La razón de ser del salario mínimo que se encuentra en la Constitución mexicana no difiere mucho del que es considerado como su objetivo principal: garantizar que el salario determinado en el mercado laboral no caiga por debajo de un mínimo1 que garantice la satisfacción de las necesidades básicas. Sin embargo, actualmente el salario mínimo es empleado no sólo como un piso en el mercado laboral, sino también como unidad de cuenta gubernamental. El principal resultado de que se haya utilizado para otros fines además de servir como un piso en el mercado laboral es la razón más importante detrás del colapso de su poder adquisitivo a lo largo de los últimos treinta años.
No está de más señalar la magnitud del colapso. La capacidad de compra del salario mínimo en 2013 representaba poco menos de la mitad de lo que era en 1983, y la mayor parte de la contracción ocurrió durante la década de los ochenta, particularmente de 1983 a 1993; en buena medida debido a que fue empleado como una herramienta en la estabilización de la economía mexicana en ese periodo.2 Si bien no se adoptó públicamente una estrategia de contención concertada de precios y salarios como tal sino hasta 1988,3 desde 1983 los incrementos en el salario mínimo estuvieron por debajo de la tasa de inflación, llevando con ello a que su poder de compra disminuyera. La idea detrás de contener su crecimiento era romper con la espiral precios-salarios. Por espiral precios-salarios nos referimos al proceso por el cual un incremento en los precios lleva a un aumento en los salarios, provocando que los costos de las empresas se eleven y ello les lleve a subir sus precios de nueva cuenta, dando como resultado un ciclo de incrementos en ambos que se alimenta a sí mismo. Contener el crecimiento de los salarios mínimos implicaba moderar en cierta medida el crecimiento de los salarios en general, siendo daño colateral la pérdida de poder adquisitivo de los primeros.
La estrategia de contener el crecimiento de los salarios (particularmente del salario mínimo) fue exitosa en términos de que la economía se estabilizó en tasas de inflación mucho más bajas a las de los ochenta. Sin embargo, dicha estrategia descansó principalmente sobre los hombros de los y las trabajadoras que recibían el salario mínimo o que determinaban los aumentos de sus propios salarios a partir de los incrementos del mínimo, pues vieron cómo su salario perdía poder de compra de forma sistemática. Así, para inicios de los noventa, el salario mínimo estaba muy por debajo del resto de los salarios pagados en la economía mexicana.4 A esto hay que sumar que, al menos hasta mediados de los noventa, los incrementos en el salario mínimo seguían actuando como una referencia en la determinación de los aumentos de los salarios más bajos.5 En su conjunto, ambos factores se tradujeron en una caída en términos reales de los salarios de los trabajadores de menores ingresos y en un incremento en la desigualdad salarial.6 Lo peor fue que, una vez alcanzada la estabilización de la economía, no se inició un proceso de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo.
Esto se puede observar si se compara el valor de la línea de bienestar urbano (LBU) con el valor del salario mínimo. La LBU representa el valor de la canasta alimentaria y no alimentaria en zonas urbanas; es decir, es la suma del valor de todos los bienes de consumo alimentario y no alimentario considerados como básicos por el CONEVAL. Si el ingreso de un habitante urbano es menor a la LBU, éste es incapaz de comprar los bienes básicos, siendo entonces considerado vulnerable por ingreso o pobre, dependiendo de sus carencias sociales.7
De 2005 a 2013, el valor del salario mínimo ha representado cerca del 70% de la LBU.8 Es decir, aquel asalariado que gana solamente el mínimo en una zona urbana se encuentra automáticamente en la pobreza, pues su salario no alcanza para comprar los bienes considerados como básicos en México.
En la discusión reciente se ha insistido en que la capacidad de compra del salario mínimo no creció pues la productividad laboral no se ha incrementado de forma sustancial en los últimos años. Como un ejercicio ilustrativo de si esta afirmación es cierta o no, a continuación se grafica el comportamiento del salario mínimo real y el comportamiento que habría tenido dicha variable si hubiera seguido el comportamiento de la productividad del trabajo. Es decir, lo que hubiera ocurrido si el poder de compra del salario mínimo hubiera crecido al ritmo en que crecía la productividad del trabajo.
