Las muertes violentas no son sólo las que acontecen por guerra y homicidio. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), éstas también incluyen al suicidio. De hecho, desde hace varias décadas el suicidio representa casi la mitad de este tipo de muertes en el mundo, por lo cual en 1996 se le declaró como un problema de salud pública global. En el año 2000 se registraron casi un millón de suicidios anuales y se estima que para el año 2020 la cifra alcanzará un millón y medio. En 2014 el suicidio ocupó el lugar 13 en las causas de muerte en el planeta, y en muchos países es la primera causa de muerte —o está entre las tres primeras— de la población de ambos sexos que tiene entre 15 y 34 años de edad (OMS, 2014).

Para empezar a pensar en la magnitud de este problema hay que considerar varios factores. Lo primero: que las estadísticas oficiales sobre el suicidio registran en mucho menor porcentaje los casos de los que ocurren en realidad. Por diversas causas las tasas reales se subestiman entre 30% y 200% según el país en cuestión; éstas son, por ejemplo, el estigma negativo asociado al suicidio que en algunos casos conduce a su encubrimiento, las deficiencias de formatos en el levantamiento de información sobre muertes y los dictámenes forenses. Por otro lado, los estudiosos del tema calculan que por cada suicidio consumado existen en promedio 10 tentativas fallidas, dato que tampoco se registra (De Leo, 2015; Diekstra, 1993). Decenas de familiares y amigos resultan afectados por cada muerte que ocurre por suicidio. Y, finalmente, no podemos omitir que los costos económicos de este tipo de eventos se suman en billones de dólares al año, considerando el pago de hospitalizaciones, funerales, atención clínica diversa a los sobrevivientes, entre otras cosas.

Hay entre 10 y 20 millones de personas con tentativas de suicidio o con ideación suicida, que están fuera del campo de visibilidad de las instituciones de salud y judiciales, por lo cual no se tienen registros oficiales ni aproximados.


Ilustraciones: Kathia Recio

 

El aumento de las muertes por homicidio en México, en particular durante la última década, ha sido ampliamente comentado. Sin embargo, la prevalencia del suicidio en nuestro país no es menos alarmante. Aunque la tasa de suicidio en México es considerada como relativamente baja (5.3 casos por cada 100 mil habitantes)1 en relación con el promedio mundial (11.4) y el de otros países, se ha registrado un incremento constante en los últimos 20 años. En el Informe de Salud 2001 la OMS reportó los resultados de un estudio en el cual analizó la variación y aceleración de la incidencia de suicidio consumado en intervalos de tiempo específicos, y en ciertos grupos de edad, en países con más de 100 millones de habitantes. En este estudio México obtuvo el primer lugar del mundo en el nivel de crecimiento o aceleración de suicidios (61.9%), seguido por India (54%), Brasil (13.2%) y la Federación Rusa (5.3%). Si bien este crecimiento se refiere al suicidio en general, en México es claro un incremento alarmante en las cifras que atañen a niños de entre 10 y 14 años y a jóvenes de 15 a 24 años —grupo etario en el cual el suicidio actualmente es la segunda causa de muerte en mujeres y la tercera en varones (INEGI, 2016)—. Cabe indicar que los accidentes automovilísticos ocupan el primer lugar de mortalidad en ambos sexos, y en los varones la segunda causa de muerte son los homicidios.

Hasta 1980 el suicidio en México no había presentado números considerados como preocupantes para los organismos nacionales e internacionales, pero en el año 2001 la OMS advirtió el crecimiento y lo determinó como un problema de salud pública nacional. Cabe aclarar que para identificar a un problema de salud pública se consideran tres factores: un elevado número de casos (como es el del suicidio global), un posible impacto infeccioso, o el nivel de crecimiento o la aceleración del problema. El caso de México es el último.

En nuestro país —al igual que en muchos otros— el grupo de mayor riesgo suicida hace apenas dos o tres décadas correspondía a los adultos mayores de 65 años. Sin embargo, y siendo el suicidio un fenómeno multicausal y por lo tanto dinámico, sus características epidemiológicas se han ido modificando. Tanto en su dimensión global como específica, los grupos de edad de mayor frecuencia suicida han cambiado, lo mismo que las zonas o los países prevalecientes, entre otros muchos aspectos.

