La definición frente al Estado es un asunto vidrioso para cualquiera de las tradiciones liberales. No tiene ningún misterio. El propósito fundamental del liberalismo es la limitación del poder y muy especialmente la limitación del poder del Estado. Pero el recurso básico, indispensable, para garantizar la libertad es el Estado. En el caso del neoliberalismo la ambigüedad es más acusada porque su programa añade intensidad a los dos polos: necesita más Estado, un Estado más activo, capaz de contener los intentos de la sociedad de sujetar, controlar o regular el mercado —es decir, que no preste su autoridad para interferir con el mecanismo de los precios. La solución, en general, consiste en defender al Estado como “Estado de Derecho”.

No es nuevo ni tiene nada de raro que se asocie la defensa del libre mercado al derecho, incluso a la exigencia de “mano dura”. Porque se supone, desde siempre, que el mercado funciona bien sólo si todos los que concurren en él aceptan y cumplen las mismas reglas. Y siempre hay la posibilidad de que alguien haga trampa.1

Ilustraciones: Víctor Solís

El neoliberalismo resuelve la antinomia del Estado y la libertad descomponiendo al Estado en dos elementos nítidamente distintos: el derecho y lo que seguramente habría que llamar la política. La idea original es muy simple, parece en realidad de sentido común. El derecho son reglas, la política son decisiones. El derecho es un conjunto de normas generales, de aplicación impersonal, que tienen la misma vigencia para todos y no dependen del capricho de nadie: son conocidas, abstractas, estables; la política, en cambio, consiste en organizar y ejercer el poder, consiste en imponer la voluntad de alguien: un individuo, un grupo, un partido, y por lo tanto es cambiante. El derecho pone límites, en la política se dan órdenes.

Insisto, la diferencia parece obvia: fácil de reconocer, indudable y de consecuencias clarísimas. Es un poco más complicado que eso.

En el fondo hay un eco de la distinción clásica que está en Platón y Aristóteles entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres.2 Entre las varias elaboraciones recientes de la idea vale la pena reparar en la de Michael Oakeshott que propone distinguir entre nomocracia y telocracia. Oakeshott es declaradamente conservador pero su pensamiento tiene afinidades interesantes con la tradición neoliberal —sobre todo en su idea del derecho. Según su explicación, la telocracia obedece a la idea de que corresponde al gobierno organizar a sus súbditos, orientar su energía, su trabajo y aprovechar los recursos de su territorio, para conseguir un propósito deliberado (telos), no importa si la igualdad, el bienestar de la mayoría, el desarrollo o cualquiera otro. En contraste, la nomocracia (el gobierno mediante la ley) supone que la tarea del gobierno es proteger un sistema de derechos, dentro del cual cada ciudadano puede escoger libremente lo que quiere hacer de su vida.3

En resumen, lo que hace Oakeshott es equiparar derecho y libertad y decir, por las mismas razones, que cualquier propósito sustantivo que se proponga un gobierno significará violentar la voluntad de sus ciudadanos de alguna manera, es decir, significará obligarles a hacer algo que de otro modo no hubiesen hecho.4 El argumento es del todo similar al que se emplea en la tradición neoliberal para establecer la prioridad del “Estado de Derecho” —y de una manera particular para entenderlo.

La distinción es uno de los ejes del pensamiento de Friedrich Hayek. Vuelve a ella constantemente, la elabora de varios modos. En Los fundamentos de la libertad (1960) se trata de la oposición entre el mandato y la ley:

El tipo ideal de mandato determina únicamente la acción que ha de desarrollarse y no deja a aquellos a quienes se dirige la menor posibilidad de usar su propio conocimiento o de seguir sus personales preferencias. La acción realizada de acuerdo con tal mandato sirve exclusivamente a los propósitos de quien lo formuló. El tipo ideal de ley, en cambio, proporciona simplemente una información adicional a tener en cuenta en el momento de adoptar una decisión.5

Eso significa que la libertad sólo es posible si la autoridad gobierna “bajo la ley”. Pero esto es fundamental: “el ideal del Estado de Derecho presupone una concepción muy definida de lo que se entiende por ley y que no todos los actos que emanan de la autoridad legislativa son leyes en tal sentido”.6 Según Hayek, las leyes deben ser generales, abstractas, conocidas, ciertas y universales porque deben ofrecer a los individuos un marco seguro, estable y transparente para que definan sus estrategias y tomen sus decisiones. Todo lo cual significa que la legislación del Estado de Bienestar, que es particularista, discrecional, sustantiva y se emplea para redistribuir recursos entre grupos de población, es más bien un sistema de mandatos y no de leyes.

