A casi un año del inicio del nuevo gobierno se observan resultados mixtos en materia de seguridad. Aunque todavía no es posible referirnos a una nueva política, ni a la configuración de una estrategia nacional para disminuir la violencia y el crimen, lo cierto es que se han tomado decisiones novedosas y atractivas.

Entre ellas destacan dos: la iniciativa de poner en marcha programas de carácter preventivo, que en 2013 contaron con un presupuesto de apenas dos mil 500 millones de pesos;1 y la creación de una Gendarmería Nacional, que al parecer perseguirá objetivos diversos, como fortalecer la presencia del Estado en comunidades apartadas donde operan grupos violentos, proteger instalaciones estratégicas y custodiar puertos y puntos fronterizos prioritarios. La Gendarmería es hasta ahora una promesa que presumiblemente se convertirá en realidad durante el segundo año  de gobierno.

Una tercera decisión ha sido la fusión de la extinta Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación para convertirse en la Comisión Nacional de Seguridad. Lo anterior ha propiciado una mejor alineación de las labores de la Policía Federal a los criterios que rigen la conducción de la política interior.

Un cuarto componente novedoso ha sido de forma, no de fondo: una política de comunicación críptica, en la que primordialmente se reitera el reforzamiento de operativos, y los esfuerzos en materia de coordinación y prevención. Lo cual contrasta con los excesos mediáticos de la administración previa. Por ejemplo, según informes oficiales han sido neutralizados 65 criminales de alto nivel, pero sólo tres capturas fueron anunciadas con un alto volumen mediático.

Después de la guerra

En materia de golpes a las principales organizaciones criminales, Los Zetas, cuyo líder principal (Miguel Treviño, el Z-40) fue capturado en julio, han sido la más afectada este año. Por otra parte, no ha sido detenido ningún líder de primer nivel de Los Caballeros Templarios, a pesar de que ésta es una de las organizaciones que participan de forma más activa en extorsiones y otros delitos de alto impacto.

En el presupuesto no se  observaron grandes cambios.  Semar y Sedena fueron las dependencias que recibieron los mayores incrementos (sus fondos  para 2013 fueron, respectivamente, 6.9% y 5.3% mayores que en 2012) mientras que las variaciones en PGR  y SSP fueron marginales.

La actuación de las fuerzas  militares y la Policía Federal ha sido inercial. El despliegue de elementos a lo largo del país mantiene una lógica reactiva más que preventiva. Estas inercias obedecen a causas estructurales. La falta de un diagnóstico preciso sobre la capacidad de fuego de los grupos delincuenciales y su grado de arraigo social, por un lado, y de la capacidad operativa de las instituciones locales de seguridad y justicia, por el otro, impide a la autoridad actuar con la anticipación y contundencia necesarias.

Otra carencia decisiva para actuar con eficacia y oportunidad es la inexistencia de una red de inteligencia y gestión social en comunidades vulnerables, que evite la penetración del crimen organizado y transmita a las autoridades información relevante sobre riesgos y amenazas a la seguridad. Esta deficiencia sólo podrá subsanarse cuando se logre una mejor articulación entre los programas sociales, que ya tienen una amplia estructura de personal en campo, y la política de seguridad.

La tendencia a la baja de los homicidios vinculados con el crimen organizado se ha mantenido (ver gráficas 1 y 2). De diciembre de 2012 a octubre de 2013 se registraron 10 mil 925 ejecuciones, una reducción de 12% en comparación con los últimos 11 meses del gobierno de Felipe Calderón. Después de años de incertidumbre, es claro que el Estado mexicano no será derrotado en los que fueron los frentes más emblemáticos de la “guerra” contra el crimen.

Gráfica 1

Gráfica 2

En 2013 en Ciudad Juárez se ha registrado un promedio de poco más de una ejecución al día, mientras que la cifra de 2010 era de 7.5, una reducción de 85%. La violencia también disminuyó de forma sustancial, aunque menos dramática, en Acapulco, Culiacán, Monterrey y Torreón. Excepciones importantes son la zona metropolitana de Guadalajara y Michoacán (donde las ejecuciones alcanzaron en octubre pasado su nivel más alto en 14 meses).

Aunque la violencia más escandalosa ha disminuido, la violencia cotidiana y el miedo siguen siendo la constante para la población de muchas zonas del país. El acelerado incremento de la extorsión es uno de los indicadores más preocupantes en este sentido. De acuerdo a las cifras que reportan las procuradurías, que hay que tomar con cautela, de enero a septiembre de 2013 la incidencia de este delito aumentó 35% respecto al mismo periodo del año previo.2

El Estado también enfrenta nuevos desafíos en materia de gobernabilidad, especialmente en las comunidades rurales de Guerrero y Michoacán. En algunas localidades de ambos estados los criminales llegaron al extremo de bloquear el ingreso de ayuda después de la tormenta tropical Manuel. La proliferación en el último año de grupos de autodefensa o “policías comunitarias” incrementa la complejidad de la crisis de inseguridad que se vive en el ámbito rural. El desafío militar y de seguridad pública se convierte ahí en un desafío político: desde fuera no es posible decir si esos grupos representan verdaderamente a la población o son simples instrumentos de legitimación del crimen organizado. Es probable que ambos elementos estén presentes en cierta medida.

Finalmente, cabe destacar que el gobierno de Peña Nieto ha mantenido una posición de mayor autonomía frente a Estados Unidos. Buena parte de la libertad para actuar que las agencias norteamericanas de seguridad gozaron durante el gobierno de Felipe Calderón derivaba de su interlocución directa con las distintas secretarías e instituciones de seguridad del gobierno mexicano. El liderazgo que actualmente ejerce Segob ha restringido en buena medida esta libertad.

En el largo plazo, la mayor autonomía permitirá a los gobiernos mexicanos alinear mejor la política de seguridad con los intereses estratégicos de nuestro país, que no siempre coinciden con los de nuestros vecinos. En el corto plazo la autonomía plantea el desafío de desarrollar fuentes propias de inteligencia que permitan infiltrar a las organizaciones criminales y poner en práctica una política de prevención y disuasión de la violencia, los delitos de alto impacto y de reducción de los daños que genera el narcotráfico. n

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez. Consultor en seguridad de www.lantiaconsultores.com. Twitter: @laloguerrero.

 

1 Como referencia, el programa “Todos somos Juárez” recibió por sí solo más de cinco mil millones de pesos durante la administración previa.
2 En México, donde la gran mayoría de los delitos no se denuncian, las estadísticas que generan las procuradurías de las 32 entidades federativas sólo tienen un valor aproximativo como indicador del nivel real de delincuencia.