Si bien es cierto que el salario mínimo no está vinculado de forma directa a la productividad laboral, vemos que si a partir de 1992 los incrementos en el salario mínimo hubieran sido tales que en términos reales fuesen iguales al crecimiento de la productividad, para 2013 el valor real del salario mínimo sería casi 50% mayor a su valor efectivo en ese año. Aunque la productividad no se incrementó de forma acelerada durante el periodo de 1992 a 2013, lo cierto es que no se contrajo en la forma en que lo hizo su poder de compra. Dicho de otra forma, si se quiere que el salario mínimo se ajuste de acuerdo a la productividad, un primer paso necesario es reconocer que su nivel actual no corresponde al comportamiento que ha seguido la productividad en los últimos 20 años, y que por tanto es necesario un reajuste hacia arriba.
Actualizar su valor de acuerdo a los incrementos en la productividad no es la única opción. De hecho, no hay consenso a nivel internacional sobre cuál es el mejor mecanismo para hacerlo.
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Como ya se dijo, a nivel global existen múltiples mecanismos para dar cauce al proceso de establecer, ajustar y vigilar el cumplimiento del salario mínimo. Dado que éste depende del contexto económico, social, político y cultural propio de cada país, es relevante conocer los mecanismos utilizados en diversos países para aprender de su experiencia.
En el caso mexicano, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), organismo público descentralizado, es la institución encargada de determinar el monto, siendo esta facultad otorgada el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo. Dicho artículo establece que el salario mínimo determinado por la CONASAMI debe cumplir con el mandato constitucional, en el sentido de que debe ser un ingreso que permita adquirir los bienes y servicios básicos. Por lo que hemos dicho anteriormente, es obvio que hace tiempo que la CONASAMI ha ignorado ese mandato de forma sistemática.
La tabla 1 presenta algunos aspectos de los mecanismos de actualización contemplados en la legislación nacional de ocho países que tienen un salario mínimo establecido en sus códigos laborales. Comúnmente se considera que el salario mínimo favorece la posición de negociación de los trabajadores, al colocar un piso a las remuneraciones que puede recibir. Esto explicaría por qué en países en donde los sindicatos gozan de gran fortaleza y hay una institucionalidad que garantiza el cumplimiento de los acuerdos de las negociaciones entre trabajadores y empresarios, no es común que exista un salario mínimo. Tal es el caso de Alemania (hasta julio de este año),9 Italia, Noruega y Suecia, en donde como tal no existe un salario mínimo estatutario sino cientos de “salarios mínimos” a nivel industria, determinados por las negociaciones entre los sindicatos y los empresarios.
Si bien nuestro cuadro es tan solo ilustrativo de las diferencias que hay en los mecanismos de determinación del salario mínimo, es notable que la determinación de los salarios mínimos por un decreto del ejecutivo no son una rareza en el contexto internacional. Estos decretos pueden estar antecedidos de una consulta a las organizaciones patronales o sindicales, pero en última instancia es el ejecutivo el que tiene el poder de determinar su nivel.
En principio podría pensarse que un régimen institucional en donde las organizaciones sindicales tienen voz y voto en la determinación del salario mínimo (como en el régimen tripartito) haría que dicho salario mantuviera relativamente estable su capacidad de compra, o al menos tendría mejores resultados que uno que no tome en cuenta directamente a los trabajadores. El caso de Brasil y de México es el perfecto contraejemplo de esto. En Brasil los ajustes se realizan por decreto del gobierno sin consultar a las otras partes —por lo menos hasta 2015—, y se observa que el salario mínimo ha ido recuperando paulatinamente capacidad de compra en los últimos 10 años. Por otra parte, en México se determina a través de una negociación tripartita y ha permanecido estancado. La diferencia radica en que buena parte de los sindicatos mexicanos siguen manteniendo la estructura poco representativa del régimen de partido único, alejados de los trabajadores de base. En cambio, el Partido del Trabajo, que ha gobernado a Brasil durante la última década, tiene entre sus bases a sindicatos de gran fuerza en Brasil y que fueron partícipes del proceso de democratización brasileño (cabe señalar que Lula da Silva antes de ser presidente fue líder sindical).
Esto último nos lleva a los criterios de actualización, que igualmente muestran una gran diversidad entre países. Mientras que tanto Estados Unidos como Corea del Sur utilizan la productividad, el costo de vida y el nivel del resto de los salarios como criterios, China sólo considera los niveles del salario mínimo en otras regiones, y el gobierno británico únicamente toma en cuenta la situación socioeconómica del país como criterio para realizar sus ajustes. Aunque en México la decisión se basa en criterios técnicos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, como las necesidades de los trabajadores y sus familias, la situación socioeconómica y la tasa de inflación nacional, existe una marcada opacidad en cómo es que de esos criterios son ponderados por la CONASAMI al momento de determinarlo.