En tan sólo 20 años es posible observar cómo ha cambiado el fenómeno del suicidio en el país, así como su manifestación en varios aspectos de la vida cotidiana, familiar y laboral. Estos cambios se ven en las características sociodemográficas de los occisos, los datos con respecto a su estado civil, las razones expresadas por ellos en sus notas póstumas y en los relatos de sus familiares o conocidos. Por ejemplo, si antes el suicidio se presentaba con mayor porcentaje entre solteros, actualmente se muestra más en personas casadas o que viven en unión libre (INEGI, 2016). Otra diferencia la podemos encontrar en relación a las entidades federativas con mayor tasa de suicidios. En el año 2010 los estados más afectados fueron (en orden descendente): Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Baja California Sur. Y en el año 2015: Campeche, Aguascalientes, Chihuahua, Yucatán y Sonora.

El cuadro muestra una comparación de los suicidios consumados en México entre 1980 a 2015 (según registros del INEGI).

Como puede observarse en la tabla, el número de casos de suicidios consumados en el periodo que va de 1995 a 2015 se duplicó, lo cual explica el lugar que éste ocupa en la lista de mortalidad en México: pasando del número 30 al 14. También es claro el rápido ascenso de lugar en la lista de mortalidad para el grupo de edad de 15 a 24 años. Por último, antes no se registraban suicidios en menores de 14 años, mientras que en 2015 se determinó como la quinta causa de muerte de este grupo demográfico.

 

El comportamiento suicida —que incluye tanto el suicidio consumado como la ideación, las declaraciones verbales y las tentativas— ha mostrado un aumento exponencial a lo largo del tiempo. Sin embargo, la investigación científica al respecto no se centra en el recuento de defunciones, pues se asume que este fenómeno tiene que ver con un complejo entramado de causas. A la fecha se cuenta con un repertorio amplio de investigaciones que revelan y resaltan una combinación de factores de riesgo que incluyen a la pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, los problemas legales, una historia familiar de suicidios, abuso de alcohol y otras drogas, el maltrato infantil, los desórdenes mentales y las enfermedades terminales, entre otros.

No obstante, varios estudios, autores y profesionales (así como legos) confunden factores que son precipitantes —es decir, circunstanciales o ligados a acontecimientos anteriores al acto suicida, como puede ser la pérdida de una relación amorosa o de un empleo— con las causales estructurales ancladas en la historia personal (etiológica) de la conducta autodestructiva. La investigación sobre el suicidio ha mostrado que este acto difícilmente es un gesto espontáneo o impulsivo, sino que no está desvinculado de la realidad histórica y multifactorial del sujeto.

Si bien hoy se cuenta con elementos teóricos para la mejor comprensión y atención de este problema —y considerando los valiosos resultados de cientos de estudios internacionales y nacionales—, todavía es justo decir que: a) existe un vacío importante de conocimientos en la suicidología, b) que la habilidad para la predicción del riesgo suicida no ha mejorado mucho en 50 años de investigación, c) que en general se sigue fracasando en la capacidad práctica para la detección, prevención y atención integral del suicidio (Franklin et al., 2016; Hawgood y De Leo, 2016) y d) que hay una enorme distancia y, a veces, una contradicción entre los enfoques, metodologías, epistemologías de los diversos profesionales involucrados en el estudio y los dispositivos y prácticas de atención del comportamiento suicida. Por ejemplo, el favorecer más un enfoque psiquiátrico que uno psicodinámico, sistémico-familiar y de comprensión macrocontextual.

Con todos los cambios tecnológicos masificados universalmente a finales del milenio pasado, los cambios en las pautas de convivencia cotidiana y en la estructura de los grandes pilares tradicionales de la vida social (familia, educación, religión, Estado), es necesario modificar el enfoque y cambiar el paradigma sobre la forma de conceptualizar la conducta suicida. Sobre todo considerando que México es una sociedad en transición y que, por tanto, son necesarios los dispositivos para la adecuada contención de sus diversos miembros con redes de apoyo social. Lo mismo sucede en el caso de las estrategias para la prevención del suicidio tanto en lo general como en la atención a los grupos vulnerables o a la persona que tiene un historial previo de ideación o tentativas suicidas.

