Ser colombiano no es apto para cardiacos.
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Tras los resultados del plebiscito en Colombia, donde la opción por el NO salió vencedora por una diferencia de 52,000 votos, la semana del 3 de octubre tuvo para Colombia la sensación de haber vivido una montaña rusa de emociones en un ambiente de incertidumbre y expectativa. Día a día el país recibía distintas noticias del proceso de Paz que tan sólo acentuaban el ambiente de incertidumbre. Desde el anuncio del presidente Santos de limitar el periodo del cese al fuego hasta el próximo 31 de octubre hasta la tan esperada reunión entre gobierno y promotores de la campaña por el NO, la ciudadanía se enteró de las estrategias cuestionables promovidas por la campaña del NO, la renuncia de su gerente y la ambigüedad de los puntos a tratar en la renegociación. Así, un grupo de estudiantes decidió salir a las calles en una espontánea marcha por la paz en las principales ciudades del país así como en Nueva York, París y Washington, DC.

paz

Pero amaneció viernes y Colombia se despertó con la noticia que el comité noruego para el premio Nobel de la Paz otorgó el premio este año al presidente Santos, en un muy efectivo y necesario guiño a los diálogos con las FARC. Provisto de tan honroso reconocimiento, el presidente debe ahora atender tres negociaciones en simultáneo: Las FARC en la Habana, el ELN en Ecuador y la oposición a los acuerdos en Bogotá. Ante esta realidad tanto el gobierno como las demás partes en negociación se han visto obligados a trazar una nueva agenda.

En las tres mesas de negociación el punto de partida deben ser los acuerdos ya alcanzados con las FARC, puesto que ya tienen el apoyo de más de seis millones de votos. Adicionalmente, las FARC ya los aceptaron de manera unánime y finalmente, estos acuerdos ya han sido aprobados y respaldados por distintas organizaciones y la comunidad internacional. Frente al ELN, los acuerdos son un valioso modelo de referencia para llevar a cabo las respectivas negociaciones. Los acuerdos fueron, desde el inicio, redactados en una voz neutral que efectivamente permitiera servir de referencia para nuevas negociaciones con otros grupos. Muy seguramente, las negociaciones con el ELN vivirán sus propias particularidades, pero el acuerdo alcanzado hasta ahora es un enorme esfuerzo adelantado que permitirá darle celeridad a estos diálogos.

Frente a las FARC tanto como a la oposición, las negociaciones han quedado sujetas a las propuestas presentadas por el expresidente Álvaro Uribe. En una alocución realizada el domingo 9 de octubre, Uribe presentó una lista de propuestas que serían los puntos a negociar con el gobierno. Llama la atención que la mayoría de estas propuestas ya se encuentran en los Acuerdos. En resumen los puntos a renegociar serían: que el narcotráfico no sea calificado como delito político; que los guerrilleros de las FARC que incurrieron en delitos atroces no tengan elegibilidad política y paguen penas con restricción efectiva de la libertad de entre cinco y ocho años, aunque en sitios alternativos como granjas agrícolas. Que se derogue el Tribunal de Justicia Transicional y exista una "norma de alivio judicial" para los soldados y policías ya condenados por hechos relacionados con el conflicto armado. Que no se afecte la propiedad de la tierra. Que los acuerdos de paz se cumplan dentro de las actuales "posibilidades fiscales y financieras" del país.

Que el narcotráfico no sea calificado como delito político en ninguna circunstancia. No lo es. A lo que se refiere Uribe es a la posibilidad de que el narcotráfico sea considerado como un delito conexo a un delito político y por lo tanto sujeto de amnistía. La realidad es que el Acuerdo no lo define ni como conexo o político, esa potestad es competencia del Congreso de la República.

Que los guerrilleros de las FARC que incurrieron en delitos atroces no tengan elegibilidad política y paguen penas con restricción efectiva de la libertad de entre cinco y ocho años, aunque en sitios alternativos como granjas agrícolas. En este caso particular, la propuesta resulta confusa pues el Acuerdo obliga a que los guerrilleros y agentes del Estado que cometieron crímenes atroces pidan perdón por sus crímenes para obtener los beneficios de la pena alternativa. En contraste, quienes confiesen estos delitos tardíamente tendrán penas de cárcel de cinco a ocho años; y que quienes no los confiesen y se les pruebe que los cometieron tendrán pena de entre 10 y 20 años de cárcel. Adicionalmente, entre las posibles penas que el Tribunal de Paz podría imponer está permanecer en "lugares donde residirán tendrán condiciones apropiadas de habitabilidad y dignidad" que serían algo semejante a los sitios alternativos que describe el ahora senador Uribe.

