Las sociedades abiertas están predicadas en la existencia de una esfera pública vigorosa y autónoma en la cual se discuten temas de interés general. Ahí confluyen ideas e intereses de la sociedad civil que moldean las opiniones sobre la cosa común. La prensa fue tradicionalmente el sitio privilegiado de ese intercambio. En las sociedades modernas la esfera pública está constituida principalmente por los medios masivos de comunicación. Sus funciones políticas son evidentes. Como afirma el filósofo Jürgen Habermas, una de las tareas históricas de la esfera pública fue monitorear al Estado. En el siglo XVIII las fuerzas que pugnaban en Inglaterra por influir en las decisiones de las autoridades apelaban a un público crítico para legitimar sus demandas. No es necesario concebir a la esfera pública como un bastión impoluto de la sociedad civil para comprender que para existir requiere de cierta autonomía del Estado. Cuando el gobierno monopoliza la publicidad, como durante el absolutismo, lo que existe es teatro político: una representación del poder ante sus súbditos; un desfile de coronación, la unción de un rey.


Ilustración: Belén García Monroy

En México parecería no existir una esfera pública vigorosa y autónoma. Sólo es necesario escuchar un rato la radio para descubrir que una gran parte de los anuncios pagados pertenecen a diferentes entidades estatales: el INE, el Senado, la Cámara de Diputados, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Seguro Social y un largo etcétera. Desde el “chécate, mídete, muévete”, hasta los inanes spots de los partidos políticos como “movimiento naranja”, el Estado usurpa la esfera pública. El gobierno financia una buena parte de la publicidad y patrocinios de las estaciones de radio. La dependencia económica tiene efectos perniciosos. Para comenzar, afecta críticamente su función política: la de servir como una arena donde se discuten temas de interés general. En principio las opiniones expresadas ahí deberían servir como una forma de influir al Estado, al articular visiones críticas de su actuar. En cambio, lo que ocurre es que el Estado-mecenas moldea subrepticiamente la opinión pública. Ya no es dueño del papel del que dependen los diarios, pero tiene ahora una chequera que le sirve de igual manera. El efecto corruptor difícilmente puede ser exagerado. Esta es una verdad consabida que, sin embargo, sólo adquiere sus justas dimensiones de escándalo cuando es expuesta en un diario global como The New York Times, como en el reciente artículo de Aziz Ahmed.1 Paradójicamente, son más libres —y mucho más legítimos— los medios estatales —como los canales 11 y 22— porque ahí es claro el papel del gobierno. No hay una mano oculta que premie y castigue a conveniencia y en consecuencia hay una mejor rendición de cuentas. Es por eso que comentaristas políticos que tienen programas en las televisoras públicas, en los que se expresan libremente, pueden en cambio ser censurados en la radio privada por exactamente las mismas opiniones. La dependencia económica de la publicidad estatal de muchos medios privados sirve como una espada de Damocles que burócratas y políticos blanden para amedrentar a los concesionarios. La capacidad de resistir depende de muchos factores: la servilidad de los concesionarios, su vulnerabilidad relativa al financiamiento estatal, los negocios en otras áreas que podrían verse afectados, etcétera. La historia es ya conocida: un locutor o comentarista se vuelve incómodo para el gobierno en turno y éste presiona al concesionario para sacarlo del aire. En el peculiar teatro kabuki de esta representación hay diversos entendidos. El concesionario jamás admite que ha sido presionado por el gobierno, aduce en cambio su libertad para establecer su propia línea editorial. Igualmente, son notables los esfuerzos de los personajes censurados para no antagonizar directamente a sus ex patrones, aun frente a la arbitrariedad manifiesta. Las razones son claras. Puesto que la mayoría experimenta la misma vulnerabilidad frente al poder público, todos cierran filas y la única esperanza de volver a trabajar en medios es evitar antagonizar a los concesionarios, que a menudo se presentan a sí mismos en privado como víctimas del gobierno. Los periodistas que antagonizan abiertamente a los concesionarios encontrarán cerradas las puertas de los medios. El caso de Carmen Aristegui es una prueba de ello. Que su espacio tuviera que migrar a internet es una consecuencia de las limitaciones estructurales de nuestra esfera pública.

Mientras que la propuesta de eliminar el financiamiento público de los partidos políticos es una idea demagógica, la reducción al mínimo del gasto en comunicación social de las dependencias públicas en medios masivos de comunicación no lo es. Un solo ente estatal de comunicación podría concentrar el gasto realmente necesario. Así lo ha entendido cabalmente la Suprema Corte al ordenar al Congreso promulgar la ley correspondiente en un plazo perentorio. Basta echar una mirada a las democracias consolidadas para ver que la presencia estatal en los medios masivos de comunicación es mínima. Los medios de baja rentabilidad —notablemente muchos de los impresos— usualmente tienen más dificultad para sobrevivir sólo de financiamiento privado. Sin embargo, la radio y la televisión, rentables por definición, deberían poder sobrevivir sin el dinero del gobierno que tiene un efecto probadamente corruptor. Es hora de terminar con la condición de ilegitimidad de nuestra esfera pública.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE. Autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.


1 Aziz Ahmed, “Using Billions in Government Cash”, The New York Times, 25 de diciembre de 2017.