A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Leí el memorioso expediente sobre 1994 que apareció en nexos del mes de enero de 2014. Su título no podía ser más expresivo: “El año oscuro”. Cierto, el levantamiento zapatista; el asesinato del candidato presidencial destinado a ganar, Luis Donaldo Colosio; el también asesinato de Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI; la crisis económica incubada, inyectaron al país altas dosis de incertidumbre, miedo, zozobra. Fue un año cargado de tensiones, de malos presagios, de teorías conspirativas de todo tipo, y nunca faltaron los especuladores de las desgracias. Pero es justo reconocer que hubo otra cara: la de la buena política que intentó y logró ofrecer un cauce para que las diferencias se pudieran procesar en un marco institucional y de forma pacífica. Vale la pena no olvidarlo, porque ante un escenario ominoso las principales fuerzas políticas del país y el gobierno multiplicaron sus esfuerzos para construir un escenario donde la pluralidad política pudiera coexistir y competir de manera civilizada. No fue poca cosa y sentó las bases para mucho de lo bueno que ocurriría en el futuro inmediato.

Como se recordará, el año empezó cuando los principales partidos del país ya habían postulado a sus respectivos candidatos a la presidencia de la República. Una reforma realizada en el año 1993 parecía haber construido el escenario definitivo para la contienda. Y en la memoria se encontraba aún fresco el episodio de 1988. Aquella elección en la cual la autoridad había sido incapaz de procesar de manera transparente los resultados generando una abismal crisis política. La ruptura y la desconfianza habían sido tan profundas que la añeja Comisión Federal Electoral había sido colocada en el cesto de la basura junto con el marco normativo que la acompañaba y se había creado una nueva institución: el Instituto Federal Electoral (IFE) que en 1994 tendría su segunda prueba (había debutado en 1991 en unas elecciones intermedias) y un nuevo marco constitucional y legal.

Pero la irrupción del levantamiento zapatista cimbró la rutina. De nuevo aparecía el expediente de la violencia política. Y el gobierno, los candidatos a la presidencia y los partidos fueron sensibles ante el nuevo reto. Como nunca antes, las principales fuerzas políticas del país se sentaron a la mesa para pavimentar el terreno de juego, ofrecerse garantías, y demostrar que los cauces de la política institucional y pacífica no sólo se encontraban abiertos, sino que debían y podían ensancharse y fortalecerse. Hicieron de la necesidad, virtud, y demostraron que el gran reto del país era construir una casa en la cual las principales corrientes políticas pudieran contender de manera civilizada por los cargos de elección popular. Fue un eslabón fundamental en el largo y tortuoso proceso de transición democrática. Vale la pena recordarlo.

El 27 de enero de aquel año, ocho de los nueve candidatos a la presidencia de la República (sólo la candidata del PPS, Marcela Lombardo, se negó) y los dirigentes de sus respectivos partidos firmaron una serie de Acuerdos y Compromisos como “una contribución al proceso de paz y a la solución de los problemas que hoy se plantea la conciencia del país en el marco del proceso federal en curso”. En medio de la tensión resultaba una buena nueva. Fuerzas políticas e individuos que se encontraban en una enconada contienda estaban dispuestos a sentarse a la mesa y a fortalecer el cauce electoral como la fórmula idónea para la convivencia y competencia entre ellos. Era la primera vez que el PRD y su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas, aceptaban integrarse a un esfuerzo convergente, y el gobierno y el PRI daban muestras de estar en disposición de atender sobre la marcha diferentes reclamos opositores. El PAN y su candidato Diego Fernández de Cevallos eran la otra parte significativa del esfuerzo concertador.

En una casa situada en la calle de Barcelona a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación se llevaron a cabo las reuniones entre los representantes de los partidos más el recién nombrado titular de la dependencia, Jorge Carpizo. Fueron jornadas intensas pero fructíferas. De hecho, con buen sentido de las proporciones políticas, trabajaron en dos mesas. En una, se sentaban los representantes del PRI, PAN y PRD con el secretario de Gobernación, y en otra concurrían los representantes de los partidos más pequeños (PPS, PARM, PFCRN, PDM, PT y PVEM) y el propio secretario. Se trataba de darle agilidad al intercambio de opiniones, a las negociaciones, para poner en acto los acuerdos. Existía un cierto sentido de urgencia que era acicateado por la reaparición de la violencia.

