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A 20 años del levantamiento del EZLN

I

En medio de profundos e inciertos cambios económicos (apertura del mercado y desmontaje del Estado proteccionista y rector en esta esfera), políticos (democratización del anquilosado y autoritario régimen posrevolucionario) y sociales (desclasamientos y aparición de nuevas prácticas culturales), hace exactamente 20 años, en la madrugada del 1 de enero de 1994, los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se levantaron en armas y demandaron “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”. Su objetivo último apuntaba a la formación de una república socialista en México. Nada más consecuente con su origen político en las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), una guerrilla fundada a finales de la década de los sesenta y que había logrado sobrevivir la cruenta persecución del Estado mexicano en contra de todo movimiento subversivo.

Si algo hay que reconocer a las FLN es, sin duda, su perseverancia en la consecución de sus objetivos a lo largo de varias décadas, pero, sobre todo, su enorme talento de reclutamiento, organización y movilización que demostraron en todo este tiempo. Por supuesto, esto sólo fue posible porque la población que estaban sumando a su proyecto tenía una larga experiencia de organización agraria, religiosa y política, la cual fue apropiada y refuncionalizada para los fines de las FLN. En efecto, después de que un puñado de guerrilleros se reinstala en Chiapas a finales de 1983, las Fuerzas lograron lo que ninguna guerrilla rural o urbana, surgida en la segunda mitad del siglo XX mexicano, había alcanzado hasta entonces: conformar una amplísima base social que asumiera su compromiso con la revolución. En las regiones indígenas de Chiapas, miles de tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales de los Altos, el Norte y la Selva se integraron como “bases de apoyo” del EZLN y pusieron a su disposición hombres y mujeres jóvenes para que tomaran las armas como insurgentes. Por supuesto, no todos los indígenas chiapanecos se volvieron rebeldes. En realidad, siempre fueron minoría, pero una muy bien organizada y motivada. Hacia finales de los años ochenta, se calcula que entre las filas zapatistas se encontraban un poco menos de 40 mil miembros y que la guerrilla contaba con alrededor de tres mil elementos, aunque no todos bien armados y equipados para el combate.

Después de haber aprendido la gramática básica de la política al organizar su vida colectiva en ejidos —producto ya sea del reparto de agrario o de la colonización de terrenos nacionales—; de haber encontrado, más tarde, en la pastoral liberacionista católica elementos discursivos para reconocerse como “hijos de Dios” con dignidad y derechos; y, posteriormente, haber llevado activamente su propio destino colectivo construyendo múltiples organizaciones campesinas de masas orientadas a la producción y comercialización agrícola con el fin de mejorar sus condiciones de vida sin declinar su independencia política ante el corporativismo del PRI; los indígenas, que en tres décadas habían progresado mucho en comparación con su pasado reciente, empezaron a topar con obstáculos políticos y económicos que frustraban sus crecientes expectativas de cambio. A la par, sus organizaciones campesinas y poblaciones empezaron a ser discretamente infiltradas por el EZLN, el cual les ofrecía una alternativa “definitiva” para salir de la pobreza: la revolución. Aunque no todos aceptaran esta vía, no era entonces del todo descabellada, porque los indígenas sabían que en los vecinos países centroamericanos no sólo se estaban dando en esos momentos varias luchas populares armadas en contra de corruptos regímenes oligárquicos, sino que, al menos en uno de ellos, Nicaragua, la revolución había triunfado.