En Derecho, legislación y libertad quince años más tarde, el tema es el mismo, el argumento prácticamente igual: en algún momento vagamente situado en el siglo diecinueve el control democrático del gobierno terminó por desvirtuar el derecho.

Se consideró a partir de tal momento “ley” cuantas disposiciones el órgano legislativo considere oportuno emitir. […] El noble término “ley” perdió así por completo su prístino significado, pasando a abarcar también una serie de decisiones legales que los fundadores del constitucionalismo no hubieran dudado en calificar de arbitrarias.7

Está claro que para garantizar el imperio de la ley no basta con que haya un poder legislativo y un procedimiento concreto bien definido. Por debajo de la fachada, la actividad del Estado se desdobla en derecho y política, en leyes y mandatos, en libertad y coerción.

Aunque muy rara vez se diga en esos términos, en el fondo del argumento neoliberal late la idea de un derecho natural o algo parecido, es decir, un conjunto de normas que no son producto de la voluntad contingente de un grupo de legisladores, sino que han sido dictadas por la Razón. Y cuya autoridad está por eso por encima del Estado. Según Hayek, la decadencia del derecho y de la idea del derecho en Occidente comenzó cuando se pasó de una ley hecha por jueces y juristas a una ley dictada por el legislador. Los jueces y los juristas descubren la ley (nomos), los legisladores la proponen, la inventan (thesis).8

La idea, que tiene una variante contractualista en James Buchanan, por ejemplo, resulta de emplear como fundamento de la filosofía del derecho el modelo básico de la economía neoclásica. Para explicar el origen del derecho, un derecho aceptable para todos, Buchanan imagina un mercado: “Consideremos un mundo sencillo de dos personas… una economía sin derechos…” en que A y B quieren consumir un bien x; como individuos racionales llegarán necesariamente a un acuerdo para estar ambos en mejor situación: “esa es una base genuina para el surgimiento de los derechos de propiedad”.9 A partir de ahí, resulta lógico pensar que el derecho, o lo que puede ser considerado propiamente como derecho, puede inferirse del comportamiento de hipotéticos individuos racionales. La idea no ha tenido mucho éxito. Recordemos que el problema siempre consiste en resolver la antinomia del Estado y la libertad. El problema consiste en establecer y justificar la limitación del poder del Estado —y justificar también su intervención cuando haga falta. La clave está en el derecho, en el “verdadero derecho”: abstracto, general, conocido y distinguirlo de la voluntad mayoritaria y de los mandatos concretos, sustantivos, arbitrarios.

En la senda de Hayek, Laurent Cohen-Tanugui propone distinguir entre el derecho producido por el Estado y el derecho producido por la sociedad.10 Enteramente distintos, tanto como un sistema monopólico y uno de libre competencia. El ejemplo que tiene en mente, como modelo, es el de Estados Unidos, donde la sociedad se regula a sí misma, una sociedad multipolar, en que el poder está fragmentado y el vínculo básico es el contrato. En el extremo opuesto está Francia, donde el Estado se erige en legislador en todas las materias y sustituye a la sociedad.

Por supuesto, es una elaboración fantasiosa. Pero su utilidad ideológica es bastante clara. Según Cohen-Tanugui, en Francia impera un sistema de regulación estatista global, dentro del cual todo lo que no está expresamente permitido, está prohibido. Y en Estados Unidos sucede exactamente lo contrario: la regla básica es la filosofía de la “laguna legal” (loophole), según la cual todo lo que no está prohibido está permitido: “El legislador americano en general tiene confianza en que los actores decidan lo que conviene a su interés y en la ‘mano invisible’ para hacer que esas conductas coincidan con el interés común”.11

La ilusión de ese “derecho sin Estado”, homólogo del mercado, permite reducir al mínimo la intervención estatal, pero exigirla precisamente para proteger la economía de mercado. El derecho está en los contratos, la función natural del Estado consiste en proteger las relaciones contractuales.

