Desde el día en que la formuló, al calor de un mitin electoral en el municipio de Quechultenango, Guerrero, hasta la noche del debate, en que sus adversarios la tomaron como piñata electoral, la propuesta de AMLO de extender una amnistía a narcotraficantes de bajo rango se ha topado con el muro del escepticismo, o de plano el rechazo tajante. La resistencia es prematura, y casi un acto reflejo, irreflexivo. Hay desde luego espacio para la duda razonable frente a la propuesta. Pero las críticas que ventilan sus detractores en el debate público parecen estar arraigadas en la cómoda y falsa certeza de que castigar siempre es la mejor respuesta al crimen, y que cuanto mayor sea la ola criminal más pertinente es el uso de la sanción pública. No es un exceso llamar populismo punitivo a esta inclinación. En contra de ella, un mínimo ejercicio de honestidad intelectual y política revela que, en las circunstancias actuales, cualquier decisión, amnistiar o no, genera dilemas éticos insalvables.

Ilustración: Víctor Solís

En épocas de delitos extraordinarios, como la nuestra, la estrategia gubernamental más común consiste en redoblar el impulso punitivo. Esta estrategia va por el camino incorrecto por una razón que los apologistas de la amnistía tienen el mérito de reconocer. Muchos de quienes terminan enredados en la trama del narcotráfico lo hacen por una variedad de motivos que van desde el reclutamiento forzoso hasta la desgracia de haber crecido en un ambiente cultural donde la violencia se trivializa o se exalta de manera rutinaria (la narcocultura es el ejemplo más claro); o donde la vida es una disputa cotidiana por la supervivencia, al grado de que, por ejemplo, afiliarse a una pandilla es la estrategia de preservación propia más sensata para un joven. Todas estas circunstancias ejercen presiones abrumadoras sobre las personas y hacen que el poder de atracción del narcotráfico sobre ellas sea casi irresistible.

Importa tener presente este telón de fondo, porque en estos contextos de violencia masiva y extraordinaria echar mano de los métodos punitivos tradicionales es un recurso de dudosa moralidad, ya no digamos utilidad. En contextos ordinarios, al responsable de un crimen puede fincársele responsabilidad moral por sus actos sin demasiados rodeos: no suele estar sometido a presiones sociales o culturales abrumadoras y su horizonte de opciones tiende a ser más amplio. Por ese motivo su margen de autonomía es mayor: tenía alternativas de acción posibles y no obstante decidió cometer un acto ilícito. De ahí que el uso de la sanción criminal sea inobjetable. Ese no es el caso en muchas de las personas implicadas en el tráfico de drogas. En los entornos criminógenos en los que habitan sus circunstancias las arrinconan y, en última instancia, son responsables de sus actos sólo a medias. En el río revuelto de la violencia también hay sociópatas y genuinos delincuentes por convicción propia, desde luego, pero no son la mayoría. Es imperativo, entonces, reconsiderar la pertinencia de las sanciones penales y no descartar métodos alternativos de rendición de cuentas, como los programas de rehabilitación y reinserción social, que van de la mano de las amnistías u otras fórmulas jurídicas que se le asemejen.

Pero supongamos que nada de esto es convincente. Quienes han participado en el tráfico de drogas son, de manera plena, responsables moral y criminalmente por sus actos. Aun si este fuera el caso, el Estado actuaría de manera injusta al criminalizar a todos los perpetradores. El motivo es simple, y parte de una premisa que admite poca disputa: ese Estado es corresponsable de los delitos en cuestión. Con esto no me refiero (solamente) a que este o aquel funcionario público haya sido corrompido por organizaciones delictivas, a que ciertas agencias del aparato estatal hayan sido “capturadas”, o incluso a que la política gubernamental haya incitado una respuesta violenta de traficantes. Me refiero, en concreto, a que el Estado en sus distintas encarnaciones ha contribuido a crear las condiciones sociales que fomentan la participación de muchas personas en el circuito del tráfico de drogas. Los gobiernos federal, estatales y locales han puesto de su parte, por omisión o comisión, para cultivar entornos criminógenos, y son, por consiguiente, corresponsables materiales y morales de los crímenes que ahí suceden. Y en tanto que copartícipes, no tienen legitimidad para adscribir responsabilidad criminal. No deberían ser jueces sino coacusados. En una frase, el Estado procede de manera injusta cuando impone sanciones penales a ciudadanos en entornos criminógenos que el propio Estado ha contribuido a crear.

Pero aquí surge otro predicamento. La perspectiva de que, por ejemplo, un sicario que ha asesinado o torturado a rivales del grupo opuesto quede libre de sanción (penal) sería objetable para las víctimas directas o indirectas (por ejemplo, los familiares de las víctimas directas). Ciertamente, la justificación del castigo en las sociedades modernas no descansa exclusivamente en el deseo retributivo de las víctimas. El asesinato y la tortura son delitos que el Estado persigue de oficio, con independencia de los deseos de las víctimas, porque quebrantan normas sociales. Pero la justificación del castigo como defensa del orden social es compatible con otra justificación según la cual la sanción penal es una expresión del respeto al valor de la igualdad jurídica. Desde este punto de vista, desatender las reivindicaciones retributivas de las víctimas (directas o indirectas) implica repudiar el estatus de igualdad ciudadana, espetarle a éstas que sus expectativas de equidad frente a la ley son vanas. Así, el Estado mexicano enfrenta en las circunstancias actuales un dilema moral. Si no impone una pena a perpetradores de bajo rango, entonces actúa de manera reprobable en términos morales. Pero si lo hace, también.

Las implicaciones de estos argumentos están abiertas a debate. Puede ser que a pesar de lo dicho hasta ahora el Estado no deba renunciar al ejercicio de su autoridad punitiva, reteniéndola como un método imperfecto para minimizar la violencia. Pero debe quedar claro que esa estrategia es un mal. Un mal necesario, quizás, pero un mal al fin y al cabo. Si pretende asumir la función de aplicar castigos con toda legitimidad el Estado debe dejar de ser copartícipe en la criminalidad. No se trata solamente de mejorar los aparatos de justicia, sino además de cambiar de manera profunda los contextos criminógenos con políticas sociales efectivas. O tal vez la alternativa sea ese otro mal: la amnistía. Una amnistía acotada, quirúrgica y acompañada, como ya se dijo, de programas de rehabilitación social. Se ha hablado del caso salvadoreño y el colombiano. Hay otros, como el sudafricano y el sierraleonés. Precedentes no faltan. En cualquier caso, la solución al dilema del castigo penal en entornos criminógenos no es fácil. Haga lo que haga, el Estado siempre se queda, por así decirlo, con las manos sucias.

¿Qué puede sacarse en limpio de todo esto? No, ciertamente, que el statu quo sin amnistía sea mejor que un horizonte donde ese perdón legal es un recurso legítimo. Estamos frente a un terreno minado: todas las decisiones son dilemáticas, con resultados que dejan a su paso un reguero de injusticia. Sólo la mirada populista cierra todas las alternativas y se apoltrona en la comodidad de mejor no moverle a las cosas. Así de escurridizo es el populismo: cuando uno menos lo espera, se manifiesta en la boca de quienes quieren exorcizarlo.

 

Juan Espíndola Mata
Catedrático Conacyt asignado al Centro de Investigación y Docencia Económicas.

 

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