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A pesar de que a finales de la década de los ochenta, primero, y unos cuantos años más tarde, después, diferentes conflictos entre los zapatistas y la enorme coalición de organizaciones campesinas de inspiración maoísta (la ARIC-Unión de Uniones) y el sector más influyente al interior de la diócesis de San Cristóbal condujeron a que una parte importante de sus bases de apoyo desertara de las filas rebeldes, el EZLN había logrado, tras una década de trabajo político y militar, suficiente autonomía de aquéllos, por lo que pudo llevar acabo su inesperada y espectacular rebelión armada. Inició con la toma de cinco cabeceras municipales del estado de Chiapas: San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo y Chanal. Tras la sorpresa inicial el gobierno federal, preparado más bien para celebrar la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, envió al Ejército nacional a sofocar la rebelión. Los combates entre ambas fuerzas duraron 11 días1. A partir del 12 de ese mismo mes el gobierno mexicano y el EZLN iniciaron acercamientos para solucionar el conflicto por la vía del diálogo.

Derrotado y contenido en el terreno de las armas, el EZLN se vio obligado a modificar su estrategia gracias, entre otras cosas, a que recibió muestras masivas de solidaridad en México y el extranjero. En los primeros días esta solidaridad era, más bien, una doble exigencia: por un lado, la del cese inmediato al fuego para evitar una masacre de los insurgentes; y, por el otro, la de buscar una salida política al conflicto. Es en esos primeros meses que el EZLN da su giro estratégico hacia el indianismo y el multiculturalismo, que tanto sedujo a la comunidad internacional interesada en lo que pasaba en el sureste del país.

Evidentemente, la revolución no había triunfado, pero sí generó condiciones para que en los siguientes meses se diera una, en ocasiones violenta, oleada de ocupación de tierras en todo Chiapas. La mayoría de ellas eran de predios privados, pero no todas calificaban como gran propiedad. Algunos terrenos eran, incluso, de otras comunidades indígenas. En fin, este reparto de tierras desde abajo fue, sin duda, el éxito más palpable e inmediato para los zapatistas —que beneficiaría, por cierto, también y a la larga aún más gracias a su posterior regularización, a otros grupos invasores—2. Para la población joven de los rebeldes esto no era poca cosa, ya que la combinación del rápido crecimiento demográfico local, la baja productividad agrícola, la insuficiencia de tierras para las nuevas generaciones y la falta de alternativas laborales fuera del campo, los colocaba en una situación económica y social sumamente precaria, en donde su futuro era muy incierto.

En esta nueva constelación política el EZLN combinó, de igual manera que los movimientos populares a los que antes había descalificado por “reformistas y socialdemócratas”, la negociación política con la movilización contestataria en búsqueda del reconocimiento por parte del Estado como un actor político legítimo. Al mismo tiempo, replanteaba su lucha por el socialismo en un contexto político inesperado por la comandancia rebelde. Para ello se requirieron nuevas formas regionales de organización política para establecer una autonomía de facto en los territorios “controlados” por los rebeldes. Con este fin, se crearon, primero, 38 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) a finales de 1994 y, después, cinco “Juntas de Buen Gobierno” (JBG) en agosto de 2003. La concepción general detrás de la constitución de estas estructuras políticas ha consistido, hasta la fecha, en crear territorios autónomos, en los que los zapatistas puedan definir su vida social, política, económica y cultural sin la intervención de las instituciones y los agentes del Estado mexicano. Así, tanto los municipios como las juntas han asumido funciones de gobierno como las de la enseñanza pública, el registro civil, la dotación de sistemas de salud, la impartición de justicia, la regulación de tránsito de vehículos, el desarrollo de programas de producción y comercialización agropecuaria y de artesanías, etcétera.

Hablar de “territorio zapatista” resulta, no obstante, una hipérbole, porque en las áreas geográficas en las que los rebeldes tienen presencia, la mayoría de las poblaciones no pertenecen al EZLN, otras están divididas políticamente y cada vez menos son completamente zapatistas. Inclusive, en los poblados sedes de sus antiguos bastiones militares, políticos y civiles, como La Realidad (Las Margaritas), Roberto Barrios (Palenque) o Morelia (Altamirano), la población zapatista se ha vuelto una minoría decreciente. En julio de 2013, según el trabajo de campo de la socióloga Carmen Legorreta, “quedan [en La Realidad] 12 de las 70 familias que pertenecieron al movimiento”; en Roberto Barrios, “de 60 familias aproximadamente, 15 continúan” en las filas rebeldes; y, finalmente, en Morelia “sólo 32” de 320 familias en la población “siguen siendo zapatistas”3. En lo general, sólo en las comunidades mayoritariamente zapatistas, los MAREZ y las JBG ejercen su soberanía. Y son estas poblaciones las que se benefician de los múltiples servicios, programas y proyectos de los rebeldes.

