En los comienzos de la democracia liberal los partidos políticos eran una pieza clave. Concitaban el entusiasmo y la lealtad de los votantes. Esto no significa que los candidatos fueran anodinos. No lo eran. Sin embargo, en las mutaciones que sufrió el gobierno representativo desde finales del siglo XVIII el papel de los candidatos fue adquiriendo un perfil más conspicuo y central. Con el advenimiento de la televisión los candidatos tuvieron que ser no sólo notables, sino también figuras mediáticas. Su importancia creció y superó en muchos casos a la de los partidos políticos. Los candidatos, no los partidos, ganan o pierden elecciones. Curiosamente, como señala Bernard Manin, esto significó una vuelta a los orígenes del gobierno representativo, en los cuales la personalidad de los candidatos era crucial.

La complejidad del gobierno moderno también contribuyó al personalismo en la política. El poder discrecional de los gobernantes hoy es enorme. Deciden una infinidad de temas de política pública en los ámbitos más diversos. Las promesas de campaña puntuales son importantes, pero las plataformas de gobierno no lo son. Es muy probable, y los votantes lo saben, que en el curso de sus mandatos los gobernantes tengan que enfrentar circunstancias imprevisibles. Por ello, es racional que los candidatos presuman sus cualidades personales y sus aptitudes para gobernar. Así, los candidatos deben inspirar confianza a los votantes; una certeza de que en circunstancias inesperadas sabrán actuar con prudencia y buen tacto. No hay nada mesiánico en un candidato que centra en sí mismo su oferta política.


Ilustración: Belén García Monroy

Hay, con todo, un tipo de personalismo que no es funcional para la democracia. Me refiero al tipo de personalismo que erosiona a las instituciones —las leyes para los antiguos— como el sarro a un diente sano. Las instituciones no son algoritmos políticos, son operadas por personas de carne y hueso. Sin embargo, poseen una dignidad que en cierta forma compensa el personalismo de los políticos. Una estampa ilustra este tipo de gravitas al que me refiero. En Estados Unidos pocos ciudadanos conocen el rostro de los jueces de la Suprema Corte. Algunos los conocen por nombre. Si bien la Corte es una institución protagónica de la democracia norteamericana, sus operarios no son —no deben ser— figuras mediáticas. Sin duda un juez podría conseguir sin problema una reservación en un demandado restaurante con su mero nombre, pero pocos comensales lo reconocerían a su llegada. Ningún juez retirado de ese tribunal soñaría en lanzarse a una carrera política después de terminar su magistratura. Es claro para ellos que esa conducta atentaría críticamente contra la dignidad de la institución. La restricción no está escrita en ninguna ley: no necesita estarlo. En cambio, en las democracias incipientes, como la nuestra, esa dignidad de las instituciones simplemente no existe. Ex ministros de la Suprema Corte de Justicia se candidatean para cargos de elección popular y comisionados del INAI aparecen, aún en funciones, en las listas de plurinominales de un partido político.

Es cierto, ninguna ley se los impide. Creemos, en consecuencia, que el problema son las leyes; debemos enmendarlas para incluir más prohibiciones. Sin embargo, esta forma de proceder pasa por alto el problema de fondo. La dificultad de la democracia mexicana es que los hábitos que animan a las instituciones no existen. Me refiero a ese código no escrito, pero real, que norma la conducta de los individuos en otros países. Como afirmaba Tocqueville, las costumbres de la democracia no son leyes: son códigos informales de propiedad y ocasión que brindan respetabilidad a todo el entramado institucional. Esa dignidad es esencial para que las instituciones puedan desempeñar eficazmente su tarea, pues concitan el respeto y la observancia de los ciudadanos. No son códigos de etiqueta ridículos, una especie de manual de Carreño político. Si los soldados izan de cabeza la bandera en una ceremonia oficial, no son los individuos, sino la institución la que hace el ridículo.

En Esferas de la Justicia el filósofo político Michael Walzer argumenta a favor de mantener separadas las diferentes esferas de mérito en la sociedad. Cada ámbito debe reflejar un principio propio. El mérito judicial, cuya culminación es la más alta magistratura de la nación, no es ni debe ser asimilable al mérito político. De nada sirve vestir con togas negras a los operarios de las instituciones si éstos no comprenden cabalmente los necesarios hábitos que les confieren dignidad a las instituciones en primer lugar. La dificultad, obviamente, está en que este problema no se soluciona con una ley de “urbanidad política-institucional para democracias disfuncionales”. Los orígenes de las costumbres están, probablemente, en el uso y el ejemplo. Como cualquier hábito, lleva tiempo instituirlas y socializarlas. No es parte de la ingeniería institucional que replicamos con machote, sino algo mucho más sutil que requiere de la sanción social. Cuando la indignidad no produce indignación masiva simplemente no existe nada que disuada ese tipo de conductas. Una democracia sin dignidad es una democracia vulnerable al personalismo de los políticos, cuenten o no con constitución moral.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

 

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