Se pueden encontrar fórmulas más extremas. Richard Posner, por ejemplo, piensa que el derecho debe estar directamente al servicio del mercado: “La ley trata de hacer que el mercado funcione y, cuando eso no es posible, trata de imitar al mercado”.12 Pero no hace falta insistir más, ni buscar otros ejemplos. La idea básica es que hay una especie de derecho natural, o algo parecido al derecho natural, que está más allá de la autoridad del Estado y que se corresponde con el orden del mercado.

Aparte de esas reglas universales, puramente formales, abstractas prácticamente todo lo que hace el Estado resulta problemático. Sobre todo, por supuesto, toda intervención que tenga un propósito sustantivo que directa o indirectamente suponga una redistribución de la riqueza. La idea básica, repetida constantemente, es que cualquier forma de regulación del mercado genera rentas, es decir, ganancias que no provienen del esfuerzo, del trabajo, del ingenio, del desempeño económico, sino de la ley.13 Por lo tanto significa una distorsión del mercado y es por definición ineficiente.

El problema, otra vez, es la democracia. Es innegable que la regulación altera el funcionamiento del mercado, de eso se trata, de modo que beneficia a algunos y perjudica a otros. Por ejemplo, las legislaciones sanitaria, ambiental, sobre condiciones de seguridad en el trabajo, favorecen a las empresas que son capaces de asumir los costos que eso implica. Por ejemplo, la legislación que prohíbe el trabajo infantil favorece a los adultos al reducir la oferta de mano de obra. Por ejemplo, la legislación que exige determinados estándares, experimentos, pruebas, para la producción de medicamentos, favorece a las empresas establecidas. Y así con todo. El problema es que ninguna sociedad podría pasarse sin eso.14

Es frecuente que se diga que el problema son los intereses creados, los grupos de presión, lo que se denomina la “captura del regulador”. Desde luego, es posible, incluso habitual en algunos campos. Pero con más frecuencia la regulación obedece no a la influencia de un grupo de interés, sino al horizonte moral, a las preocupaciones ambientales, económicas, laborales, de la sociedad, las que están en el espíritu del tiempo —y que la democracia traslada al campo político.

Aun hay otro ámbito importante de fricción entre el neoliberalismo y el Estado, el de los servicios públicos. No es difícil de entender. La oferta de servicios públicos es una de las inercias de la democracia. Si alguien se toma en serio los derechos políticos es difícil que no venga a dar, tarde o temprano, con la conclusión de que es necesario garantizar mínimos de escolaridad, salud, ingreso. Ese fue el recorrido de los liberales del siglo diecinueve del que hablamos más arriba. Thomas Hill Green, por ejemplo, menciona: “es cosa del Estado asegurarse de que los jóvenes ciudadanos crecerán en la salud y con los conocimientos necesarios para su libertad real”, un poco más tarde Beveridge planteó, “el poder del Estado debe emplearse tanto como haga falta para proteger a los ciudadanos contra los males sociales de la miseria, la enfermedad, la ignorancia, la inmundicia y la ociosidad”.15

Eso significa que el Estado tiene que hacerse cargo de ofrecer servicios públicos: en primer lugar educación y salud, pero también con frecuencia servicios de transporte: transporte urbano, ferrocarriles, a veces también servicios de energía, de comunicaciones. Según como se definan las necesidades, según lo que se entienda como condiciones para el ejercicio de la libertad, los servicios públicos pueden expandirse de manera casi ilimitada.

El primer inconveniente que encuentran los neoliberales es que la oferta de servicios públicos obviamente interfiere con el funcionamiento del mecanismo de los precios. No admite competencia, desde luego no en condiciones de igualdad. Y ofrece algo cuyo verdadero valor, es decir, su valor de mercado, se desconoce —cosa que afecta a muchos otros precios. Pero además, es por definición ineficiente. Y atenta contra la libertad en otro sentido: la oferta de servicios públicos implica una expropiación de recursos, mediante impuestos, para emplearlos como los funcionarios juzgan que deben emplearse, que tal vez no es lo que querrían los particulares.