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Si no fuera por la pretensión zapatista de hacerse valer como la autoridad máxima en estas regiones geográficas, la mayoría de las poblaciones en este territorio serían indiferentes a la autonomía del “buen gobierno”. En efecto, muchos proyectos de infraestructura de vialidades, electrificación, programas sociales o agropecuarios de los gobiernos federal y estatal no pueden llevarse a cabo en estas latitudes porque el EZLN lo impide o exige “impuestos” para permitir su realización. Con ello, perjudica a los potenciales beneficiarios. También es verdad, por otro lado, que hay casos en que problemas de “justicia” entre zapatistas y no zapatistas llegan a atenderse y resolverse en las instancias correspondientes de las juntas mediante acuerdos satisfactorios entre las partes.

Los efectos materiales de este recurso hiperbólico no han sido, sin embargo, despreciables para el EZLN. El principal es, sin duda, que el gobierno mexicano ha evitado —en cierto sentido se podría afirmar incluso que por fortuna— toda campaña política y militar que reactive el conflicto armado. Y también han contribuido, en segundo lugar, a fomentar la solidaridad de grupos pro zapatistas nacionales e internacionales, que se traduce —aunque cada vez menos, hay que decirlo— en apoyos simbólicos, financieros, humanos, técnicos y políticos a favor de las bases de apoyo. La paradoja es que el discurso y la práctica antigubernamentales generaron el efecto de una creciente dependencia rebelde de grupos foráneos simpatizantes y ONG —cuyo financiamiento, como se sabe, proviene en gran parte de gobiernos extranjeros y agencias internacionales.

Cuando en agosto de 2003 se anunció la creación de los Caracoles y las JBG, uno de los objetivos explícitos de esta iniciativa era la desmilitarización del zapatismo en favor de sus autoridades civiles. Hasta el día de hoy este propósito no se ha alcanzado. La comandancia insurgente mantiene la última palabra y su capacidad de veto en cuestiones políticas y en la autorización o no la realización de programas y proyectos productivos, comerciales, educativos y de salud. Asimismo, es la que define con cuáles colectivos, grupos, actores y organizaciones de la sociedad civil de México y el mundo se puede trabajar o no.

El cese de las hostilidades directas entre la guerrilla y el Ejército nacional y la interrupción del diálogo entre los zapatistas y el gobierno federal (septiembre de 1996) tras la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar (febrero de 1996), tuvieron importantes consecuencias en la composición del zapatismo. Primero, en los Altos y el Norte de Chiapas aparecieron bandas paramilitares que hostigaban a las bases de apoyo. El clímax de esta política contrainsurgente tiene lugar con el asesinato de 45 indígenas en la población de Acteal, el 22 de diciembre de 1997. El diálogo entre la comandancia rebelde y el gobierno federal se reactivaría sólo tras el desplazamiento del PRI de la presidencia de la República. Sin embargo, la esperanza de solucionar el conflicto de manera definitiva se esfumó con rapidez debido a que los insurrectos cuestionaron la aprobación “unilateral” de la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas en 2001.

Desde entonces y hasta la fecha no ha habido un encuentro oficial y público entre las partes. Así, entonces, los rebeldes se dedicaron a continuar la construcción de su autonomía, mientras que la autoridad federal a llevar a cabo sus programas de política social y agropecuaria sólo en las comunidades no zapatistas y siempre y cuando los rebeldes no impusieran un veto a la presencia de agentes estatales en su “territorio” por considerarlos un riesgo a su autonomía.