La contracción de la capacidad de compra del salario mínimo ocurrida entre 1983 y mediados de los noventa, así como su posterior estancamiento, hacen pensar que el criterio más importante seguido por la CONASAMI para determinar su incremento es la tasa de inflación general esperada. De ahí que el valor del salario mínimo deflactado por el índice de precios haya permanecido casi constante desde el 2000. A pesar de que por ley la CONASAMI está obligada a observar una amplia gama de criterios para realizar su trabajo, la Comisión ha decidido enfocarse sólo uno, sin importar el costo de esta decisión en términos del poder de compra de los trabajadores de menores ingresos.
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El primer paso en el camino para lograr una recuperación en la capacidad de compra del salario mínimo es que éste deje de ser la unidad de cuenta del gobierno. La solución más sencilla a este problema es que todos esos pagos se denominen en otra unidad, como las Unidades de Inversión (UDIS). Sin embargo, una complicación para esto es que existen transacciones entre privados que también lo toman como referencia. Una forma de resolver esto es crear un nuevo salario mínimo (llamémosle salario básico) que rija en el mercado laboral, y dejar al actual salario mínimo solamente como unidad de cuenta. Recordemos que Uruguay desvinculó en 2005 el salario mínimo como medida económica, creando una nueva medida llamada “base de prestaciones y contribuciones” para medir impuestos y topes de prestaciones.
Logrado esto, debería iniciarse un proceso de convergencia hacia el valor de la LBU, para asegurar que quien gane el mínimo pueda cubrir sus necesidades básicas. La duración de dicho proceso de convergencia depende del impacto que tenga su incremento en la inflación. En una economía como la mexicana, en donde hay estabilidad de precios desde hace más de 10 años10 y partiendo del nivel tan bajo que tiene el salario mínimo y de la disminución del “efecto faro”,11 cabría esperarse que los efectos inflacionarios de su alza sean pequeños, por lo que podría determinarse un tiempo de convergencia relativamente breve.
El segundo paso sería modificar el mecanismo y los criterios de determinación del salario mínimo para que la pérdida de poder adquisitivo que ocurrió en los últimos treinta años no vuelva a ocurrir. La opción más evidente sería anclar su valor al de la línea de bienestar urbano, garantizando que un trabajador que lo gane no caiga por debajo de la línea de pobreza por ingresos.
En cuanto al mecanismo de determinación, el esquema tripartito sólo podrá ser funcional en la defensa del poder de compra del salario si los sindicatos efectivamente representaran a los trabajadores. De ahí la necesidad de una reforma laboral dirigida a democratizar los procesos internos de los sindicatos, eliminar los contratos de protección y a los sindicatos fantasmas.
Asimismo, es necesario que la CONASAMI sea más transparente, que adquiera un carácter más técnico y sea capaz de suministrar insumos apropiados a las negociaciones sobre el monto del salario mínimo. No deja de ser aleccionador que, en el actual debate, la CONASAMI no ha mostrado un estudio técnico sobre los efectos de un alza sustancial en su monto.
El debate de este tema debe transitar hacia la discusión de las distintas opciones de política económica que permitan la recuperación del poder de compra del salario mínimo. Dicho debate debe sustentarse en evidencia empírica y argumentos teóricos y no en lugares comunes repetidos hasta el cansancio. Se está discutiendo el ingreso de un número considerable de mexicanos, lo mínimo sería hacerlo de forma seria e informada.
Luis Ángel Monroy Gómez Franco.
Licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM y estudiante de la Maestría en Economía en el Colegio de México. Editor de la sección de Economía de la Revista de Investigación Paradigmas.
Carlos Brown Solà
Maestro en Economía por el Colegio de México. Consultor y asesor económico.
1 Para una breve reseña histórica sobre los orígenes y objetivos del salario mínimo se sugiere ver Cunningham, Wendy. Minimum wages and social policy, Washington: World Bank, 2007.