En México estos grupos vulnerables son los indígenas, los migrantes, los infantes en situación de calle, pero también los prisioneros y dependientes de drogas y alcohol presentan extrema dificultad para recibir la atención psicológica, médica, social y familiar adecuadas.

 

Según estadísticas de la OMS, en el año 2012 la tasa de homicidios a nivel global fue de 6.7, mientras que en México fue de 22.0. Aquí se muestran dos mapas según los recientes reportes de la OMS con información sobre las muertes por suicidio y homicidio en el mundo, publicados en 2014. Podemos observar que México se localiza todavía entre los países con una baja tasa de suicidios, pero entre los más altos en homicidios, a diferencia de otros como Francia, Japón o Estados Unidos, que presentan un alto porcentaje de suicidios y muy bajo de homicidios (ver figuras 1 y 2).


Según las investigaciones, el incremento de la violencia, del consumo y abuso de alcohol y drogas, del desempleo, de la pobreza y de la exposición a los actos violentos es una tendencia, en el mundo real y en el virtual. Uno de cada cuatro adultos reporta haber vivido maltrato físico en la infancia, una de cada cinco mujeres y uno de cada 10 varones reportan haber sido abusados sexualmente también en la infancia y una de cada tres mujeres validó haber sufrido maltrato físico y/o sexual por parte de su pareja (OMS, 2014a). Tan sólo en el año 2014 más de un billón de niños (la mitad de los niños en el mundo) fue víctima de maltrato en sus diversas facetas: físico, sexual, psicológico, por negligencia o por explotación (Hillis, Mercy y Saul, 2016); del mismo modo, estos niños han sido espectadores de situaciones de violencia en su familia, en la vía pública, en la escuela y en su comunidad. Aunque las consecuencias de la violencia frecuentemente sean poco visibles, estas circunstancias y eventos afectan de formas profundas y permanentes al bienestar. Sus efectos y secuelas aparecerán de diversas formas y en años posteriores, muchas ocasiones como conductas autodestructivas, homicidio, abuso de sustancias, psicopatologías y suicidio, entre otras; además de la alta posibilidad de continuar el ciclo de violencia, ya sea con sus propios hijos y/o parejas. Estos actos de violencia y maltrato deberían ser detectados y atendidos en esquemas integrales y oportunos, pues son factores etiológicos y predisponentes al comportamiento suicida.

Con todo, en México aún no se han logrado imponer las condiciones y dispositivos para el control y reducción de la violencia estructural, así como de los actos violentos concretos cometidos y padecidos por cada ciudadano particular. Quizás no sería excesivo generalizar que todos los mexicanos de hoy atravesamos por una fase de desesperanza, en donde la máxima expresión de la anomia social son las muertes producidas, lo mismo por suicidio que por homicidio. A la tragedia familiar y social de estas muertes violentas hay que agregar la dolorosa certeza de saber que, en la gran mayoría de los casos, el aparato social y político-jurídico del país no logrará el castigo de los responsables o la prevención de siguientes actos violentos.

 

El aumento acelerado de las tasas de suicidio en México de las que hablamos contrasta con la escasez de programas preventivos y de presupuesto gubernamental destinado a la atención de la problemática suicida en general. A la fecha no existe un plan nacional para la prevención del suicidio y la Asociación Mexicana de Suicidología se fundó apenas en 2006, cuando en otros países este tipo de iniciativas fueron creadas hace décadas.

