A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

El mundo de la escuela básica en nuestro país se ha caracterizado por un fuerte hermetismo, pese a las diversas iniciativas que en distintas épocas sectores de la sociedad civil y reformas educativas han promovido para que estas instituciones permitan conocer, con mayor facilidad, los múltiples procesos que se generan en su interior. Por lo regular los padres son simplemente informados y desplazados de la posibilidad de poder pensar, junto con la escuela, lo que acontece en las aulas.

escuelas

Las reformas educativas desplegadas en América Latina durante la década del noventa señalaron a la participación social como una de las principales líneas estratégicas asociadas a la descentralización y la democratización de los sistemas educativos con el objetivo de asegurar la calidad y la cobertura educativa. En México, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), el 18 de mayo de 1992, incluyó en sus consideraciones la necesidad de promover “la participación social” en la tarea educativa; así como una renovación de la vida escolar, con la finalidad de alcanzar mejores resultados educativos, mayor comprensión de los padres, formar redes sociales de interés e impulsar una mayor atención de la comunidad para el funcionamiento correcto de la escuela.

Pero fue en la Ley General de Educación (1993) en donde se menciona la constitución de los Consejos de Participación Social en los niveles: nacional, estatal, municipal y escolar (sección II, arts. 68 a 73). En esta primera etapa la constitución de los consejos en el país fue muy desigual, mientras que en algunas entidades y municipios su instalación fue casi inmediata, en otros casos tardaron mucho tiempo en realizarlo, y de acuerdo con la información del Consejo Nacional de Participación Social de la Educación (CONAPASE)1 de 2001, algunas entidades reportaban no haber creado los Consejos. Esta iniciativa, si bien recuperaba una demanda añeja y algunas de las inquietudes expuestas por diversos sectores de la sociedad, no se tradujo en resultados concretos de acción en las escuelas; progresivamente se fueron abandonando los ánimos iniciales y está pendiente aún una evaluación sistemática de lo que aconteció realmente. Incluso desde el mismo sector gubernamental se mostraron críticas severas, por ejemplo, en el programa sectorial de la administración federal de 1994-2000, se reconocía el fracaso de la estrategia en los siguientes términos: “[…] conviene resaltar que la participación social en el quehacer educativo es todavía incipiente. Hasta el momento, la conformación de los Consejos ha sido poco dinámica y su desarrollo bastante desigual. […]” (Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, p. 28).

La crítica más enfática giró en torno a la extremada rigidez de la propuesta, pues en ningún momento los Consejos tomaban en cuenta el desarrollo de las comunidades educativas y el contenido de sus proyectos socioeducativos. Ante esta situación, el gobierno federal señaló que trabajaría de manera conjunta con las entidades en la “conformación de un marco flexible para dar cabida a la gran diversidad de formas de organización establecidas” (PDE 1995-2000). Los avances fueron magros y en 1999 se estableció el Consejo Nacional de Participación Social, pero sin generar ninguna propuesta específica o iniciativa que modificara el bajo perfil de su acción.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 también dio cuenta de los graves problemas de desorganización y confusión que generaba la participación social, señalando que “el CONAPASE no responde suficientemente al reto de la participación, y su operación efectiva ha sido pobre y más todavía la de sus homólogos en estados y municipios […]” (PNE, p. 69). Y es que el esquema administrativo consideraba a la escuela como un espacio homogéneo y abstracto, centrado en los procesos formales y la normatividad supuestamente acatada por todos en pos del funcionamiento organizacional. En cuanto a la forma de entender la participación señalaba que se trataba de “[…] una participación inducida, en la que la autoridad propone los temas y hasta las formas en lugar de escuchar las propuestas de alumnos y ciudadanos” (PNE, p. 68).

Tras un largo proceso que inició en 2004 de “renovación para consolidarse como un instrumento de apoyo, consulta y propuesta para el desarrollo educativo”, como lo señalaba su sitio web, el 8 de junio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, a través del Acuerdo Secretarial 535, los Lineamientos Generales de Operación de los Consejos Escolares de Participación Social, que destacan entre sus acciones: la implementación de un cronograma de actividades para cada centro educativo, de un Consejo Escolar, así como de nueve comités;2 los cuales estarán integrados siempre por una mayoría de madres y padres de familia, deberán comenzar a constituirse a partir del ciclo escolar 2010-2011.