En los hechos, la “política de la resistencia” del EZLN se tradujo en la prohibición a sus bases de apoyo de todo trato con autoridades de cualquier nivel de gobierno y, en consecuencia, a no beneficiarse de los programas y políticas públicas dirigidos en atención de las necesidades de los indígenas4. Y mientras que la población no rebelde hacía uso de estos recursos públicos, los zapatistas debían enfrentar su precaria situación económica sólo con sus propios medios y las generosas, pero siempre insuficientes aportaciones provenientes de la solidaridad foránea. Los proyectos autonómicos de salud y educación, por un lado, así como los programas agropecuarios y de comercialización, por el otro, son, innegablemente, un esfuerzo organizativo notable y hasta ejemplar; sin embargo, sus resultados han sido exiguos para responder a las necesidades de la población zapatista. Asimismo, la reorganización interna del zapatismo en resistencia implicó mayor cooperación y sacrificio para las bases de apoyo para mantener el proyecto autonómico, así como un creciente autoritarismo de la comandancia y sus autoridades militares y políticas para conservar la unidad y disciplina del movimiento. A la larga, las fuerzas insurgentes fueron paulatinamente desmovilizadas de sus campamentos (a más tardar hacia el año 2000) y sus efectivos se reintegraron, sin un desarme de por medio, a la vida comunitaria. Así, la guerrilla quedó, para efectos prácticos, desmantelada y dejó de ser una carga material para las bases de apoyo agotadas económicamente por el mantenimiento de un cuerpo de combatientes improductivos.

II

A pesar de que el EZLN no buscaba la democracia  —al menos no la liberal y representativa—, habría que reconocer que su violenta aparición pública aceleró el proceso de apertura democrática en el país. Este logro inesperado y, acaso, no del todo querido por parte de los insurgentes, se expresaría, primero, en las elecciones federales intermedias de 1997, cuando el Congreso federal se conformó sin ninguna mayoría parlamentaria, y, tres años más tarde, cuando los ciudadanos votaron a favor del cambio que representaba el candidato presidencial del PAN, Vicente Fox.

En términos prácticos, el EZLN se convirtió, a más tardar en 2002, en un actor político irrelevante a nivel nacional. No pudo sacar provecho del contexto de la transición para intervenir en la vida de la República. En Chiapas su influencia se siente casi exclusivamente en las regiones indígenas, pero sólo allí donde está mejor cohesionado orgánicamente. Su último intento, hasta ahora, de deschiapanizar (geográfica y étnicamente) el conflicto tuvo lugar, en 2005, con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la puesta en marcha, en enero de 2006, de La Otra Campaña (LOC). Esta última, que nunca interesó realmente al público mediático y a la ciudadanía en general, pasó sin pena ni gloria en el contexto de la violenta represión de los pobladores de San Salvador Atenco, las elecciones presidenciales, las movilizaciones de López Obrador y sus seguidores en contra de un supuesto fraude electoral y, finalmente, del sangriento sometimiento de la APPO.

