Psiquiátricos

Cisel creía que todos sus amigos y su novio se habían suicidado colectivamente, se sentía sola y temía que algo terrible sucediera si se permitía dormir. Después de días de no saber qué le pasaba, en la unidad de hospitalización del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía determinaron que había tenido un brote psicótico. Estuvo ahí 10 días, entre pacientes que recuerda muy medicados, pero en un ambiente que muy pronto le permitió sentir que dejaba atrás la ansiedad. A Pedro lo subieron a una ambulancia para internarlo en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, pues su paranoia había llegado a unos excesos paralizantes que tenía a sus padres desesperados. Del otro lado de la ciudad, Alejandra estaba en un estado de manía que la hacía cocinar sin cesar, quería salir corriendo de su casa, y pasaba las noches en vela. Se había negado a firmar la forma de acceso en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero cuando su estado empezó a asustarla accedió a que su madre la llevara de nuevo.¹

Al momento de ser internados, los pacientes que llegan a los hospitales psiquiátricos presentan los síntomas más variados, pero lo que es común en todos los casos es el sentido de urgencia, lo que se interpreta como un estado de crisis y la amenaza de que pueda pasarles algo fatal si no se interviene. Incluso Isabel, que me cuenta que en dos ocasiones decidió llegar por sí misma al Instituto Nacional de Psiquiatría a internarse; lo hizo porque estaba muy deprimida y no se sentía bien físicamente: sufre de fibromialgia y miomatosis uterina desde pequeña, y una serie de eventos difíciles la llevaron a no poder levantarse por las mañanas.

Ilustraciones: Kathia Recio

La estancia en una de estas instituciones consiste en pasar el día entre terapias individuales y de grupo, viendo a especialistas que medican o ajustan dosis según el caso, y con tiempo para actividades recreativas. Hombres duermen de un lado y mujeres del otro. Antes de entrar todos los objetos que puedan ser usados para que los pacientes se hagan daño son confiscados. Por suerte, el tiempo de las batas blancas de hospital y los castigos con mangueras han quedado atrás, aunque las puertas siguen cerradas bajo llave e Isabel recuerda que, en su primera estancia, estuvo varias horas sin que la dejaran salir de su cuarto después de que una mujer que no quería estar ahí se violentara. Por lo demás, recuerda que el tiempo que estuvo en el hospital fue agradable. María, otra paciente del Instituto, cuenta que, con 16 años, era la más joven de los pacientes con los que convivió durante su estancia y que en el resto de sus compañeros encontró la solidaridad y el cariño que necesitaba para salir de la depresión que la había llevado a tratar de suicidarse. Como Alejandra, quien sigue recibiendo servicios de terapia ahí mismo que la ayudan a controlar su diagnóstico de bipolaridad y estuvo más de tres semanas hospitalizada.

El internamiento en el Instituto de Psiquiatría en principio consiste en 22 días de rigor que se pueden modificar según lo consideren los médicos. Lo que determina el tiempo inicial es que los medicamentos proporcionados hagan efecto. Aunque no exclusivamente: en las instancias privadas los tiempos pueden y suelen ser más largos. En el Psiquiátrico Lira y Serafín antes conocido como La Florida, por ejemplo, lo recomendable para un internamiento de mediana estancia (es decir, cualquiera de más de 72 horas) son por lo menos tres meses, que en algunos casos pueden extenderse hasta los tres años de vivir en las instalaciones.

La idea del internamiento es lograr que el paciente se estabilice, que el momento crítico cese y se pueda determinar el mejor camino a seguir. Sin embargo, cualquiera que haya vivido cerca de personas que tienen mundos emocionales y mentales complejos, sabe que éstos se viven diariamente y que los periodos de crisis nunca son tan discernibles como uno quisiera. Una pregunta recurrente de los familiares a los doctores de sus seres queridos es en dónde dibujar la línea de la gravedad. Si amenaza con suicidarse, ¿hay que tomarlo en serio? ¿Cuál es el foco rojo que determina que hay que llevarlo al hospital? Y mientras tanto, ¿qué se hace? “¿Cómo la vigilo todo el día si tengo que salir a trabajar?”, me preguntó la hermana de una paciente con esquizofrenia en un grupo de apoyo para familiares de individuos con diagnósticos psiquiátricos.

