violencia en la que nos encontramos inmersos.

Para movernos en la dirección correcta hay que comenzar por renunciar a ser Dinamarca, mirarnos de nuevo y hacernos las preguntas correctas e incómodas. La reflección sobre lo posible y lo inadmisible, argumentamos, sirve para ese objetivo.

 

El eje central y el origen de nuestros problemas más acuciantes se ubica en la desigualdad y la exclusión. La desigualdad social extrema y crecientemente rígida es el dato que nos define, el que más nos limita y el que está haciendo agua por todos lados. La concentración de la riqueza y del poder en una porción minúscula de la población y, abajo del séptimo decil, condiciones de vida y salarios que hacen imposible que el talento y el trabajo generen un mínimo de seguridad patrimonial y personal nos tienen donde estamos. Esa desigualdad hiperconcentradora en la cima explica nuestra baja productividad y nuestro raquítico crecimiento económico. Esa misma desigualdad abismal aporta claves fundamentales para entender el origen y las causas de la crisis de violencia e inseguridad en la que estamos inmersos. Cuando los caminos legales no permiten el progreso personal y el acceso a la oferta infinita de los bienes y servicios que promete el mundo de los mercados globalizados, los caminos ilegales se vuelven especialmente atractivos. El salto masivo de personas a la ilegalidad trae consigo los gérmenes de la violencia, sobre todo cuando los mecanismos de gobernabilidad se debilitan como ha sido el caso de México.

El viejo orden de la posrevolución, anclado en el control centralizado por parte de un partido hegemónico y en una economía relativamente cerrada, reconcilió de forma bastante efectiva desigualdad y paz social. Contribuyeron a ello altas tasas de crecimiento económico y considerable movilidad social, en combinación con la administración pacífica del relevo temporal en el control del poder político.

Sin embargo, tres pilares fueron el soporte fundamental de ese orden posrevolucionario: el clientelismo, el castigo selectivo del incumplimiento de la ley y la corrupción institucionalizada. Estos tres pilares son, y han sido, el basamento de la gobernabilidad en México.

En efecto, en la base de la pirámide social la gobernabilidad del país se asentó sobre una amplia red de estructuras clientelares y corporativas coordinadas de forma vertical. Ello sirvió como mecanismo de control social sobre vastos sectores de la población y permitió acotar el uso generalizado y abierto de la coacción del Estado. Los intermediarios clientelares y los líderes de las corporaciones negociaban con las autoridades el acceso de sus agremiados a determinados servicios públicos, programas sociales o prestaciones laborales. Ello a cambio de mantenerlos bajo control y evitar brotes de violencia o protestas en la base de la pirámide social. El éxito de este equilibrio fue que la principal via de acceso a los bienes y servicios públicos para los desventajados era la pertenencia a las redes clientelares y las corporaciones controladas por el régimen. Los gobiernos, locales y federal, nunca se propusieron desarrollar un aparato administrativo eficaz para proveer servicios de forma universal, pues ello hubiese debilitado este instrumento de gobernabidad. Las clientelas, por definición, presuponen el trato desigual y personalizado y el reparto selectivo y discrecional de los bienes y servicios públicos.

La gobernabilidad durante la posrevolución también se basó en el castigo selectivo del incumplimiento de la ley. La ley como tal nunca fue un límite parejo, que obligara y protegiera a todos por igual. Más bien la ley fue una carta de negociación: sirvió para pactar, para generar lealtades y para utilizar la amenaza de castigo como instrumento para la componenda y el control político. La maleabilidad de los límites jurídicos permitió administrar políticamente la desigualdad y evitar que ésta se tornara explosiva. Este control político sobre el castigo y la impunidad facilitó salidas no coactivas al conflicto y a la inconformidad social. También sirvió para marcar las diferencias de clase y para concentrar el poder y la riqueza en la cúpula. El acceso de la elite a la ventanilla VIP para accceder un trato jurídico favorable y para manipular las fronteras de la ley afianzó la verticalidad del edificio social y, a la vez, sirvió para garantizar lealtad y cooperación por parte de esas elites en torno a la figura del presidente.

