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Durante los últimos años del siglo anterior y en el arranque del siglo XXI, México inició una profunda transformación de su modelo y su sistema educativos. Se trata de una revisión integral que tiene su expresión en un ejercicio constante de ajustes para mejorar e innovar prácticas y propuestas pedagógicas, didácticas y administrativas; de poner en sintonía las políticas educativas con las transformaciones, necesidades y deseos del conjunto social.

reforma

Vivimos una reforma profunda, pero al mismo tiempo gradual, que busca responder oportunamente, con sentido de responsabilidad y de futuro, a los cambios vertiginosos que experimentó la sociedad mexicana en el lapso de una generación. Construir desde la educación un espacio social donde la equidad sea común, lo laico no retroceda y la diversidad sea apreciada.            

Este devenir entre lo que somos y lo que deseamos puede resultar desafiante, especialmente si comparamos nuestros resultados educativos con aquellos de sociedades con mayores índices de desarrollo.

La ruta de esta transformación no ha sido fácil ni puede transitarse aisladamente, se trata de un esfuerzo conjunto.

La colaboración entre diversas instituciones del Estado mexicano y los actores sociales permitió el despegue de nuestro sistema educativo, desde las reformas que buscaron atender la cobertura en el contexto de expansión de la demanda, sintetizada en la frase “Educación para todos”, hasta la exigencia actual de que esa cobertura se eslabone con un incremento significativo de la calidad educativa, es decir, desde aquel Plan de 11 Años hasta la Alianza por la Calidad de la Educación.

No se trata de etapas, sino de eslabones; de seguir las rutas estratégicas por las que ha transitado la educación mexicana para reconocer en ellas un ethos común a todas y que alberga los fines y las tradiciones de nuestro sistema educativo.

Las secuencias de esta transformación van desde el reclutamiento de docentes con una escolaridad mínima suficiente para generar un primer nivel de alfabetización —como ocurrió desde los años treinta hasta los ochenta del siglo pasado— y la capacitación sobre la marcha —como hacía el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio—, hasta la formulación de perfiles de ingreso y estándares de desempeño docente, así como de los concursos de ingreso que hoy seleccionan a los mejores maestros.

Este cambio no resta mérito a los maestros que basaban su práctica educativa, fundamentalmente, en su capacidad de construir y mantener un liderazgo comunitario. Muchos de ellos, en efecto, transformaron vidas de niños y jóvenes que vieron en su maestro más que un empleado público, ejemplo e inspiración para su propia vida. Bajo este modelo apostolar del magisterio se erigió un proyecto de educación popular que duró prácticamente 35 años y transformó el rostro del país.

Esto que sin duda es glorioso, es una de las razones que necesitamos mover para llegar bien y a tiempo a la sociedad del conocimiento. Para este propósito, el compromiso de los maestros no es suficiente, tampoco lo es contar con cualquier espacio habilitado como escuela, ni bastan sólo los libros de texto.

Para cambiar el paradigma del apostolado educativo a la educación para la sociedad del conocimiento no basta con echarle ganas, importa, desde luego, pero no es suficiente. Necesitamos, al menos, brindar a poco más de 25 millones de niñas, niños y adolescentes servicios educativos en condiciones semejantes o superiores a los que reciben sus pares de otros países, con los que estaremos estrechamente vinculados en el siglo XXI.

Lo deseable y lo posible
Si en el pasado se logró la hazaña de cubrir una demanda explosiva en sus tasas de crecimiento y atomizada en su distribución territorial, ésta palidece frente a las habilidades que exige el nuevo siglo, donde tanto la identidad global como las identidades locales compiten, se complementan y se desarrollan al mismo tiempo.
Requerimos ahora una reforma educativa de tercera generación, basada en tres ámbitos estratégicos.

El primero, la conectividad total, total interacción —que es la clave de la nueva didáctica— e intercambio de información, construcción del conocimiento, inteligencia colectiva, multi e interdisciplinariedad. La estructura del conocimiento debe ser la base del modelo educativo y la didáctica se apoya en el dominio de la disciplina, tanto o más que en las metodologías de aprendizaje. Ello en sí mismo modifica el perfil del docente y obliga a transformar las instituciones que lo forman. Es urgente cambiar a las escuelas normales e incluir a las universidades en la formación inicial y continua, así como aumentar a maestría el perfil de ingreso de los profesores.

El segundo ámbito, generalizar la enseñanza del inglés en la educación básica en todos sus tipos y modalidades. La oportunidad de comprender y expresarse en inglés desde la educación básica es realmente significativa para los niños que la cursan en el sistema de sostenimiento público. Enseñar tempranamente una lengua distinta a la materna favorece el desarrollo intelectual de los alumnos y abre oportunidades a los jóvenes para continuar sus estudios tras concluir su educación básica.

Lograrlo permitirá reducir la brecha de inequidad y evitaremos el sentido de frustración que genera en la sociedad constatar que nuestros hijos no acceden a una educación completa e integral por asistir a una escuela pública; o bien terminar con el sacrificio que representa para muchas familias el pago de una colegiatura cuya justificación es únicamente que “sus hijos aprendan inglés desde preescolar o primaria”.

