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No prosperó el famoso “amparo de los intelectuales”. Pero su reclamo sigue siendo importante y me parece que no se ha discutido con la debida profundidad: la última reforma electoral, nos dicen, viola el derecho fundamental a la libertad de expresión porque impide a los ciudadanos comprar propaganda electoral. Yo quiero invitar a quienes suscriben esta idea a que respondan tres preguntas.

1. ¿También viola el derecho a la libertad de expresión la imposibilidad de comprar tiempo para expresar nuestras ideas en, por ejemplo, las sesiones del Congreso?
Tal vez, en un desplante épico, nos respondan que sí, que ciertamente se trata de otra violación al derecho fundamental a expresarse. Lo mismo habría que decir, entonces, de la imposibilidad de pagar para exponer nuestras ideas durante las deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia o del Consejo General del IFE. Y, siguiendo esa lógica, quién sabe dónde se detendría la bola de nieve. Sospecho, sin embargo, que mis interlocutores responderán que el uso de la palabra en estas instancias no debe estar a la venta. Qué bueno, pues hay razones de sobra para ello. La maquinaria política debe diseñarse para que, en la medida de lo posible, se escuche la voz de todas las partes afectadas por una decisión, no sólo la de unos cuantos privilegiados. Por lo tanto, el intercambio de ideas en el proceso político democrático debe seguir una lógica deliberativa incluyente, no una lógica comercial excluyente.

2. ¿Existen diferencias relevantes entre la comercialización de propaganda electoral y la comercialización de la palabra en los otros casos?
Mi error —es probable que me respondan— está en comparar peras y manzanas. El radio y la televisión son medios de comunicación, no un poder público, así que la prohibición de contratar propaganda ahí no tiene nada que ver con la prohibición de comprar tiempo para hablar en la tribuna de la Cámara de Diputados. Para apreciar por qué esta respuesta se desploma, consideremos un ejemplo todavía más cercano: la prohibición de comprar un lugar en un debate televisado entre los aspirantes a la presidencia de la República para exponer nuestra opinión sobre sus propuestas. Es una medida que todos consideramos justificable, e involucra justamente la participación en un medio de comunicación, no un poder público.

Para llegar al fondo del tema debemos preguntarnos qué razones nos conducen a aceptar una prohibición a lo que podemos llamar el “pago por discurso”, como en el caso anterior. ¿Qué tienen en común las prohibiciones que sí consideramos aceptables? Mi respuesta (invito a mis interlocutores a dar la suya en caso de disentir) es que tienen por objeto asegurar el carácter democrático, no plutocrático, del proceso formal de toma de decisiones colectivas. Lo que está en juego en todos estos casos es el derecho a participar en la deliberación pública institucionalizada. La elaboración, interpretación y ejecución de las leyes en una democracia representativa comienza con la elección de gobernantes. Y las campañas, no menos que los debates televisivos entre los candidatos, son parte de ese proceso institucional. No son parte del debate público informal, no-institucionalizado, como el que ocurre en un programa de análisis político o cualquier charla de café. Desde el punto de vista de la ciudadanía democrática, el interés que tenemos en impedir el pago por discurso durante las reuniones de los senadores, por ejemplo, es idéntico a nuestro interés en impedirlo durante las campañas electorales.

He evitado apelar a la idea de “equidad en la contienda” porque me parece que pone el énfasis en el lugar equivocado. La noción de equidad, al menos como se ha manejado en este caso, adopta el punto de vista de los contendientes: los partidos políticos y sus candidatos. Sin embargo, desde el punto de vista del ciudadano, no se trata de un conflicto entre la libertad de expresión y un valor distinto. El asunto es lograr que la libertad de expresión sea algo valioso para todos. Pues, como lo explicó el filósofo político liberal John Rawls, hay una diferencia entre las libertades políticas formales y su justo valor. Todos tenemos el derecho formal a organizarnos y ejercer presión política para defender nuestros intereses. Pero algunos ciudadanos, por vivir en la pobreza extrema, por ejemplo, simplemente no pueden ejercer sus libertades políticas. Esto se relaciona con la diferencia que traza el Premio Nobel de Economía Amartya Sen entre las libertades formales y las capacidades reales de una persona.
Nuestra libertad se mide en última instancia por nuestras capacidades, es decir, por lo que al final del día podemos o no hacer. Así que en este caso no es cuestión de encontrar un balance entre la libertad de expresión y otros valores, sino de garantizar que sea una libertad valiosa para toda la ciudadanía. Esto tiene poco que ver con la “equidad en la contienda” desde el punto de vista de los partidos.

