Mucho se ha discutido sobre la posibilidad de usar una Ley de Amnistía en México para liberar a las personas encarceladas por ciertos delitos contra la salud. El grueso de las propuestas apuntan a que la medida beneficiaría a tres grupos: campesinos que en condiciones de pobreza recurren a la siembra de marihuana o amapola como forma de sobrevivencia, mujeres transportistas que cometen este delito sin violencia y también frecuentemente por necesidad económica y, jóvenes acusados de posesión simple de sustancias que hoy conforman el grueso de lo que las instituciones penales hacen en materia de delitos contra la salud. La amnistía es, sin duda, un paso importante para resarcir los graves daños sociales que la política de drogas ha causado en estos sectores del país. Sin embargo, dista mucho de resolver el problemas de fondo: un sistema penal profundamente disfuncional y una política de drogas basado en la represión de los más vulnerables.

Una y otra vez hemos escuchado que la política de drogas debería priorizar las respuestas preventivas y de tratamientos sobre las respuestas punitivas. Sin embargo, la presencia más visible del Estado mexicano en el tema de drogas sigue siendo a través de las instituciones penales y del Ejército. La prevención del consumo y tratamiento de usos problemáticos representan un parte minúscula de lo que el Estado hace frente al consumo y suele estar lejos de lo que recomiendan los estudios sobre respuestas efectivas desde la salud. En contraste, el uso del aparato penal es robusto y enfocado principalmente para perseguir y sancionar la posesión sin fines de comercio. Ello apunta a que el peso de la ley recae sobre consumidores o pequeños vendedores detenidos en flagrancia. La marihuana es además la principal sustancia por la que son encarceladas las personas en México.

Ilustración: Víctor Solís

El Estado también invierte parte importante de sus recursos en decomisar cargamentos y erradicar plantíos, con la participación del Ejercito mexicano. Pero a pesar de ser una pieza central de la política de drogas nacional, la erradicación de cultivos ha sido poco estudiada. ¿Cuántos cultivos se erradican, dónde están estos cultivos y cómo se erradican? ¿Cómo son las comunidades donde se realizan erradicaciones? ¿Qué efectos tiene la erradicación en los lugares donde se lleva a cabo? ¿Sirve esta práctica para disminuir la oferta de sustancias ilícitas?

En este texto presentamos algunos hallazgos sobre las actividades de erradicación de cultivos de marihuana en México, en específico sobre el uso de pesticidas y sus efectos. Aunque la información es escasa e incompleta, se evidencia el uso de químicos de alto riesgo para la salud para la destrucción de cultivos de marihuana y amapola. Estos químicos permanecen en la tierra por años afectando el agua y tierra de las comunidades cultivadoras. Las erradicaciones además usualmente tienen lugar en poblaciones con escasos recursos de las que el Estado suele estar ausente para brindar servicios básicos de salud, educación, alumbrado público pero donde periódicamente irrumpe para destruir cultivos que a menudo son la única fuente de ingreso de la comunidad.

 

Por tratarse de cultivos ilícitos es difícil saber dónde exactamente se plantan la marihuana o la amapola en México (o cuánto se produce). Diversas fuentes han hecho estimaciones, aunque no siempre hacen públicas las metodologías para llegar a éstas. El International Narcotics Control Strategic Report, elaborado por el Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs del Departamento de Estado estadunidense (2013)1 y la Sedena, afirman que la producción de marihuana en México se concentra, principalmente, en las zonas rurales de Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guerrero, y en menor medida en los estados de Sonora, Nayarit, Michoacán y Oaxaca. En el caso de la amapola, el “Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015” de UNODC, señala que los estados con más cultivos de esta planta eran Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.2

Los lugares donde se realizan las operaciones de erradicación suelen coincidir con estas regiones. De acuerdo con Sedena, 99.8% de las 311 mil 712.9 hectáreas erradicadas de amapola entre el 2000 y mayo de 2017 se concentraron en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Tan sólo en Guerrero se eliminó 49.3% del total de hectáreas en ese periodo.3 Para el caso de la marihuana, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Michoacán y Guerrero concentraron 82.65% de las 324 mil 426.1 hectáreas erradicadas entre el 2000 y mayo del 2017.4 El siguiente mapa muestra los Estados donde se erradica la mayor cantidad de cultivo de marihuana y amapola.

