TODOS ILEGALES

POR RAÚL TREJO DELARBRE

El país de la ilegalidad parece haber alcanzado índices muy altos de sobrepoblación. Son ilegales quienes abusan de la sociedad, quienes toman el camino de la corrupción o quienes dejan de cumplir con la ley. Todos… o casi todos. Esa cultura forma parte de las maneras con las cuales los ciudadanos se relacionan cotidianamente con la vida pública y, de modo paradójico, mantiene relaciones muy estrechas con la cultura de la legalidad.

Hay un México de la legalidad que emerge, se defiende, gana espacios, crece, delante del México ilegal y premoderno que permanece, estorba el desarrollo, pervive. Esos dos Méxicos se traslapan y complementan. No son necesariamente contradictorios. De hecho, han creado una pragmática convivencia.

Forman parte del país en la ilegalidad los entre 4 y 6 millones de trabajadores que participan en la economía informal, las entre 500,000 y 800.000 mujeres que cada año abortan voluntariamente. los propietarios de más de 1,600.000 automóviles de contrabando que circulan sin papeles por las carreteras del país.

Participan de distintas formas de ilegalidad millones de ciudadanos que pagan sobornos para que no les levanten infracciones de tránsito y los policías que reciben esas compensaciones, aquellos que evaden o facilitan trámites administrativos a cambio de una propina y, desde luego, los empleados públicos que se benefician de ese intercambio.

Están fuera de la ley, aunque sea poquito, los consumidores que en vez de pagar toman la luz con “diablitos”, los vecinos que para cuidar su seguridad cierran sin permiso las calles donde viven, el condómino que se niega a entregar la cuota de mantenimiento aunque todos los demás sí pagan. Lo están, claramente, los “evangelistas” de Santo Domingo que falsifican títulos, licencias y actas y quienes todos los días acuden a comprárselos.

Un caso parecido, aunque menos escandaloso, es el de los fonogramas, discos de computadora, videocasetes o juegos electrónicos piratas. Es ilegal venderlos y también usarlos. Pero, bueno, mister Bill Gates no se va a hacer más pobre porque copiemos una versión de Windows 98. Qué tanto es tantito.

Se le puede llamar abuso generalizado, relajamiento del sistema legal, agandalle compartido, o cultura de la ilegalidad. En todo caso, cada quien como puede y cuando puede, casi todos dejamos de cumplir con las reglas.

No pretendemos que los trabajadores que no pagan impuestos, los ciudadanos que dan mordidas o las mujeres que deciden no tener hijos, sean necesariamente equiparables.

Se trata de gente en circunstancias muy diferentes. Unos abusan del resto de la sociedad; los segundos aprovechan el camino fácil de la corrupción; las últimas ejercen una prerrogativa individual que no ha sido cabalmente reconocida por las leyes mexicanas. Pero todos y todas, de una u otra forma, dejan de cumplir con la ley.

En algunos casos, se trata de acciones fuera de la ley porque el marco jurídico es atrasado, insuficiente o incluso contradictorio con los derechos de la gente. Por desidia, convencionalismos o incluso prejuicios, se mantienen ordenamientos que no se cumplen y cuya revisión y actualización ha sido reiteradamente eludida por los legisladores. Ese es el caso de las leyes que prohíben el aborto pero también, en asuntos muy diferentes, de la legislación laboral (que en la práctica suele ser superada por los contratos colectivos) y las leyes para los medios de comunicación (que en algunos casos, si se cumplieran al pie de la letra, implicarían atrabiliarias e inaceptables prácticas de censura).

En otras situaciones, las leyes no son respetadas simplemente porque resulta más sencillo evadirlas. Los requisitos para emprender casi cualquier trámite ante la administración pública, son tan tortuosos que muchos ciudadanos prefieren hacer el sacrificio de pagar un soborno antes que perder más tiempo. Cuando un agente de tránsito saca la libreta de infracciones, el automovilista hace un cálculo instantáneo de costos y beneficios: dar mordida es indebido y hasta vergonzoso, pero pagar la multa le saldrá más caro y le obligará a perder un rato en el banco.