Dos instituciones sirvieron para administrar el castigo selectivo de la ley: tribunales sin los basamentos que garantizaran su autonomía respecto al poder y los poderosos, y procuradurías controladas desde las cúpulas del poder político. Estas instituciones se encargaron de administrar y gestionar el mercado de la impunidad y decidir quién podía violar la ley sin consecuencias y quién no. Ello, evidentemente, en función de los intereses políticos y de gobernabilidad del Ejecutivo en turno. La amenaza creíble del castigo de la ley que detentaba el presidente fue un poderoso disuasor frente a la no cooperación de la clase política, los empresarios y los agremiados de las corporaciones y clientelas del Estado.

De forma transversal la corrupción institucionalizada le aportó flexibilidad y adaptabilidad al orden posrevolucionario. La corrupción aceitaba el engranaje social, reducía sus fricciones y acotaba la violencia. También servía para estimular la cooperación social a través de alianzas, apoyos y complicidades. La corrupción, en todo caso, fue una parte intrínseca del ejercicio del poder.

Muchos de los dispositivos y reglas del orden posrevolucionario eran gelatinosos, no estaban consignados en la ley y operaban de forma no abiertamente visible. Eran más sutiles y, por lo mismo, eran más difíciles de nombrar y desmantelar que los empleados por los regímenes totalitarios de Europa del Este o por las dictaduras latinoamericanas durante la segunda posguerra.

Si bien los límites de los detentadores del poder eran distintos de aquellos que establecía la ley, ello no significó que no existieran acuerdos implícitos respecto de la frontera de lo inadmisible y lo admisible. Al menos tres elementos ayudaron a definir esa frontera: 1) el origen social del régimen (un régimen cuyo sello distintivo fue la inclusión de amplios sectores sociales a través de corporaciones); 2) un pacto implícito de “robas, pero repartes”; 3) un reconocimiento a la dignidad y valor de diferentes segmentos sociales y oficios (parecido a una sociedad estamentaria).

Lo que sí fue tangible y contundente fue que los tres pilares del orden posrevolucionario —clientelismo, aplicación selectiva del castigo y corrupción— produjeron un orden capaz de reproducir y prepetuar la desigualdad social y, al mismo tiempo, limitar la violencia social, promover la cooperación y acotar el uso de la coacción por parte del Estado.

El problema en el que hace décadas nos encontramos es que esas condiciones que hicieron posible la paz en un país tan desigual se diluyeron con el proceso de democratización y con la apertura de la economía. Para México, en breve, El fin de la historia de Fukuyama, es decir, la dupla democracia y libre mercado como guía y destino inevitable, tuvo como resultado el resquebrajamiento de la gobernabilidad.

 

La doble transición, primero al mercado y un poco más tarde a la democracia, erosionó los mecanismos que habían permitido reconciliar, de forma medianamente razonable, alta desigualdad y paz social. Ello en virtud, argumentaremos aquí, de que ambos procesos no terminaron con los tres dispositivos centrales de la gobernabilidad oligárquica en México, pero sí debilitaron su efectividad y tendieron a magnificar sus peores vicios.

La deuda, las crisis económicas y la astringencia fiscal producto del agotamiento de modelo de economía cerrada acotaron la disponibilidad de recursos y de canales para distribuir concesiones, privilegios y beneficios. También redujeron el espacio, capacidad y disposición tanto del Estado como de las elites económicas para repartirlo.