Aquí seguramente conviene detenerse un momento. El servicio civil ha sido visto siempre como un obstáculo, uno de los mayores obstáculos en realidad, para el buen éxito del programa neoliberal. Y es enteramente lógico, puesto que el servicio civil, incluyendo a maestros, médicos, funcionarios, se ha diseñado siempre en contra de la lógica del mercado. En general, tienen un empleo seguro, plazas definitivas, precisamente para ponerlos al abrigo de caprichos políticos, de la arbitrariedad de un jefe o de los movimientos de la economía; ni su empleo, ni su sueldo ni su promoción dependen de ningún criterio de productividad; la mayoría de ellos además forma parte de corporaciones con fuerte sentido de identidad profesional. Es así porque se supone que los servicios públicos son necesarios, que deben ofrecerse sin falla, continuamente, con estándares de calidad que no pueden depender de la tasa de ganancia. Y porque se supone que lo que los anima es una ética del servicio público.

Pero todo eso corresponde al horizonte moral de los años cincuenta, sesenta. Los neoliberales tienen una idea muy distinta. Piensan que el mercado es siempre la solución más eficiente. Y piensan que la ética de servicio es una fantasía, que los funcionarios son individuos egoístas, racionales, que buscan el máximo beneficio personal y nada más. De ahí resulta todo lo demás.

Los funcionarios son por definición ineficientes, improductivos, porque están injustamente protegidos. No tienen el incentivo de la competencia, ni tienen ningún aliciente para hacer mejor las cosas. En el Informe Westwell, preparado para Margaret Thatcher, se explicaba con perfecta claridad: “necesitaremos un poderoso equipo de asesores con mentalidad de mercado… para corregir el daño ocasionado por un establishment catequizado en el corporativismo, en los últimos treinta años…”.16 Pero no es sólo eso. En el neoliberalismo, en su apología del consumidor del mercado, hay una veta populista que puede ser muy eficaz. Y queda muy a propósito cuando se trata de los funcionarios. Son burócratas, que pretenden imponer sus ideas sobre educación, salud, o lo que sea pasando por encima de la sabiduría iletrada, espontánea, realista, del “hombre común”.17 La lucha por la supresión de los servicios públicos adquiere así un aire de reivindicación popular, antiautoritaria, contra la “tiranía de los expertos”, que explica en mucho su popularidad.18

Vuelvo al argumento. La oposición del neoliberalismo a los servicios públicos es cuestión de principios y por eso no puede haber concesiones en eso. De hecho, no sería exagerado ver en el neoliberalismo un extenso programa de privatización, en el sentido más general de la palabra. Veamos. En las sociedades modernas hay dos modos básicos para decidir la asignación de recursos escasos que corresponden a lo que se puede llamar el dominio público y el dominio privado. En el dominio privado hay dos criterios fundamentales: el dinero y el parentesco, es decir, que los bienes se reparten a quienes pagan por ellos y según lo que paguen, o a la familia. En el dominio público precisamente no tienen influencia ninguna ni el dinero ni el parentesco.19 Los bienes o servicios públicos pertenecen a todos, no se pueden negar a nadie. Y eso quiere decir que no son mercancías puesto que todos tienen igual derecho a disfrutarlos.

No son mercancías, pero podrían serlo. No hay nada, literalmente nada, que no pueda ser convertido en mercancía, es decir, producido según los criterios del mercado y ofrecido en venta por un precio. La tesis fundamental, inconmovible, del neoliberalismo es que ése es siempre el modo más eficiente para producir y distribuir cualquier cosa. De modo que incluso si uno se preocupa por la educación, la salud, el transporte, y pretende que lleguen a todos, la mejor solución será siempre el mercado. Por eso la hostilidad del neoliberalismo hacia los bienes públicos y los servicios públicos, es cuestión de principios —porque significa producir de manera ineficiente, según criterios políticos, para distribuir de manera autoritaria, sin tomar en cuenta la voluntad de los ciudadanos, presuntos beneficiarios.

No hace falta decir que la mirada neoliberal se impuso a partir de los años setenta. El resultado ha sido una transformación de los servicios públicos y sobre todo una transformación en la manera de entenderlos. En el dominio público, la asignación de recursos depende de un proceso político: contar algo como un derecho es una decisión política; decidir el modo de producirlo, distribuirlo, financiarlo, son decisiones políticas y eso quiere decir, en última instancia, sujetas a los procedimientos democráticos. El sentido común dominante en las décadas del cambio de siglo juzga que eso es ineficiente, irracional, arbitrario, y que la mejor manera de ofrecer esos bienes o servicios es permitir que funcione el mecanismo del mercado, que es neutral, objetivo, eficiente, imparcial, y distribuye siempre del mejor modo posible.

