Este artículo es extracto de un capítulo del estudio Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012). Ideas para una nueva reforma electoral, realizado por Integralia con financiamiento del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). El estudio completo está disponible en www.integralia.com.mx y en www.ceey.org.mx.

 

El clientelismo electoral en sus distintas modalidades —movilización, coacción y compra del voto y condicionamiento de programas sociales, entre otras— encarece las campañas y altera las condiciones de equidad. La coacción y compra del voto en particular ha sido un tema recurrente de litigio electoral en México. Las denuncias y acusaciones vertidas durante el proceso electoral 2012 son tan sólo el más reciente brote de preocupación sobre una práctica considerada endémica de democracias con altos niveles de desigualdad económica, política y social. Pese a todo, se cuenta con escasa evidencia sobre su estructura y eficacia, al tiempo que prevalece la confusión sobre su definición.

1. Definiciones

El clientelismo electoral es el reparto de favores, bienes materiales, servicios o dinero a cambio de votos y/o apoyo político.1 La coacción del voto ocurre cuando el intercambio entre votantes y candidatos se realiza a través de amenazas, chantajes, fuerza o violencia.2 La compra del voto ocurre cuando este intercambio es voluntario. Por lo tanto, la coacción y compra del voto son dos tipos de clientelismo electoral, que por definición ocurren durante campañas electorales y con frecuencia implican la utilización de recursos públicos con fines privados.

Desde una perspectiva económica, el clientelismo electoral se asemeja más a un mercado, donde diversos grupos de votantes organizados negocian sus votos a cambio de recibir despensas, materiales de construcción o dinero en efectivo. La negociación ocurre a través de intermediarios: líderes comunitarios que negocian con los operadores de los candidatos en disputa. Se trata de un mercado de intercambio voluntario que responde al interés de ambas partes. Desde esta perspectiva, se diluye la jerarquía entre patrón y cliente, ya que tanto los candidatos como los votantes ofrecen servicios a cambio de algo.

2. Funcionamiento del clientelismo electoral3

El clientelismo electoral en México funciona a través de estructuras piramidales que operan durante las campañas electorales y durante el periodo entre campañas. Su principal objetivo es ganar elecciones. En el periodo entre campañas, buscan ganar la lealtad política de la ciudadanía. Las principales herramientas para lograr ambos objetivos son el reclutamiento de nuevos simpatizantes y la gestión de beneficios materiales, piedra angular del clientelismo electoral.

En todos los casos, la parte inferior de la estructura piramidal se localiza al nivel del barrio o colonia y está compuesta por personas (por lo general mujeres) leales al partido político. Más que por dinero u otros beneficios materiales, estas personas trabajan por beneficios intangibles como la satisfacción de contribuir a una causa, el reconocimiento de los habitantes del barrio y el prestigio de ser la persona encargada de gestionar y llevar beneficios materiales a los vecinos. Los partidos prefieren recurrir a mujeres porque tienen más tiempo disponible, pasan más tiempo en la colonia y por lo general tienen mayor reconocimiento entre los vecinos.

El punto más alto de la estructura piramidal se localiza en donde el partido tenga mayor acceso a recursos públicos. Si el partido ocupa la gubernatura, lo más probable es que la oficina del gobernador sea el punto más alto de la pirámide; si el partido no ocupa la gubernatura, lo más probable es que sea la presidencia municipal o la zona de mayor concentración de simpatizantes. La razón de esta variación es que la manutención de la pirámide no sólo depende de la lealtad de los simpatizantes, sino también del dinero disponible para gestionar beneficios materiales para la ciudadanía. Aunque este dinero también proviene de simpatizantes o entes privados, lo más común es que provenga de las prerrogativas de los partidos, del erario, de cuotas sindicales o gremiales y/o del desvío de recursos públicos.

La mayoría de los entrevistados para este artículo coincide en que el fortalecimiento de la estructura clientelar aumenta significativamente la probabilidad de ganar elecciones subsecuentes. Estas estructuras clientelares operan principalmente en colonias de niveles socioeconómicos C (clase media baja) a E (clase más baja), según la clasificación del inegi, donde el volumen de votos que potencialmente se pueden comprar y movilizar es mucho mayor.