La apertura económica, a su vez, si bien permitió generar condiciones para la estabilidad macroeconómica, así como para la modernización y competitividad internacional de algunos sectores de la economía mexicana, dio lugar a un patrón de crecimiento marcado por un bajo dinamismo y un alto nivel de concentración de la riqueza y el ingreso. Ese patrón tuvo mucho que ver con la ausencia de condiciones que hicieran posible el que en un país tan desigual un mayor número de personas, regiones y actividades pudiesen engancharse al tren del progreso que ofrecía la internacionalización de la economía mexicana. Como resultado de ese patrón se fue estirando la distancia entre pobres y muy ricos, al tiempo que fue reduciéndose la movilidad social.

En paralelo, el país transitó a la democracia con lo que surgieron nuevos actores políticos, nuevas dinámicas electorales y nuevas instituciones. Todo ello desajustó el viejo orden de coordinación centralizada y vertical, lo cual redundó en el debilitamiento de las estructuras de cooperación y lealtad políticas. Los viejos mecanismos para conciliar desigualdad con paz social se fueron desfigurando y perdiendo eficacia progresivamente.

En primer término, la pluralidad y la competencia electoral desordenaron la operación tradicional de las redes clientelares y las corporaciones. La antigua verticalidad y el control centralizado de clientelas y corporaciones fue sustituida gradualmente por la multiplicación de partidos políticos. Estos partidos comenzaron a competir por el control de las redes clientelares a fin de maximizar su posibilidad de triunfo en las urnas. Ello elevó significativamente el precio del voto y los niveles de corrupción. Obtener apoyos por la vía clientelar en un contexto de fuerte competencia electoral ha requerido de concesiones y repartos cada vez más cuantiosos. Los recursos públicos (entre ellos, los de la renta petrolera de los años de bonanza) se emplearon para sufragar esos costos crecientes. Además, los nuevos gobiernos surgidos de la competencia en las urnas no tuvieron incentivos para desmantelar las clientelas (que eran el vehículo de acceso al poder) y sustituirlas por aparatos administrativos sólidos capaces de proveer servicios públicos universales.

Asimismo, la pluralidad política hizo que el acceso a bienes y servicios a través del sistema de clientelas fuese cada vez más incierto para la gente. Hasta hoy, asociarse con un intermediario de un partido político que pierde la contienda puede significar no acceder al agua, alumbrado o medicinas durante el tiempo que dure el mandato de quien ganó la elección. También las viejas corporaciones perdieron su capacidad de negocación y reparto de rentas a sus agremiados. Todo ello ha hecho que los gobiernos —locales y federal— hayan ido reducido progresivamente su capacidad para atender los problemas de la gente y que las estructuras clientelares hayan ido disminuyendo su efectividad para generar orden a “ras de tierra”.

Además de clientelas más caras, también influyó en el aumento de los niveles de corrupción el hecho de que la competencia electoral trajo consigo carreras políticas menos largas y, sobre todo, mucho más inciertas. A raíz de ello crecieron los incentivos de los ocupantes de dichos cargos para robar a manos llenas y a toda velocidad a cuenta del erario. El robo para organizar y mantener clientelas, para comprar lealtades y apoyos, así como para el propio beneficio personal crecieron exponencialmente. Con ello se fue mermando la legitimidad de los nuevos gobiernos emanados de las urnas.

El desbordamiento de la corrupción colocó a las elites, en primerísimo término a las elites políticas, en una posición de creciente vulnerabilidad frente al uso político de la procuración criminal. Fue la agenda ciudadana anticorrupción, y no la crisis de seguridad pública y de derechos humanos, la que trajo consigo la exigencia social de dotar de autonomía política al sistema de persecución criminal. Los ciudadanos demandan sustituir un sistema que organiza y administra la aplicación selectiva del castigo penal por uno que establezca una amenaza creíble de castigo para todos. Lo que aún sigue siendo invisible al debate público son los mecanismos a través de los cuales los tribunales otorgan tratos jurídicos excepcionales a la elite. En todo caso, la agenda pública de fiscalías autónomas está poniendo en entredicho, por primera vez desde que transitamos a la democracia, el viejo sistema de gobernabilidad basado en la aplicación selectiva del castigo frente al incumplimiento de la ley.

