En las horas posteriores al temblor voluntarios e individuos que en conjunto conformaron una masa embotellaron los complicados caminos al pueblo de San Gregorio, en Xochimilco; cerraron las calles alrededor del colegio Enrique Rébsamen, en Tlalpan; y volvieron las avenidas y ejes de las colonias Condesa y Roma pequeñas ciudades que tomaron forma de centros de acopio.

Ante el desastre hicieron lo que pudieron. Desbocados, con poca planeación, con buena fe y, al principio, con poco entendimiento de qué es lo que requería una respuesta inmediata a la repetición de una tragedia ocurrida ese mismo día 32 años atrás. Pero respondieron de menor o mayor manera.

Según la encuestadora Ipsos, en un estudio publicado pocos meses antes, 96% de los mexicanos piensa que el país va en la dirección equivocada. No es aventurado pensar que quienes respondieron, habitantes de la Ciudad de México, forman parte de ese porcentaje.


Ilustraciones: Patricio Betteo

Es decir, a pesar de la percepción en verdad —y justificadamente— negativa sobre el estado que guarda México, hubo una reacción social. La capital, aquella que en años recientes se ha vuelto territorio en el que automovilistas se encañonan entre sí, y la basura se tira en lugares con letreros que especifican “no tirar basura aquí”, se solidarizó de una forma u otra.

¿Por qué? Imposible conocer la motivación de cada individuo. Habrá quien lo haya utilizado como herramienta de autopromoción —en centros de acopio y sitios de derrumbe había quien se tomaba selfies, así como fotógrafos de las páginas de sociales de los diarios nacionales—, y habrá quien lo haya hecho por una genuina creencia en la solidaridad mexicana, sobre todo dentro del otro extremo de los estratos socioeconómicos. No hay más lúcido ejemplo que uno ocurrido en el temblor que partió a Oaxaca y a Chiapas, cuando la primera persona en izar la bandera entre las ruinas fue un herrero que gana dos mil pesos mensuales.

Al final, cuando se levantó el último sitio de desastre, ubicado en avenida Álvaro Obregón 286, sobraba tanta herramienta donada que los voluntarios tuvieron que diseñar un sistema para que no se perdiera y pudiera ser utilizada para otra emergencia.

Pero el gobierno de la Ciudad de México, según testimonios de quienes estaban ahí, lo impidió. Ante la tragedia, a la cual no pudo contribuir ni el triplay que tanto se le solicitó por todos los medios —en particular redes sociales—, optó por decidir, por sí solo, qué hacer con lo que la sociedad había aportado de su propio bolsillo.

 

Director Responsable de Obra (DRO). Atlas de Riesgos. Ambas son parte de un cúmulo de expresiones que la mayoría de los capitalinos aprendió en los días posteriores al temblor. El primero porque los DRO son quienes deben, por ley y con autorización gubernamental, revisar las estructuras de las casas y edificios para verificar que se puedan utilizar después de un desastre natural.

Los DRO, aprendieron los habitantes de la ciudad, son escasos. Esto porque deben pasar por cursos de especialización y un examen riguroso para poder laborar como tal. Y, según expertos en el tema, el trabajo es todo menos glamoroso. Es por ello que los ingenieros —carrera que debe cursarse para ejercer el puesto— ya no tienen interés en hacerlo: es mucho más llamativo —e igual o hasta más lucrativo— construir un edificio desde cero y después firmarlo. Ahora que más se requieren es cuando más escasean.

Y también son más difíciles de localizar, porque la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), secretaría nivel gabinete en el ámbito local, igualmente desconocida para muchos, no tenía disponibles los listados de DRO con autorización para inspeccionar construcciones. Pasado el temblor e iniciado el justificado pánico sobre la estabilidad de una construcción, nadie sabía a quién acudir: la lista simplemente no estaba disponible. Resultó sencillo, entonces, que alguien se pudiera hacer pasar por tal. Incluso peor, ya que junto a esa lista de DRO en activo existen otras dos. Una de DRO retirados, que ya no pueden ejercer la profesión, y otra de DRO suspendidos, que tampoco están habilitados; estos últimos por haber cometido desde una infracción hasta un delito dentro del desempeño de su puesto.

En lo más sencillo, en lo que debía estar listo frente a cualquier calamidad, el gobierno no tenía ni las herramientas básicas para responder. No había certeza de quién revisaba los edificios y si estaba calificado para hacerlo. Por eso los padres de familia de una escuela dentro de la delegación Benito Juárez tuvieron que pedir una segunda opinión: el ingeniero que les dijo que la estructura principal del colegio estaba bien era el mismo que había certificado al colegio Enrique Rébsamen unos años antes de que se colapsara. (Situación incluso peor, ya que el ingeniero en cuestión tenía todas las autorizaciones necesarias en pleno 2017; lo cual genera mayor incertidumbre respecto a cómo se certifican los especialistas y quién los autoriza.) El mismo ingeniero revisó después las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. De igual manera, el INE tuvo que buscar a otro ingeniero tras enterarse de quién había dado el visto bueno.