Esta iniciativa rebelde pretendía, sobre todo, estrechar relaciones y formar alianzas con todos los grupos de izquierda no partidista, anticapitalistas y antineoliberales. Así, entonces, en los encuentros entre la delegación zapatista de LOC y los suscriptores de la Sexta se empezaría a formular un “programa de lucha nacional”. Bajo los estrictos criterios de selección impuestos por el EZLN pocos grupos, organizaciones y asociaciones pudieron ser considerados como “adherentes”5. Menor aún fue el número entre éstos que lograron mantener, a lo largo de los siguientes años, su alianza con los rebeldes, debido a la exigencia de incondicionalidad absoluta del EZLN con la que deberían conducirse los aliados, aceptando sin cuestionamientos su autoridad (“confiar”, es la palabra que utilizan) en toda decisión que tomen6. Así, muchos de los entusiastas firmantes de la primera hora han sido excluidos, en el correr de los años, por no asumir suficientemente el espíritu rebelde de los zapatistas. Asimismo, los prolongados silencios del zapatismo en los últimos 12 años lo alienaron, para fines prácticos, de la amplia red de colectivos pro zapatistas que se formaron en Europa y el norte de nuestro continente. La razón de ser de muchas de estas agrupaciones era su solidaridad con el EZLN. Al perderse la comunicación fluida entre ambos, éstos se desmembraron o se incorporaron a luchas de otros actores en sus países o de orientación más altermundista. Así, para ellos el zapatismo se convirtió en parte de su pasado —un pasado, hay que decirlo, que les enseñó que podían autoorganizarse, tomar la iniciativa y no depender de la intervención de las instituciones gubernamentales para buscar cambiar, aquí y ahora, su situación y los problemas del mundo—. En ese sentido, el zapatismo pasó a ser un símbolo que antecedió a las luchas en contra de la globalización neoliberal.

A pesar del proceso permanente de deserción de las filas rebeldes, ¿quiénes continúan en el zapatismo? Básicamente hay tres grandes categorías que se encuentran en esta situación. Por un lado, un segmento de los iniciadores del movimiento, que adquirió prestigio y posiciones sólidas de autoridad locales en los ámbitos civil, político o militar. En segundo lugar, se hallan los indígenas que carecen de alternativas viables para abandonarlo y reconstruir sus vidas individuales y colectivas más allá de la resistencia. En otras palabras, son los que trabajan y viven en las tierras “recuperadas” en los años siguientes al levantamiento, cuya propiedad nunca pudo legalizarse y que son controladas y administradas por el EZLN. Si renuncian al zapatismo, entonces pierden todo sustento material de su existencia. Se unieron a la rebelión con la esperanza de ganar autonomía, sin embargo, paradójicamente, aumentó su dependencia de la estructura insurgente. Y, por último, está la generación joven que nació y se crió en la resistencia y que, por tanto, no conoce otra forma de vida y organización. Ésta ha sido educada en las escuelas zapatistas y se caracteriza por un inconmovible compromiso con el EZLN. Uno puede admirar su conciencia política o bien lamentar la influencia de la socialización propagandística en ellos. Al interior de este sector se encuentran también las mujeres jóvenes en una situación personal paradójica. Crecieron en las filas del zapatismo y asumieron el discurso de la independencia femenina, sin embargo, la inercia de la tradición en sus poblados contraviene esta expectativa y las orilla a escoger entre continuar su militancia activa o casarse y formar una familia bajo el imperio de la costumbre patriarcal.

Por el otro lado, no deja de ser sobresaliente el esfuerzo del zapatismo en la organización territorial de su autonomía. Uno se pregunta qué podrían alcanzar con mayores y mejores recursos y más oportunidades para las iniciativas locales en las comunidades rebeldes. En este sentido, no tienen parangón en el país, pues realmente han operado en las márgenes del régimen. Los entusiastas —en especial, los recluidos en sus oficinas universitarias y los que gozan con experiencias fuertes de turismo revolucionario— han querido ver en todo esto una forma de hacer política alternativa a la occidental. Nada más alejado de los hechos. Bien visto, es todo lo contrario. La organización local e (inter)regional de la autonomía zapatista refleja, de manera fiel, el orden estatal que disputan. En otras palabras, la potencia de la hegemonía del Estado mexicano muestra su efectividad incluso entre los que se le oponen y desafían, como es el caso del zapatismo. El lenguaje, los símbolos, las prácticas, las actividades y las funciones de los MAREZ y las JBG —ubicados en un territorio (más imaginado que geográfico) que reclaman como suyo— dan fe de esto. El dominio que sigue ejerciendo la comandancia del EZLN sobre el zapatismo político y civil resulta por demás elocuente al respecto.

