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secuestro

José Woldenberg,
Política y delito y delirio. Historia de 3 secuestros,
Cal y arena,
México, 303 pp.

En su Teoría de la historia, dice Agnes Heller que “al no ser un mito, la historia, para ser verdadera, exige la verificación de los hechos. Los acontecimientos tienen que ser descritos tal y como ocurrieron en la realidad”. La conciencia histórica del mundo es secular, dice la autora. No es mito ni religión. Reside no sólo en los “recovecos de la historia”, en los estudios de los filósofos, sino también en las calles y en los campos de batalla.

En este contexto, Política y delito y delirio. Historia de 3 secuestros contribuye a recrear esa conciencia histórica; pues trata sobre hechos que ocurrieron hace más de 27 años, hechos cuyos protagonistas principales se reclamaban herederos de otros protagonistas y de sus hechos (en particular: el secuestro de Rubén Figueroa por la guerrilla de Lucio Cabañas), sucedidos en el año de 1974. Aclara su urdimbre y los pone en perspectiva.

Estamos ante una reconstrucción histórica que, aunque no sea su propósito, contribuye por su rigor a separar el mito de los hechos, interrogándose al mismo tiempo por el sentido y los efectos de los mismos.

El libro responde a interrogantes como: ¿qué pensaban los secuestradores de Arnoldo Martínez Verdugo, cómo justificaban una acción aberrante que despertó el repudio de todas las fuerzas políticas y sociales sanas del país?

¿Qué pensaban los dirigentes del Partido Comunista Mexicano que, en medio de una situación pantanosa y mórbida, decidieron por sí y ante sí guardarse y utilizar un dinero que evidentemente no les pertenecía, y que había sido obtenido de manera ilegal por un grupo armado que, como tal, no tenía relaciones políticas formales con el PCM?
Las fuerzas políticas del país, ¿cómo se definieron ante estos hechos? ¿Cuántos asumieron posiciones como las del Partido Revolucionario de los Trabajadores (trotskista), para quien era “tan grave” quedarse con fondos revolucionarios como “secuestrar a dos compañeros”?

Para situar las cosas en perspectiva, hay que recordar que el PCM venía de una etapa de aguda represión gubernamental, donde muchos cuadros y dirigentes pagaron con prisión política su lucha por las libertades democráticas (por ejemplo, durante el movimiento estudiantil del 68). Apenas en el verano de 1971, tres años antes de los hechos que dieron origen a este enredo, habían dejado la cárcel cuadros estudiantiles del PC (como Pablo Gómez y Arturo Martínez Nateras), y varios veteranos de la dirección como Gilberto Rincón Gallardo, Gerardo Unzueta, Eduardo Montes, Rodolfo El Chicali Echeverría, Rafael Jacobo, entre otros. Para no hablar de los que se exiliaron o tuvieron que esconderse.

La libertad política en el echeverrismo era una quimera: del 10 de junio a la apertura democrática, del avión de redilas a los desaparecidos de Guerrero. Pero si bien ello puede ayudar a explicar un estado de ánimo y determinadas actitudes, tanto de la guerrilla como del PC, no los justifican.

La versión de que el Partido de los Pobres o la Brigada Campesina de Ajusticiamiento decidieron, en las condiciones de la táctica de cerco y aniquilamiento por parte del ejército en Guerrero (que culminó con la muerte de Lucio y la destrucción práctica de la Brigada), encargar ese dinero para “su custodia” al PCM, no está probada ni parece probable. No hay ningún dato que avale esta versión, más allá de las declaraciones de dirigentes del propio partido.

Lo único claro es que la dirección del Partido Comunista se encontró ante lo que parecía un regalo inesperado del destino: por causas en parte azarosas y en parte relativas al entramado de relaciones de la guerrilla en Guerrero, a uno de los militantes comunistas, Félix Bautista, que al mismo tiempo era base de apoyo y enlace del Partido de los Pobres, le dieron a guardar y finalmente se quedó, con una parte importante del rescate pagado por la familia de Rubén Figueroa, en medio del naufragio de las redes de apoyo de la propia guerrilla y, ante la muy real posibilidad, no sólo de que los militares le quitaran el dinero, sino de que lo inculparan por ello, o algo peor; en esas condiciones, optó por entregar el dinero a gente de la dirección del partido donde militaba: el PCM.

Pero suponiendo sin conceder que fuera verdad la versión de que el PCM se sentía “custodio” de un dinero ajeno, ello nos lleva al asunto, a mi ver mucho más cuestionable, de los criterios y valores puestos en juego en la decisión; es decir, ¿por qué el PCM asumió tácitamente que ese dinero pertenecía al PDLP? No queda claro, nunca lo aclararon.
De otra forma hubieran regresado el dinero a la familia Figueroa.