Vale la pena mencionar que durante el periodo de campañas, la estructura clientelar suele reforzarse con sujetos reclutados exclusivamente para operar la elección a favor del partido. Estos sujetos por lo general son los encargados de coaccionar y comprar el voto, dejando las actividades clientelares tradicionales a la estructura piramidal. Aunque lo ideal sería reclutar a estos sujetos a través de una labor de persuasión, en casi todos los casos se recurre a “bonos de éxito” y a pagos periódicos (dos o tres durante una campaña). Y es que en realidad estos sujetos son como “mercenarios” que operan para el mejor postor en un mercado sumamente agresivo, donde los políticos con frecuencia recurren a sus servicios para prevenir que operen para sus rivales; es decir, como una póliza de seguro.

Aunque en algunos casos las estructuras clientelares también están a cargo de movilizar votantes y comprar votos el día de la elección, las entrevistas realizadas para este artículo confirman que con frecuencia estos operativos se “subcontratan” con personas y estructuras no directamente vinculadas con el partido político. Aunque los partidos trabajan durante el periodo entre campañas, para que su estructura clientelar sea suficiente para operar y ganar la siguiente elección, en ocasiones, y si se cuenta con el dinero, es necesario recurrir a estructuras paralelas específicamente encargadas de movilizar votantes y comprar votos el día de la elección. Por ejemplo, es común que los partidos subcontraten flotillas de taxistas para movilizar votantes. En la mayoría de los casos, los taxistas ofrecen sus servicios al mejor postor o a cambio de beneficios específicos en caso de ganar la elección.

Tanto las estructuras piramidales de los partidos como las paralelas subcontratadas piden el voto a cambio de acceso a programas sociales, becas, dinero, promesas de beneficiar a un grupo sobre de otros, vales, despensas, materiales de construcción, licencias de uso de suelo y medicinas, entre otras cosas. Los entrevistados para este artículo coinciden en que la dádiva más común es la despensa y que los bienes más solicitados por los votantes son los materiales de construcción. Esta dinámica se refuerza por el hecho de que los habitantes de una colonia saben de antemano quiénes son los operadores electorales —ya sean del partido o subcontratados— y durante las campañas solicitan todo tipo de regalos. Los entrevistados también coinciden en que en los días cercanos a la elección, es común que una persona acepte más de una oferta de efectivo o dádiva y que al final opte por apoyar al partido que haya ofrecido más beneficios a lo largo de las campañas. En conjunto, esta evidencia refuerza la hipótesis de que en la actualidad, el clientelismo electoral es un mercado donde candidatos y votantes buscan extraer la mayor cantidad de beneficios el uno del otro, desechando la hipótesis de una relación jerárquica entre un cliente “víctima” y un patrón “victimario”.

3. Eficacia del clientelismo electoral

Uno de los principales razonamientos jurídicos para sancionar el clientelismo electoral y la coacción y compra del voto es que ponen en riesgo la realización de elecciones libres y auténticas. Sin embargo, resulta muy difícil determinar cuántos votos de hecho se condicionan por los operativos clientelares de los partidos políticos. Esta dificultad radica en que el acto de votar se realiza a solas y detrás de una mampara, lo que hace casi imposible calcular la eficacia de la práctica a nivel del votante. Por más que los partidos y políticos digan contar con mecanismos internos de rendición de cuentas —es decir, con mecanismos para saber si sus operativos y operadores cumplen con los objetivos planteados en términos de votos y movilización de votantes—, es difícil cuantificar su eficacia con precisión.

Un estudio realizado en 2012 por Beltrán y Cruz ofrece un primer acercamiento para estimar su eficacia. Su conclusión principal es que la compra de votos en la elección para presidente no sólo fue aislada, sino que tampoco incidió de manera significativa en el resultado final.4 Según Beltrán y Cruz, la gran mayoría de los electores no recibió ninguna clase de artículos o ayudas, y los objetos entregados fueron principalmente promocionales (gorras, camisas, plumas, etc.). Además, sólo 27% dijo haber recibido algo de los tres candidatos principales: 9% dijo haber recibido algo de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, 21% del candidato de la coalición Compromiso por México (pri-pvem), Enrique Peña Nieto, y 8% del candidato de la coalición Movimiento Progresista (prd-pt-mc), Andrés Manuel López Obrador (ver gráfica 1).