En suma, los tres ejes en los que se sustentaba el orden posrevolucionario —clientelas, aplicación selectiva del castigo y corrupción— se acomodaron de la peor manera para seguir funcionando en el nuevo orden democrático y de economía abierta. Las clientelas se hicieron mucho más caras pero, a la vez, perdieron efectividad para proveer orden y cooperación en la base de la pirámide social. Por su parte, la alternancia de los partidos en el poder provocó la exacervación de la corrupción y su visibilización y no trajo consigo mejores gobiernos. Finalmente, la procuración de justicia, en medio de un aumento significativo de los índices delictivos, no ha podido satisfacer la demanda de justicia de la gente, pero sí en cambio ha servido de manera ostentosamente visible para proteger a varios altos funcionarios corruptos. Todo ello ha producido gobiernos cada vez más débiles e ineficaces para conciliar paz social con desigualdad y exclusión.

 

El modelo de democracia y mercado abierto al mundo no nos ha llevado a la tierra prometida del crecimiento, el bienestar, la libertad y la seguridad. Sin embargo, no por ello hemos dejado de aspirar a ser Dinamarca. ¿Qué hay que hacer para que México se parezca a Dinamarca? Ese ha sido, hasta ahora, el único plan de viaje concebible.

Sin embargo, dada la enorme distancia entre México y Dinamarca, lo único que nos ha quedado es legislar a tambor batiente. Frente a todo gran problema nacional, una gran reforma constitucional. Frente a los grupos de presión, una ley con parámetros de Dinamarca. Para los grupos excluidos, el más amplio y exhaustivo catálogo de derechos humanos. Para lograr que la democracia electoral ahora sí funcione, otra gran reforma constitucional que regule de formas inimaginablemente sofisticadas las conductas de los contrincantes políticos y sus partidos. Frente a la grave crisis de derechos humanos, una ley con estándares internacionales en materia de desapareción forzada, tortura y procesos penales. Para terminar con la corrupción, un nuevo y complejísimo entramado normativo para que cooperen y se supervisen entre sí los órganos que se encargan de prevenirla, detectarla y sancionarla.

La tragedia es que después de tan amplia labor legislativa, en la que participaron cada vez más voces y más grupos, más diagnósticos y más debates y en la que cada una de esas piezas legislativas ha generado grandes expectativas sociales, nos encontramos con que México no logra cambiar en la dirección correcta. Seguimos teniendo una estructura piramidal con una concentración de la riqueza cada vez más grande y aparatosa y, al mismo tiempo, la violencia y la ingobernabilidad se han incrementado alcanzando niveles insospechados. Oleadas sucesivas e interminables de grandes cambios normativos no han conseguido fortalecer nuestra democracia ni propiciar un crecimiento económico más dinámico e incluyente. De paso y con la mira siempre puesta en Dinamarca, nos quedamos con la idea de que somos un país horrendo y perdimos toda capacidad para identificar los activos que nos permitirían desatorar los nudos profundos de nuestro atraso y nuestra desigualdad.

 

En el debate articulado en torno a cómo convertirnos en Dinamarca (¿qué tan lejos estamos y qué otra reforma nos falta para llegar?) hemos perdido dos brújulas centrales: la brújula de lo posible y el norte de lo inadmisible. El primer paso para recuperar estas brújulas es renunciar a ser Dinamarca y voltearnos a ver, volvernos a conocer y a reconocer. Tenemos que construirnos otros miradores y hacernos otras preguntas. Tenemos que volver a tejer una narrativa de nuestros problemas. Hacernos las preguntas pertinentes. Hacernos, quizá por primera vez, las preguntas incómodas.

