Primer tiempo

Mentiría si dijera que me tocó vivir el México donde el gobierno tenía, sin excepción, la última palabra. Seguí por televisión el Informe Presidencial en el que, por primera vez, un partido de oposición —el Partido de la Revolución Democrática, en voz de Porfirio Muñoz Ledo— respondió al de Ernesto Zedillo en 1997. Mis padres tampoco gozaron de ese privilegio que sí tuvieron los suyos. Tres años después, atestigüé la derrota del PRI en las urnas en la elección presidencial, y con ello, el paso a la muy ansiada —quizá también idealizada— transición democrática. Todavía se alcanzan a escuchar voces nostálgicas del poder monolítico que personificaba el presidente en los años dorados del Partido Revolucionario Institucional, pero el país, aunque quisiera, ya no podría ser el de antes.

Ilustración: Raquel Moreno

Segundo tiempo

Pero casi 70 años en el poder bajo esa tónica autoritaria no pasaron en vano para nuestras instituciones. Me referiré a dos en especial: las de seguridad y justicia. No se me ocurre analogía más acertada que la de Ana Laura Magaloni1 para describir el estado en el que nos las heredó el viejo sistema: “un coche desvalijado de los años sesenta intentando transitar por una autopista alemana de principios del siglo XXI”.2 Además, en los años posteriores a la transición, disminuir los delitos y generar capacidades institucionales para ello no era una prioridad: por motivos que hasta el momento no pueden atribuirse más que a una buena racha, la incidencia delictiva en México registró un descenso pronunciado hasta 2007. Un indicador relevante es el del homicidio doloso, que creció explosivamente a más del doble en 20113 respecto a ese año a nivel nacional y no ha podido regresar los niveles de entonces. En este escenario le tocó circular a finales de la primera década de gobiernos de alternancia al vehículo anticuado que es nuestro aparato de seguridad y justicia.

Tercer tiempo

Si bien la debilidad estructural de estas instituciones afecta desde entonces a varios millones de mexicanos de diversos sectores sociales, no afecta a todos por igual; no en la crisis de seguridad actual. Se sabe ahora que las prisiones las habitan4 mayoritariamente quienes no pudieron pagar una defensa adecuada y que el homicidio afecta de manera especial a la población joven que apenas concluyó la educación primaria o que abandonó la secundaria. Esto no quiere decir, por supuesto, que los delitos que padece la población que no vive en situación de vulnerabilidad social sean menos importantes. Se trata de enfocar los recursos disponibles de manera inteligente para proteger la vida y la libertad, pero también de no limitar las oportunidades de desarrollo y de reinserción social de quienes han cometido delitos no violentos. Los beneficiarios, se puede suponer, seríamos los más.

Cuarto tiempo

Transparencia. Rendición de cuentas. Contrapesos al poder político. Estos tres conceptos —nuevos todos ellos para el sistema político en términos reales— fueron y han sido las demandas de un sector que abrió camino en la transición de 2000 y que dio la bienvenida de regreso al PRI en 2012 a un país que, aunque quisiera, no podría ser el de antes: la sociedad civil organizada. Las funciones de seguridad y la justicia no quedan fuera de estas exigencias, mucho menos ante los fracasos transexenales en estados como Guerrero, Tamaulipas o Michoacán. El partido que regresó al poder después de 12 años, por su parte, esconde su extrañeza por verse obligado a discutir lo público más allá de las esferas partidistas. En 2017, el año que podría desbancar a 2011 como el más violento, el presidente Enrique Peña Nieto se queja airada y públicamente de la crítica a las instituciones de seguridad.5

En un ejercicio de honestidad, no puedo decir que vea en el futuro un México donde el sistema de justicia se ponga como meta procurarla a los más vulnerables. Sí veo, sin embargo, y aquí la dosis de optimismo de esta reflexión, a una sociedad civil armada con argumentos técnicos —más sólidos incluso que sus contrapartes gubernamentales— que impulsa reformas legales, vigila y audita a sus gobernantes. Este grupo de mexicanas y mexicanos no es de los que renuncia a sus encomiendas o flaquea ante la presión. Son cada vez más, ellos, los encargados de que el país no vuelva a ser el de antes.

 

Lilian Chapa Koloffon
Especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito. Editora del blog Prevención y Castigo sobre política de seguridad en nexos.


1 Aunque Magaloni se refiere en este caso al sistema de justicia penal, el diagnóstico bien puede aplicarse también a las corporaciones policiales que forman parte de las instituciones de seguridad. Asimismo, los resultados del sistema de justicia se reflejan directamente en la situación de seguridad en las calles.

2 Magaloni, A. L. (2011), “Inercias autoritarias de la justicia penal mexicana”, nexos, disponible en: bit.ly/2hNLiiz

3 En tasas por cada 100 mil habitantes pasó de 9.34 en 1997 a 19.76 en 2011, datos de las procuradurías estatales publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4 Zepeda, Guillermo (2015), Seguimiento y evaluación de la implementación del NSJP en México, en: http://bit.ly/2AYYdlL

5 Ángel, Arturo (2017), “EPN dice que hay bullying hacia instituciones de seguridad, pero reconoce alza de violencia”, Animal Político, en: bit.ly/2moSSlm