El trágico asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, en Lomas Taurinas, Tijuana, no hizo sino subrayar el apremio con el que se trabajaba. México, como país complejo y masivo, profundamente desigual y con una pluralidad política activa e implantada, requería de un esfuerzo por mantener su vida política en un marco institucional que no podía ser más que inclusivo. Era imprescindible reforzar los conductos para que la política se expresara —con toda su diversidad— de manera pacífica.

01-laotracara-01

Apretando el acelerador se realizó una reforma constitucional para subrayar la independencia del IFE y su “ciudadanización”, desterrando de su Consejo General a los consejeros magistrados y sustituyéndolos por consejeros ciudadanos, que no necesariamente tenían por qué ser abogados. Los nuevos consejeros fueron votados con el consenso de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. A continuación se llevaron a efecto una serie de reformas en el terreno legal: los representantes de los partidos perdieron sus votos en los Consejos del IFE. De esa forma el peso relativo de los consejeros ciudadanos se multiplicaba. En el Consejo General de 11 votos posibles, los consejeros tendrían seis.

La figura de los observadores nacionales que se había incluido en la ley en la reforma de 1993 vio multiplicadas sus atribuciones. Si en el ordenamiento anterior solamente podían “observar” la jornada, ahora podrían hacer lo mismo a todo el proceso comicial. Esa reforma era el reconocimiento de la fuerte ola organizativa que se había producido luego de 1988 en demanda del respeto al sufragio. Miles y miles de ciudadanos forjaron agrupaciones de observación clamando por comicios limpios y libres. Una exigencia obvia pero fundamental. No fue fortuito entonces que varias decenas de miles de ciudadanos vigilaran, por su cuenta, aquellas elecciones y recibieran facilidades de la autoridad para cumplir con su encomienda.

Por primera vez, y de manera eufemística, se permitió la observación internacional de nuestras elecciones. A la ley se introdujo la figura de los “visitantes extranjeros” para que pudieran ver y analizar lo que sucedía en los comicios. Fue necesario trascender barreras muy arraigadas para permitir la entrada de varios cientos de observadores internacionales. Bajo la premisa de que “quien nada debe, nada debe esconder” se abrieron las puertas para el escrutinio externo de los comicios, una práctica que se venía extendiendo en todo el mundo. 

En esa misma reforma se establecieron por primera vez “topes a los gastos de campaña”. Hasta ese entonces lo que se podía erogar en una o unas campañas no tenía límite legal. Era un intento —la verdad es que resultó en esa ocasión insuficiente— para edificar un mínimo de condiciones equitativas en la contienda.

 

Pero además en el Consejo General del IFE se procesaron y acordaron muy distintas medidas.

Se removieron a varias decenas de funcionarios del Instituto que habían sido impugnados por los partidos opositores como supuestos o reales personeros del PRI. En la institución se conoció a esa operación como “la noche de los cuchillos largos”, porque es muy probable que en muchos casos hayan pagado “justos por pecadores”. Pero fue una muestra de que el gobierno (recuérdese que el IFE era encabezado por el secretario de Gobernación) estaba dispuesto a ofrecer garantías de que el instituto electoral actuaría con pulcritud. Los relevos de los funcionarios desplazados fueron acordados por la vía del consenso entre los partidos.

Para ofrecer garantías de que el padrón electoral era un reflejo exacto de los posibles votantes se tomaron varias medidas. En aquel entonces se hablaba de “rasurados” y fantasmas” en el listado. Los rasurados eran aquellos ciudadanos que presuntamente habían sido borrados de manera arbitraria y los fantasmas eran personas inexistentes que supuestamente aparecían en el padrón y permitían que una persona pudiera votar dos veces. Como respuesta se creó un Consejo Técnico, con destacados científicos de distintas disciplinas, que hizo un análisis y presentó un dictamen de tan crucial instrumento. Se dio acceso permanente a los representantes de los partidos a la base de datos e imágenes del padrón, se realizaron varias auditorías al mismo y los propios consejeros ciudadanos elaboraron un dictamen sobre el mismo antes de aprobarlo. Además, mensualmente se entregaron a los partidos las listas nominales de electores para que pudieran realizar sus propias pesquisas.

Se estableció que las boletas estarían foliadas para dar garantías de su manejo escrupuloso. Se le solicitó al Instituto Politécnico Nacional la elaboración de una tinta indeleble para marcar el pulgar de los votantes y evitar el eventual doble voto. Se rediseñó el espacio donde los votantes emitirían el sufragio para garantizar la secrecía. Se redujeron el número de casillas especiales (donde votan los electores en tránsito), porque son las únicas en las cuales no se cuenta de antemano con la lista de electores (ello, por cierto, generó que varios cientos de ciudadanos no pudieran sufragar  porque se agotaron las boletas en las pocas casillas especiales). Medidas todas encaminadas a inyectar certeza al proceso.