Es importante destacar que renunciar a Dinamarca no significa volver a una economía cerrada y estatizada y/o a un régimen autoritario. Lo único que significa es ponerle nombre y apellido a los desafíos particulares que enfrenta México para transitar a un orden social más incluyente y parejo y, por lo tanto, menos explosivo e injusto. También significa entender los intereses y zonas de confort que ello toca. Dicho en otras palabras, con la mirada puesta en Dinamarca nos hemos olvidado de quiénes somos y por lo tanto de tratar de ver cómo ser mejores. Recuperar la brújula de lo posible y lo inadmisible es central para este objetivo.

 

Lo posible en su doble dimensión. La noción de lo posible alude al límite infranqueable, a lo que no es posible (México no va a ser Dinamarca). Al mismo tiempo, lo posible también nos dice cuál es el margen para cambiar, para arreglarnos de otra manera. Para movernos en la dirección correcta hacia un mejor país nos urge volver a mirar, pensar y actuar desde un encuadre que recupere y ponga en el centro la pregunta sobre lo que es posible en su sentido dual: México no va a ser Dinamarca, pero sí puede ser un mejor México

Recuperar lo posible entendido como límite infranqueable es importante para que nos alerte sobre aquellas cosas que no podemos ser y que promoverlas sólo produce simulación y engaño. También, el límite infranqueable de lo posible nos habla de aquellas cosas que si se mueven habrán de producir roturas irreparables y vicios peores de los que se quiere combatir. Lo posible como límite final nos sirve para darnos noticia sobre cuánto más aguanta el edificio en su condición de deformidad actual y para aportarnos un sentido de urgencia en torno a la necesidad de transformarlo.

Por otra parte, pensar lo posible en tanto margen de cambio sirve para informarnos sobre los espacios hacia los que podríamos avanzar: no se podrán sancionar todos los hechos de corrupción, pero sí aquellos especialmente escandalosos por sus dimensiones y su impacto en la sociedad. Lo posible como margen de cambio nos obliga a la gradualidad, el pragmatismo y por la atención a las formas mismas del proceso de transformación y no sólo a su contenido o finalidades últimas.

En el contexto presente el gradualismo tiene una particular importancia, pues la estructura social está fuertemente tensada y seriamente resquebrajada. Al mismo tiempo, nuestras instituciones e instrumentos de gobernabilidad son frágiles y poco efectivos. Estamos, por tanto, ante un estado de cosas que sólo podrá moverse con cuidado y poco a poco.

La gradualidad y el pragmatismo como única posibilidad efectiva de cambio nos abre la puerta, a su vez, para poder formularnos las preguntas incómodas que nos confrontan con los dilemas axiológicos propios de un país que no va a ser Dinamarca. Preguntas como, por ejemplo, ¿en qué áreas y de qué formas se puede ir acotando la operación de las redes clientelares sin que se nos descomponga todavía más la gobernabilidad? ¿Cómo gestionar la doble función del magisterio organizado (educar y garantizar capacidad de gobierno a nivel territorial) al menor costo posible para maximizar la posibilidad de que los niños y los jóvenes obtengan aprendizajes significativos y relevantes en las escuelas? ¿Cómo construir o reconstruir burocracias capaces de proveer bienes y servicios públicos fundamentales de manera universal sin que las inercias burocráticas del pasado terminen anulando los espacios conquistados a favor de la igualdad? O, en el área de la seguridad, ¿cuánta coacción vamos a tener que usar para detener la espiral de violencia en la que estamos metidos? ¿Con cuáles límites debe hacerse uso de esa coacción y quiénes son los actores responsables de hacerlos valer? Las dos preguntas, por cierto, ocurriendo dentro de una misma conversación y no, como hasta ahora, unos hablando por un lado de armas, mapas e inteligencia, y otros discutiendo entre sí sobre la eficacia de los derechos humanos y los límites al ejercicio de la fuerza.