Pero el hecho es que ese dinero no pertenecía al PDLP. No sólo porque fue obtenido de manera ilegal y violenta, sino además porque el PDLP recibió el dinero del rescate, pero no liberó al gobernador electo Rubén Figueroa. Éste fue liberado a sangre y fuego por tropas del ejército mexicano.

Figueroa había sido secuestrado mediante una celada que entre políticos responsables se llama traición (como bien se señala en el libro), pues él había acordado reunirse en la sierra con Cabañas para discutir las demandas del movimiento que éste encabezaba, y a cambio se le notificó que estaba secuestrado. Creo, como muchos, que Figueroa representó métodos y actitudes propias de un pasado signado por la ilegalidad, el autoritarismo y la represión; pero hay que distinguir, ni en la guerra ni en la lucha política se vale todo.

Los que secuestraron a Arnoldo estaban plenamente convencidos de que no estaban ejecutando una acción injusta ni menos contrarrevolucionaria, primero porque en este episodio los revolucionarios eran ellos; segundo, porque sólo estaban reclamando un dinero que “legítimamente” les correspondía y que el secuestrado se negaba a devolver.
Oscuramente intuían que Martínez Verdugo, el principal dirigente de la izquierda legal en México, era parte de un entramado de relaciones políticas e institucionales que lo trascendía, incluso a su partido, y que, por tanto, ese entramado iba a sacar la cara por él. Por eso pidieron las cantidades de dinero que pidieron, y tuvieron razón. El gobierno de Miguel de la Madrid actuó, cosa que lo enaltece, con sentido de Estado, priorizando la integridad física y moral del dirigente político de oposición.

¿Por qué los dirigentes del PSUM que venían del Partido Comunista, enfrentados al secuestro de Félix Bautista, actuaron con torpeza y morosidad? Por inseguridad, creo, por inexperiencia, por temor a que todo saliera —como finalmente salió— a la luz pública. Porque estaban frente a un proceso electoral federal y no querían afectar las posibilidades del partido. Y también, hay que decirlo, porque Félix sólo era un militante de base.

Cuando, de entre los entresijos del pasado, les saltó al cuello la gárgola de la violencia política pseudorrevolucionaria, no supieron de inmediato cómo reaccionar. Tristemente paradigmática es aquella declaración inicial de Pablo Gómez (secretario general del PSUM) de que el partido “no negociaba con terroristas”.

No sólo hubo que negociar con estos terroristas, sino que al concluir el secuestro de Arnoldo y Félix, algunos dirigentes habían retrocedido en el túnel del tiempo y empezaron a hablar —en la discusión interna— en el viejo lenguaje tartamudo de que “el marxismo reconoce todas las formas de lucha, armadas y no armadas”, que los miembros del PDLP “son compañeros de lucha, sólo que mantienen concepciones diferentes”, etcétera.

Eso, y la necesidad de deslindar ante la opinión pública, de manera clara y contundente, la línea política del PSUM de aquella de los restos insepultos del naufragio guerrillero, fue lo que llevó a un grupo de compañeros de la dirección (el autor del libro y el que esto escribe, entre ellos) a plantear, en los términos más claros y contundentes posibles, que el PSUM era un partido que actuaba en la legalidad constitucional, la que a su vez buscaba reformar en sentido democrático; que reconocía la validez y jurisdicción de las instituciones del Estado y que, por tanto, no reconocía la legitimidad de grupos o tribunales supuestamente “revolucionarios”, que otorgaban sentencias y amnistías a contentillo, sin cuidarse para nada de preservar las garantías y derechos que, producto de toda una historia civilizatoria, se engloban bajo el concepto de “debido proceso”.
Afortunadamente, la mayoría de los miembros de la Comisión Política del PSUM, y luego la mayoría de los miembros del Comité Central, estuvieron de acuerdo con esta concepción y la aprobaron.

Ahora bien, ¿quiénes son estos herederos del movimiento de Lucio Cabañas?

Han pasado 27 años de aquellos hechos y nadie sabe bien a bien, hasta hoy, quiénes son realmente estos personajes. Su propia versión es que desde los ochenta se fusionaron con el PROCUP. ¿Y? Del PROCUP tampoco nadie sabe quiénes son sus dirigentes, cómo surgieron a la vida política, en qué luchas se forjaron. Sólo el asesinato de dos vigilantes de La Jornada, que culminó con la detención de Felipe Martínez Soriano y otros militantes clandestinos, arrojó una tímida luz sobre el tema. Y luego, cuenta el mito que en 1995 o 1996 esta alianza se fusionó con otros grupos (igualmente anónimos) para dar lugar al EPR.

Tengo para mí que todas éstas son leyendas urbanas o semiurbanas, que los voceros y personeros de estos grupos (como la revista Por Esto, de Mario Menéndez) pueden decir lo que quieran sobre sus orígenes, hazañas, liderazgos y realizaciones, pero lo único cierto y verificable es que vienen del subsuelo, de la clandestinidad vergonzante y, cuando emergen, lo hacen mediante un zarpazo violento: secuestros aquí, ataques a las fuerzas de seguridad allá, sin solución de continuidad. Los rumores de que ya se dividieron y que unos son los verdaderos revolucionarios y los otros —típico—, oportunistas y blandengues, son su alimento cotidiano.