En toda esta historia de conflicto, exclusión y marginación, el Estado tiene su parte importante de responsabilidad. Si comparamos la respuesta que dio al zapatismo con la que aplicó a otros “actores subversivos” apenas unos 20 años antes del levantamiento y, también, si la ponemos en perspectiva en relación con las sangrientas guerras civiles y luchas revolucionarias y populares al sur de nuestra frontera en ese misma época, hay que reconocer al gobierno federal la prudencia y el predominio de la política para enfrentar a los rebeldes del sureste. Las millonarias inversiones en programas y políticas públicas de toda índole en Chiapas, en general, pero en la zona de conflicto, en particular, pudieron haber tenido un efecto de desarrollo a largo plazo para superar la pobreza e integrar realmente a los indígenas, en términos de igualdad y sin discriminaciones, a la sociedad mexicana. Pero no sucedió así. El dinero no fue utilizado con inteligencia. Se gastó mucho para neutralizar la influencia del zapatismo y no poco se perdió en la corrupción. La miseria y bajísima productividad del campo ejidal en México se multiplican en las regiones indígenas. En esta situación, la migración ha sido la opción para muchos hombres y mujeres jóvenes, tanto zapatistas como de otro signo político —opción cada vez más difícil de ejercer con el cierre de la frontera norteamericana en el último lustro—. El mercado laboral no agrícola en Chiapas no ofrece alternativas a esta población con un bajísimo nivel educativo. La economía no crece ni genera empleos. Y a todo ello se suma la presencia del tráfico de drogas y de personas en esta región del país.

 

Marco Estrada Saavedra

 

Profesor e investigador de El Colegio de México. Autor, entre otros libros, de La comunidad armada rebelde y el EZLN.

Agradezco a Alejandro Agudo Sanchíz los comentarios y sugerencias que hizo a una versión anterior de este texto.

 


1 Se calcula que murieron entre 100 y 150 insurgentes en los diferentes combates.

2 Con ello, el campesinado chiapaneco en su conjunto consiguió de facto que el gobierno se desdijera de la cancelación de la reforma agraria, dos años antes aprobada, e improvisara un reparto de tierras encubierto mediante la creación del programa fideicomiso Fondo 94 y 95, mediante el cual, primero, se compraba las tierras a los afectados por las invasiones; después, se otorgaban créditos a los invasores; con el cual éstos podían comprar y regularizar la tierra que les vendía el gobierno. Gracias a este barroco mecanismo no se violó el espíritu de la ley. Sobra agregar que los créditos no fueron devueltos… y que las tierras en poder del EZLN no se pusieron en orden.

3 María del Carmen Legorreta Díaz, El EZLN en Chiapas en perspectiva histórica, 2013, manuscrito inédito.

4 En realidad, un sano sentido pragmático por parte de la dirigencia del EZLN sí permitió que muchos zapatistas se convirtieran en beneficiarios del programa Oportunidades o que también, en algunas comunidades, se regularizaran terrenos “recuperados”. Todo esto siempre y cuando sucediera de manera discreta o a título individual. De otro modo, la sangría de las filas rebeldes hubiera sido seguramente mayor.

5 Con esta regla el EZLN pretendía marcar una línea clara que dividiera entre el Estado y su esfera de influencia corruptora en la sociedad y el resto. Los pertenecientes a este último lado de la distinción estarían libres de los mecanismos de control del poder y el dinero, por lo que podrían combatir al Estado y al mercado sin compromisos desde sus propias autonomías rebeldes en todo el globo. Este criterio, no menos normativo que ingenuo, olvidó las diversas y extensas redes en que se encuentran envueltos movimientos y organizaciones populares, colectivos y todo tipo de asociaciones en la ciudad y el campo, nacional e internacionalmente, que los vinculan, de maneras complejas, con los entramados institucionales del Estado, aunque consideren a éste como su oponente. Es difícil encontrar, entonces, una esfera popular que no se halle inmersa en procesos estatales. Así, los pocos adherentes de la Sexta que quedaron tras esta purga, tal vez los caracterice, en realidad, su falta de influencia social y política.