Todas estas preguntas son incómodas, pues su sólo planteamiento nos obliga a asumir que tendremos que convivir con muchas de las cosas de México que no nos gustan. A la vez, son profundamente perturbadoras porque no tenemos respuestas claras para muchas de ellas. Es más confortable el mundo de los lectores del Economist, es decir, ese universo conceptual y analítico que contiene todos los diagnósticos y todas las respuestas, y en el que la única tarea consiste en implementar bien el recetario.

En suma, encarar lo posible en su doble dimensión nos fuerza a reconocer las limitadas capacidades institucionales y políticas existentes para alcanzar diversos objetivos encomiables y, por tanto, a acotar y priorizar las acciones dirigidas a avanzar gradualmente pero en firme en pos de un orden social menos desigual y excluyente.

 

Lo inadmisible. ¿Qué es realmente inadmisible en México? Vivimos en un país en donde pasa todo y no pasa nada. Donde muchísimas cosas parecen indignantes sin que ello signifique que nos resulten intolerables. Hemos perdido la brújula de lo inadmisible. En el debate público puede tener mucha más visibilidad y difusión una gresca en la Cámara de Diputados que el hallazgo de una fosa clandestina más. Puede generar el mismo nivel de indignación social que los funcionarios roben el dinero de la obra pública o vendan permisos de construcción a que desvíen los recursos de la Cruzada contra el Hambre. También pueden pasar prácticamente desapercibidos los 37 mil desaparecidos y el calvario de sus familias para intentar, sin lograrlo, que la Procuraduría les haga caso. En suma, hemos perdido la brújula para jerarquizar y diferenciar la relevancia y gravedad de los hechos que suceden y así priorizar los problemas a atender. Frente a la distancia de nuestra realidad con respecto a Dinamarca, todo se vuelve la misma cloaca. Un país que se mide con un rasero tan alto pierde y desconecta con un límite claro sobre lo que realmente es inadmisible.

Es cierto. Nuestra aspiración a ser Dinamarca borró la frontera de lo inadmisible, esa que, si bien era gelatinosa, operó durante el periodo posrevolucionario. El proyecto Dinamarca significó un creciente volúmen y complejidad normativa sin un apartato administrativo y judicial para hacerla valer de forma pareja. También dio lugar a la creencia colectiva según la cual la ley sí se haría valer. Con ello, el nuevo parámetro de lo inadmisible, como ocurre en la imagen idealizada de las democracias avanzadas, quedó contenido en el texto de la ley. En nuestro viaje a lo imposible, generamos un límite inalcanzable y, por lo tanto, nos quedamos sin límite alguno.

Encima de lo anterior, a fines de 2006, el gobierno le declaró la guerra al crimen organizado (y al desorganizado) y se desató la violencia. La única forma de vivir con el retrato de México que nos puso delante la guerra de Calderón fue anestesiarnos; desconectarnos internamente de toda noción íntima y compartida sobre lo inadmisible. Ese retrato de México generó miedo y enojo: mátenlos a todos o mátense entre sí. No importan. La desigualdad se volvió más desnuda y descarnada en medio de una espiral de homicidos, desaparecidos y torturados. Creció, así, la sensación de desamparo e impotencia de millones.

Interrogarnos en torno a la frontera que divide lo admisible de lo inadmisible, igual que preguntarnos sobre lo posible en sus doble dimensión, es difícil pues nos planta delante nuestras ambigüedades y diferencias valorativas. Encararlas, si bien es complicado, resulta clave para poder construir los acuerdos mínimos requeridos para armar y rearmar las instituciones que nos permitan volvernos a pegar como colectividad y empezar a construir los cimientos de una sociedad menos brutalmente desigual e injusta.

En resumen, el mirador de lo inadmisible nos devuelve la brújula axiológica para poder darle un nuevo rumbo a la idea de cambio. El mirador de lo posible, por su parte, nos alerta sobre cuáles pueden ser los primeros pasos en esa dirección y cuáles, en cambio, nos pueden llevar a la simulación o al precipicio.