Actualmente, lo que definimos como “enfermedades mentales” tiene una explicación multicausal. La genética, el ambiente y el modo de vida influyen en que las personas desarrollen formas de sentir, pensar y reaccionar que son consideradas patológicas. Pero la investigación psiquiátrica basada en el modelo médico todavía no puede explicar con certeza por qué una persona tiene un diagnóstico y no otro, incluso cuando los síntomas coinciden. Tampoco es claro aún el rol que juegan las variables sociales, de clase y género que se identifican en las estadísticas sobre la salud mental. Por ejemplo, según los datos proporcionados por investigaciones psiquiátricas sabemos que la depresión y la bipolaridad afectan a más mujeres que a hombres pero que los hombres se suicidan más: en Estados Unidos la población hispana y afroamericana es aparentemente más propensa a ser diagnosticada con esquizofrenia y hay una altísima probabilidad de que los pacientes con problemas de salud mental acaben en situación de calle o en la cárcel. Todas estas variables difícilmente pueden ser controladas con medicamentos, los cuales se han establecido como la vía principal hacia la recuperación a pesar de haber sido el foco de críticas elaboradas y constantes desde los años sesenta, incluso por parte de ciertos sectores de la psiquiatría.

En todo caso, la salud mental en términos genéricos sin duda tiene un lugar cada vez más prominente entre los servicios que se asume que se han de garantizar a las sociedades. En 2013 la Organización Mundial de la Salud lanzó un plan de acción para incrementar el acceso y calidad a los servicios de salud mental en el mundo y el Banco Mundial se sumó a la iniciativa el año pasado con el argumento de las pérdidas económicas que significan estas enfermedades. Según sus datos, la depresión es la primera causa de incapacidad en el mundo y afecta aproximadamente a 350 millones de personas que podrían estar siendo productivas. Campañas políticas a lo largo de todo el mundo empiezan a integrar el tema como parte de sus prioridades.

México ha suscrito estos planes, pero el presupuesto destinado a los servicios de salud —que representó 2.89% del PIB (77 mil 845 mdp) en 2016— invierte solamente 2% en servicios de salud mental. A su vez, 80% de esta cantidad es destinada a los hospitales psiquiátricos. Ello significa no sólo que éstos en realidad cuentan con un presupuesto que no es suficiente para atender a los pacientes (resultando en sólo 0.14 camas para consumidores de servicios psiquiátricos por cada 100 mil habitantes), sino, lo que es más grave, que nuestros servicios de salud mental están concentrados fundamentalmente en resolver crisis más que en prevenirlas, y en hacerlo sólo con aquellos que llegan a las instancias especializadas. Los dos primeros niveles de salud ofrecen muy pocos servicios para cuestiones relacionadas con la salud mental y los hospitales no son suficientes ni están en todas partes, como tampoco los profesionales. En el país existen 46 hospitales psiquiátricos y sólo 13 hospitales generales cuentan con unidades de internamiento psiquiátrico. Los estados de Tlaxcala, Zacatecas, Baja California Sur, Colima y Querétaro tenían únicamente 62 psiquiatras en 2016, mientras que Ciudad de México y Jalisco concentraban al 53% de los profesionales según un estudio publicado en la revista Salud Mental en marzo del año pasado. Las desigualdades geográficas, pues, son dramáticas.

Por otro lado, en términos de las concepciones que tiene nuestro Estado sobre la enfermedad mental, lo anterior implica que la primera apuesta para lidiar con lo que se consideran problemas psiquiátricos/emocionales/mentales/de conducta, sigue siendo la institucionalización. Aislar a los enfermos cuando parecen amenazantes para sí mismos o para los demás y pretender estabilizarlos en un plazo de tiempo indeterminado y sin considerar su reinserción en la cotidianidad más allá de que “estén bajo control”. Aun si en el hospital podían disfrutar de los jardines, tener visitas frecuentes y actividades que llenaran sus horas, ¿cómo regresar a la vida corriente después de haber abandonado las actividades comunes durante periodos tan largos y bajo esquemas de tratamiento tan rigurosos? “Tenía tanto miedo de salir como lo tuve al entrar”, es una reflexión común entre aquellos que han estado internados.