La siembra de cultivos ilícitos en estos lugares es una de las pocas opciones de ingreso que tienen estas comunidades. La destrucción de éstos es también la pérdida de su único sustento.5 Los municipios donde se realizan más erradicaciones suelen tener peores indicadores de bienestar social como educación, servicios de salud, vivienda, etcétera. Para dar una idea, el municipio con más erradicaciones reportadas por la Sedena es Baridaguato, en Sinaloa. De acuerdo con cifras del Coneval, este municipio tiene un índice de rezago social “alto”; 60% de los mayores de 15 años tiene educación básica incompleta, 12% de las personas no cuenta con servicios de salud y 24% de las viviendas en ese lugar no cuentan con excusado. Además, 66.1% de la población se encuentra en situación de pobreza, 48.5% en situación de pobreza moderada y 17.6% en situación de pobreza extrema.

 La erradicación de cultivos de marihuana y amapola no es ninguna novedad en México. De 1966 a la fecha se han implementado 10 “planes” de localización y erradicación de cultivos a lo largo del país. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, por ejemplo, estableció como meta disminuir el área de siembra de “enervantes” en —al menos— 70% y de realizar 28 operaciones de “alto impacto” durante ese periodo.6 Aunque en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 no se mencionan las actividades de erradicación, durante este sexenio continuaron siendo prioridad. El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018 especifica como una de las líneas de acción orientadas a “coadyuvar con la función de Seguridad Pública” la de “impulsar las actividades de erradicación e intercepción de enervantes con mayores medios tecnológicos” y la realización de “operaciones de erradicación intensiva” con el fin de garantizar la seguridad en las fronteras del país —especialmente en la frontera sur.7

Pero a pesar de ser una prioridad del gobierno federal, los datos muestran una disminución en las hectáreas erradicadas desde 2003. Como muestra la siguiente gráfica, en ese año hubo un pico en el número de hectáreas erradicadas, seguido por una notable disminución (con repuntes en 2005, 2010 y 2015). Entre el 2000 y 2016 el número de hectáreas erradicadas decreció 36.3%.

El descenso en la erradicación, sin embargo, no es igual para la marihuana y amapola. Como muestra la gráfica, mientras que el número de hectáreas de marihuana erradicadas ha disminuido drásticamente en los últimos 16 años —la cantidad erradicada en 2016 representa apenas 18.45% del total erradicado en 2000—, la erradicación de amapola se mantenido relativamente constante, incluso con un ligero aumento después de 2013. No es claro a qué se deben estos cambios.

 

La información sobre los métodos usados para erradicar cultivos ilícitos en México es escasa. Muchas veces se trata de información reservada como de seguridad nacional, otras, el gobierno simplemente no la ha producido o sistematizado. Lo que tenemos sobre esta actividad proviene de documentos oficiales públicos (de México o del gobierno estadunidense), de solicitudes de información o de reportajes periodísticos que se han hecho sobre los cultivos ilícitos en el país. De ahí se desprende que una parte de la erradicación es manual pero otro es a través de la aspersión aérea.

En 1978 un comité del Congreso estadunidense realizó una investigación sobre las erradicaciones al sur de la frontera, e identificó al paraquat como el herbicida utilizado para estos fines.8 Esta revelación dio pie a un breve, pero intenso, debate en Estados Unidos sobre los riesgos del paraquat y generó presión para descontinuar su uso en tareas de erradicación al sur de la frontera. La preocupación principal de los estadunidenses era la posibilidad de que marihuana contaminada con paraquat llegara a los usuarios del norte. Ese mismo año un artículo de Jeffrey Smith publicado en la revista Science, advertía sobre este riesgo. Según Smith, al ser rociado el paraquat se adhiere a las hojas de marihuana pero debe permanecer uno o dos días sobre la planta y bajo el sol para secarla por completo. Sin embargo, si es cortada horas después de ser fumigada queda contaminada pero no sufre cambios notorios. Esta marihuana envenenada podría ser traficada a Estados Unidos donde llegaría a los usuarios de aquel país.

En 1983 se confirmó la existencia de paraquat en la marihuana que llegaba a Estados Unidos. En su texto, mostraron que 21% de las muestras de marihuana en el suroeste de Estados Unidos estaban contaminadas con paraquat.9 Según el cálculo de los autores, a nivel nacional, entre 150 y 300 consumidores eran expuestos anualmente a una dosis altas del herbicida. Textos más recientes advierten sobre el posible consumo de marihuana contaminada con paraquat o glifosato (usado para erradicar plantaciones de amapola) en Estados Unidos.10

