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Mario Huacuja Rountree. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Coautor del libro Estado y lucha política en el México actual, Ed. El Caballito, 1976; y del libro Fuentes para el estudio de la hacienda de México, Ed. UNAM, 1976.

I. LOS PROLEGÓMENOS DEL VIRAJE

En los últimos meses del año pasado, el convenio suscrito entre el Fondo Monetario Internacional y el Estado mexicano en agosto de 1976 tocaba su fin. Al tomar la decisión de no renovar dicho convenio, el gobierno lopezportillista inauguró una etapa de cambios en una serie de definiciones políticas de suma importancia. Dentro de este marco, en noviembre de 1979 se firmaron los convenios para poner en marcha las directrices de COPLAMAR: el 18 de marzo del presente año se tomó la decisión de no ingresar al GATT, fijar el volumen de la producción petrolera y anunciar el Sistema Alimentario Mexicano; en últimas fechas, se presentó el Plan Global de Desarrollo.

Vistos en perspectiva, los tres primeros años de la actual administración -financiamiento externo como motor de la economía, topes salariales, fomento a la inversión privada, restricción del gasto público- pusieron al país en condiciones de satisfacer, irrefrenadamente, los apetitos empresariales. Aprovechando el enfrentamiento que tuvo lugar en las postrimerías del sexenio pasado entre la burocracia echeverrista y los sectores más beligerantes del capital monopolista, el Consejo Coordinador Empresarial -primera agrupación patronal que surge sin el tutelaje del Estado- impuso una política económica que implicaba volver a los primeros años del desarrollo con estabilidad. Los resultados están a la vista: el Producto Interno Bruto creció, en los últimos tres años. a un ritmo del 6.1 % anual; los precios al consumidor se incrementaron en un 20 % anual, en tanto que los salarios aumentaron 14 % en promedio en el mismo periodo. Por su parte, el endeudamiento externo creció, anualmente, un 40 % en relación al endeudamiento total del sector público.

Cierto es que los costos del modelo de desarrollo descansaron en las espaldas de los trabajadores, pero también en su conciencia. Los tres años de Alianza para la Producción, capitalizados con exclusividad por el bloque dominante. desgajaron las bases mismas de la alianza entre el Estado y las organizaciones laborales. Sin embargo, de cara a una política antipopular, las luchas de los trabajadores se multiplicaron, obligando a un viraje declarativo a los dirigentes de los sindicatos oficiales: de ahí que las principales centrales obreras hayan levantado un programa propio -diferente del proyecto de la burocracia gobernante-, que se nutrió con los planteamientos del movimiento de los electricistas democráticos en la anterior década. Si bien esta adopción de banderas más radicales no ha estado acompañada por la movilización de los trabajadores, ni por los mecanismos adecuados para poner en marcha las reformas propuestas, el nuevo programa expresa una modificación del seguidismo que la burocracia sindical ha venido profesando a los gobiernos en turno. En el fondo, lo que se manifiesta es un progresivo fortalecimiento estructural y organizativo del movimiento obrero.

Simultáneamente, el boom petrolero puso al Estado en condiciones de ampliar sus márgenes de negociación con el capital monopolista, aunque no de manera inmediata ni mecánica. El gigantesco crecimiento de las reservas probadas de hidrocarburos -se calcula que en 1980 se octuplicaron en relación a las existentes en 1975- y la afluencia monetaria resultante -más de 900 mil millones de pesos en los próximos tres años- han puesto, en el piso de la contienda social, la lucha por los usos del excedente petrolero. La decisión en torno al ingreso al GATT constituye uno de los reflejos de tal pugna.

No sólo el fortalecimiento de la clase obrera mexicana y las posibilidades abiertas por el petróleo impulsaron el giro del actual gobierno. La crisis del imperialismo norteamericano, que se profundizó con la cascada de fracasos políticos y militares del gobierno de Carter a la vuelta de la década. abrió una cobertura favorable para una mayor autodeterminación nacional. Simultáneamente, la victoria del Frente Sandinista inauguró un período de transformaciones revolucionarias en el área de Centroamérica y el Caribe. México quedó flanqueado, de tal suerte, por Centroamérica insurrecta, Cuba revolucionaria y el imperio en crisis.