En el psiquiátrico privado Lira y Serafín, que se pensaría que está en posibilidades de garantizar mejores programas de planificación del alta hospitalaria, dado que cobra 30 mil pesos al mes, no fue sino hasta hace unos meses que empezó a experimentar con conseguirle empleo a algunos de sus pacientes como parte del tratamiento. Eduardo Sandoval, un joven psicólogo que trabaja en la clínica, fue el que impulsó el proyecto y se encargaba personalmente de llevar y traer a dos de sus pacientes al Metro Universidad para que fueran a trabajar un par de veces por semana a las salas del Museo Anahuacalli. El día que me lo contó por casualidad yo había visitado el museo esa misma mañana y en el camino de regreso pensaba en lo curioso que debía ser pasar los días en silencio en esa falsa pirámide al sur de Ciudad de México. Para estos pacientes ha significado volver a participar de un mundo que puede ser aterrador, pero que por lo menos está fuera de las paredes de un hospital.

 

María C. es madre de un joven diagnosticado con trastorno de personalidad limítrofe. Su historia es la de muchos cuidadores: una permanente búsqueda por entender qué pasaba con su hijo acudiendo a psicólogos, neurólogos y “hasta masajistas”; el sentir constantemente que no existe suficiente información sobre los padecimientos ni formas fáciles de acceder a ella y, sobre todo, de encontrarse sola en el trayecto de entender y lidiar con lo que le pasaba a su hijo adolescente. El miedo al estigma y a la discriminación que sigue deteniendo a los pacientes a buscar ayuda afecta también a sus familias, quienes pueden vivir entre la negación y el heroísmo doméstico durante décadas sin contarle a nadie que sus hijos, padres o parejas alucinan, tienen ataques de ira, se deprimen durante semanas, o manifiestan cualquiera de las características que históricamente hemos decidido que están fuera de la normalidad del comportamiento.

“A mí el sistema no me ha acompañado”, me contó. Su hijo ha hecho uso de servicios privados durante mucho tiempo e incluso así el camino ha sido difícil. En México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, los seguros no cubren la asistencia psicológica a no ser que ésta sea resultado de un evento que haya atentado contra la salud física. Y “si se pretende hacer uso de los servicios públicos a veces toma meses que te reciban, depende del espacio y muchas veces no hay medicamentos”, dice María. Y los medicamentos además se cobran aparte, según me corroboró después Isabel. Por otro lado, el Fray Bernardino es el único hospital que recibe a los pacientes en absoluta situación de crisis —tanto, que no es necesario que los pacientes que llegan firmen formas de consentimiento—, y cuando se alcanza el límite de estancia la salida para muchos pacientes de la ciudad que pueden pagarlo ha sido el Lira y Serafín, en donde estuvo el hijo de María.

Compartir sus experiencias en grupos Al-Anon —una red mundial de apoyo a familiares de alcohólicos—, hizo a María C. sentirse acompañada. Más tarde se enteró del trabajo de la organización Voz Pro Salud Mental y tomó los cursos que ofrece para familiares de individuos con diagnósticos psiquiátricos. Éstos se basan en el currículum de la National Alliance on Mental Illness, una organización de base con presencia en todo Estados Unidos que se dedica a ofrecer grupos de apoyo, cursos y referencias de servicios asociados al cuidado de la salud mental a sus consumidores y familiares, y que llegó a México hace 15 años. Desde que tomó uno de sus cursos, María se ha involucrado cada vez más en las actividades de Voz Pro Salud Mental, enseñando lo aprendido a otros familiares y facilitando grupos de apoyo.

Cuando platiqué con ella y con la doctora María Luisa Rascón, profesional del Instituto de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente y miembro de la organización Voz, ambas insistieron en el trabajo “solitario y secreto” que para las familias es el cuidado de sus seres queridos con problemas de salud mental. Esto resulta en una responsabilidad enorme depositada en los familiares, pero también afecta a los individuos con los padecimientos. Es común que los primeros llamen a la policía cuando no saben qué hacer si su ser querido se violenta; por ejemplo, una situación que es particularmente recurrente entre los familiares de aquellos que sufren de diagnósticos duales (la combinación entre un diagnóstico psiquiátrico y el abuso de sustancias) y que no cuentan con recursos para inscribirlos en algún programa privado, según historias que han escuchado ambas. Los policías, pocas veces entrenados para lidiar con estas situaciones, en ocasiones fuerzan a los individuos a los llamados Anexos, me dice María, que son lugares coercitivos y llenos de maltratos. También existen los casos de familiares que sencillamente no quieren ser responsables de sus pacientes y los institucionalizan sin más.