El paraquat es un herbicida de uso comercial que impide la fotosíntesis de las plantas y hace que se sequen. En distintos estudios ha sido asociado con efectos graves a la salud. Entre los síntomas por envenenamiento de este químico está la fibrosis pulmonar, diarrea, sangrado intestinal, daño hepático, problemas de la piel, etcétera.11 Investigaciones más recientes sugieren una correlación entre la exposición acumulada al paraquat y el desarrollo de Parkinson.12 El riesgo de desarrollar Parkinson no sólo es alto para quienes aplican el químico y los campesinos que cuidan del campo, sino también para individuos que trabajan o viven en zonas cercanas a donde es utilizado.13

En México la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) cataloga al paraquat como un herbicida de toxicidad nivel 2 —en una escala del nivel 1 al 5, donde el nivel 1 es el nivel máximo de toxicidad—. Su dosis letal en humanos es de 35 mg/kg vía oral, por lo que la Cofepris obliga a que su etiquetado incluya una advertencia de “peligro” y que se señale que se trata de una sustancia que puede ser mortal en caso de ingesta, inhalación o contacto con la piel.14 Según la Cofepris (2016, p. 35), “El paraquat en forma concentrada causa lesiones en los tejidos con los que entra en contacto. Deja la piel de las manos seca y agrietada, e incluso puede provocar la caída de las uñas. El contacto prolongado con la piel causa ampollas y úlceras, simultáneamente se absorbe a través de la piel a dosis suficientes como para originar un envenenamiento sistémico”. La Cofepris señala que se trata de un herbicida de alta persistencia que puede permanecer en el suelo hasta por tres años.15 Además, es tóxico para el hígado, los pulmones, el corazón, el riñón, las córneas y el sistema digestivo. Su ingesta provoca convulsiones, edema pulmonar, quemaduras en boca y garganta, taquicardia, vómito y hasta la muerte. Inhalado tiene efectos que van desde la irritación en nariz y garganta, hasta la hemorragia nasal.

A pesar de los riesgos que conlleva su uso, el paraquat es aún utilizado en México (y el mundo) en distintos cultivos como el aguacate, el café, la lechuga, el algodón, la alfalfa, la manzana, etcétera, para controlar malezas.16 (Quizás sí tiene sentido comprar orgánico.) Además, continúa siendo usado para tareas de erradicación de cultivos ilícitos. En 2006, como respuesta a una solicitud de información, la Procuraduría General de la República informó que, entre 2000 y 2006, habían sido comprados 559 mil 820 litros de paraquat.17 Asimismo, en 2015, la PGR informó —a través de su portal de Internet— que entre mayo y octubre de 2014 erradicó un promedio de 30 hectáreas de marihuana por día empleando paraquat (una cifra tan elevada que tendría que ser revisada).18

Las concentraciones en que es utilizado el paraquat para erradicación de marihuana superan por mucho las dosis recomendadas. Según los manuales de la Cofepris, debe usarse de 1.5 a tres litros del herbicida por hectárea. Sin embargo, de acuerdo con la PGR, en las tareas de erradicación se emplearon siete litros de paraquat por hectárea de marihuana.19 Es decir, para erradicación de cultivos de marihuana la PGR empleó una dosis entre 4.5 y 2.3 veces mayor que la recomendada por la Cofepris.

La forma en que se aplica del paraquat, a través de la aspersión aérea, agrava las preocupaciones sobre su uso en la erradicación de cultivos ilíctos ya que hace difícil controlar la superficie rociada y muchas veces afecta a cultivos lícitos, fuentes de agua, animales y viviendas. Un reportaje de Inés Giménez sobre las fumigaciones en Guerrero da cuenta de este problema. “Los helicópteros no sólo fumigaron los cultivos de la planta Papaver somniferum de Zapotitlán sino gran parte de la barranca, secando todo en el pueblo: milpas de maíz, huertas de cilantro, pápalo, frijol, calabaza, plantíos de ocotes, y produciendo varias enfermedades entre la población”.20 Según un reporte del gobierno estadunidense de 1988, la erradicación de cultivos en México a principios de los años setenta se hacía principalmente de forma manual (por tierra).21 A mediados de la esa década, sin embargo, el gobierno estadunidense otorgó al mexicano recursos económicos, capacitación, aeronaves y herbicidas para que pudiera realizar fumigaciones por vía aérea y hacerlas más eficientes. Para 1987 participaban en estos programas la PGR —con 600 pilotos que realizaban las fumigaciones aéreas— y, la Sedena —que había comprometido a 25 mil soldados para realizar las fumigaciones por tierra—. Hoy, según diversos reportajes, la erradicación suele hacerse por tierra, de forma manual, y por aire usando la aspersión.22