Gráfica 1

Una diferencia importante es que, de 27% que dijo haber recibido algo durante las campañas, 19% dijo haber recibido objetos promocionales permitidos —tan sólo 8% dijo haber recibido ayudas o bienes propios de un intento de compra de voto. De hecho, entre los artículos y materiales aceptados que son considerados legales, 7.6% habrían provenido de la candidata del pan, 14.8% del candidato de la coalición Compromiso por México y 5.8% del candidato de la coalición Movimiento Progresista.

De acuerdo con Beltrán y Cruz, sólo marginalmente se recibieron bienes, dinero, tarjetas pre-pagadas u otra recompensa que por su naturaleza indicaría un intento de coacción y compra del voto. Entre quienes afirman haber recibido este tipo de bienes, 5.4% asegura haber recibido algo del candidato de la coalición Compromiso por México, 1.6% de la candidata del pan y 1.5% del candidato de la coalición Movimiento Progresista. El intento de compra de voto más común habría sido a través de despensas. Otros bienes mencionados con alguna frecuencia fueron los materiales de construcción y los electrodomésticos. Casi nadie dijo haber recibido dinero en efectivo o tarjetas pre-pagadas, pese a que éstas fueron motivo de gran controversia en las semanas posteriores a la jornada comicial.

4. Limitaciones de estudios sobre clientelismo electoral

El problema con la mayoría de los estudios sobre clientelismo electoral, incluyendo el aquí mencionado, es que resulta sumamente difícil medir la eficacia de esta práctica, sobre todo cuando los resultados se basan en datos de encuesta. La razón es que la coacción y compra del voto es ilegal y frecuentemente deriva en condenas públicas. Esto provoca que los encuestados prefieran no reportar si “vendieron” su voto o si algún operador intentó “comprarlo”. A esto hay que agregar que la redacción, el orden y el formato de las preguntas también pueden influir en los resultados, obstaculizando aún más la medición de este fenómeno.

Otro problema al intentar medir la eficacia del clientelismo electoral es el secreto del sufragio, que por definición lo convierte en una práctica altamente riesgosa desde una perspectiva económica. El “comprador” tiene que ingeniárselas para comprobar que la transacción efectivamente derivó en el resultado deseado (un voto a favor de su candidato). Existen anécdotas de que los mecanismos de control van desde fotografías a boletas tomadas con teléfonos celulares hasta el uso de menores de edad como testigos oculares dentro de las casillas. Sobra decir que todos estos mecanismos de control son difíciles de llevar a cabo y encarecen el “costo” relativo de un voto y por ende la eficacia de la práctica.

Una posibilidad para estimar la eficacia del voto, sustentada en estudios de psicología social, es que al “vendedor” lo embargue un sentimiento de reciprocidad.5 Es decir, que al recibir un bien material, servicio o dinero, el votante sienta de manera casi instintiva una obligación de reciprocar con el operador electoral, otorgándole el anhelado voto a favor de su candidato. De ser cierto, la ventaja de este mecanismo sería que no requiere de más gastos e intermediarios; basta que el operador se gane la confianza del votante y que el bien material, servicio o dinero sea otorgado en tiempo y forma. Desafortunadamente, pese a su atractivo analítico, la evidencia sobre la reciprocidad como mecanismo de control todavía es escasa.

5. La perspectiva de los partidos políticos

Todos los partidos conocen y entienden las dificultades para medir la eficacia del clientelismo electoral. Por esta razón, han ideado maneras ingeniosas de evaluar la eficacia tanto de sus estructuras piramidales como de las estructuras paralelas subcontratadas para movilizar votantes y comprar votos el día de la elección. Cabe resaltar que los partidos evalúan la eficacia de estas prácticas al nivel de casilla o sección electoral, no al nivel de votante como sugieren la mayoría de los estudios académicos sobre el tema. Por lo tanto, es probable que mecanismos de control como fotografiar las boletas con teléfonos celulares sean utilizados exclusivamente por los operadores electorales, no directamente por los partidos políticos. Mientras que el operador electoral evalúa la eficacia de su operativo a nivel del votante, los partidos evalúan a los operadores a nivel de casilla o sección electoral.