 

No va a haber transformación de fondo en México sin cambio en la relación de fuerzas sociales subyacente. El gran reto para un gobierno que aspira a modificar la estructura de nuestro edificio social tiene tres vertientes: 1) hacerle ver a las elites que tienen que renunciar a una parte de sus privilegios a cambio de un país menos convulsionado y que ofrezca mayores certidumbres. Las elites deben tener un horizonte de prosperidad en donde ellos puedan seguir ganando, aunque también perdiendo algo para que muchos otros puedan ganar; 2) que el voto a favor de una transformación en serio por parte de las mayorías, muchas de ellas excluidas, se traduzca en instituciones que los empoderen más alla de la voluntad del dirigente en turno; 3) que el cambio sea gradual, pero animado por el compromiso firme de ir sustituyendo los instrumentos de gobernabilidad que han cimentado históricamente la desigualdad por otros que propicien una mayor igualdad e inclusión sociales.

El salto de la muerte está en calibrar bien cómo transitar de un sistema de clientelas y de aplicación selectiva de la ley que, por definición, requiere amplios márgenes de corrupción a otro de provisión universal de ciertos servicios públicos, de aplicación impersonal de las normas en algunos sectores y de corrupción acotada. Dado que los únicos instrumentos de gobernabilidad con los que contamos son los del régimen posrevolucionario y el país está en llamas, la tentación de seguir ejerciendo el poder con esos mismos instrumentos es inmensa. Es cierto, esos viejos instrumentos se pueden utilizar de mejor manera, limando algunas de sus peores aristas. Sin embargo, hacer sólo eso no conducirá a una transformación efectiva del edificio social. En el mejor de los casos, solamente ayudaría a reducir la explosividad social y administrar marginalmente mejor la desigualdad.

Carecemos de respuestas sobre cómo desmantelar las viejas formas de gobernar, cómo sustituirlas gradualmente por otras que estimulen la igualdad y la inclusión y qué hacer para que el proceso de tránsito no conlleve una espiral de violencia e ingobernabilidad mayor que la que ya vivimos. Sin embargo, para comenzar a responder estas preguntas e imaginar un proceso de transformación social profundo es indispensable renunciar a Dinamarca, recuperar las brújulas de lo posible y de lo inadmisible y así encontrar nuestros activos —los de México— que nos permitirían desatorar los nudos profundos de nuestro atraso y nuestra desigualdad.

 

Blanca Heredia
Profesora-investigadora del CIDE y coordinadora general del Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE).

Ana Laura Magaloni
Profesora del CIDE.

 

3 comentarios en “Olvidemos Dinamarca, volvamos a México

  1. Los cambios sociales no son fáciles, pero la sociedad mexicana exige nuevas formas de convivencia, a través de los resultados de la elección del primero de julio ha emitido un mandato de transformación de los medios de organización social que erradiquen la corrupción, la impunidad y el manejo deshonesto de los recursos públicos; la violencia que se pudiera generar solo partiría de los defensores del estado actual de privilegios, corrupción y autoritarismo. Saludos.