Cualquier estrategia de prevención depende y se deriva de la forma de conceptualizar un problema, y así es como se define también quiénes son los agentes responsables de la atención del mismo. Seguramente por la ubicación geográfica de México la conceptualización del suicidio en el país se ha visto cada vez más influida por los dispositivos dominantes en Estados Unidos —mismos que contrastan con los tintes particulares de nuestra idiosincrasia—. Las estadísticas de suicidio en nuestro país se han ido asemejando a las estadunidenses, en donde el suicidio es la segunda causa de muerte nacional en los tres grupos de edad: 10 a 14, 15 a 24, y 25 a 34 años (OMS). También la noción dominante de la persona suicida en México se ha derivado de la de Estados Unidos: se tiende a visualizar a los individuos con algún tipo de padecimiento mental, en un estado de incapacidad para controlarse a sí mismos más que ser considerados como casos sintomáticos del sufrimiento psicológico y de las condiciones sociales.

Por ello, tanto en México como en Estados Unidos la estrategia hegemónica de control y prevención del suicidio se mantiene bajo la expectativa de la medicación psiquiátrica. Esta postura favorece, entre otras cosas poco afortunadas, el encubrimiento de la responsabilidad del Estado y de la sociedad misma en la precarización del lazo social y su relación con la violencia e incertidumbre que actualmente vive el país. Cabe aclarar que considerar al suicidio como un problema conectado con las condiciones sociopolíticas y económicas del entorno no contradice el hecho de que, en diversos casos, éste también se relacione con condiciones de salud y/o enfermedad mental específicas. En efecto, cuando existe la presencia de trastornos psicológicos o psiquiátricos el riesgo del comportamiento suicida se incrementa.

Aun sabiendo las aportaciones valiosas del enfoque psiquiátrico, hay que reconocer la insuficiencia de un modelo de práctica profesional e institucional que en México no se ha abierto del todo a la cooperación interdisciplinaria, cosa que lleva a consecuencias graves como la estigmatización patológica de las personas con comportamiento suicida. Tampoco resulta menos relevante que la atención biologicista que promueve el uso de medicamentos costosos —que además se suministran en esquemas que incluyen tomar varios a la vez— implica una solución que rebasa la economía real promedio del trabajador mexicano. Además, este enfoque tiene en alta estima el internamiento de los sujetos en riesgo en centros o clínicas psiquiátricas cuando dichas instituciones son escasas en la República mexicana. Esta conceptualización no es la única posible, ni se presenta en otros países en donde, por el contrario, se han favorecido estrategias participativas de corte sociocomunitario: Francia y Argentina son dos ejemplos de ello.

Hoy las personas con riesgo suicida en México navegan sin mucho rumbo entre opciones dispersas, pertinentes o no, de la ayuda comunitaria, la atención farmacológica, los tratamientos físicos, la psicoterapia, la consejería religiosa, y soluciones mágico-chamánicas.

La ausencia de un plan nacional para la prevención del suicidio y del desacuerdo teórico-conceptual entre los responsables, se hace evidente en la desarticulación, ineficiencia y fracaso de las estrategias que se han intentado para prevenir el comportamiento suicida. Ejemplo de esto es la implementación en algunos estados de un taller sistematizado y adaptado a la población mexicana para la prevención del suicidio llamado “Salvando Vidas” (adaptado del modelo estadunidense “Gatekeeper”), o el dispositivo de brigadas de rescate de personas con riesgo suicida, una estrategia que se insertó hace aproximadamente 15 años en algunos estados del sur de México, pero que, al igual que el taller de prevención, se eliminó llegado el cambio de sexenio.

 

El andamiaje de las estrategias para la atención del fenómeno suicida deberá huir de las propuestas simplistas y unidimensionales para preferir la conciencia y los estudios científicos desde una perspectiva interdisciplinaria, compleja y rigurosa. No considerando al suicidio como una tragedia personal, una novela, un caso de “locura” o el producto de particularidades psicológicas, familiares y bioquímicas, sino como una voz de denuncia, que es silenciada con la muerte voluntaria. El suicidio es signo de la anomia y de un entretejido social que sangra por ser modificado; y los suicidas, los portavoces y síntomas de un proyecto colectivo resquebrajado. Porque como dice Camus: “suicidarse no es otra cosa que confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se la comprende”.