Las entrevistas realizadas para este artículo, con 12 políticos de los tres principales partidos, sugieren que los partidos utilizan al menos dos mecanismos para evaluar a sus operadores. Primero, la forma más común es a través de la llamada “reingeniería electoral”, que consiste en estudiar el listado nominal y la cartografía electoral con base en resultados electorales históricos, para así determinar el número de requeridos para ganar la elección. Dado que los años de experiencia permiten a los partidos estimar a grandes rasgos la proporción de votos obtenidos en una casilla o sección gracias al trabajo de sus estructuras piramidales y/o a los compromisos adquiridos con estructural paralelas, cuando el resultado final en una casilla o sección se aleja de su votación histórica o de la votación prometida, el partido puede castigar a los operadores negando pagos o excluyéndolos de espacios políticos. Por el contrario, cuando el resultado final en una casilla o sección se apega a lo esperado de acuerdo con la votación histórica y la votación prometida, el partido puede recompensar a los operadores con bonos o incluirlos en espacios políticos.

Otra forma en que los partidos evalúan la eficacia del clientelismo electoral es capacitando a sus representantes de casilla para que supervisen el trabajo de los operadores o para que “pasen lista” de las personas que prometieron ir a votar por el partido. De esta manera, los partidos pueden saber si el resultado observado a nivel de sección o casilla efectivamente es producto del trabajo de los operadores electorales y no de algún otro suceso ocurrido durante la jornada comicial. Por supuesto, este mecanismo es mucho más costoso y su éxito depende de que el representante de casilla esté debidamente capacitado y comprometido con el partido. De lo contrario, el partido sólo cuenta con la votación a nivel agregado para evaluar a sus operadores.

Por lo tanto, la eficacia del clientelismo depende de la capacidad de un partido de utilizar estos dos mecanismos de manera conjunta (reingeniería electoral y supervisión por parte de representantes de casilla), que a su vez dependen del dinero disponible para la operación de sus actividades. Los entrevistados para este estudio coinciden en que los operadores electorales y representantes de casilla reciben entre 150 y 300 pesos para subsanar gastos de transporte, teléfono y alimentos durante la jornada comicial, además del dinero que reciben por “bonos de éxito”.

6. Costo del clientelismo electoral

La principal y más obvia razón por la que resulta difícil calcular el costo de un voto es que esta práctica es ilegal, se realiza con sigilo y es motivo de condena social. Como cualquier mercado ilegal, el “mercado de votos” no lleva un registro público de sus transacciones –dependemos de la evidencia anecdótica, de los reportes de observadores electorales y de las denuncias jurídicas para estimar su precio aproximado. Según el reporte de observación electoral del movimiento #YoSoy132 y con el estudio de Alianza Cívica antes mencionado, el costo de un voto “comprado” en la elección para presidente de 2012 habría oscilado entre 100 y mil 800 pesos, lo que representaría un aumento significativo de los 250 a 500 pesos reportados por Cornelius (2002) en la elección de 2000.6

Ahora bien, de acuerdo con entrevistas realizadas para este estudio, el costo del clientelismo electoral depende de dos factores: las características económicas del área geográfica donde se realiza la elección y el grado de competencia entre los partidos políticos. A mayor actividad económica y a mayor competencia entre los partidos, mayor el gasto en clientelismo electoral. La razón es que ambos factores incrementan, para los actores económicos directamente afectados, el costo de oportunidad de perder la elección, lo que a su vez genera fuertes incentivos para gastar muy por encima del monto comúnmente destinado a estas actividades.

La riqueza y actividad económica influye en el gasto en clientelismo porque, entre otras cosas, los gobernadores, ediles y diputados controlan recursos económicos, adjudican y licitan contratos, otorgan permisos y licencias y tienen acceso a recursos jurídicos para beneficiar o afectar a privados. Esto explicaría por qué el gasto en clientelismo electoral es mucho mayor en Benito Juárez (Cancún, Quintana Roo) e Iztapalapa (Distrito Federal) que en Tulancingo (Hidalgo) y Zacatepec (Morelos), por ejemplo. Mientras que en los primeros el presidente municipal o delegado controla las licencias, concesiones y permisos que representan ingresos multimillonarios para muchos actores económicos, en los segundos la actividad económica depende, en menor medida, de la buena voluntad de los presidentes municipales.