Probablemente a estas alturas mis interlocutores se estén preguntando: ¿entonces cómo demonios me atrevo a defender un sistema que otorga a los partidos políticos el derecho exclusivo de difundir propaganda electoral en radio y televisión? La respuesta es que no aplaudo la exclusión de los ciudadanos (ni la prohibición de campañas negativas, un asunto distinto), sino la eliminación de la compraventa como medio de acceso. Esto nos conduce a la tercera pregunta.

3. ¿Es necesario que el mecanismo de acceso de los ciudadanos al radio y la televisión para difundir propaganda electoral sea el comercial?
No está claro cuál es la preocupación central de quienes interpusieron el amparo, si la libertad de expresión o la libertad de comercio. Al objetar una nueva legislación por medio del amparo, inevitablemente lo que se defiende para efectos prácticos es el statu quo. Pero esto no quiere decir que en este caso el modelo ideal de mis interlocutores sea un modelo comercial de difusión de propaganda. Hay otras alternativas, y lo que quiero hacer ahora, por último, es invitarlos a aclarar este asunto.

Si el problema con la ley vigente es que los ciudadanos no pueden difundir propaganda electoral y esto restringe su libertad de expresión, ¿por qué el remedio tiene que ser la compraventa por parte de particulares? ¿Por qué no adoptar un mecanismo distinto para distribuir las oportunidades de difusión de propaganda? En algo parece que estamos de acuerdo: nos preocupa que los ciudadanos hayan quedado fuera del proceso al establecer como prerrogativa exclusiva de los partidos la emisión de propaganda electoral en radio y televisión. Pero existen otros sistemas que hacen de la libertad de expresión algo valioso para todos y no sólo para quienes tienen dinero.

Podemos tomar como punto de partida el sistema que permite a los ciudadanos canadienses expresar sus opiniones sobre un proyecto de ley durante las sesiones de los comités del Parlamento. Sería deseable adoptar algo parecido en México, no sólo en el proceso legislativo sino también en el proceso electoral: establecer espacios en radio y televisión para que ciudadanos y organizaciones civiles expresen su punto de vista con respecto a los candidatos. Si, como es de esperarse, hubiera más interesados en difundir propaganda que tiempo aire disponible, podríamos utilizar un mecanismo aleatorio para asignar los espacios. Eso sería mucho más justo y democrático que dejar el asunto en manos del poder adquisitivo de las personas. Pongo esto sobre la mesa sólo como punto de partida para una discusión. La idea más importante es que el debate sobre este tema se encauce en una nueva dirección.

¿Es mejor el sistema que adoptamos que el anterior? Supongamos que no, y que al menos en términos de una comparación entre el antes y el después, la razón asiste a quienes interpusieron el amparo: teníamos más libertad de expresión antes. Ya no importa. Tras el fracaso del amparo, la única manera de cambiar el sistema actual es mediante una nueva reforma constitucional. Y cuando llegue el momento debemos estar preparados para impulsar el mejor sistema posible, no meramente uno mejor. Por razones que apenas he podido delinear aquí, el sistema comercial tal vez ni siquiera debería figurar en la lista —si lo que importa en verdad es la pluralidad en el debate público y la libertad de expresión de todos, no sólo de unos cuantos.

Claudio López-Guerra. Filósofo político. Profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.