México y Estados Unidos enfrentan una misma crisis que se manifiesta de formas diferentes de cada lado de la frontera. En 2016 en Estados Unidos hubo más de 64 mil muertes de sobredosis, principalmente resultado de sobredosis de opiáceos;1 mientras que en México, en 2017, fallecieron más de 28 mil víctimas de homicidio doloso reportadas por el SESNSP. Las muertes por sobredosis en Estados Unidos superan al número de muertos por armas de fuego o accidentes automovilísticos. De acuerdo con la Casa Blanca, el costo real de la crisis equivale a más de 500 mil millones de dólares, quizá una cifra exagerada pero que refleja la magnitud del problema. En México la violencia ha repuntado a niveles nunca vistos. Después de que 2017 fuera el año más violento desde que se tiene registro, 2018 pinta aún peor. De enero a abril se registraron más de 10 mil casos de homicidios dolosos, lo que parece indicar que terminaremos el año con más de 30 mil víctimas. ¿Cómo están relacionadas estás dos crisis? ¿Qué pueden hacer los gobiernos de los dos países para enfrentarlas como una crisis binacional y no como problemas aislados?

 

Las muertes por sobredosis en Estados Unidos ya son la principal causa de muerte de estadunidenses menores de 50 años. Durante 2016 se registraron alrededor de 64 mil muertes por sobredosis, un incremento de 22% respecto a 2015. Este incremento se debe en gran medida a sobredosis de opiáceos “naturales” como la heroína, o sintéticos como el fentanilo (ver gráfica 1).

Una hipótesis cada vez más aceptada sobre los orígenes de esta crisis atribuye el incremento a las muertes de sobredosis a una serie de políticas implementadas para limitar las recetas de opiáceos legales a partir de 2012. Éstas habían crecido de forma estrepitosa en los años anteriores, llegando a su nivel más dramático en 2012, cuando en todo Estados Unidos se expidieron 81 recetas de opiáceos por cada 100 habitantes, casi una por persona. Un ejemplo de esto es West Virgina, un estado con una población de 1.8 millones, donde se distribuyeron 780 millones pastillas de oxicodona e hidrocodona entre 2007 y 2012 (ver gráfica 2).2

Una serie de factores explica este aumento en el número de recetas otorgadas; entre ellos se encuentran los incentivos monetarios que las compañías farmacéuticas daban a los médicos para recetarlos,3 y que estas recetas se hayan vuelto parte de la cotidianeidad americana. Un estudio de Asociación Dental Americana encontró que en 85% de los procedimientos para extraer muelas del juicio (tres millones al año) se expidió una receta de opiáceos, 99% de los dentistas declararon recetarlas con regularidad.4 En un gran número de casos el consumo de opioides para el dolor, recetados de forma legal, inducen al uso abusivo y potencialmente a la adicción. Un estudio reciente demostró que 75% de los consumidores abusivos de opioides empezaron por consumir un opiáceo recetado por un médico.

En un esfuerzo sensato por atender esta problemática las autoridades estadunidenses implementaron una serie de medidas para reducir el número de recetas. Entre varias medidas, se implementaron sistemas de monitoreo de recetas médicas y regulaciones sobre la presentación de ciertos analgésicos como el Oxycotin.5 Estas políticas tuvieron éxito en arreglar el problema inicial, pero crearon un problema mucho mayor.

Ilustración: Víctor Solís

Aunque bien intencionadas, como resultado de estas medidas, millones de pacientes que se habían vuelto adictos a los opiáceos ya no tenían acceso a estos medicamentos. No les quedó otra alternativa que voltear al mercado negro, principalmente de heroína y de otros opioides sintéticos como el fentanilo para paliar la adicción que les creó su doctor o dentista. Esto disparó la demanda de heroína y opiáceos sintéticos en Estados Unidos a niveles sin precedentes.

Mientras, en México los cárteles del crimen organizado identificaron una nueva gran oportunidad de negocio. Frente al escenario de la posible legalización de la marihuana y la pérdida de competitividad en términos de calidad frente a Mendocino y British Columbia en Canadá, las organizaciones criminales encontraron otra forma de obtener dinero y la capturaron exitosamente.

Esto queda claro al analizar dos datos: por un lado, los decomisos de heroína en la frontera México-Estados Unidos pasaron de 2.7 toneladas en 2010 a 6.7 toneladas en 2015, casi triplicándose en cinco años (ver gráfica 3).6

Por otro lado, la heroína decomisada en Estados Unidos ya es prácticamente toda mexicana. La heroína de origen mexicano pasó de representar alrededor de un 33% de la heroína decomisada en Estados Unidos en 2010 a 93% en 2015 (ver gráfica 4).