Esto mismo explicaría el origen de los recursos destinados para clientelismo electoral. La principal fuente son los actores económicos directamente afectados por las decisiones del gobernante en turno. Con base en el ejemplo anterior, mientras que en Benito Juárez (Cancún) la mayoría de los recursos destinados al clientelismo provienen de desarrolladores inmobiliarios, hoteleros, restauranteros y antreros, en Iztapalapa provienen de comerciantes de la Central de Abastos, de vendedores ambulantes y de pequeños comerciantes y locatarios. Otra fuente de recursos no menos importante es el “ahorro” que realizan los partidos y gobernantes a lo largo de una gestión. A través de acuerdos con actores económicos, los gobernantes logran desviar recursos públicos que posteriormente son utilizados para actividades clientelares. Acaso la manera más común es inflar el costo de obras públicas para que un porcentaje de éste pase a manos del gobierno.

Un caso especial de esta dinámica son aquellas elecciones en donde está en juego un cargo público que incide directamente en las actividades del crimen organizado. Cuando esto sucede, es probable que el clientelismo electoral sea financiado principalmente por los criminales afectados. Lo anterior provoca que municipios relativamente irrelevantes en términos económicos se conviertan en enormes botines políticos. Esto explicaría la alta incidencia de clientelismo electoral en regiones como la montaña guerrerense, la tierra caliente michoacana y la huasteca potosina, donde la actividad económica gira en torno al cultivo y trasiego de drogas.

La competencia electoral también afecta el gasto en clientelismo porque produce un mercado donde los actores económicos compiten para apoyar al candidato que les promete mayores beneficios. Por ejemplo, es muy probable que el costo relativo de un voto u operativo de movilización sea mucho mayor en Benito Juárez (Cancún) —donde el pri y el prd han luchado palmo a palmo por años, ganando en ocasiones por menos de un punto—que en Iztapalapa—, donde el prd ha ganado todas las elecciones sin mayores problemas. La competencia electoral incrementa el gasto en clientelismo porque en casos como Benito Juárez (Cancún) las consecuencias de perder para los actores económicos interesados son mayores, y los llevan, inclusive, a apoyar a los dos candidatos en disputa. No es que en Iztapalapa el gasto en clientelismo electoral sea insignificante (seguirá siendo mucho mayor que en regiones de menor actividad económica), sino que es menor que en regiones de alta actividad económica donde la competencia electoral es más cerrada.

Gráfica 4

En resumen, existe una relación lineal entre el gasto en clientelismo electoral y dos factores: la actividad económica de la región en disputa y la competencia electoral entre los principales partidos. La actividad económica es más determinante porque es lo que incrementa el costo de oportunidad de perder la elección. Ya sea por miedo a represalias o incertidumbre jurídica en caso de perder, los actores económicos frecuentemente “doblan sus apuestas” por alguno de los candidatos o inclusive apoyan a los dos punteros en disputa.

Aunque esto no quiere decir que el gasto en clientelismo electoral proviene exclusivamente de actores económicos, sí sugiere que éstos son el origen de la mayoría de los recursos. El resto del gasto proviene de los mismos partidos, que en algunas ocasiones se enfrascan en peleas internas por el poder. Un caso reciente de esta dinámica es Iztapalapa, donde un grupo del prd decidió competir por la delegación en 2012, contraviniendo un acuerdo interno del partido. Esto produjo un mercado de votos donde los principales competidores eran dos “tribus” o grupos, que a su vez incrementó el gasto total en clientelismo. De acuerdo con entrevistas realizadas para este artículo, entre otras cosas, esta dinámica tuvo efectos inflacionarios en el sueldo de los operadores electorales, el “precio” relativo de un voto y hasta el costo de las despensas.