2 Para una revisión sobre el proceso de ajuste y desinflación de la economía mexicana ver Ros, Jaime. La edad de plomo del desarrollo latinoamericano México: Fondo de Cultura Económica, Instituto Latinoamericano de Estudios Transnacionales, Lecturas del Trimestre, no. 77, 1993. y Moreno Brid, Juan Carlos y Jaime Ros. Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana. México, Fondo de Cultura Económica, 2010.
3 Fecha en la que se adoptó el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento Económico, en el cual tanto el sector obrero como el sector patronal se comprometían a moderar los incrementos demandados en precios y salarios.
4 Ver Bell, Linda. “The impact of minimum wages in Mexico and Colombia” Journal of Labor Economics, vol. 15, no. 3, 1997, pp. 102-135; Bosch, Mariano y Marco Manacorda. “Minimum wages and earning inequality in urban Mexico” American Economic Journal. Applied Economics, vol. 2, no. 4, 2010, pp. 128-148, y Fairris, David; Gurleen, Popli y Eduardo Zepeda. “Minimum wages and the wage structure in Mexico” Review of Social Economy, vol. 66, no. 2, 2008, pp. 181-208.
5 Ver Bosch, Mariano y Marco Manacorda. “Minimum wages and earning inequality in urban Mexico” American Economic Journal. Applied Economics, vol. 2, no. 4, 2010, y Kaplan, David y Francisco Pérez Arce. “El efecto de los salarios mínimos en los ingresos laborales de México” El Trimestre Económico, vol. 73, no. 289, 2006, pp. 139-173.
6 Ver Bosch, Mariano y Marco Manacorda. “Minimum wages and earning inequality in urban Mexico” American Economic Journal. Applied Economics, vol. 2, no. 4, 2010; Campos-Vázquez, Raymundo; Gerardo Esquivel y Nora Lustig. “The Rise and fall of income inequality in Mexico, 1989-2010” en Cornia, Giovanni (ed.), Falling inequality in Latin America: Policy changes and lessons, Oxford: Oxford University Press, 2014, pp. 140-163, y Fairris, David; Gurleen, Popli y Eduardo Zepeda. “Minimum wages and the wage structure in Mexico” Review of Social Economy, vol. 66, no. 2, 2008, pp. 181-208.
7 Vale la pena recordar que la definición multidimensional de la pobreza señala que los pobres son aquellos que sufren de una carencia social y su ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar.
8 Dado que el salario mínimo se determina en diciembre del año previo a aquel en el que el monto definido tendrá vigencia, la última información disponible sobre la LBU al momento de determinar el salario mínimo es el valor de la línea de bienestar en noviembre. Por lo tanto, calculamos la razón entre la LBU de noviembre y el valor del salario mínimo determinado para el año siguiente. Si se buscase cumplir con el objetivo constitucional del salario mínimo, esta razón debería de ser cercana a 100% (es decir, el salario mínimo tendría un valor igual al de la información más reciente sobre la LBU al momento de su determinación).
9 En el caso alemán, en julio de este año se introdujo por primera vez un salario mínimo general.
10 La literatura existente para países en desarrollo indica que el impacto inflacionario de un incremento en el salario mínimo depende del ambiente inflacionario de la economía. Ver Lemos, Sara. “A survey of the effects of the minimum wage on prices” Journal of Economic Surveys, vol. 22, no. 1, 2007, pp. 187-222.
11 El efecto faro es la capacidad del salario mínimo de actuar como referencia en la determinación de salarios.
cuando inicie mi vida laboral, lo recuerdo bien, el salario mínimo era de $27 pesos diarios, yo podia en ese entonces comprar 3 kilos de carne,en la memoria tengo algunos precios de la canasta basica de entonces, kilo carne a $9 pesos, litro de leche $1.20 pan blanco $0.10 pasaje autobus $0.25 kilo de azucar $0.60 kilo de huevo $1.20 en ese entonces el pais tenia una economia protegida, luego se inicio el libre comercio y se empezo con el cuento de la productividad, siendo que en realidad el principal atractivo con el que el gobierno vendio la inversion en mexico fueron los bajos salarios, y en eso seguimos, los gobiernos le apostaron al mercado de exportacion y nos convertimos en un pais maquilador, cero innovacion, cero patentes, el mercado interno les valio madres, el edificio lo construyeron en un sistema corporativo que hoy ya les empieza a cobrar sus pasivos, y ya sabemos quienes van a pagar, la pregunta es ¿hasta donde resistira este edificio y sus reformas milagrosas?