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Es necesario señalar la necesidad que tiene el pensamiento jurídico de orientar sus reflejos hacia la cultura popular. El campo de la reflexión jurídica se ha reducido a tecnicismos y abstracciones, y rara vez se toma en cuenta a lo que podríamos llamar «cultura jurídica popular».

La lucha por el pueblo purépecha de Santa Fe en su uso del derecho nos muestra su memoria histórica y su sabiduría de la vida. La comunidad de San José Bojay recurrió a ello y propuso un proyecto popular. La primera es una experiencia jurídica del derecho ancestral; la segunda es una experiencia de derecho futuro. En ninguno de los dos casos se hace uso del derecho vigente: uno es ancestral, antiguo; el otro podría ser vigente en el futuro.

Sin embargo, ambos recurren al derecho del pueblo, son experiencias populares de lo jurídico que se orientan hacia al liberación.

LA JUSTICIA DE LOS PURÉPECHAS

La comunidad purépecha de Santa Fe de la Laguna obtuvo reconocimiento del pleno derecho sobre sus tierras mediante los títulos expedidos por las autoridades virreinales en 1719. Esa antigua titulación fue reconocida por resolución presidencial sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales del 29 de julio de 1953, y ejecutada el 24 de octubre de 1954.

Sin embargo, los mestizos de la vecina ciudad de Quiroga, talaron sus bosques, les arrebataron el comercio de sus artesanías e invadieron sus pastizales con ganado. Así, los propietarios privados han convertido sus posesiones en latifundios a costa de las tierras comunales de los pueblos indígenas, lo que a fines del año pasado y principios de este propició un conflicto que trascendió a la prensa nacional.

Los ganaderos de Quiroga introdujeron su ganado en tierras purépechas para el aprovechamiento del pasto, sin el consentimiento de la comunidad indígena. Esos comuneros de Santa Fe exigieron, infructuosamente, el pago del pasto. Como medida de presión para obtener la justa remuneración por el uso de sus tierras y pastizales secuestraron el ganado. El 17 de noviembre de 1979 guardias blancas de los ganaderos les tendieron una emboscada, mataron a dos comuneros e hirieron a nueve más. A pesar de ello, las mujeres y los niños arriaron el ganado a los corrales de Santa Fe, para que quedaran en garantía del pago. La policía apresó a los heridos y al comisario de bienes comunales, dejando en libertad a los pistoleros.

Para el derecho vigente la acción de los purépechas se llama delito de abigeato o robo de ganado, o en el mejor de los casos «hacerse justicia por propia mano», lo cual está estrictamente prohibido por la constitución. Para los purépechas es aplicación del derecho antiguo, con un profundo sentido de justicia ancestral.

Sí -aunque sorprenda- el antiguo derecho vigente en la Nueva España reglamentaba este tipo de situaciones y le daba resolución a los casos de manera similar a como actuaron los purépechas. No sólo eso: el derecho indiano era mucho más justo que el moderno, porque partía de la realidad social y no de abstracciones idealistas como lo hace el derecho moderno liberal individualista.

El derecho indiano, como casi todo el derecho precapitalista, no considera a los hombres iguales, abstracta e idealistamente, sino que su normatividad parte de la desigualdad social real que existe entre los hombres. Por esa razón es más humano, pues considera desigual a lo que en la realidad cotidiana se desenvuelve en desigualdad de condiciones.

Veamos algunas disposiciones que se encuentran en la memoria histórica de los purépechas y que fundamentaron su acción de secuestro del ganado para garantía del pago.

LA MEMORIA HISTÓRICO-JURÍDICA

Ley XII Título XII Libro IV. «Porque las estancias de ganados vacunos, yeguas, puercos y otros mayores y menores, hacen gran daño a los maizales de los indios, y especialmente al que anda apartado y sin guarda: Mandamos que no se den estancias ningunas en partes y lugares de donde puedan resultar daños y no pudiéndose escusar, sean lejos de los pueblos de indios, y sus sementeras, pues para los ganados hay tierras apartadas, y yerbas donde pastorear y pastar sin perjuicio, y las justicias hagan, que los dueños del ganado, e interesados en el bien público, pongan tantos pastores, y guardas, que basten a evitar el daño, y en caso que alguno sucediere, le hagan satisfacer» (1)

También la Ley XX Libro VI Título III. «Ordenamos, que las estancias de ganado mayor no se puedan situar dentro de legua y media de las reducciones antiguas, y las de ganado menor media legua; y en las reducciones que de nuevo se hicieren haya de ser el termino dos veces tanto, pena de pérdida la estancia y mitad del ganado, que en ella hubiere, y todos los dueños le tengan con buena guarda, pena de pagar el daño que hicieren; y los indios puedan matar el ganado que entrare en su tierra, sin pena alguna, y en todo sea, guardada la ley 12, tit. 12, libro 4» (1).