Por si esto no fuera suficiente, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, una herramienta que existe desde hace años, y de la cual también hay versiones nacional, estatales y municipales, estaba bajo llave. A pesar de las más de 110 solicitudes de acceso a la información que buscaban dar a conocer el Atlas —que debe explicar qué zonas son más proclives a qué riesgos considerando ubicación, topografía y varios factores más—, el gobierno no lo liberó sino hasta tres semanas después del temblor. Y la versión que publicó no ayudó en mucho: la información más importante se mantuvo igual de inaccesible que cuando el mapa estuvo bajo resguardo.

Esto, vale repetirlo, era lo más básico que se podía esperar de un gobierno. Las herramientas que deben ser funcionales los 365 días del año —una lista y unos mapas— no estaban disponibles para el ciudadano común y corriente. La lista por motivos desconocidos —aunque la explicación oficial fue que el sistema de Seduvi “se había caído” dado que el edificio donde se encontraba la secretaría sufrió daños graves— y el Atlas por cuestiones de seguridad. Al gobierno le parecía más seguro que las personas no tuvieran información básica y necesaria sobre el suelo en el que están parados, y por eso decidió que no tenían derecho a obtenerla.

Ya en un plano reactivo, en el que el gobierno tuvo que actuar y reaccionar de manera inmediata ante una ciudad herida por un desastre natural, la respuesta fue aún menos adecuada.

 

El concepto de antipolítica, o una de sus versiones, se ha adueñado de la discusión pública en las últimas décadas. Por la palabra, para efectos de este texto, hay que verlo como una división entre ciudadanos y políticos; entiéndase, que los ciudadanos no creen que la política sea el camino para resolver sus problemas o cambiar el curso del país. En lugar de ello se plantea a la sociedad civil —que hace una forma de política, aunque no se reconozca como tal— como la única capaz de funcionar de manera efectiva.

El discurso pro político cambió, quizás para bien, con la llegada de un partido alterno al poder en el 2000 y su retención del Ejecutivo —de una manera altamente cuestionada—. La política se presentaba como un camino por el cual podían darse soluciones: si el partido en el poder no respondía a los intereses ciudadanos, la boleta electoral era un cauce útil para modificar la situación. Esto después de décadas en las que el único acceso a la toma de decisiones era a través de conexiones estratégicas: el ciudadano ordinario no tenía manera alguna de influir en su entorno dado que el PRI tenía agarradas las riendas de todo con firmeza.

Sin embargo, bajo el segundo periodo panista, el de Felipe Calderón, esta ilusión fue resquebrajándose poco a poco, al grado de destruirse con la llegada de Enrique Peña Nieto al poder en 2012. Con Calderón se debió a una decisión nunca antes discutida en público, y que, llevada a cabo a partir de diciembre de 2006, transformó irreparablemente el rumbo del país: la así llamada Guerra contra el narcotráfico. Muchas personas dijeron entonces, y más reprochan a 11 años, que en ningún momento el entonces candidato Calderón dio siquiera la pista de que su sexenio tendría como eje central una lucha cuyo fin parece todavía más lejano una década después.

La política falló a los mexicanos. De la noche a la mañana estaban inmiscuidos en algo incomprensible y justificado al bote pronto. Cuando Peña Nieto asumió el cargo el sexenio posterior, la afrenta al electorado parecía mayor. Meses antes, la aparición constante del gobernador del Estado de México en medios de comunicación daba la impresión de que su victoria era inevitable. Peña Nieto era un candidato con apoyo en los grandes sectores, con un despliegue de publicidad inigualable —que durante su presidencia aumentó a niveles escandalosos, no sólo en lo presupuestado, sino en lo ejercido sin autorización legislativa— que sólo acrecentaba la idea de una especie de profecía autocumplida: tenía que se presidente porque era necesario que lo fuera. ¿De dónde vino ese mensaje y cómo se acrecentó? No de los ciudadanos, eso les queda claro hoy.

A nivel local, al menos en la Ciudad de México, el odio a la política se ha acrecentado en el sexenio de Miguel Ángel Mancera a nivel estatal, y de la última camada de delegados —alcaldes a partir de la próxima elección—. En la zona de la Condesa/Roma, por ejemplo, Ricardo Monreal, quien fue elegido para encabezar la delegación Cuauhtémoc para el periodo 2015-2018, o en Xochimilco, donde el encargado es Avelino Méndez, la reacción de los ciudadanos ha llegado incluso a lo físico. A Monreal no se le permitió el acceso a una reunión de vecinos de la zona a principios de octubre —al delegado se le había especificado que no podía asistir a la reunión para no convertirla en un mitin de campaña, cosa que decidió ignorar— y a Méndez se le echó, literalmente a patadas, de una de las comunidades más afectadas por el temblor en su delegación.

En el caso de Monreal, por si quedara duda de sus intenciones, el delegado se presentó a la reunión con un plan de reconstrucción no para la delegación, sino para la ciudad entera. En el lugar había vecinos, restauranteros y gente que trabaja en la zona, cuyo único interés era tomar decisiones rápidas sobre qué acciones emprender para regresar a la normalidad. Lo que recibieron, de su contraparte política, fueron promesas de campaña para julio del próximo año, cuando lo que se necesitaba era ayuda inmediata, que debería haber fluido a través del canal delegacional. Pero, sin diálogo alguno, fueron los vecinos quienes tuvieron que organizarse. Y claro que al día de hoy se encuentran rebasados por la situación: están echándose al lomo algo que por pura lógica no debería corresponderles.