II. DE CÓMO LA REFORMA AGRARIA SE DESPIDIÓ DE LOS EJIDOS

En sus más gruesos términos, la situación prevaleciente en el campo obedece a dos vertientes históricas insoslayables: por una parte, el curso que tomó la reforma agraria desde los años posteriores al cardenismo y, por la otra la creciente subordinación de la agricultura a los requerimientos de la división internacional del trabajo en el mundo capitalista. La primera vertiente significó el abandono económico de los ejidos -a pesar de la multiplicación de organismos estatales encargados de su manutención y fomento-, y el fortalecimiento de las empresas agrícolas privadas. Es bien sabido que el proceso se distinguió por una serie de modificaciones legislativas en favor de las «unidades más productivas», un cúmulo de obras de infraestructura sufragadas por el Estado en beneficio de tales empresas y, en general, una espléndida disposición de los gobiernos en turno para proporcionarles crédito suficiente, insumos baratos y los provechos de la investigación. Los ejidos, mientras tanto, dejaron de ser vistos -a los ojos del Estado- como unidades capaces de apoyar el desarrollo agrícola en su conjunto. Como consecuencia, su extensión se redujo considerablemente; no tuvieron los elementos indispensables para la producción y los precios de sus productos tradicionales permanecieron congelados durante muchos años. Dejadas a su suerte, las parcelas ejidales -ubicadas en su mayoría en las zonas temporaleras- se hallaron imposibilitadas para mantener a las familias campesinas, y muchas de ellas fueron alquiladas o abandonadas. Se formó. así, una zona ociosa dentro del área ejidal.

Sin embargo, el reparto de tierras no se detuvo. Simplemente, sus criterios fueron otros: selectivamente, se dotaron tierras en las regiones en las que existía una mayor movilización campesina; muchas tierras repartidas no eran aptas para el cultivo y -la mayoría de las ocasiones- las dotaciones no trascendieron el borde de los papales en los que se escribieron. Ello explica el que, en la actualidad, se hayan distribuido más de 70 millones de hectáreas: más de la mitad de la superficie cultivable del país, al menos formalmente.

El abandono de los ejidos no condujo al olvido de los ejidatarios. Mimados en los discursos oficiales, los ejidatarios han recibido una atención meramente política, que obedece a la urgencia de mantener la estabilidad en el campo. Por ello, los productores y sus familias se encuentran organizados en una Confederación que pierde vertiginosamente representatividad y poder de gestión. De modo que, entre el abandono económico y el control político, los ejidatarios han sido arrojados al subempleo y el creciente empobrecimiento.

III. EL TRIUNFO DE LAS «VENTAJAS COMPARATIVAS»

En los últimos veinte años, la agricultura del mundo capitalista ha sufrido una hilera de modificaciones radicales, con el propósito de ajustarse a la nueva división internacional del trabajo. Tal división se expresa, nítidamente, en la especialización de ciertas regiones -países desarrollados y áreas periféricas- en determinados cultivos. Por ejemplo: gracias a una rápida modernización tecnológica y a la obstinada decisión política de apoyar varios productos, los Estados Unidos han llegado a ser el primer productor de cereales, oleaginosas y carne roja en el mundo. Paralelamente, la producción cerealera ha sido desplazada de zonas tan pobladas como Asia, Africa y América Latina. Con ello, los Estados Unidos han adquirido no solamente una formidable palanca de acumulación -la monopolización de la producción y venta de alimentos-, sino también un poderoso mecanismo de presión política. Piénsese, por ejemplo, en la decisión de suspender las ventas de cereales a la URSS.

Como complemento, la periferia de los países desarrollados se ha especializado en aquellos productos que, por condiciones climáticas, escasa posibilidad de maquinización o altos costos de producción, no han podido desarrollarse en dichos países. En México, este modelo ha cristalizado en un auge la producción de frutas, hortalizas y ganado de engorda, productos que han sido requeridos, desde hace quince años, por los Estados Unidos. Este tipo de desarrollo de la agricultura ha sido denominado la «adopción de ventajas comparativas Dichas ventajas consisten en elaborar en el país los productos que reporten más divisas, e importar aquellos cultivos que resulten desplazados. Es una lógica impuesta por las transnacionales, evidentemente, en su provecho.