En un tercer conjunto de circunstancias están quienes infringen la ley porque saben que es difícil que se les llegue a sancionar. En esa conducta, coinciden alevosos criminales y sufridos ciudadanos. Se dice que de cada diez delitos que se cometen en México, solamente uno llega a ser castigado. Así que la estimación de oportunidades que hacen el carterista o el violador antes de cometer un delito llega a tener los mismos parámetros: si es uno en diez, suponen, vale la pena correr el riesgo.

La cultura de la ilegalidad, o en ocasiones de la a-legalidad, seguramente existe en todo el mundo, pero en México forma parte de las maneras con las cuales los ciudadanos se relacionan cotidianamente con la vida pública.

Extendida, la ilegalidad no siempre es reconocida. La encuesta sobre valores de la sociedad mexicana que el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM levantó hace cinco años encontró que el 60% de los ciudadanos aseguraba que no estaría dispuesto a dar dinero para ahorrar tiempo en un trámite de gobierno. El 22% respondió que sí y el 16%, que “a veces”.

Ese 38% de mexicanos que se sincera acerca de su disposición a la mordida demuestra gran honestidad, o gran cinismo, según se vea. Significativamente, mientras mayor es la escolaridad o más alto el nivel de ingresos, aumentaba el porcentaje de encuestados que se decían dispuestos a dar mordida en alguna ocasión. Apenas el 28% de los más pobres y el 27% de aquellos con instrucción primaria incompleta, dijeron que sí entregarían sobornos. En cambio, el 47% de quienes ganan más de 5 salarios mínimos y el 55% de quienes tienen estudios universitarios no terminados, declararon que sí. Distribuidos por intención de voto, entre quienes en 1994 dijeron que sufragarían por el PAN. el 50% era más proclive a corromper (o fueron los más veraces en sus respuestas). En cambio, el 43% de los votantes perredistas y solamente el 35% de los simpatizantes priistas. se reconocieron capaces de dar mordida (Los mexicanos de los noventa, IIS UNAM, 1996).

La ilegalidad forma parte de la cultura política y de las prácticas sociales de los mexicanos. No pretendemos que sólo exista en nuestro país pero, en México, es una realidad. Ese es parte del contexto de las actitudes ilegales, o a-legales, en zonas más vistosas de la vida pública. Dirigentes políticos que no respetan los estatutos de sus partidos, líderes sindicales que trafican con las cuotas de sus representados, contratistas que entregan altas comisiones para obtener una obra o una concesión, son expresiones en diferentes grados de esa costumbre que disimula, atenúa o admite el incumplimiento parcial o completo del marco jurídico.

En ese contexto se pueden entender, pero no justificar, el temor, o el franco rechazo, para aplicar la ley en algunos de los más notorios conflictos políticos de los meses recientes. En varios de esos casos, se ha llegado a considerar que cumplir con la ley puede tener costos políticos tan altos que entonces vale la pena diferir su aplicación para no exacerbar los ánimos.

Si muchas de las infracciones a la ley que se han vuelto costumbres arraigadas en nuestra sociedad forman parte de un modus vivendi primitivo pero funcional, en cambio la politización que en algunos casos dificulta el cumplimiento de la ley solamente empeora los conflictos e impide que tengan solución.

El México en la ilegalidad convive con el de las leyes. Formamos parte de ambos, en una práctica pero costosa esquizofrenia. Lo peor es el arraigo que tiene la costumbre de infringir las reglas más elementales.

A punto de entregar esta abatida nota para Nexos, vemos en el noticiero vespertino del canal 13 un reportaje sobre la corrupción en las escuelas. La reportera le acerca el micrófono a un sonriente —por nervioso— muchacho de secundaria.

—¿Tú le has dado dinero a algún maestro para que te pase?

—Sí.

—¿Como cuánto le diste?

—Doscientos.

—¿Y te pasó?

—Sí.

—¿Cuánto te puso?

—Nueve.       n

Raúl Trejo Delarbre. Periodista. Director del semanario etcétera.