 

Hay que hacer una última distinción: la grieta entre gobierno y ciudadanos tiene dos vertientes. La antes mencionada fue en una rama organizacional, en el proyecto de reconstrucción. Políticos y ciudadanos se han replanteado, durante años y dentro de sus esferas, la idea de la ciudad —y, por extensión, el país— que quieren. Ambas ideas cada vez se alejan más, pues las propuestas desde la política organizada son cada vez más pobres. En muchos de los casos primero va la candidatura y después el proyecto, si es que lo segundo en algún momento se llega a presentar. Pero en la política, así entendida por los políticos, gira más en torno a la personalidad del político mismo. Esa idea que se ha planteado durante años, la del caudillismo, sigue vigente. Pero sólo de ese lado.

Del otro, la gente busca soluciones a ciertos problemas. En algunos casos nacionales —erradicar la corrupción es, indiscutiblemente, la principal prioridad en la mente del votante—, pero en la mayoría esto sucede a nivel hiperlocal e hiperpersonal. Quieren cosas tan sencillas como que no haya baches. Que las rentas no sean tan caras. Tener mejores sueldos. Por nombrar algunas exigencias. En ninguno de estos puntos sienten apoyo gubernamental; al contrario, sólo trabas. Huelga recordar a los vecinos que han tapado baches por sí solos, han sido multados por la ciudad y después obligados a destaparlos, ya que se han apropiado funciones que no les corresponden aunque el gobierno no las cumpla.

Esta desconexión se da en la vertiente a largo plazo, en la programática. En la grieta que se abre sobre la planeación a futuro, la que los ciudadanos ven a lo largo de su vida.

La otra es la inmediata, la que se abrió a las pocas horas del temblor. En varios sitios —y esto lo pueden relatar miles de testigos y voluntarios que trabajaron in situ para rescatar a quienes se encontraban bajo los escombros— lo notorio fue el vacío gubernamental. La comunicación oficial fue inexistente.

En la calle de Puebla 282, donde se vino abajo un laboratorio, el rescate de cuerpos lo llevó a cabo un grupo de expertos de Ecuador, supervisados por su embajador en el país, quien durante horas fue el único que actualizó a quienes esperaban noticias. En otros, más embajadores o en su caso voceros de grupos internacionales de rescate eran quienes daban información. Sonará a reproche nacionalista pero no lo es: no existían los canales oficiales locales en tiempo de crisis, al grado de que en Álvaro Obregón 286 se tuvo que crear una comisión de familiares para dialogar con el gobierno a la semana de ocurrido el temblor: ningún funcionario de nivel superior había puesto pie en la zona de catástrofe y varios de los familiares que esperaban desconocían que los cadáveres de sus seres queridos habían sido sacados por una puerta trasera desde el primer día. Mantuvieron una esperanza irreal durante una semana, pues nadie se dignó a informarles que esperaban un respiro que jamás llegaría.

Claro que la antipolítica se hizo presente. La autoridad nunca supo responder, y para cuando hizo acto de presencia, lo hizo de tal forma que sólo acrecentaba la brecha: dos semanas después del desastre, Comunicación Social de la Presidencia del país, a nombre del DIF, un sistema cuya existencia respondía a las necesidades de familias mexicanas que por sí solas no se podían sostener, envió un mensaje a las masas: había que donar más. Más tiendas de campaña. Más colchonetas. Más de todo.

Y es que después de dos semanas en las que los ciudadanos hicieron las cosas como pudieron, en las que tuvieron que organizarse a sí mismos porque el sistema les falló, lo menos que necesitaban es que el gobierno los alentara a continuar con su trabajo a manera de palmadas en la espalda, y al mismo tiempo les pidiera un esfuerzo aún mayor. El mensaje se interpretó de manera tajante del otro lado: en tiempos de desastre, ustedes están solos. ¿Y saben qué? No nos necesitan. Al contrario, nosotros los necesitamos a ustedes. Desde aquí lo único que podemos hacer es echarles porras y pedirles más.

He aquí un grave problema, que en retrospectiva resulta obvio. El gobierno no ayuda, sino pide. Se muestra irrelevante. Deja huérfana a la sociedad y después regresa a exigirle, obviando cualquier obligación que viene aparejada a su trabajo. La sociedad entonces responde y acepta la premisa: tienen razón, ustedes no son necesarios.

Los efectos de esto apenas comienzan a verse. Pero si un DRO, uno calificado, sin sanciones, con todo en orden, tuviera que evaluar la relación gobierno-sociedad en este momento, diría que la grieta entre ambos parece irreparable.

 

Esteban Illades
Editor y escritor. Autor de La noche más triste (Grijalbo, 2015) y Fake News, la nueva realidad (Debate, 2018).

 

Un comentario en “La grieta social

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