Por último, cabe subrayar que la mayoría del gasto en clientelismo no se destina a la compra directa de votos, sino a la manutención de las estructuras clientelares piramidales. La razón es que este tipo de gasto resulta mucho más costeable, ya que combina el poder persuasivo del dinero y las dádivas con otros tangibles e intangibles de bajo o nulo costo para los partidos (acceso a programas sociales, licencias y permisos de operación, adjudicaciones de contratos, sentido de pertenencia, posibilidad de una carrera política, etc.). Si los partidos tuvieran que pagar de 200 a 500 pesos (el costo aproximado de una despensa) por cada voto producido por sus actividades clientelares, el gasto en clientelismo sería insostenible y por sí mismo duplicaría el tope de gastos autorizados en campaña. Algunos entrevistados sostienen que el gasto en clientelismo es más o menos equivalente al gasto en publicidad en medios (tanto gasto no autorizado en medios electrónicos como gasto autorizado en espectaculares, salas de cine y carteles, entre otros). Además, todos los entrevistados coinciden que el gasto en clientelismo es más eficaz en costo-beneficio que el gasto en compra de votos.

7. Consecuencias

La principal consecuencia del clientelismo electoral es que puede alterar ilegalmente el resultado de una elección. Esto sólo es posible a través de la afectación de la voluntad de cientos, miles o millones de votantes, que opten por “vender” su voto a cambio de bienes materiales, servicios o dinero.

Una consecuencia real y directa es que el clientelismo electoral en sus diversas manifestaciones requiere sumas cuantiosas de dinero en efectivo. Ya sea para sostener las estructuras piramidales de los partidos o para movilizar votantes y comprar votos el día de la elección, el dinero en efectivo es el principal facilitador de estas actividades. En este sentido, y pese a que en muchas ocasiones el reclutamiento de simpatizantes y militantes fortalece las actividades clientelares, de ninguna manera alcanza para sufragar el multimillonario gasto que se necesita para llevarlas a cabo. Además, el hecho de que estas actividades dependan del dinero en efectivo, estimula el uso de recursos ilegales que por definición no se reportan a las autoridades.

Otra consecuencia del clientelismo electoral es la alteración de las condiciones de equidad de la contienda. Sin embargo, esto es más difícil de probar, ya que calificar una contienda como inequitativa implica la presencia de dos condiciones: (1) que la coacción y compra del voto sea eficaz —es decir, que efectivamente sirva para “comprar” la voluntad de un número significativo de votantes— y (2) que sólo un partido realice estas prácticas. De no presentarse estas condiciones, la coacción y compra del voto no pasa de ser una amenaza al sufragio libre y un gasto ilegal de recursos con fines electorales. Aunque ambos son condenables, se carece de evidencia robusta para afirmar que afecta la equidad de la contienda.

 

Luis Carlos Ugalde es director de Integralia Consultores; Gustavo Rivera Loret de Mola es politólogo y especialista en campañas electorales

 

1 Andreas Schedler, “El voto es nuestro: ¿cómo los ciudadanos mexicanos perciben el clientelismo electoral?”, Revista Mexicana de Sociología, 66, núm. 1, México, 2004.

2 Bárbara Schroeter, “Clientelismo: ¿Un concepto social y/o político?”, Revista Mexicana de Sociología, 72, núm. 1, México, 2010.

3 La evidencia para esta sección fue recabada a través de 12 entrevistas semiestructuradas anónimas con estrategas electorales, encuestadores y políticos de los tres principales partidos.

4 Ulises Beltrán y Alejandro Cruz, “Insignificante efecto de la compra del voto en el resultado electoral”, Excelsior 27 de Agosto de 2012.

5 Lawson, Chappell y Kenneth F. Greene, “Self-Enforcing Clientelism”, 30 de abril de 2012, borrador.

6 Alianza Cívica. (2012). Boletín de prensa sobre los resultados de la observación de la Jornada Electoral en 21 estados con más de 5,000 observadores electorales. México, D.F.; #YoSoy132. (2012). Informe de Observación Electoral del Movimiento #YoySoy132. México, D.F; Alberto Símpser, “Could the pri have Bought its Electoral Result in the 2012 Mexican Election? Probably Not”, en The Monkey Cage, 2012.