Son a todas luces un elemento provocador porque con su acción delincuencial y delirante quieren provocar el endurecimiento de las políticas de seguridad del Estado, en la vieja idea de que agravando las crisis se “desenmascara” el Estado represor; esto es, la idea de origen anarquista de que “mientras peor, mejor”.

Allá por 1976 los califiqué (siguiendo a Regis Debray en su análisis de la derrota de las guerrillas en AL) como “los restos del naufragio”; no a ellos en específico, sino a todos los grupos que, mediando los setenta, no se habían percatado que la estrategia de lucha armada había fracasado rotundamente y que había que sacar todas las consecuencias de este hecho. Pero si en 1976 ya eran restos de un naufragio, ¿cómo se les puede calificar ahora, en la segunda década del siglo XXI? Me recuerdan a aquellos soldados japoneses que, terminada la Segunda Guerra Mundial, se quedaron aislados y olvidados en islas remotas, y ellos continuaban en guerra, a la espera de una señal del emperador.

Lo más importante de todo este episodio, que tan meticulosamente relata José Woldenberg, es, primero, desde el punto de vista del interés humano, que Arnoldo y Félix fueron liberados por sus captores vivos y sanos.

Pero desde el punto de vista político e ideológico lo más importante fue que el principal partido de la izquierda tomó partido, valga la redundancia, por una visión de la lucha socialista que, retomando la idea del “compromiso histórico” del PCI, no hacía concesiones a las veleidades revolucionaristas, y ponía todo el peso de sus expectativas en la lucha democrática legal, constitucional, y que al hacerlo se asumía por tanto como parte de las fuerzas políticas constitutivas y responsables del Estado mexicano.

La Jornada escribió, en relación a los hechos, que “el PDLP actuó de manera que no puede ser legitimada en modo alguno. Haberse constituido en tribunal revolucionario para juzgar y condenar primero a la pena de muerte a Bautista, para amnistiarlo después, sería una caricatura risible de órganos semejantes, que en la historia han merecido respeto, si no entrañaran concepciones políticas de franca peligrosidad”. ¿Habrá dicho algo semejante cuando el EZLN secuestró, sentenció y luego amnistió al general Absalón Castellanos? Pero el dilema es el mismo.

Al convertirse en PMS, el PSUM ya registraba retrocesos y concesiones al revolucionarismo dizque radical. En mi opinión, desde 1988 y luego en el PRD los retrocesos y ambigüedades se han vuelto parte de su segunda naturaleza, pues no de otra manera se explican las arengas semigolpistas de un Muñoz Ledo en la segunda vuelta del 88, o la táctica de llevar las contradicciones al extremo que supuso la “toma” de Reforma por López Obrador en 2006.

Recuérdese nada más, para fijar contexto, que tres años después de estos acontecimientos ocurrió la insurgencia electoral de 1988, donde la izquierda jugó un papel importante; que en 1989 cayó el paradigmático Muro de Berlín, que en 1991 se desmembró la URSS y que el socialismo autoritario o de Estado prácticamente desapareció de la escena internacional. Había lecciones que sacar de estos hechos, de esta avalancha de cambios que han modificado el rostro del mundo tal cual lo conocimos en el siglo XX, y no todas se han sacado.

Agua ha corrido bajo los puentes desde entonces, pero los dilemas de la izquierda permanecen. ¿Se asume a fondo la legalidad democrática, sin renunciar a cambiarla desde adentro, con sus reglas, que por otra parte la izquierda misma ha contribuido a construir?, ¿o se mantiene como una oposición semileal, cuyos posicionamientos y definiciones no están fincadas en un cuerpo teórico y político más o menos sólido, sino que se definen en función de la coyuntura? ¿Se cree que “todas las formas de lucha son válidas”, en dependencia de las circunstancias, o se asume que la única opción es la lucha constitucional, electoral, legal y pacífica?

Dicho en otras palabras, ¿se abandona el viejo principio maquiavélico de que “el fin justifica los medios”, y se asume a fondo la ética de la responsabilidad política?, ¿o se mantiene la ambigüedad para, oportunistamente, intentar sacar provecho de determinadas circunstancias? A eso es a lo que, entonces como ahora, hay que dar respuesta cabal. Y a articular esa respuesta contribuye sin duda un trabajo como el realizado, una vez más, por Pepe Woldenberg. Enhorabuena.

Gustavo Hirales Morán. Miembro fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre e integrante de la dirección de los partidos Comunista Mexicano, Socialista Unificado de México y Mexicano Socialista. Ha publicado: La Liga 23 de Septiembre, orígenes y naufragio, Memoria de la guerra de los justos, entre otros libros.