El año pasado la Corte Constitucional de Colombia resolvió sobre la constitucionalidad de la erradicación de cultivos por vía área. En aquel caso los pobladores del municipio Miraflores, Colombia (una de las zonas afectadas por las fumigaciones aéreas de glifosato) denunciaron que las fumigaciones con aspersión aérea habían causado problemas de salud a los habitantes de la zona (dolor de cabeza, afectaciones a la visión, dolor de estómago, diarrea, mareo y problemas de la piel). Además, señalaban que las fumigaciones afectaban la seguridad alimentaria, eran causa de desarraigo familiar y social, deserción escolar, incertidumbre y desplazamiento; contaminaban el agua, la tierra y la dejan improductiva por varios años. En 2017 la Corte ordenó la suspensión en todo el territorio del uso del glifosato mediante la aspersión aérea argumentando que “en caso de que exista duda razonable respecto de si estas afectan el entorno natural o la salud de las personas […] deben tomarse las medidas que anticipen y eviten cualquier daño”. En otras palabras, ante la duda sobre los potenciales daños a la salud, había que suspender las fumigaciones en el país.

 

Falta mucha información para entender los efectos que tiene la política de erradicación en México. Los estudios que se han realizado en otros países sugieren que se trata de una estrategia que genera enormes costos para las comunidades afectadas, sin lograr resultados positivos en términos de reducción de cultivos. En Colombia, por ejemplo, varios estudios han mostrado que la erradicación de los cultivos de coca produce un incremento en el número de hectáreas sembradas.23 También estudios sobre cultivos de amapola en Afganistán muestran que la erradicación en territorios controlados por el régimen Talibán movieron los cultivos a otras partes del país.24 En términos de protección del medio ambiente, la erradicación también tiene efectos muy nocivos pues ha movido los cultivo ilícitos a zonas biodiversas del contiente. Según Rincón-Ruiz, et al.,25 la erradicación resultó en la deforestación de 15 mil 307 hectáreas de bosque en colombia para el año 2012. La erradicación de cultivos, además, se ha asociado al desplazamiento de personas, lo que agrava la pobreza y marginación.

Hace 40 años tuvo lugar en Estados Unidos una discusión que en México sólo existe al margen. Sabemos poco sobre las formas en que se realiza la erradicación en México o sobre los efectos que el uso del paraquat y el glifosato ha tenido en la salud de los soldados que lo aplican, en la de los campesinos mexicanos, sus fuentes de agua, sus cultivos lícitos o sus animales. Sabemos aún menos sobre los riesgos que representa el uso de marihuana contaminada en la salud de los usuarios mexicanos. Los indicios, sin embargo, son ominosos y preocupantes.

Los riesgos implícitos en las fumigaciones evidencian una de las profundas paradojas de la política de drogas: en nombre de la salud, el Estado está dispuesto a causar graves daños a la tierra, a las personas y a las comunidades campesinas de las zonas más pobres del país. La erradicación de cultivos ilícitos, además, da cuenta de una relación sumamente violenta entre el Estado y las comunidades cultivadoras. Si en verdad el interés es tener una política de drogas dirigida a resarcir el grave daño social que la prohibición ha generado, habría que comenzar por detener la erradicación y encontrar mejores alternativas, como la regulación de estos cultivos. Si queremos reivindicar a los campesinos, comencemos por cambiar la forma en que el Estado se relaciona con estas comunidades. La política de drogas en México ha estado en el centro de la violencia pero al margen de las estrategias de seguridad y de justicia social. No existe evidencia que permita posturas tibias sobre el tema. Es hora de cambiar el paradigma.

 

Catalina Pérez Correa
Profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Andrés Ruiz
Asistente de investigación y alumno de la licenciatura en políticas públicas del CIDE.

Este texto es parte de una investigación más amplia que realizamos desde el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho.


1 Véase http://bit.ly/2KkeUB7 pp. 233-234.

2 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. (2016). Monitoreo de Cultivos de Amapola 2014-2015. Disponible en http://bit.ly/2IDKcgT

3 Solicitud de información a Sedena con folio0000700141017.

4 Ídem.

5 Suplican al ejército no destruir cultivos. http://bit.ly/2tTrKLx

6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados. (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: Escenarios, Programas e Indicadores. Disponible en http://bit.ly/2KpH4e3

7 Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018. Disponible en http://bit.ly/2Ne8npF

8 “Opinion. Poisoning Pot and People”, The New York Times. Disponible en https://nyti.ms/2KBRdR1

9 Landrigan, P.J., Powell, K.E., James, L.M., Taylor, P.R. (1983), “Paraquat and Marijuana: Epidemiologic Risk Assessment”, American Journal of Public Health, 73(7), pp. 784-788.