No ha de extrañarnos que el proceso para lidiar con los pacientes psiquiátricos en México se preste a abusos cuando se considera el estado de los derechos de las personas con discapacidad en general. En 2013 la Suprema Corte de Justicia reconoció que el estado de “interdicción” (cuando se declara que alguien es incapaz de gobernarse a sí mismo y administrar sus bienes, por lo que debe someterse a un tutor) es inconstitucional. Además, viola el artículo XII de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU que garantiza que los individuos con discapacidad tengan pleno reconocimiento de su persona jurídica. Pese a esto, según demuestra un reporte publicado por el Centro Estratégico de Impacto Social A.C. en 2014, en México el estado de interdicción no fue erradicado del todo y siguen existiendo leyes que limitan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en donde entra la llamada “discapacidad psicosocial”. Ello, además de los términos que usan los códigos civiles de algunos estados, y que también denuncia el reporte: “dementes”, “idiotas”, “mayores de edad privados de su inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad”, son algunas de las formas en las que nuestras leyes entienden a estas personas.

En cuanto a los servicios que se deben proveer a las personas que sufren de problemas de salud mental en México, la Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014 es el documento jurídico que proporciona los criterios de operación y organización de las actividades de los servicios hospitalarios médico-psiquiátricos.

Los problemas con ella en cuanto a su contenido, explica Andrés Aguinaco, socio fundador del CEIS, son prácticamente todos: “Para empezar, las personas con discapacidad no tienen acceso a un juez, no cuentan con el debido proceso, formalidades esenciales del procedimiento, derecho de audiencia, y cualesquiera otros derechos establecidos en prácticamente todos los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos. Es uno de los grandes vacíos del derecho mexicano y una de las violaciones sistemáticas de derechos humanos más comúnmente aceptada en el país”.

Su insistencia con respecto a los derechos humanos no es en vano. Hay incontables casos de usuarios que se han enfrentado al internamiento involuntario cuando se trata de recibir servicios de salud mental en México. Esto no sucede en todas las instituciones, pero sí en muchas de ellas y la Norma lo permite. “Claramente la NOM se basa en la idea de que el internamiento involuntario es un tema de medicina y no de derechos o de valores, lo cual viola casi todos los artículos de la CDPD”, dice Aguinaco.

 

A mediados del siglo pasado tuvo lugar un proceso de “desinstitucionalización” en los tratamientos de salud mental de varios países con consecuencias que hoy siguen dividiendo las opiniones de consumidores, familiares y profesionales. Éste difirió de país a país pero consistió en un cierre sistemático de los hospitales psiquiátricos, con la idea de sustituirlos por servicios comunitarios que fueran menos agresivos. El contexto de estas reformas era el de esa época que se ha quedado en el imaginario popular sobre estos hospitales: la del encierro indefinido, las camisas de fuerza, los chorros de agua para tranquilizar a los pacientes, la terapia de choque con insulina y las lobotomías. La famosa terapia electroconvulsiva se sigue usando todavía hoy en muchas clínicas y hospitales y, aunque el modo de aplicarla y sus efectos secundarios han cambiado, sigue siendo motivo de acaloradas polémicas.

Estados Unidos, Francia, Inglaterra e Italia fueron los protagonistas de este proceso. El último quizás sea el más recordado por la fama que adquirió uno de sus voceros: el psiquiatra Franco Basaglia y su experimento en Gorizia durante la década de los sesenta. Psiquiatras y voluntarios de todo el mundo iban a conocer la comunidad terapéutica que estableció el psiquiatra en el manicomio que se encontraba en la frontera con la entonces Yugoslavia. Influido por las experiencias de otros países, en particular por el trabajo de los llamados “antipsiquiatras” R.D. Laing y David Cooper, entre otras fuentes teóricas como Franz Fanon o Michel Foucault, Basaglia creía que los hospitales psiquiátricos de la época sólo exacerbaban las patologías de comportamiento de los pacientes. En Gorizia y más tarde en los hospitales de otras ciudades italianas, el psiquiatra estableció un sistema que otorgaba mejor cuidado y libertad a los pacientes: ya no eran golpeados ni se les imponían tratamientos, se reunían en asambleas para discutir el manejo del hospital, las enfermeras y doctores abandonaron sus uniformes en aras de la igualdad entre todos los que pasaban los días en el hospital y había pacientes que incluso podían salir a pasear o a visitar a sus familiares. Desde el principio, y entre críticas, Basaglia abogó no sólo por reformar los hospitales, sino por cerrarlos completamente. Años después se aprobó una ley que prohibía la construcción de nuevos hospitales psiquiátricos en Italia e instaba a que los pacientes fueran tratados en servicios descentralizados y solamente si esto era por su voluntad.