  2. Su análisis es conceptualmente muy bueno pero demasiado abstracto para ser útil. México está profundamente decepcionado de la democracia porque la democracia sin demócratas es otra forma de lo mismo: el poder político no es usado para beneficiar al pueblo sino a los políticos mismos y sus cómplices. México esta decepcionado de la tecnocracia porque las metas de las variables macroeconómicas no repercuten en la microeconomía de su habitantes. México está decepcionado de la globalización y el comercio exterior porque sus ganancias no llegan abajo en forma de salarios o en mercancías más baratas. México está decepcionado del libre mercado porque lo que existe es una oligarquía o “capitalismo de cuates” que no permite la competencia y compra favores fiscales, laborales, legales y políticos para acrecentar su dominio. Podría seguir contando las decepciones pero hago mejor un alto para concluir. ¿Cómo superamos estas decepciones y recuperamos el camino?
    1. Encontrar demócratas eficaces. Implementar exámenes de elegibilidad que tendrán que aprobar todos los candidatos a puestos legislativos locales y federales, presidencias municipales, gubernaturas, jueces locales y federales y presidencia de la república. Si un aspirante no aprueba estos exámenes no podrá ser nunca candidato a ninguno de estos puestos. Los exámenes serán diseñados por expertos internacionales y nacionales con el propósito de filtrar personas ignorantes, impulsivas, con deficiencias mentales y de carácter, con vicios como drogas y alcohol, etcétera. Los candidatos deberán demostrar un profundo sentido democrático e histórico del desarrollo de México: dónde estamos y a dónde queremos ir.
    2. Evaluar el desempeño de los gobernantes cada año de manera objetiva y realista de acuerdo a métricas concretas que midan si el poder está cumpliendo razonablemente con las metas en lo macro y en lo micro. Transparentar resultados e información. Si reprueban dos años seguidos quitarlos y convocar a nueva elección.

    Puede que resulte muy complicado realizar este tipo de evaluaciones, pero es mucho más complicado tratar de recuperarse del desastre que deja un mal gobernante después de varios años que lo dejamos destruir todo. Porque dejar en el poder a un gobernante que ya sabemos que está incumpliendo con las metas????

  3. Mouchas gracias a Blanca Heredia y Ana Laura Mgaloni por compartir sus puntos de vista. Tocan tantos temas que merecen comentarse por separado, aunque en mi opinión, el texto se divide en tres partes principales: 1) La manera en que funcionó el arreglo Estado-socieda durante los años “posrevolucionarios”, lo cual entoendo que pueden ser los comprendidos entre 1940 y 1982. b) Las transformaciones en dicho arreglo a partir de los gobiernos neoliberales, desde 1982 a la fecha. c) Los “grandes problemas nacionales”, parafraseando el título de Molina Enriquez, y algunas observaciones sobre lo posible, lo inadmisibley y el énfasis en renunciar a “querer ser Dinamarca”.

    Mi comentario va en este último sentido. No creo yo que el proyecto de los gobiernos mexicanos, incluidas las élites económicas, haya sido, nunca, el “querer ser Dinamarca”.

    Dinamarca es un país donde el Estado de bienestar se institucionalizó políticamente, se arraigó en la cultura política, se implantó duraderamente en la economía danesa. Y al mismo tiempo, el régimen político danés es un acabado modelo de democracia sin corrupción, sin las taras de los clientelismos, sin el cáncer de la corrupción (pongamos por caso, el tráfico de influencias) entre las élites.

    Para los neoliberales, jamás se hubiera tratado de desarrollar un Estado de bienestar, es decir, un arreglo en el cual el Estado es el rector de la economía. Al contrario, para los neoliberales de lo que se trataba era de evitar a dicho modelo: jamás Dinamarca, me parece, ha sido un modelo a seguir para los neoliberales mexicanos.

    Al contrario de las autoras, mi opinión es que el modelo danés es pertinente, no como algo a imitar, sino como un parámetro de un Estado eficaz para garantizar el bienestar de toda la población, una democracia liberal altamente participativa, sindicatos libres y democráticos, élites económicas que colaboran con políticas de justicia social, una economía semi-abierta a la globalización (por ejemplo, Dinamarca no participa en la moneda común europea, el euro, y en consecuencia, tampoco adopta en su totalidad a las políticas económicas de la Unión Europea), pues no todo el andamiaje comercial y productivo se encuentra desregulado. Un modelo económico en el que las dosis de globalización se aplican en la medida en que el Estado mantiene su rol, precisamente, de regulador del bienestar.

    En suma, vaya que sí sería bueno el que las élites mexicanas qusieran tomar, muy en serio, el querer ser Dinamarca. Saludos.

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