Los datos en México muestran un patrón similar. De acuerdo con los datos de UNDOC, el potencial de producción de goma de opio se ha disparado en los últimos años en México, más que duplicando su capacidad en dos años. Por otro lado, la superficie de amapola erradicada por año por las FFAA incrementó un 94%, pasando de 14 mil 500 hectáreas en 2010 a más de 28 mil en 2015 (ver gráfica 5).

Esto cambió la forma de operar del crimen organizado en México. Estos cambios en la estructura económica del tráfico de drogas, entre otros factores, desencadenaron una guerra por capturar los activos estratégicos bajo este nuevo paradigma. Ciertos “activos” se volvieron extremadamente valiosos en este escenario. Como lo muestran Castillo, Mejía y Restrepo,7 los cambios en las estructuras económicas del tráfico de drogas, en ausencia de un leviathan —Estado de derecho sólido y un monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado— desencadenan la violencia entre grupos y organizaciones criminales. Ante el bajo costo de la violencia, controlar estas nuevas fuentes de ingreso bien vale una guerra.

A partir de los datos de erradicación es posible escudriñar la relación entre el cultivo de amapola y la violencia en México. Sobra decir que los datos de erradicación son imperfectos; no son una representación exacta de la presencia de cultivos de amapola, pero estos datos por definición son inasequibles. Adicionalmente, pueden presentar problemáticas de autoselección, en el caso de que las FFAA mexicanas determinaran llevar a cabo esfuerzos de erradicación en municipios particularmente violentos.

A partir de una solicitud de información pública8 es posible estudiar más de cerca esta relación. La gráfica 6 muestra la evolución de 2015 a 2017 de la tasa de homicidios por 100 mil habitantes en los municipios que vivieron algún evento de erradicación entre 2009 y 2015. Se puede observar cómo los municipios con presencia de erradicación presentaron un crecimiento de la tasa de homicidios dolosos mucho mayor que aquellos donde no hubo erradicación. Controlando por población, nivel de marginación y tasa de homicidios previa (2015), la presencia de erradicación implica un incremento de 63% de los homicidios.9

Ciertamente, muchos otros factores han contribuido al incremento dramático de la violencia en México durante los últimos cuatro años más allá de la erradicación de amapola. Sin embargo, los cambios en el mercado de drogas en Estados Unidos y la creciente demanda de opiáceos han desempeñado un papel crucial en la evolución de la violencia.

Otro ejemplo de ello es el estado de Colima y el puerto de Manzanillo, donde la tasa de homicidios se ha disparado en los últimos años. El titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, afirmó: “El mercado negro del fentanilo y de los opioides se ha incrementado y buena parte del fentanilo llega vía Asia hacia México por Manzanillo y por otros puertos, pero básicamente por Manzanillo, donde (sic) llegan casi tres millones de contenedores al año y de ahí brincan a Estados Unidos” (ver gráfica 7).

 

Es innegable que esta es una crisis binacional. Los efectos de las políticas públicas, erróneas o no, en Estados Unidos tienen un efecto devastador sobre la vida de los mexicanos. Es imposible estimar a ciencia cierta el efecto preciso en el incremento de homicidios resultado de los cambios regulatorios en Estados Unidos en materia de recetas de opioides, pero los datos muestran que sin duda éstas han afectado los índices de violencia en México. Hoy, más allá de la retórica, México no puede hacer nada para reducir la demanda de Estados Unidos; esa es una labor que le corresponde al gobierno estadunidense y sobre la cual no tenemos agencia. Sin embargo, existen mecanismos legales que podrían contribuir a reducir la violencia en México, particularmente en las zonas de cultivo a través de una regulación de la producción de amapola y goma de opio.

Como lo explicó Saúl López Noriega en estas paginas, en México hay un alarmante desabasto de medicinas paliativas para el dolor. De acuerdo con datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), en México se consume mucho menos de los montos requeridos estimados de tres medicamentos alcaloides del opio y sus derivados: metadona, codeína y morfina (ver cuadro).

La regulación internacional, implementada por la JIFE y derivada de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, establece la posibilidad para cada estado de cultivar amapola de forma legal para satisfacer su demanda interna de medicamentos derivados del opio.10 México bien podría argumentar a partir de estos datos que existe una demanda insatisfecha para regularizar por lo menos parte de la producción de amapola.

Por otro lado, ciertos países cuentan con un licenciamiento especial que les permite producir y exportar amapola y goma de opio para satisfacer la demanda en otros países. Un caso revelador es el de Turquía.11 En 1961, en el momento de la firma de la Convención Única, a Turquía se le otorgó el estatus de productor tradicional de amapola. Bajo este esquema, gran parte de la producción se desvió al mercado ilícito. Hacia finales de los años sesenta 80% de la heroína consumida en Estados Unidos provenía de Turquía, lo que por presión de Nixon resultó en la prohibición total en 1972.