Que se derogue el Tribunal de Justicia Transicional y exista una "norma de alivio judicial" para los soldados y policías ya condenados por hechos relacionados con el conflicto armado. Para este punto es necesario comprender a qué se refiere Uribe con “alivio judicial”. En entrevista con la reportera Claudia Gurisatti, el expresidente señaló que por alivio judicial debe entenderse como ciertas favorabilidades a miembros de la fuerza pública como conmutación de penas o liberaciones anticipadas. No obstante, su propuesta resulta además de vaga, efectivamente contrajurídica. Durante los más de 50 años de conflicto armado en Colombia se han cometido miles de crímenes atroces y violaciones a derechos humanos por parte de miembros guerrilleros así como miembros de la fuerza pública. Derogar el Tribunal de Justicia Transicional y otorgar el llamado alivio judicial representa un claro desbalance en la aplicación de justicia durante el conflicto. La propuesta de Uribe representa una manifiesta intención de proveer de impunidad a miembros de la Fuerza Pública, quienes también cometieron crímenes en el marco del conflicto. Lo anterior es un triste contraste con el argumento que promovió Uribe durante la campaña del NO, por una paz sin impunidad.

Que no se afecte la propiedad de la tierra. El expresidente ha señalado que los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción, no desvirtuable, de ausencia de culpa. El apoyo al campesino no implica desconocer la necesidad de la empresa agropecuaria transparente. Lo anterior resulta más como un punto de oposición que como una propuesta. La realidad es que el Acuerdo no menciona ninguna forma de limitar la propiedad a quienes la hubieran obtenido de manera legal; todo lo contrario, el acuerdo señala la posibilidad de quitárselas a los que la adquirieron ilegalmente, producto de forzar al desplazamiento a sus dueños o de adueñarse de baldíos que son del Estado, y demás casos. La interpretación que Uribe hace a este punto parece responder más a intereses personales o sectoriales que una propuesta en sí.

Que los acuerdos de paz se cumplan dentro de las actuales "posibilidades fiscales y financieras" del país. Este punto parece atender la preocupación de la ciudadanía ante los beneficios económicos que recibieran los guerrilleros al dejar las armas. Entre ellos destacan por ejemplo el de recibir por una sola vez, ocho millones de pesos colombianos (2740 USD al tipo de cambio actual) para promover la creación de empresas, dos millones de pesos (685 USD) también por una única vez, para gastos personales y un sueldo de 620,000 pesos (90% de lo que representa el salario mínimo en Colombia). La controversia ante estos beneficios radica en “el premio” que se les daría a quienes hicieron parte de un grupo armado violento en el país. No obstante, estos han sido pensados como parte de una política de reinserción que exhorte a los antiguos guerrilleros a no vincularse de nuevo en actividades ilícitas. De esta manera, conviene sopesar el valor que representa un día de guerra en Colombia, 22.000 millones de pesos por día (según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) frente al costo que representarían estos beneficios en una sociedad post conflicto.

Ahora bien, el consenso respecto a estos puntos no significa el fin del acuerdo para Colombia. Los resultados de las negociaciones deberán también la medida para que estos puntos sean incorporados o cuando menos reinterpretados dentro del Acuerdo. Al respecto, no hay mucha claridad sobre las posibles vías para esta implementación, el jurista colombiano Rodrigo Uprimny se atrevió a proponer tres de ellas: i) un pacto extrajurídico que se implementaría por vías jurídicas ordinarias; ii) un ajuste al acuerdo que sea sometido a un nuevo plebiscito y; iii) una asamblea constituyente de competencia limitada y con labores mixtas: que debata e incorpore sin posibilidad de modificación los temas de consenso del acuerdo de la Habana. Adicional a estas tres alternativas conviene también considerar la posibilidad de implementar los resultados de las negociaciones a través del curso normal de ley que puede realizar el congreso tras los debates necesarios. La realidad parece indicar que Colombia vive por estos días en un laberinto semejante al que Gabriel García Márquez relatara en El general en su laberinto, donde la incertidumbre puede desencadenar en un desenlace patético si se deja contaminar por la desesperanza. Colombia tiene salidas hacia la paz, solo hace falta que sus ciudadanos dejen de pelearse por entenderla distinto.

 

Lucas Martínez-Villalba M. es un abogado colombiano maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y maestro en Derecho Internacional por American University.