La producción resultante ha sido incentivada de múltiples formas. Los organismos internacionales de crédito -sobre todo el Banco Mundial- han proporcionado cuantiosas sumas para su promoción. Las propias empresas transnacionales inciden desplegando un abanico de actividades: alquiler de tierras ejidales y privadas, otorgamiento de crédito para la producción, venta de insumos y maquinaria y compra de las cosechas. El Estado ha colaborado con obras de irrigación, financiamiento oportuno y facilidades fiscales. El aumento de los precios internacionales ha acicateado notablemente la producción; el congelamiento de los salarios nacionales también. Finalmente, la devaluación de 1976 se tradujo en un verdadero festín de ganancias para los productores de frutas, legumbres y ganado, cuyas remesas han sido pagadas en dólares.

Los productores directos -minifundistas y ejidatarios- no han sido, precisamente, los beneficiarios del modelo de desarrollo planteado. Muchos de ellos, por no contar con crédito y con un nivel de precios que los incentive a sembrar sus productos tradicionales, han reducido el área cosechable hasta producir sólo el autoconsumo indispensable, o han abandonado sus parcelas. En los casos en los que el crédito aparece, éste llega vinculado a la necesidad de producir ciertos cultivos. El campesino pierde, entonces, la facultad de decidir qué producir. Además, los organismos encargados de financiar los procesos -ya sean empresas transnacionales o instituciones estatales- dictaminan también cómo producir, qué insumos utilizar y a quién vender la cosecha. De suerte que, al perder la dirección de las condiciones de producción de su parcela, el campesino se convierte en un trabajador asalariado de las empresas que «lo asisten». Empero, por continuar siendo propietario o usufructuario de la tierra, el productor está obligado a afrontar los riesgos de la producción. Ante una sequía, por ejemplo, las empresas no pierden.

La práctica de las «ventajas comparativas» ha tenido múltiples consecuencias, de las cuales destacan tres por su importancia nacional: en primer lugar, la dependencia alimentaria, que se traduce en la creciente necesidad del país de importar grandes cantidades de granos, ya que el área sembrada de maíz se ha reducido, y Su cultivo ha sido sustituido, en gran medida, por el sorgo y otros forrajes: en segundo lugar, un creciente desempleo rural, debido a que la fuerza de trabajo no encuentra una cabal ocupación ni en las parcelas campesinas ni en las empresas agrícolas; y en tercer lugar, la división internacional de los cultivos dió pie a una división internacional de la dieta: mientras que en Estados Unidos la ración de calorías de la población se obtiene fundamentalmente de carnes, productos lácteos, aceites, grasas y azúcares, en México, las deficiencias alimentarias propiciadas por la reducción de la producción cerealera han sido complementadas por aumentos en el consumo de productos basados en azúcar y harinas refinadas. A falta de tortillas, se ha impuesto el consumo de cocacolas, gansitos y sabritas. Con ello, los índices de nutrición se han venido abajo; en la actualidad, la mitad de la población del país se halla desnutrida.

IV. LAS MEDIDAS PROPUESTAS

El Sistema Alimentario Mexicano recoge un conjunto de proposiciones que han sido formuladas con insistencia en los últimos años por varios especialistas en la cuestión agraria nacional, y que hoy son adoptadas como programa del Estado gracias a la posibilidad abierta por el petróleo. En términos generales, el SAM pretende producir internamente los alimentos que el país requiere, y distribuirlos mediante una serie de mecanismos que eleven a corto plazo el nivel nutricional de las capas más pobres de la población. Para lograrlo, el proyecto incluye las siguientes medidas:

1). En el campo, el objetivo del plazo son las zonas denominadas temporaleras: aquellas en las que se encuentran los productos de maíz y frijol, en unidades de producción catalogadas de infrasubsistencia, y cuya capacidad productiva de maíz, se ha estimado en el doble de la producción nacional. Para incentivar la producción de granos, se llevarán a cabo varias acciones. En primer lugar, se aumentarán los precios de garantía para los productores -el precio del maíz se elevará a un 30 % en el periodo 1980-1982- y se incrementará el subsidio al consumo -a los molinos de nixtamal, en más de un 70 %. En segundo lugar, se elevará el subsidio global a la producción, fomentando un cambio tecnológico a través de insumos, obras de infraestructuras, investigación y extensionismo. Los productores contarán con fertilizantes e insecticidas a un precio 30 % menor, y con semillas mejoradas 75 % más baratas. De modo que, en 1982 se duplicará la cantidad de tierra fertilizada que se dedica a los cultivos de maíz y frijol. En tercer lugar, se creará un Fondo de Riesgo Compartido. El Estado compartirá los riegos de los productores, asegurándoles en especie un equivalente a la producción promedio que obtienen tradicionalmente, en caso de que su producción se pierda parcial o totalmente. Se trata de un seguro contra sequías o fenómenos imprevisibles. En cuarto lugar, se incrementará el monto del crédito a la producción de maíz y frijol, se incorporarán más hectáreas a dicho financiamiento y se aumentarán los beneficios. En quinto lugar, se desactivará el proceso de sustitución de maíz por sorgo a través del mecanismo de los precios. En adelante, el precio congelado será el del sorgo. Con este paquete de medidas se busca generar empleos en las parcelas, mejorar sus condiciones productivas y lograr la autosuficiencia de maíz y frijol en 1982, y la trigo, cártamo y arroz en 1985.

2). La población nacional que no alcanza a cubrir los mínimos normativos nutricionales -2.750 calorías y 80 gramos proteínas al día por persona- está constituida por la mitad de los mexicanos. De ella, 19 millones de habitantes presentan un «muy bajo nivel nutricional», y representan el objetivo inmediato del proyecto, en lo que se refiere a consumo alimentario. Para ellos, se ha elaborado una Canasta Básica de alimentos que busca elevar notablemente su nivel de nutrición. Dicha Canasta contará con un subsidio de 27 mil millones de pesos, para poder ser distribuida a un precio de $9.00 a los consumidores de menores ingresos. Para que su distribución alcance a todas las poblaciones del país, se proyecta ampliar el número de tiendas Distribuidoras Conasupo. S.A. de las 4,780 existentes, a 14,000. De tal manera, quedaría vinculada la producción de alimentos con su consumo. Empero, para otorgarle viabilidad al proyecto, se hará un acopio de recursos para modificar los actuales patrones de consumo (refrescos, azúcares y harinas refinadas sin capacidad nutritiva) a través del tiempo estatal en los medios de comunicación y del sistema educativo.

3). Los incentivos propuestos para elevar la producción del maíz y el frijol, serán aplicados también a la pesca El pescado es un elemento integrante de la Canasta Básica de alimentos y su precio es el más bajo por gramo de proteína entre los alimentos de origen animal. Además de los incentivos referidos, se proyecta una ampliación de la flota pesquera y la introducción de la acuacultura en las zonas rurales empobrecidas.

4). La estrategia contempla la ampliación de la frontera agrícola, incorporando al cultivo 3 millones de hectáreas de las planicies costeras del Golfo; tierras que son subutilizadas por la ganadería o que permanecen enmontadas. Asimismo, en un plazo mayor, es un sistema intensivo, con el objeto de liberar tierras para los cultivos y elevar la productividad ganadera. Finalmente, se modificará el uso de forrajes constituidos por granos, introduciendo nuevos tipos de alimentos para ganado, como el pienso y la yuca.

5). Uno de los tópicos fundamentales del proyecto es el que se refiere al modo como éste operará con su interlocutor: la organización campesina. Los compromisos se llevarán a cabo con las organizaciones existentes en los distritos temporaleros: uniones de ejidatarios y de pequeños propietarios. Sin embargo, en este punto, los redactores del SAM proponen que cada programación específica deje de ser un proceso vertical que desciende desde el Estado, para que parta de las unidades productivas y reciba el apoyo de los incentivos promovidos por el Estado. Además, se busca fomentar una organización multiactiva de los productos, para fortalecer su capacidad de negociación ante los demás sectores de la sociedad: quienes les otorgan crédito, les venden insumos, les alquilan sus tierras, les compran sus productos o les venden otros artículos. Lo que se trata, en síntesis, es que los productores estén en mejores condiciones para retener su excedente.

