La administración del presidente Enrique Peña Nieto empezó con un importante reconocimiento: el titular del Ejecutivo era la cabeza de un gobierno de minoría y por ello estaba obligado (políticamente hablando, no en términos legales) a construir una plataforma mayoritaria para su gestión. Eso fue el Pacto por México. Un acuerdo entre las tres principales fuerzas políticas del país y el gobierno para fijar un horizonte y una serie de compromisos para alcanzarlo.
El Pacto era un reconocimiento pertinente del rasgo fundamental de la política mexicana de los últimos 15 años: el pluralismo equilibrado que habita el mundo de la representación y que supone que ningún partido (en singular) puede hacer su simple voluntad. De hecho, a lo largo de esos años toda reforma constitucional o legal, toda formación de alguna comisión, la aprobación de la Ley de Ingresos o el Presupuesto, requirieron de pactos puntuales para ser posibles. El Pacto intentaba trascender el carácter coyuntural y efímero de esos acuerdos para ofrecer permanencia, certidumbre y futuro a un programa reformador.
Suponía, además, desterrar las peregrinas iniciativas que deseaban conjurar el pluralismo equilibrado formando una mayoría artificial en el Congreso (recuérdense fórmulas tan poco democráticas como la mal llamada cláusula de gobernabilidad), para asumir y dar cauce a una realidad del tamaño de una catedral: que ninguna fuerza política tiene los votos suficientes en las Cámaras como para hacer su peculiar deseo y que ello reclama negociaciones y acuerdos. También supuso —contra el consejo de no pocos analistas— la incorporación de la izquierda, como una fórmula para ampliar la base social y política de apoyo, y no depender en exclusiva del humor del PAN.
Las primeras reformas, las constitucionales en materia de educación y telecomunicaciones, se produjeron en ese ambiente. Dos pasos en temas capitales y sensibles.
Con el correr de las semanas y los meses aparecieron los límites del Pacto. Como fruto de un acuerdo negociado entre las dirigencias de los partidos y el gobierno federal, no pocos prominentes miembros de los partidos firmantes se sintieron marginados. Las tensiones desatadas en el PAN y el PRD fueron públicas y notorias. Al grado de que en el Senado de la República las bancadas de ambos (o grupos de senadores importantes de los dos) hicieron públicos 30 acuerdos para impulsar una reforma política al margen y en contraposición al Pacto. En el PAN las diferencias desembocaron en la destitución del coordinador de los senadores y el nombramiento de uno nuevo. Y en el PRD la línea de tensión se ha mantenido.
Quizá una de las enseñanzas más significativas del Pacto sea entender que cada partido es una constelación de fuerzas y que en el futuro las operaciones concertadoras deben ser más incluyentes. El problema del Pacto no es que sea “cupular” (todos lo son), sino que al parecer no se sienten representadas en él algunas de las corrientes y personalidades que gravitan en esos laberintos complicados a los que denominamos partidos.
De la misma forma, quizá sea necesario incorporar una fórmula de consulta institucionalizada entre los antes llamados factores de la producción. Un espacio para que los líderes de empresarios, sindicatos, organizaciones agrarias, etcétera, puedan legítimamente colocar sus diagnósticos y propuestas en la mesa, para complementar, afinar, embarnecer, los proyectos de reformas y ofrecerles una más densa sustentabilidad. Algunos, como el grupo Nuevo Curso de Desarrollo que auspicia la UNAM y en el que participan muy destacados economistas, ha propuesto la creación de un Consejo Económico y Social como circuito adicional para la socialización y debate de las iniciativas… y no parece ser una mala idea. Ello le daría una mayor base social y solidez política a los posibles acuerdos.
Ahora bien, los distintos proyectos reformadores que están cobijados por el Pacto tienen muy diferentes grados de desarrollo: mientras la reforma educativa en el terreno legislativo está prácticamente terminada (su ejecución es otra cosa y de pronóstico reservado), la de telecomunicaciones cuenta ya con su “techo constitucional”, con los integrantes de sus órganos rectores (Ifetel y Cofeco), pero falta aún la legislación secundaria; mientras que de la energética apenas conocemos diversas iniciativas de reforma constitucional y quienes se oponen a ellas.
Además, la plataforma reformadora del Pacto, por su ambición y alcances, ha abierto una serie de flancos. La reforma educativa puso en marcha a franjas muy relevantes de profesores que la combatieron y la combaten; la de telecomunicaciones no fue del agrado de los grandes concesionarios de la televisión; la fiscal no gustó a las cúpulas empresariales y a diferentes grupos privilegiados; la energética es duramente combatida por la izquierda.
Total, el Pacto, como todo, tendrá una fecha de caducidad. Pero ha sido una experiencia expresiva de los tiempos que corren y que están marcados por la necesidad de acuerdos entre las principales fuerzas políticas que conviven y compiten en el Congreso… Claro, si es que se pretende cualquier acción transformadora. Ése es un reconocimiento elemental pero al mismo tiempo fundamental. Hemos transitado, sin duda alguna, de los tiempos en los que la voluntad del presidente era la presunta voluntad de la nación, a la época del pluralismo equilibrado en las instituciones del Estado, que es la cara política más sobresaliente de los últimos 16 años, de la situación actual y quizá de los próximos lustros. n
José Woldenberg. Ensayista y escritor. Es autor de Nobleza obliga, Política y delito y delirio. La historia de tres secuestros y El desencanto, entre otros libros.