Al conceptualizar al suicidio como una producción ecológica (sistémica) se verá la necesidad y obligación de crear estrategias de prevención que tengan un enfoque psicosocial-comunitario, y que incluyan, entre otras cosas, la seguridad y habilitación digna y abundante de espacios públicos. Si bien deben considerarse los lineamientos internacionales dictados por la OMS en relación a la prevención del suicidio, las estrategias específicas tienen que ser creativas y propias de nuestra cultura, idiosincrasia, contexto histórico, considerando los recursos y limitaciones de nuestra realidad mexicana.

Repensar el papel del suicida mexicano no será sencillo; sabemos que las estrategias para la prevención del fenómeno han de incluir formas de cohesión social, en un momento de complejidad marcado por transiciones radicales en las pautas de convivencia cotidiana en el país: al interior y al exterior de la familia, por la crisis del modelo neoliberal, la intolerante corrupción, el problema con el crimen organizado y los enormes contrastes en la distribución de la riqueza. A su vez, “la crisis política global, la falta de credibilidad en la gobernanza, la irritación y la desorientación en economía, el resentimiento latente a través del espectro político: todo esto tiene que ver con la manera en que los estados de ánimo emergen y circulan en nuestros mundos” (Flores y Rousse, 2017).

Los sentimientos de fracaso, frustración y desesperanza son sombras recurrentes en nuestros jóvenes e infantes mexicanos. La corrosión de nuestra sociedad en transición se infiltra y permea la realidad de los microcontextos y se manifiesta en estos sujetos vulnerables.

La muerte por suicidio es sólo la parte más visible de un problema que tiene amplias conexiones sociales, familiares y personales. El comportamiento autolesivo debe considerarse como una problemática psicosocial y sistémica, más que como la manifestación enferma o patológica de un personaje concreto. El suicidio tiene un trasfondo social e individual que va mucho más allá del simple deseo de morir. Y todos somos protagonistas de este momento violento, a la vez víctimas y responsables, pues toda violencia, y sobre todo la social, es predecible y por lo tanto prevenible. El ámbito de la suicidología nunca es autónomo, sino que está complejamente articulado a la realidad social, política, económica e ideológica de cada tiempo histórico. Así, las propuestas para la prevención de la violencia y las muertes violentas deberán ser parte del proyecto general de transformación de la sociedad, que incluya el poder prevenir, aunque sea, la mayoría de estas muertes trágicas y prematuras.

Bibliografía

Camus, A. (2002), El mito de Sísifo, Buenos Aires, Argentina, Losada.

De Leo, D. (2015), “Can we rely on suicide mortality data?”, Crisis, 36(1), pp. 1-3. Doi: 10.1027/0227-5910/a000315

Diekstra, R. (1993), “The epidemiology of suicide and parasuicide”, Acta Psychiatrica Scandinavica, 87(S371), pp. 9-20.

Flores, F. y Rousse, S. (2017), “Estados de ánimo y cambio social”, nexos, 1 de febrero, online.

Franklin, J., et al. (2016), “Risk Factors for Suicidal Thoughts and Behaviors: A Meta-Analysis of 50 Years of Research”, Psychological Bulletin. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/bul0000084

Hawgood, J. y De Leo, D. (2016), “Suicide Prediction. A Shift in Paradigm Is Hended”, Crisis, 37(4), pp. 251-255.

Hillis, S., Mercy, J. y Saul, J. (2016), “The Enduring Impact of Violence Against Children”, Psychology, Health & Medicine, 22(4), pp. 393-405. Doi: 10.1080/13548506.2016.1153679

INEGI (1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016), Estadísticas de mortalidad. Recuperados de: http://www.inegi.org.mx

World Health Organization (2001), The World Health Report 2001: Mental Health: New Understanding, New Hope. Recuperado de: http://www.who.int/whr

World Health Organization (2014), Preventing Suicide: a Global Imperative, Ginebra, Suiza, WHO Press. ISBN 9789241564779.

World Health Organization, United Nations (2014a), Global Status Report on Violence Prevention, Ginebra, Suiza, WHO Press. Recuperado de: http://who.int.

 

Ana María Chávez-Hernández
Investigadora del Departamento de Psicología, Universidad de Guanajuato. Es miembro cofundador de la Asociación Mexicana de Suicidología.

 

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