10 Lanaro, R., Costa, J. L., Cazenave, S. O. S., Zanolli-Filho, L. A., Tavares, M. F. M. and Chasin, A. A. M. (2015), “Determination of Herbicides Paraquat, Glyphosate, and Aminomethylphosphonic Acid in Marijuana Samples by Capillary Electrophoresis”, Journal of Forensic Sciences, 60,S241–S247. doi:10.1111/1556-4029.12628.

11 Dinis-Oliveira, R.J., Duarte, J.A., Sánchez- Navarro, A., Remião, F., Bastos, M.L., Carvalho, F. (2008), “Paraquat Poisonings: Mechanisms of Lung Toxicity, Clinical Features, and Treatment”, Critical Reviews in Toxicology, 38, pp. 13-71; Thundiyil, J.G., Stober, J., Besbelli, N., Pronczuk, J. (2008), Acute pesticide posioning: A proposed classification tool, World Health Organization, 86(3), pp. 205-212. http://bit.ly/2IFhMmo Disponible en http://bit.ly/2IFhMmo Thurlbeck, W., Thurlbeck, S. (1976), Pulmonary effects of paraquat poisoning, Chest, vol. 69, p. 276. http://bit.ly/2IHf4gf

12 Tanner, C.M., Kamel, F., Webster Ross, G., Hoppin, J.A., et al. (2011), “Rotenone, Paraquat, and Parkinson’s Disease”, Environmental Health Perspectives, 110(6), pp. 866-872.

13 Kamel, F. (2013), “Paths from Pesticides to Parkinson’s”, Science, 341(6147), pp. 722-723.

14 La toxicidad del paraquat y otros plaguicidas las especifica la Cofepris en el “Catálogo de Plaguicidas”, publicado en 2016. El nivel de toxicidad se evalúa como “como “la cantidad mínima de una sustancia que es capaz de matar al 50% de una población de animales de prueba” (Cofepris, 2016, pp. 22-23). Las especificaciones sobre el etiquetado y envasado de plaguicidas se encuentran determinadas por la NOM-232-SSA1-2009. El catálogo de plaguicidas de Cofepris se encuentra disponible en http://bit.ly/2KyQuDi

15 Véase: Cofepris, Catálogo de plaguicidas, Anexo 1 (p. 448). disponible en: http://bit.ly/2KyQuDi

16 De acuerdo con el Anexo 4 del Catálogo, existen 36 plaguicidas comerciales que usan como activo al paraquat y que son aplicados en cultivos de: agave, aguacate, alfalfa, algodón, avena, brócoli, café, calabaza, caña de azúcar, cártamo, cebada, cebolla, cítricos, col, coliflor, chabacano, chícharo, chile, durazno, espárrago, frijol, girasol, guayaba, jitomate, lechuga, lima, limonero, maíz, mandarina, manzana, melón, naranja, nectarina, nopal, papa, papaya, pepino, peral, piña, plátano, sandía, sorgo y tangerina.

17 Solicitud de información a PGR con folio 0001700128106. Disponible en http://bit.ly/2lPxLWl

18 Véase http://bit.ly/2KnXBzl

19 Ídem.

20 Inés Giménez, “Fumigaciones antidrogas
matan la Montaña de Guerrero”, Contralínea, 25 abril de 2018.

21 United States: General Accounting Office (1988), Drug Control: U.S.-Mexico Opium Poppy and Marijuana Aerial Eradication Program. http://bit.ly/2IDvZQN

22 Véase http://bit.ly/2KzCeXH

23 Vease por ejemplo Reyes, L.C. (2014), “Estimating the Causal Effect of Forced Eradication on Coca Cultivation in Colombian Municipalities”, World Development, 61, pp. 70-84.

24 Farrel, G., Thorne, J. (2004), “Where have all the flowers gone?: evaluation of the Taliban crackdown against opium poppy cultivarion in Afganistán”, International Journal of Drug Policy, 16, pp. 81-91; Dion, M.L., Russler, C. (2008), “Eradication Efforts, the State, Displacement and Poverty: Explaining Coca Cultivation in Colombia during Plan Colombia”, Journal of Latin American Studies, 40(3), pp. 399-421. 25 Rincón-Ruiz, A., Correa, H.L., León, D.L.,

25 Rincón-Ruiz, A., Correa, H.L., León, D.L., William, S. (2016), “Coca cultivation and crop eradication in Colombia: The challenges of integrating rural reality into effective anti-drug policy”, International Journal of Drug Policy, 33(7), pp. 56-65.