Sin embargo, en 1974, Turquía empezó a cultivar amapola únicamente para fines bajo un esquema de licencias, en cumplimiento con la Convención Única y con apoyo de Estados Unidos. El Turkish Grain Marketing Board (TMO) es la agencia nacional responsable de supervisar este mercado y comprar toda la producción a los pequeños productores, de la cual 95% es para exportación. Bajo este esquema Estados Unidos está comprometido a adquirir 80% de la producción turca.12 En 2005 el TMO estimó que había entre 70 mil y 100 mil pequeños productores de amapola, y que 600 mil personas vivían de este mercado, generando más de 60 millones de dólares en exportaciones. Otros países han implementado estos mecanismos de licenciamiento, como la India, Australia y Francia.

Esta solución sin duda implica grandes retos. El Estado mexicano debería establecer una compañía paraestatal que comprara la totalidad de la producción legal de amapola y a la vez la exportara o procesara para producción de medicamentos internamente. Bajo este esquema es fundamental imponer una estricta vigilancia para que la producción no llegue al mercado ilícito. Esto requiere, entre otras cosas, establecer un sistema de precios que sea atractivo para los productores y a la vez capaz de competir con el mercado ilícito. Esto implicaría costos económicos importantes, pero sin duda inferiores a remplazar estos cultivos por maíz subsidiado. Obtener dichos permisos de la JIFE es un proceso complejo, pero dada la magnitud de la crisis de violencia el Estado mexicano podría hacer de dicha obtención una de sus prioridades, incluso mediante un procedimiento de afirmativa ficta para la producción interna. Asimismo, podría tratar de establecer un mecanismo similar de garantía de compra en cooperación con Estados Unidos.

Es un sinsentido que exista una demanda legal de opioides tanto nacional como para exportación y al mismo tiempo nos encontremos envueltos en una guerra para erradicar la producción ilegal de amapola. Es una tragedia que pacientes con padecimientos crónicos o terminales no tengan acceso a los medicamentos para aliviar su dolor mientras producimos drogas para satisfacer la insaciable demanda en Estados Unidos. Existen alternativas legales que pueden contribuir a regular este mercado e incluso transformarse en una fuente de empleos legales y de generación de riqueza para zonas altamente marginadas. Como elocuentemente lo dijo Catalina Pérez Correa: “Regular las drogas es un paso necesario para detener la violencia; no suficiente, cierto, pero indispensable”.13

 

Jorge Andrés Castañeda
Consultor.

Este artículo es un extracto de un trabajo de titulación para una maestría en políticas públicas en la Universidad de California Berkeley.


1 http://bit.ly/2lJhKRx

2 Andrew Sullivan, New York Magazine, febrero de 2018. https://nym.ag/2Kwvp9n

3 Ídem.

4 Tina Rosenberg, The New York Times, 10 de julio de 2017. https://nyti.ms/2MB2G3J

5 Bletsky, L. y Davis, C., “Today’s fentanyl crisis: Prohibition’s Iron Law, revisited”, International Journal Of Drug Policy, ScienceDirect, 46, 2017, pp. 156-159.

6 DEA National Drug Threat Assessment 2017.

7 Castillo, Mejía, Restrepo (2014), Scarcity without Leviathan: The Violent Effects of Cocaine Supply Shortages in the Mexican Drug War.

8 http://www.infomex.org.mx folio
0000700058216

9 Los resultados se obtienen a partir de una regresión Poisson sobre estos datos. Este tipo de regresión se utiliza comúnmente para conteos de eventos que no pueden tener un valor negativo. En este caso, se llevó a cabo una regresión del conteo de homicidios controlando por la población, la tasa de marginación municipal Coneval, y la tasa previa de homicidios. Los coeficientes de esta regresión fueron todos de alta significancia, y demuestran que existe una aportación importante de la presencia de erradicación sobre la tasa de homicidios.

10 Un Single Convention on Narcotic Drugs,
1961 http://bit.ly/2KzJl2q

11 http://bit.ly/2KppnLX

12 Brookings Institute Opium Licensing in Afghanistan: Its Desirability and Feasibility, Vanda Felbab-Brown 2007.

13 Catalina Pérez Correa, El Universal, 29 de mayo de 2018.

 

4 comentarios en “Opioides: Historia de dos crisis

  1. Jorge Andrés: Te agradezco muchísimo la clara información que nos da. También la inteligencia con que la analizas. Abrazo. A

  2. Es uno de los grandes pendientes controlar y regular la producción de algunos opioides ya que dejarlos a la deriva, ha contribuido a la generación de violencia en gran parte del país. Buen artículo.

  3. Muy buen estudio. Felicidades.
    Espero que estas voces sean escuchadas por los que toman las decisiones.

  4. Es la posición que expresó Olga Sánchez Cordero en el COLMEX la semana pasada. Regular la producción de amapola con fines médicos.