Pero el caso más discutido actualmente es el estadunidense, pues se le ha dado seguimiento a lo largo de los años con diversas estadísticas. Éste trata del último acto legislativo de John F. Kennedy: el Community Mental Health Act de 1963 que otorgaba financiamiento federal a la construcción de centros de salud mental en las comunidades. El propósito era que éstos atendieran regularmente a los pacientes y les permitieran vivir en sus casas para así sustituir finalmente a los hospitales psiquiátricos que en la experiencia de Kennedy hacían cosas terribles: su hermana mayor Rosemary Kennedy pasó por una lobotomía en 1941 que la dejó incapacitada permanentemente.

Sin embargo, las condiciones para tratar a todos los pacientes que dejaron los hospitales no fueron desarrolladas lo suficiente, miles de ellos acabaron en las calles o en el sistema penitenciario. Para 1988 se volvió a incrementar el número de hospitales psiquiátricos, de 150 que había en 1970 a más de 400. El desencanto con el cuidado comunitario actualmente es tal, que el estado de Nueva York, por ejemplo, está discutiendo la posibilidad de hacer permanente la Ley de Kendra, una ley que permite que jueces determinen que aquellos individuos que representan “una amenaza para sí mismos o para los demás” sean obligados a someterse a tratamiento psiquiátrico. Por otro lado, el mismo estado permite el internamiento involuntario toda vez que dos médicos garanticen que una persona que sufre de alguna enfermedad mental y la hospitalización se considera esencial para su bienestar y el de quienes lo rodean.

Pese a esto, la búsqueda por ampliar los cuidados comunitarios en el mundo no ha cesado, y cada vez son más recurrentes los servicios que tienen este enfoque y sus formas alternativas de proceder. En general, la vocación que comparten es respetar la autonomía de los pacientes, evitar aislarlos y permitirles llevar una vida completa sin importar su padecimiento. Van desde la existencia de seguros que cubren movilidad, consultas y medicamentos, hasta casas-club que proveen redes y actividades para los consumidores. Incluso existen sitios de citas por internet especializados en estos diagnósticos. Un programa piloto implementado recientemente en las ciudades de Londres y Nueva York ha creado “respite centers”, casas que reciben a pacientes psiquiátricos durante una semana bajo la única condición de que cocinen y cenen todos juntos. No hay psicólogos ni psiquiatras involucrados, sólo consumidores que han sido previamente educados para poder facilitarles a sus colegas un espacio seguro y de reafirmación.

Finalmente, también hay casos de éxito en algunos espacios que han rechazado abiertamente no sólo los servicios psiquiátricos convencionales, sino los diagnósticos y medicinas para experimentar en su lugar con grupos de apoyo. Es el caso del movimiento “Hearing Voices” para personas que escuchan voces —que manifiestan lo que se han denominado “alucinaciones auditivas”— que tiene presencia en diversos lugares del mundo. Cuando fui a una sesión informativa de uno de estos grupos en una biblioteca pública de Manhattan, los asistentes me decían que la idea de reunirse era encontrar otras formas de manejar las conversaciones que voces hostiles tienen en sus cabezas. “Después de aguantar los ataques de mis propias voces y vivir preocupado porque me controlaran, decidí asumirlas y ridiculizarlas. Hoy he logrado interrumpir ese patrón de negatividad con mucho trabajo”, contaba Sam al resto de los integrantes del grupo. Más allá de preocuparse por el diagnóstico y la medicina más efectiva (o con menos efectos secundarios), lo que estas personas buscan es simplemente integrar a su vida cotidiana síntomas que en apariencia son incapacitantes y despiertan dolorosos prejuicios en su contra. Publicaciones como Mad in America o Asylum han acompañado el debate de tratamientos alternativos integrando entre sus páginas a teóricos, consumidores y periodistas por igual.