Como puede verse, las comunidades indígenas tengan siempre derecho a indemnización por daños causados por el ganado ajeno. Podían incluso dar muerte al ganado que invadía sus tierras. Los purépechas sólo aplicaron el derecho antiguo que los protege. Y con su sabiduría popular aplicaron el viejo principio general del derecho: «el que puede lo más, puede lo menos». Si estaban autorizados incluso a matar el ganado, con mayor razón podían secuestrarlo como garantía de indemnización.

EL PROYECTO POPULAR DE SAN JOSÉ BOJAY

Las tierras de la ex hacienda de San José Bojay se encuentran en el municipio de Atitalaquia, en el distrito judicial de Tula, Hidalgo. Hace alrededor de seis años, aparceros e hijos de aparceros de la hacienda de San José Bojay, vecinos del pueblo de Atitalaquia, decidieron ocupar las tierras de esa hacienda con el fin de construir una colonia y de cultivarlas en su propio provecho; tenían como una de sus bases el abandono de la tierra por su propietario. Hasta la fecha continúan ahí logrando positivos avances en cuanto a unión y organización y hasta hace poco nadie les había hecho reclamo alguno.

A mediados del año pasado, los herederos de José Ramón Lugo, propietario de las tierras, empezaron a reclamarlas. El señor Lugo había adquirido en 1929 la hacienda en cuestión, por contrato de compraventa celebrado con Ignacio del Villar Villamil. El reclamo de los herederos ha hecho que surja por parte de los campesinos una justificación jurídica de su posesión y aprovechamiento de la tierra. Es esa una justificación jurídica alternativa, que nace de su conciencia de explotados, con la intuición de que tienen derecho a no serlo. Su defensa jurídica se opone a la juridicidad vigente. 

En San José Bojay los comuneros se dicen propietarios de las tierras, porque sus abuelos, sus padres y ellos siempre las han hecho producir. Alegan que los patrones jamás trabajaron esa tierra, ya que siempre la dieron «a medias», celebrando contratos de aparcería. Los herederos del hacendado reclaman sus tierras con la legalidad vigente. Alegan ser «legítimos herederos» de esas tierras, pues son hijos del antiguo propietario y tienen los «títulos» para hacer el reclamo.

¿DE QUIÉN ES LA TIERRA?

La juridicidad que nace de la concepción misma de la justicia, que fundamenta el derecho a la tierra en el trabajo de la misma de generación en generación, se antepone a la juridicidad del derecho vigente que fundamenta el derecho de propiedad en títulos, registro y derechos sucesorio: ¿»La tierra es del que la trabaja» o «la tierra es del heredero del que tenía un titulo de propiedad» aunque no la trabaje ni la conozca siquiera?

Los colonos de San José Bojay no sólo tienen un fundamento jurídico alternativo, nuevo, quizás base de un derecho futuro, para defender la posesión de la tierra que les da de comer; además organizan la tenencia, el uso y el aprovechamiento de una manera distinta. No están organizados de una manera individual, sino en un dominio de uso y comunitario. La tierra es de todos y de nadie. Los frutos de la misma se reparten de acuerdo al trabajo y a sus necesidades. Al organizar así la tenencia, el uso y el aprovechamiento de la tierra, están creando, prácticamente, un derecho nuevo. Un derecho alternativo al vigente.

La juridicidad de su organización es comunitaria, no individualista, sello característico de la juridicidad del sistema. Constituye por eso, propiamente, la fundamentación de un derecho nuevo. Entre ellos rige una juridicidad que ellos mismos han creado. Sus relaciones jurídicas respecto a los bienes han sido dadas por ellos mismos. Para el derecho vigente se trata simple y llanamente del delito de despojo, pero organizativamente la experiencia de San José Bojay es el embrión de un derecho futuro más justo. Gramsci nos recuerda que «existe algo de verdad en la opinión de que la costumbre debe preceder al derecho. En efecto, en las revoluciones contra Estados absolutos existían como costumbres y como aspiraciones una gran parte de lo que luego se transforma en derecho obligatorio»(2)

El derecho del pueblo se inscribe también como parte de su experiencia histórica de liberación. Y esa juridicidad popular nace de la memoria histórica, su sabiduría de la vida, y de un proyecto de sociedad futura, intuida por una praxis de justicia del propio pueblo.

J. Antonio de la Torre Rangel

(Originalmente, este texto fue enviado como carta a la redacción de Nexos. Reproducimos aquí una versión abreviada). 

NOTAS

(1) «Recopilación de Leyes de los Reinos de las Indias». Tomo Segundo. Quinta Edición. Madrid, 1841. pp. 230 y 220.

(2) Obras, tomo 1. «Notas sobre Maquiavelo, sobre Política y sobre el Estado Moderno». Juan Pablos Editor. México, 1975. p. 169.