Se ampliaron los plazos para el registro de observadores nacionales. Con ello la autoridad auspició que más y más ciudadanos interesados en vigilar la contienda pudieran hacerlo. Más de 80 mil personas se registraron para realizar tan estratégica tarea. Además, una misión de las Naciones Unidas asesoró a los grupos de observadores.

Los funcionarios de las casillas (presidente, secretario y dos escrutadores) fueron designados a través de un doble proceso de insaculación (sorteo) y capacitación. Se trataba de que en la recepción y recuento de los votos participaran ciudadanos que habitaran en la sección, nombrados al azar, los cuales además serían vigilados por los representantes de los partidos. Se trataba de que el recuento fuera transparente y los partidos contaran con copias de todos los escrutinios. 

Se incrementaron, sobre la marcha, los tiempos de televisión y radio a que tenían derecho los candidatos. La preocupación por las condiciones de inequidad en las que transcurría la contienda se puso sobre la mesa y se hicieron algunos esfuerzos para equilibrarlos aunque ciertamente resultaron insuficientes. El Consejo General realizó algunos exhortos para que los medios hicieran una cobertura equitativa de las campañas y se resolvió realizar monitoreos del tiempo que los principales noticiarios de radio y televisión daban a los diferentes candidatos y darlos a conocer. Cabe destacar la transmisión por televisión en vivo de los actos de cierre de campaña de los tres principales candidatos.

El Consejo General ratificó el nombramiento de un fiscal especial para perseguir los delitos electorales. En 1990 se habían tipificado en el Código Penal diferentes delitos en la materia. Con el nombramiento de un “fiscal especial” se quería subrayar que la persecución de dichas conductas iba en serio. Hay que señalar que el nombramiento tardó porque el secretario de Gobernación intentó y logró que todos los representantes de los partidos lo avalaran.

En 1994 se llevó a cabo el primer debate directo y televisado de los tres principales candidatos (Ernesto Zedillo, Diego Fernández de Cevallos y Cuauhtémoc Cárdenas). Fue una novedad cargada de enorme significado. Los candidatos se reconocían mutuamente como aspirantes legítimos a la presidencia, dispuestos a reunirse y debatir, a presentar sus propuestas y escuchar las de los otros. Un auténtico eslabón civilizatorio.

Por su parte, el gobierno anunció que suspendería 20 días antes de la jornada electoral la publicidad relacionada con distintos programas. Era la respuesta a la denuncia de las oposiciones que señalaban que esa propaganda desequilibraba las condiciones de la competencia.

 

Esos esfuerzos arrojaron resultados. El día de la jornada prácticamente todas las casillas fueron instaladas. No se presentaron incidentes violentos. Y la concurrencia a las urnas resultó espectacular. Votó el 78% del listado nominal. Desde entonces en ninguna otra elección federal se ha logrado un porcentaje tan alto de participación.

Ganó el candidato del PRI y el mismo partido alcanzó la mayoría absoluta de diputados y senadores. Pero los cambios que se hicieron sobre la marcha se convertirían en precedentes de la muy profunda reforma electoral que se realizaría en 1996.

En un ambiente de tensión mayúscula, rodeado de los peores presagios, las principales fuerzas políticas del país y el gobierno dieron muestras de responsabilidad e hicieron de la política una palanca venturosa tendiente a edificar un escenario en el cual la diversidad de opciones pudiera expresarse, recrearse, convivir y competir de manera pacífica e institucional. Fue un haz de luz en un “año oscuro”. Creo que también vale la pena recordarlo.

 

José Woldenberg
Ensayista y escritor. Fue presidente del Consejo General del IFE de 1997 a 2003. Entre sus obras se encuentran: Nobleza obliga, Política y delito y delirio. La historia de tres secuestros y El desencanto.

 

2 comentarios en “1994: La otra cara

  1. No comparto la visión del autor. La tesis de la mecánica del cambio político en México de centrar el proceso político en la vía electoral, no permite observar y analizar las vicisitudes de la transición democrática en nuestro país. Colocarse en esa postura es muy cómoda, porque es desentenderse que las reformas electorales fueron una forma de transacción entre los partidos políticos de oposición con el régimen priista que requería factores de legitimidad ante el descrédito y descomposición de la clase política. En este intercambio de prebendas, la apertura política y la ciudadanización fueron un efecto tangencial de corto aliento.