 

Después de dirigir el albergue Stimul en Morelos, el cual contaba con apoyos privados y del DIF, Emma González decidió que la institucionalización de personas con discapacidad intelectual o psicosocial hacía más daño que bien. En su tiempo ahí buscó hacer una serie de intervenciones que combatieran la homologación de los pacientes y las lógicas de sumisión bajo las que éstos se encontraban, pero se dio cuenta de que el modelo es difícil de cambiar porque cruza lo mismo a los profesionales que a los familiares y a los propios pacientes en situación de internamiento. A pesar de que se trataba de un lugar paradisiaco, de cinco hectáreas en medio del bosque, Emma lo describe como un atiborrado espacio “de simulación”, que gastaba más en el cuidado de la alberca que en la comida. Frente a ello, buscó involucrar a los familiares de algunos de los pacientes para ejercer presión dentro del albergue y notó que esto ayudaba a controlar los abusos.

Junto con otras dos psicólogas y la ayuda de la Clínica Jurídica de la carrera de derecho de la UNAM, se les propuso a los familiares de estos pacientes un modelo de vivienda diferente y al albergue lo sustituyó Open Habitat A.C. que tiene la idea de implementar un sistema de apoyo que poco a poco logre la desinstitucionalización y, además, informe a la sociedad sobre los problemas asociados a los internamientos forzosos. A su vez, Emma emprendió un proyecto aún más ambicioso: ayudar a cinco de los internos del albergue de Cuernavaca a crear su propia organización —de nombre Entropía— quedando formalmente en el acta constitutiva de la misma y desafiando así la idea de que estos individuos no pueden tener voz en los servicios que reciben. El notario al que buscaron para hacerlo se negó a las peticiones que se le hicieron de no sujetar a escrutinio a los individuos interesados en crear la organización, que permitiera que una persona apoyara en la traducción de todos los términos legales y que se realizara una versión de lectura fácil del acta constitutiva para que los interesados supieran qué estaban firmando. El notario se negó y hoy existe un juicio de amparo a la Ley Notarial por el caso de Entropía que ya llegó a la Corte con el ministro Zaldívar y será actualizado próximamente. Por fortuna, Emma y sus colaboradores se han dedicado a documentar todo esto con la intención de problematizar el rol de los albergues y la lógica detrás de ellos. “Una de las personas que estaba en el albergue llegó a un hospital general en Morelos con un problema de convulsión y sólo por el hecho de decir que tenía esquizofrenia la sujetaron”, me cuenta.

Pese a la serie de cosas que no aún no están resueltas en cómo se entiende a los individuos con discapacidad intelectual y psicosocial, en México en principio sí existe la conciencia de que las redes comunitarias son el camino a seguir para su tratamiento. Tanto la Norma de 2014, como el Programa de Acción Específico Salud Mental 2013-2018: Modelo Miguel Hidalgo (PAE) instan a que existan tratamientos psiquiátricos con bases comunitarias, que permitan “la reinserción social de la persona que vive afectada por algún trastorno mental o del comportamiento al medio al que pertenece” y que el énfasis esté en la prevención. Asimismo, el PAE tiene como objetivo fundamental procurar que haya menos hospitalización y que, de requerirse la misma, entonces se haga en hospitales generales; aunque su meta para el final del sexenio es que (solamente) el 30% de los hospitales generales del sistema nacional de salud cuenten con al menos una cama para estos fines.

Por otro lado, tanto la Norma como el PAE hablan de promover la “integración psicosocial” de los pacientes mediante hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos. Para 2012 se habían establecido Villas de Transición Hospitalaria en Estado de México, Jalisco, Tamaulipas, Hidalgo, Durango y Oaxaca. Desde entonces los medios de comunicación sólo dan cuenta de una más en el estado de Yucatán. “El CISAME (Centro Integral de Salud Mental) del D.F., que pretendía ser un ejemplo en este sentido, hoy funge como unidad de internamiento”, me explica la doctora Rascón con respecto a uno de los centros que el PAE propone que actúen como mediadores entre las sociedades y los servicios especializados. “La mayoría de los servicios que ofrecen atención de salud mental cercanos a la comunidad siguen siendo privados”. Es el caso de Guadalajara Clubhouse, o de la Comunidad Terapéutica Casa Azul en Ciudad de México, por ejemplo.