V. EL SAM SOMOS TODOS

En una primera aproximación, parecería que los lineamientos del Sistema Alimentario Mexicano coinciden con las medidas tomadas en el sexenio anterior para resolver las crisis agrícolas del país: exceptuando el intento por colectivizar los ejidos, se pretende, como en el pasado, incrementar la producción de granos y su productividad mediante una vigorosa alza de los precios de garantía y del monto de créditos, inversiones y subsidios al agro. Como es sabido, tales medidas fueron capitalizadas ampliamente por los diversos segmentos regionales de la burguesía rural, que encauzaron para su beneficio los incrementos de los créditos y las inversiones. En este contexto, la diferencia entre el SAM y la política agraria del gobierno anterior reside en que el primero se caracteriza por pretender canalizar los recursos exclusivamente a las zonas temporaleras, aunque no en detrimento de la agricultura de exportación.

Tal y como se ha planteado, el SAM no pretende invertir el modelo de deparativas»; lo que se busca es frenar sus devastadoras consecuencias. Y es en este terreno donde el proyecto se enfrenta, en primer lugar, con las empresas trasnacionales que producen y exportan granos, y con las que dirigen la transformación de la dieta del país en detrimento de su nutrición; en segundo lugar, con todas aquellas instancias que se apropian el excedente de los productores directos: caciques, intermediarios y empresas proveedoras de créditos y de insumos, que compran las cosechas; y, en tercer lugar, con los ganaderos acostumbrados a una explotación -extensiva, en la que utilizan granos como forraje. Al intacta la estructura de la tenencia de la tierra, los enemigos del proyecto se han quedado sin argumentos. Lo cierto es que, a nivel general, SAM no tiene como propósito la redistribución del medio fundamental para la producción agropecuaria -la tierra-, pero sí procura una redistribución de otros medios de producción -créditos, subsidios, insumos- y, por tanto, una redistribución del excedente. Se busca, como afirman los propios formuladores del plan, revitalizar la deteriorada alianza entre el Estado y campesinos.

Salta a la vista que el enemigo inmediato del proyecto son las propias instituciones del Estado encargadas de llevarlo a cabo. Se trata, por los mismos términos en los que el SAM está suscrito, de dos instancias fundamentales: el BANRURAL y la SARH. Por su estructura y su modo de operación, ambas instituciones han fungido como patrones de los productores del campo, buscando la satisfacción de sus fines e intereses particulares, antes que el cumplimiento de las demandas de los campesinos. Nada indica que dejen de operar en tal forma. 

En estos momentos, el proyecto apenas empieza a ser instrumentalizado. No lo hace, sin embargo, en el vacío: a escasos dos meses de su proclama, ha desencadenado una guerra de posiciones entre diversas clases, organizaciones y grupos sociales para apropiarse de sus logros y resultados. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Rama Agrícola, Ganadera y Forestal de la CNC, se ha propuesto como el principal interlocutor del Estado en los asuntos concernientes al SAM, y ha promovido una nueva alianza obrero campesina, amparado en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Por su parte, el presidente saliente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ofreció todo el apoyo de su institución al SAM: sutil augurio de que los empresarios están dispuestos a cambiar algunos cultivos para aprovechar al alza de los precios de garantía de los granos. Sin embargo, hasta la fecha, el mayor triunfo en torno al proyecto se lo han adjudicado los ganaderos. Antes de decir adiós a la Secretaría de la Reforma Agraria, Toledo Corro firmó un convenio que autorizó a los propietarios de latifundios ganaderos de Chiapas a dedicar hasta una quinta parte de sus predios al cultivo de maíz, frijol y sorgo. Con ello, borró de un plumazo la legislación constitucional que sostiene que las tierras dedicadas a la ganadería solo pueden exceder el límite fijado a la propiedad privada cuando se trata de terrenos no aptos para el cultivo. Dicho de otra forma, fue aceptada una realidad constantemente denunciada: los latifundios ganaderos son susceptibles de cultivo. Así, al amparo del SAM, quedó formalizada la contrarreforma.

Pese a todo, el SAM no ha quedado como un proyecto más: se ha puesto en marcha en el presente ciclo agrícola, con el apoyo declarativo del Estado, las organizaciones campesinas, las sindicales y las patronales. El SAM cuenta con el aval de quienes supuestamente son sus enemigos, y esto no es gratuito. Si sus límites temporales pueden fijarse por el próximo cambio sexenal, sus alcances, resultados o fracasos sólo podrán ser medidos por su instrumentación, y por la forma como las organizaciones campesinas acudan a su llamado. Lo único cierto es que el proyecto ha desatado, en el ámbito rural de México, una nueva lucha por el excedente agrícola.