Favorecer el desarrollo de las habilidades comunicativas y lectoras en castellano y las lenguas de los pueblos originarios de nuestro país es también parte de este ámbito estratégico, dada la transversalidad de la lengua como herramienta para la cognición en el proceso educativo.

El tercer ámbito corresponde a la evaluación educativa en la educación básica, donde se instalan procesos de evaluación amplios y complejos como son ENLACE, prueba estandarizada de aplicación censal de tercero de primaria a tercero de secundaria, con énfasis en español y matemáticas; Excale, estudio muestral que evalúa la comprensión del currículo de todas las asignaturas en cada grado escolar; y PISA, prueba internacional auspiciada por la OCDE para conocer las competencias de los jóvenes de 15 a 16 años.

Cuando se analizan las reformas europeas y asiáticas encontramos como su punto de referencia el nivel definido por los exámenes de ingreso a las universidades y procesos de evaluación rigurosos para los estudiantes que aspiran a una formación académica profesional.

Muchas familias en todo el mundo funcionan alrededor del propósito de que sus hijos terminen la educación universitaria ya que esto puede definir su futuro en términos de calidad de vida, realización, satisfacción e incluso felicidad.

Se trata de una meta alta y, por lógica, de una meta exigente. De las familias depende en mayor medida la actitud con que sus hijos asumen la tarea de aprender, la ambición de saber, el deseo de cumplir, la confianza en llegar, a partir de su desempeño favorable, al objetivo propuesto.

La reforma educativa que estamos desarrollando en la educación básica pone énfasis en este aspecto, en el contexto de exigencia. Es fundamental evaluar el desempeño de los maestros y ofrecer alternativas cada vez más pertinentes para su actualización profesional.

La calidad no puede ser resultado de la inercia, ni de la complacencia, sino de la creatividad, el compromiso y la ambición de mejorar cotidianamente en aquello que nos corresponde hacer.

Por todo ello, un nuevo marco institucional para la evaluación educativa debe proponer un examen nacional de ingreso a la educación superior y definir claramente niveles de desempeño por tramos de tres años, desde preescolar hasta la educación media superior, para corregir a tiempo desviaciones o límites del sistema educativo.

Esta decisión exige condiciones previas y esfuerzos posteriores. En primer lugar, continuar el reordenamiento del sistema: a) acelerar, concluir y ampliar la transferencia de recursos y atribuciones para la política educativa a las entidades; b) crear unidades territoriales que optimicen las actuales zonas o sectores escolares, sobre la base de una gestión por resultados que permita un registro detallado —en cédulas— del desempeño de los diferentes actores educativos, para valorarlos y detonar sistemáticamente procesos de mejora; c) fortalecer a los institutos autónomos estatales de evaluación para que desarrollen instrumentos propios por cada ciclo que convenga la norma pedagógica nacional, cuya característica central deberá ser la flexibilidad del currículo. Ahí se contendría el inventario de desempeños a evaluar, lo que determina un perfil certificable, inclusive para el desarrollo futuro de los estudiantes.

Esa acción conlleva a la exigencia de apoyar desde el Estado las trayectorias individuales de los alumnos a través de medidas compensatorias que liberen lo que social y culturalmente limita sus oportunidades de estudio, así como acciones remediales que corrijan las deficiencias académicas y los proyecten hacia una condición de realización personal y colectiva.

Como país hemos desarrollado estándares de logro educativo por ciclos de tres años, cuya evaluación debe prevenir el rezago, proyectar a los alumnos más aventajados y compensar oportunamente las carencias de quienes enfrenten condiciones de vulnerabilidad en su proceso educativo, de cualquier índole.

Quiérase o no, al evaluar jerarquizamos y al jerarquizar diferenciamos: hoy más que nunca la equidad está en el centro del debate, sin equidad no es posible imaginar siquiera la calidad que buscamos para un sistema que tiene en su centro a la escuela pública y en la memoria a la educación popular.

La reforma propone igualar el piso para la prestación del servicio educativo, no sólo con mejores instalaciones ni sólo con maestros mejor preparados, ni con tecnologías atractivas y pertinentes que faciliten la tarea docente y propicien el interés de los alumnos; sino también con programas sociales que garanticen condiciones de educabilidad a los alumnos: en su salud, en sus materiales educativos, en su vestuario, en sus oportunidades de acceso a la cultura, de recreación, de reconocer su entorno y aprender a disfrutarlo. La Alianza por la Calidad de la Educación plantea esa necesidad y es oportuno hacerla exigible a sus firmantes, con el apoyo de diversos sectores públicos, sociales y privados.

Corresponde a nuestra generación dar el siguiente paso: eslabonar la cobertura con la calidad educativa. El reto es grande, pero hacerlo es posible.
La transformación está en marcha.

Fernando González.
Subsecretario de Educación Básica de la SEP.