El cambio de óptica es fundamental. Ya no se piensa en ciudadanos que tienen derechos, sino en clientes que tienen necesidades. La explicación del ministro de salud del Reino Unido en el gobierno de Tony Blair, Alan Milburn, es para ahorrar comentarios: “Nos guste o no, esta es la era de los consumidores. La gente exige servicios a la medida de sus necesidades individuales. Quiere elegir y espera calidad —todos lo hacemos así, todos sabemos que es así”.20

Muchas empresas públicas se han privatizado: empresas de telecomunicaciones, energía, transporte. Muchos servicios públicos se han privatizado también. Pero hay otros que no pueden privatizarse, o no del todo, porque no son rentables, porque nadie querría ofrecerlos, porque no tienen realmente un mercado o los precios de mercado los harían incosteables: buena parte de los servicios de salud por ejemplo, la educación, la educación superior. En esos casos, lo que se hace es simular mecanismos de mercado, identificar algo susceptible de ser contado o medido y tratarlo como si fuese una mercancía, y asignarle un precio —o algo parecido. El número de pacientes atendidos, el número de artículos publicados, lo que sea.

Esa simulación de mercado requiere que se trate a las instituciones como si fuesen empresas. Y para eso hace falta contar con un saber administrativo que sea “transportable”, es decir, puramente formal, abstracto, ajeno a cualquier contenido concreto.21 Un saber administrativo guiado por el imperativo de los beneficios: ahorrar, reducir gastos, hacer más con menos, que significa aumentar la productividad. Y un aparato administrativo encargado de evaluar eso, medir y recompensar, o castigar (como lo haría el mercado).

Para eso se crean indicadores, para que un auditor externo, que no sabe nada de la materia concreta de que se ocupa la institución, pueda evaluarla, aunque en la mayoría de los casos los indicadores no tienen nada que ver con la calidad del trabajo que sea.22 El propósito sustantivo se pierde de vista. En otras palabras, lo que se evalúa no es la producción de nada sino una representación de la producción.23 Y eso tiene muchas consecuencias. Para lo que nos interesa ahora, lo fundamental es que se transmite una imagen burocrática, despolitizada, de los servicios públicos, bajo la advocación de la eficiencia, pero con el resultado concreto de crear un nuevo nivel de intermediación burocrática, con el consiguiente aumento de los costos administrativos, y un incremento del control central.24

En este terreno, el éxito es indudable. Ha habido una transformación cultural en los últimos treinta o cuarenta años, cuya consecuencia es que el Estado, y toda la familia léxica asociada al Estado: gobierno, público, representación, así como también política y partidos, tengan connotaciones negativas. Y es cada vez más frecuente, llama menos la atención, que cuando se trata de los servicios públicos se procure evitar el lenguaje de los derechos y se hable en cambio de clientes, satisfacción, calidad, y se piense al Estado como una empresa.

 

Fernando Escalante Gonzalbo
Profesor en El Colegio de México. Su más reciente libro es Historia mínima del neoliberalismo.

Este texto forma parte de un libro, edición no venal del INE, cuyo origen fue la conferencia “Senderos que se bifurcan. reflexiones sobre neoliberalismo y democracia” (INE, 2017).


1 Para un estudio histórico de la vinculación entre el libre mercado y la política de mano dura es magnífico el libro de Bernard E. Harcourt, The Illusion of Free Markets. Punishment and the Myth of Natural Order, Cambridge, Harvard University Press, 2011.

2 La distinción está en el diálogo De las leyes de Platón y explicada extensamente en la Política de Aristóteles: “El punto de partida de esta investigación es si conviene más ser gobernado por el mejor hombre o por las mejores leyes…” (Aristóteles, La política, Madrid, Gredos, 1988, pp. 201 y ss [1286 a]). La respuesta de Aristóteles es bastante matizada pero encuentra que la mayor virtud de las leyes es que no las anima la pasión —como sí a los seres humanos.

3 La distinción aparece muchas veces en los textos de Oakeshott. Acaso la explicación más clara, detenida, está en sus conferencias sobre las formas de la autoridad: Michael Oakeshott, “The Authority of Governments and the Obligations of Subjects”, en O’Sullivan, Luke (ed.), Selected Writings Collection, Reino Unido, Andrews UK Limited, 2014, edición digital, pp. 5059 y ss.