6 El proceso de selección de los que podían realmente asistir a la “escuelita zapatista”, en agosto de este año, a pesar de haberse anunciado como una invitación a todos aquellos que querían conocer, de primera mano, su experiencia de autonomía, no se apartó un ápice de esta práctica intolerante con la pluralidad política. En las palabras de una informante comprometida con la lucha rebelde, la “escuelita” fue “una especie de promoción (o incluso una nueva forma de ‘zapaturismo’) con invitación… Más que un proyecto educativo como tal, es parte de la difusión del zapatismo para rearticular alianzas”.

 

5 comentarios en “¡Ya basta!

  1. El artículo da luz sobre cosas que muchos desconociamos por lo cerrado que pueden estar al mundo la realidad del EZLN, o por lo menos sí sus comunidades. Sin embargo, a lo largo se destaca que en lo que ha fracasado el zapatismo, como otros intentos que buscan cambiar la realidad de pobreza, marginación, analfabetismo, en otras regiones del país, es la concretización del proyecto ante la falta de recursos humanos y, principalemente, finacieros. El zapatismo refrenda la lucha de muchos que creemos que el actual modelo económico sólo produce pobres y una mínima clase media reaccionaria que dfiende con uñas lo poco que tiene y se opone a cualquier cambio incluyente.

    ¿Dónde puedo conseguir su libro?, me gustaría leer porque se ve que usted puedo acercarse a estas comunidades. Enhorabuena por el artículo.

  2. A 20 años del surgimiento de este movimiento ya pocos recuerdan la frase solidaria de «todos somos Marcos» ; de alguna manera perdio credibilidad cuando se presentaron en la cámara de diputados sin un propósito definido que despertara conciencia en la sociedad civil

  3. «… contra de un supuesto fraude electoral …», que mientras no se quiera ver, será imposible que lo vean. Visítese: http://chuyibarra.blogspot.com/, sitio en el que encontrarán no sólo la metodología para descubrir el fraude electoral sino las casillas en las que las votaciones totales emitidas son inconsistentes y las pruebas documentales, las actas de escrutinio y cómputo.

    El fraude se produce en el conteo de los votos (Gangs of New York) y esta cuenta ocurre primero en la casilla, después en el PREP (en el que se acumulan las votaciones de cada partido o coalición y los votos anulados) y finalmente durante los cómputos distritales, estos dos últimos momentos en los sistemas de cómputo a cargo del Consejo general del IFE. Claro, los candidatos y partidos, beneficiarios directos del fraude, harán todo lo posible por producir el mayor ruido posible, al máximo de decibeles, de modo que la población se pierda con los oídos y la vista desechos. Pero los ciudadanos nos proponemos la defensa de nuestros votos y aquí estamos.

  4. El fraude se produce en el conteo de los votos (Gangs of New York) y esta cuenta ocurre primero en la casilla, después en el PREP (en el que se acumulan las votaciones de cada partido o coalición y los votos anulados) y finalmente durante los cómputos distritales, estos dos últimos momentos en los sistemas de cómputo a cargo del Consejo general del IFE. Claro, los candidatos y partidos, beneficiarios directos del fraude, harán todo lo posible por producir el mayor ruido posible, al máximo de decibeles, de modo que la población se pierda con los oídos y la vista desechos. Pero los ciudadanos nos proponemos la defensa de nuestros votos y aquí estamos.

  5. Un buen análisis de 90ª , hecho desde la comodidad que ofrece el escritorio o el cubiculo, un seguimiento lógico desde fuera. De ahí que se necesite más intelectuales en el campo para así no limitar el cuadro completo del análisis y si profundizar en las fibras fundamentales de un acontecimiento que por mucho dista de un fenómeno aislado o en un rincón del país.

    Saludos!