Ayer martes, el periódico Reforma presentó como noticia principal una nota en la que destaca que la SEP y el SNTE acordaron que los aumentos salariales y pagos por jubilación a los maestros se hagan con base en el salario base y no se considere para ello los aumentos devengados a través del programa Carrera Magisterial. Sin embargo, dice el diario, durante los 23 años anteriores los aumentos se hacían sobre la suma agregada del sueldo-base más la aportación proveniente de Carrera Magisterial. Esta decisión causa enojo entre el magisterio, como se observa en Nuevo León. Es verdad, causa enojo, pero no se aclara que lo normal, lo usual, lo que histórica y legalmente se ha hecho es que los aumentos salariales se hagan sobre el salario base y no sobre el salario más incentivos. Si esto ocurrió en el pasado, no debe seguir ocurriendo. Un asunto minúsculo —de carácter administrativo— se presenta como acontecimiento mayúsculo. En realidad, el cambio administrativo que se anuncia con aspaviento tuvo lugar hace tres años, en 2013, como resultado de la substitución de Carrera Magisterial por un nuevo programa de estímulos.
La noticia cae, sin embargo, en terreno fértil por la desinformación imperante. En parte, el problema del “enojo” se debe en gran parte a que las autoridades no han explicado suficientemente bien las premisas que sustentan a la actual reforma. Por ejemplo: no se ha dicho (al, menos con suficiente fuerza y claridad) porqué se suprimió el programa Carrera Magisterial y qué es lo que lo substituye. Carrera Magisterial fue creada durante el sexenio de Carlos Salinas, a partir del Acuerdo de 1992. Se trataba de un programa de adscripción voluntaria de asignación de estímulos conforme al desempeño, aunque en un primer momento ese “desempeño” se intentó medir con apoyo principalmente en grados, certificados y títulos, lo cual generó, como los maestros bien lo saben, una fiebre magisterial para la obtención de “papelitos” y una hiperinflación de la oferta de estudios docentes en los que se otorgaban esos “papelitos”. Las universidades “patito” hicieron su agosto. Pero Carrera evolucionó y, al final, las categorías se otorgaban, con base —al menos en parte— en evaluaciones. Pero desde su creación el programa tuvo problemas. El principal fue que la lideresa del SNTE colocó como director del programa a uno de sus “protegidos”. Es decir, desde el primer momento, Carrera fue socavada por la corrupción. Los profesores ordinarios tenían que demostrar sus competencias y conocimientos pedagógicos para obtener la categoría E, en cambio, los líderes sindicales alcanzaban esa categoría de manera automática, sin presentar ningún documento ni hacer ninguna evaluación. Cuando se inició este gobierno se descubrió que algunos líderes y recomendados recibían, vía Carrera, emolumentos enormes sin justificación alguna (ingresos de 100, 200 y hasta 300 mil pesos). Hubo, por lo mismo, que suprimir el programa y, en su lugar, fue creado el Programa de Promoción en la Función por Incentivos (PFI), que consiste en lo siguiente: cualquier docente (sin importar la función que desempeñe) puede aspirar a promoverse y esto se lograría a través de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es aquella que —de acuerdo con la ley— debe presentar cada profesor al menos una vez cada cuatro años.
Gilberto Guevara Niebla.