Algunos ejemplos de servicios de prevención y referencialización vinculados a la UNAM y al gobierno de Ciudad de México existen en la capital. El Centro Comunitario Julián MacGregor y Sánchez Navarro, que es uno de los tres centros comunitarios de la universidad que ofrece atención a la salud mental está ubicado en una casa vieja en la colonia Adolfo Ruiz Cortines. Ahí, pasantes de la carrera de psicología dan talleres y consultas a personas de escasos recursos que están dispuestas a viajar desde el Estado de México por una hora de terapia. Como es previsible, éste no se da abasto. Se ve obligado a cerrar en tiempo de vacaciones y en diciembre. Cuando lo visité el encargado de la recepción me dijo que no aceptarían solicitudes para el tratamiento de niños sino hasta abril. Para los estudiantes de psicología esta es una experiencia frustrante, pues no pueden profundizar con los pacientes ni tienen cómo recibir a personas en crisis.

Las alternativas que existen para tratar síntomas de una salud mental “afectada”, que no requieran ir al hospital psiquiátrico, tienen en común la idea de mantener a los pacientes en la comunidad y procurarles una vida productiva. El mundo está viendo un regreso hacia los servicios comunitarios asumiendo que quienes han sido diagnosticados con enfermedades psiquiátricas deben tener un lugar en nuestras sociedades. Sin embargo, no hay que ignorar la contradicción que existe entre pretender cuidar mediante lógicas comunitarias y mantenerse en el paradigma epistemológico que indica que hay que tratar a estos individuos, sobre todo, con medicinas psiquiátricas. El PAE, por ejemplo, espera que el incremento de recursos destinados a la salud mental se refleje en el abasto de medicinas, también propone que los médicos generales en los centros de salud de nivel primario puedan medicar una vez que el paciente en cuestión haya obtenido la contrarreferencia de un profesional en alguna de las instituciones especializadas. Lo complicado es que el paciente probablemente necesite acudir a alguno de los centros urbanos del país —y sólo hay un par— para el correcto tratamiento de su “padecimiento”.

Como un último matiz a considerar, el cuidado comunitario no siempre es sinónimo de mejor cuidado. Como ha llamado la atención Phillip Thomas, un psiquiatra dedicado a la promoción de estos servicios y conocido por su labor psiquiátrica comunitaria en Bradford, Inglaterra, las comunidades sufren de vicios intrínsecos que el Estado haría bien en vigilar. En México el problema más evidente quizás sea que el ámbito del cuidado sigue siendo primordialmente femenino, lo cual es evidente en las consultas médicas, los grupos de apoyo y las clases que tocan estos temas. En las partes dedicadas a las acciones preventivas, la Norma de 2014 insta a que los familiares se eduquen con respecto a las características del padecimiento psiquiátrico de sus seres queridos, que participen de los tratamientos y de los procesos de rehabilitación disponibles. Y en todos los casos insiste en que no sólo sean las mujeres las que se involucren en esto.

El problema de cómo darle un lugar y cuidar a la variedad de mundos mentales y emocionales que existe en nuestras sociedades no tiene resolución fácil. ¿Cómo hacerlo sin separar y excluir? ¿Cómo proteger bajo preceptos lo suficientemente estables que eviten los abusos permitidos por la diferencia?

Y no menos importante: ¿cuáles son las palabras para referirse a la diferencia? Al entrevistar y transcribir los testimonios que usuarios, familiares y profesionales me permitieron recolectar para pensar en este tema, el reto a enfrentar todo el tiempo era el de no adjetivar estas “condiciones” y a quienes las padecen. Efectivamente, me sentía en la necesidad de entrecomillar todas las categorías con las que yo hacía las preguntas y traducía lo contado, pues un simple vistazo a la historia de la psiquiatría, y a los testimonios personales, da cuenta de lo problemáticas y cambiantes que son éstas. Denominar a los consumidores de estos servicios “enfermos”, “presas de enfermedades”, “incapaces” o sencillamente “distintos”, se asocia a definir, pero también a controlar. Y el encierro ha sido la respuesta natural para esta lógica. En México estamos llegando tarde a pensar y a tratar el sufrimiento, la angustia y sus manifestaciones. Si ya llegamos tarde, lleguemos mejor.

Bibliografía

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Shorter, Edward, History of psychiatry: From the era of the asylum to the age of prozac, John Whiley and Sons (1997).

 

Ana Sofía Rodríguez
Historiadora y editora de nexos en línea.

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¹ Los nombres de los pacientes que compartieron sus testimonios conmigo han sido cambiados. Les agradezco la confianza y apertura.