En instituciones con una larga tradición de autoritarismo como la familia y la escuela, establecer una convivencia entre ambas impone una tarea en donde hay mucho por inventar, adecuar y crear, más allá de una serie de aspectos burocráticos. Participar no es lo mismo que colaborar o prestar ayuda, que ha sido la forma de entender la presencia de los padres de familia en la escuela; significa formar parte de, y por esa razón tener el derecho de opinar, decidir, actuar, cambiar. No obstante, hay concepciones profundamente arraigadas que afectan gravemente el espíritu democrático de la reforma educativa y que se encuentran no sólo entre los distintos miembros de las comunidades escolares, sino también entre las propias autoridades educativas al reducir la participación social a la participación de los padres de familia y, todavía más, al limitar la participación de éstos a la aportación de cuotas o al apoyo al mantenimiento de la infraestructura y mobiliario escolar o a la realización de ciertas actividades (cívicas, sociales y deportivas) en las escuelas.

El complejo diseño de los Consejos y la carencia de una política pública nacional y estatal de promoción de la participación social en la educación, ha ocasionado que su desarrollo, después de casi dos décadas de su creación, sea accidentado e irregular, no sólo por factores educativos, asociados a las características del sistema educativo, a la oposición por parte de ciertos grupos del sector educativo o fuera de éste, sino también por otros factores políticos, sociales e, inclusive, geográficos.
Uno de los retos de los Consejos es que el costo de una propuesta con estas características —con antecedentes muy cuestionables— puede traducirse en una expansión de más burocracia, que llenen los “organigramas” a lo largo del país de nuevos organismos descentralizados, sin que se produzca una descarga efectiva de las funciones del gobierno central; por otra parte, está latente la posibilidad de generarse duplicidad de funciones, por la existencia de demasiados niveles de gobierno involucrados. En este sentido, el funcionamiento de los Consejos puede caer, como ha ocurrido con otras experiencias, en un conjunto de reglas y procedimientos a seguir para implementar decisiones que, a final de cuentas, siguen siendo tomadas por la burocracia central.

Datos de julio de 2010 proporcionados por la Secretaría Técnica del CONAPASE3 indican que hay 14 Consejos Estatales, poco más de 700 Consejos Municipales y más de 90 mil Consejos Escolares instalados. Sin embargo, los Consejos Escolares todavía no disfrutan de una identidad en las escuelas pues en éstas la referencia inmediata de participación social continúa siendo la Asociación de Padres de Familia. Asimismo, sólo de pensar en la enorme tarea que supone promover los Consejos Estatales y Municipales en entidades que tienen un gran número de municipios, o bien en entidades con gobiernos estatales y municipales cuyas autoridades provienen de diferentes partidos políticos, en sistemas educativos que tienen recursos financieros, materiales, humanos y logísticos reducidos, que son entidades que poseen una gran extensión, vías de comunicación limitadas, geografías accidentadas o zonas de difícil acceso, se vuelve una tarea titánica.

La participación social en la educación básica es una experiencia paradójica, primero, porque su origen no fue el resultado de demandas organizadas de la sociedad; segundo, la participación social, en tanto proceso, ha avanzado trabajosamente de acuerdo con las necesidades y pocas oportunidades que les han sido reconocidas a múltiples actores, desde aquellos que tienen en la mira las políticas educativas como aquellos situados en los espacios escolares y, tercero, aun en este contexto, la mayoría de los actores que intervienen en la educación coinciden en señalar que la participación social representa un bien en sí misma, que genera beneficios colectivos y que, por tanto, deber ser promovida por todos.

De ninguna manera se puede minimizar la relevancia que tiene la participación social en la educación y de los Consejos u otras modalidades de participación social, ya que tal como lo establece una amplia literatura especializada, esta participación además de que puede ser una pieza clave para mejorar la calidad educativa, a través de la promoción de la lectura, la revisión de las evaluaciones educativas y acciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, también puede ser el componente activo de la educación para la vida democrática y un factor crucial para la transformación del país en su conjunto.

Antonio Gómez Nashiki. Doctor en ciencias con especialidad en investigación educativa. Profesor-investigador de tiempo completo en la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima.

Úrsula Zurita Rivera. Doctora en ciencia política. Profesora-investigadora de tiempo completo, FLACSO, sede México.

1 El 13 de agosto de 1999 se publicó el Acuerdo Secretarial núm. 260 que crea y establece la normatividad general del CONAPASE y días después —26 de agosto de 1999— este Consejo quedó formalmente instalado pero su existencia fue breve y jamás volvió a instalarse.
2 1) De lectura para promover el uso y mejora de la biblioteca escolar, así como fomentar la creación de círculos de lectura; 2) del mejoramiento de la infraestructura; 3) de protección civil y de seguridad; 4) de impulso a la activación física; 5) de actividades recreativas, artísticas o culturales; 6) de desaliento de las prácticas que generen violencia entre pares; 7) de establecimiento de consumo escolar; 8) de cuidado al medio ambiente y limpieza del entorno escolar; 9) de otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinentes.
3 http://www.conapase.sep.gob.mx:7069/sistema/que_es/integracion,html