4 Para un análisis general de la tesis de Oakeshott, ver Plant, Raymond, The Neoliberal State, Oxford, Oxford University Press, 2012, pp. 1-16.

5 Friedrich Hayek, Los fundamentos de la libertad, Valencia, Fundación Ignacio Villalonga, 1961, tomo I, p. 274.

6 Ibidem, p. 360.

7 Friedrich Hayek, Derecho, legislación y libertad, Madrid, Unión Editorial, 1982, vol. III, p. 179. Unas páginas más adelante explica que el error del que deriva la confusión “está íntimamente relacionado con la idea según la cual la mayoría debe estar autorizada a hacer cuanto le plazca” (p. 229). Obviamente, frente a eso, Hayek defiende “los verdaderos supuestos básicos de la democracia”.

8 Ibidem, vol. I, capítulo III, passim.

9 James Buchanan, Los límites de la libertad. Entre la anarquía y el Leviatán, Buenos Aires, Katz Editores, 2009, passim.

10 Laurent Cohen-Tanugui, Le droit sans l’État, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, passim.

11 Ibidem, p. 47.

12 Richard Posner, “Ronald Coase and Methodology”, en Posner, Overcoming Law, Cambridge, Harvard University Press, 1995, p. 416. En otro lugar dice que el derecho debería entenderse como un mercado, y que las sanciones son el precio que se pone a la infracción.

13 El término de referencia para la teoría de las rentas es la llamada Escuela de Virginia, de James Buchannan y Gordon Tullock. Para un análisis de sus implicaciones véase Colin Crouch, The Strange non-death of Neo-liberalism, Londres, Polity, 2011, p. 62 y ss.

14 Milton Friedmann mantuvo, contra viento y marea, su crítica de la regulación. Su idea es que el mercado corrige mejor las deficiencias. Si una empresa produce medicamentos inútiles o contraproducentes, tarde o temprano al gente se dará cuenta, dejará de comprarlas y se conseguirá lo mismo que pretende conseguir la regulación pero sin coaccionar a nadie.

15 Vid supra.

16 Richard Cockett, Thinking the Unthinkable: Think-tanks and the Economic Counter-revolution 1931-1983, Londres, Harper Collins, 1994, p. 314.

17 David Marquand, op. cit., p. 100 y ss.

18 No es difícil ver que en el discurso neoliberal sobre la burocracia, los funcionarios y los servicios públicos, hay con frecuencia ecos del anarquismo ingenuo como el de Ivan Illich (en particular, “La sociedad desescolarizada” y “Némesis médica”, en Iván Illich, Obras completas, México, FCE, 2006).

19 Si en la asignación de bienes públicos intervienen el dinero o el parentesco, sin ninguna duda llamamos a eso corrupción.

20 Cit. por Marquand, op. cit., p. 123.

21 Béatrice Hibou, La bureaucratisation du monde à l’ére neoliberal, Paris, La découverte, 2012, passim.

22 Para un indicador que cuente el número de artículos publicados, por ejemplo, es mejor tener diez artículos malos que uno bueno. Para uno que cuente el número de pacientes atendidos, atender deprisa a veinte pacientes es mejor que atender con calma a dos. Y así el resto.

23 Mark Fisher, Capitalist Realism. Is there no alternative?, Nueva York, Joh Hunt Publishing, 2009, p. 42.

24 David Marquand, op. cit., pp. 112-114.

 

Un comentario en “El Estado en los tiempos del neoliberalismo

  1. Se trata de un artículo documentado y bien escrito, pero –hay que decirlo- refiere unos “neoliberales” que es difícil encontrar en el México de hoy y que por tanto poco ayuda a la discusión de los grandes problemas nacionales. Por ejemplo, quien en nuestro país “piensan que el mercado es siempre la solución más eficiente” como lo dice el autor. Por eso, si nos quedamos con esta visión para explicar nuestra circunstancia no nos salen las cuentas. Se dice por ejemplo que nuestro gobierno es “neoliberal” pero es claro –los datos están ahí para el que quiera consultarlos- que más del 60% del presupuesto federal se destina a gasto social, a donde se incluyen instituciones tan serias y necesarias como el IMSS y el ISSSTE, por sólo citar a dos, y donde la lógica del mercado no opera. En fin, si bien es útil conocer a estos clásicos que cita el autor, también lo es precisar que ellos escribieron para circunstancias distintas y por ello encontraron respuestas diferentes