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Quizá una especie de refundación de la izquierda tenga que empezar —o que acabar— por la reinvención de un lenguaje. Un lenguaje capaz de hacerse cargo de la nueva realidad en la que vive, de los problemas ancestrales y presentes del país y de imaginar un horizonte que conjugue democracia e igualdad y multiplique sus adherentes y genere un poco de entusiasmo.

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Nunca la izquierda fue tan fuerte como ahora. Su presencia en el mundo institucional es central. Gobierna varios estados —algunos en coalición— y el Distrito Federal; encabeza centenas de municipios, tiene una presencia destacada en los congresos locales y en la Cámara de Diputados cuenta con 90 representantes y en la de Senadores con 36. Ya no es sólo oposición, es gobierno. Y eso reclama un ajuste al lenguaje.

Trabaja en un marco institucional propicio para su desarrollo. Hace tiempo dejó la marginalidad o, peor aún, la semiclandestinidad. La germinal democracia mexicana le permite desplegar todo tipo de iniciativas, moverse por el país con libertad, recibe jugosos subsidios estatales, tiene capacidad para competir por todos los cargos de elección popular. Y sin embargo, de vez en vez, con una constancia digna de mejores causas, atenta contra las reglas e instituciones que ella misma ayudó a edificar y que sin duda usufructúa.

No está sola en el escenario. Es un actor entre otros. En México se recrea la pluralidad que es consustancial a cualquier sociedad moderna, masificada y compleja. Esas fuerzas están implantadas, existen las garantías para su reproducción y ningún exorcista podrá conjurarlas. Esa realidad tiene que ser vivida no sólo como algo impuesto, sino venturoso, y no ofrecer la impresión de que se aspira a una sociedad alineada con un solo diagnóstico, un solo discurso, una sola ideología.

La Constitución y las leyes amparan su existencia, pero nuestro Estado de derecho se encuentra contrahecho. En esa dimensión son muchas las tareas pendientes. Pero las normas que hoy regulan la convivencia pueden y deben ser modificadas por las vías que abre y garantiza la propia legislación. El compromiso con la legalidad, a través de la cual puede y debe ser modificada la propia legalidad, merece ser subrayado.

La izquierda ha generado, sucesivamente, dos liderazgos potentes y reconocidos, que le permitieron crecer en forma espectacular y tender puentes de comunicación con amplias capas de ciudadanos. Además, en su momento, desataron un gran entusiasmo, combustible indispensable para una política exitosa. No obstante, ha sido difícil que esos liderazgos se reproduzcan y sean funcionales dentro de un marco organizativo, en el cual existen otras voces y otras sensibilidades. Los liderazgos carismáticos parecen no querer ni reconocer límites organizativos a su acción —prefieren la interlocución directa con las “masas”— y la izquierda ha vivido en una tensión permanente entre organización partidista y guía unipersonal.

Por si fuera poco, en el partido más implantado de la izquierda coexisten diversas corrientes de pensamiento y acción. Eso que podría ser un capital político invaluable, se traduce una y otra vez en pugnas fratricidas que sólo carcomen las relaciones internas y restan poder de atracción a la izquierda. Las corrientes, coaligadas o enfrentadas, no han logrado construir una casa habitable.

La fuerza de la izquierda, además, radica en diferentes movimientos sociales, con agendas, ritmos de trabajo y limitantes propias. Una política sin puentes suficientes con ese universo complejo tiende a “autonomizar” la acción de los políticos y a construir una ruptura con esas expresiones que bien pueden avivar y avivarse de la acción de gobierno y parlamentaria de la izquierda.

El mundo intelectual, de los conocimientos especializados y de la cultura son constelaciones diversificadas, ricas y vivas. Y la política sin esas dimensiones tiende a empequeñecerse, a volverse autorreferencial. Por ello, construir mecanismos de intercambio y retroalimentación con ellos parece imprescindible. No se trata de seguir fomentando la vieja y gastada fórmula de alinear a los intelectuales, técnicos y artistas que comparten determinado discurso o preferencia electoral, sino de abrir puertas y ventanas para entrar en un contacto —no sin tensiones— que puede llegar a ser fructífero para todos.

Así, si la izquierda (o las izquierdas) van a hacer política desde las instituciones del Estado (encabezan gobiernos y tienen presencia destacada en los congresos) y desde la sociedad, en un marco pluralista (ella misma lo es) y de derecho, conjugando sus liderazgos y su necesaria organización, fomentando canales de comunicación con los movimientos sociales y el mundo intelectual, tiene que asumir un cabal compromiso democrático. La democracia no es ni puede ser una coartada, tampoco una estación de paso, sino un fin en sí mismo.

Pero el tema que le puede ofrecer singularidad y proyección a la izquierda es un asunto viejo, arraigado, perenne: la profunda desigualdad que marca las relaciones sociales entre nosotros. No somos, ni de lejos, una comunidad, sino un archipiélago de clases, grupos, estamentos, que no se reconocen entre sí. Una sociedad polarizada que en el día a día se reproduce en circuitos sobrepuestos pero que no se “alimentan” unos a otros. Los barrios, las escuelas, los espacios públicos, las clínicas de salud, los “antros”, están predeterminados a servir a cierto sector de la sociedad. Los más ricos se atrincheran en sus “desarrollos residenciales” cuya promesa es, precisamente, la de no convivir con el resto de las personas; las escuelas han dejado de ser el crisol donde se encontraban y reconocían niños de diferentes grupos sociales; los centros comerciales o los parques tienen y reproducen un sello de clase; y la atención a la salud, segmentada, crea circuitos en los que nunca se encuentran los diferentes. Recelo y temor marcan entonces las relaciones sociales.

Ese monumental tema, sobre el que han llamado la atención el PNUD o la CEPAL, debería ser la preocupación central y estratégica de la izquierda, supuestamente mejor capacitada que ninguna otra corriente de pensamiento para hacerle frente. Las iniciativas para construir un sistema institucional y normativo para el ejercicio universal de derechos básicos bien puede ser el horizonte que ofrezca sentido a su accionar. Reconociendo lo que en muchos terrenos se ha avanzado (la cobertura educativa, la atención diferenciada —pero atención al fin— a la salud, los programas de vivienda, etcétera); la edificación de un sistema de derechos universales —ejercibles y demandables— para empezar a construir una sociedad menos escindida, más cohesionada, con un auténtico sentido de pertenencia entre sus miembros, puede ofrecerle una identidad propia a la izquierda y un rumbo distinto al país.

En esa dirección los temas de la fiscalidad progresiva —prácticamente congelada entre nosotros—, para la construcción de un entramado institucional capaz de atender de manera universal los derechos de los ciudadanos, puede ser el cimiento de un gran pacto social y político impulsado desde la izquierda que incorpore para la buena reproducción de un sistema democrático la dimensión de la vida social. Una vida social que hoy es similar a un sistema de fortalezas que ven con desconfianza y miedo a quienes viven fuera de sus límites.

Equidad y democracia, dos coordenadas para delinear el perfil de la izquierda. Democracia y equidad, dos ejes para la construcción de un proyecto con vocación hegemónica.

José Woldenberg. Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es autor de El desencanto.