“¡Exijo una explicación! (¡Plop!)”.

muerte

Así terminaban las tiras cómicas de Condorito que yo leía de niño. Y así comenzamos este 2011, tras la lectura del impresionante trabajo de investigación que presenta Fernando Escalante con el título “La muerte tiene permiso: Homicidios 2008-2009”.

Hay muchas preguntas que surgen de su texto —no al autor, que no podría ser más escrupuloso—, sino al gobierno y a los medios. Se trata de preguntas cuyas respuestas tienen implicaciones de vida o muerte. Hay, en esta historia, un tema de responsabilidad grave, que atañe al presidente de la República y a los ministros y subsecretarios dedicados al tema de la policía (en el sentido amplio de la palabra), y de forma secundaria, pero también clarísima, a los medios. La sorpresa que provoca la lectura de este estudio es evidencia en sí misma de la falta abismal de responsabilidad frente al deber de conocer la materia sobre la que se toman decisiones de vida o muerte.

Vamos por partes.

Ya el primer trabajo de Escalante acerca de los números de homicidios en México (“Homicidios 1990-2007”, publicado en nexos en septiembre de 2009) dejaba una serie de preguntas básicas, que no han sido contestadas aún. En ese estudio, que es igual de notable que el que nos presenta ahora, Fernando Escalante mostró, contra la impresión generalizada, que a nivel nacional las tasas de homicidios habían disminuido muy sensiblemente entre 1990 y 2007. Aclaró, además, que se trataba de una tendencia secular —es decir, de una tendencia paulatina y constante— salvo en algunos territorios específicos, donde la violencia había aumentado. A inicios del siglo XXI las tasas de homicidios en México se acercaban muchísimo más a las de Estados Unidos que a las de los países sudamericanos más violentos con los que frecuentemente se le comparaba (Colombia, Venezuela o Brasil, por ejemplo).

En su momento, esos hallazgos me impresionaron mucho, y por varios motivos. El primero fue que quedó en evidencia que si a un investigador independiente, como Fernando Escalante, que es profesor de El Colegio de México, no se le ocurre hacer el estudio sobre la evolución de la tasa de homicidios, nadie lo hace. Impresionaba que el país entero (y, por consiguiente, el mundo) viviera bajo la impresión de que la violencia no había hecho más que aumentar vertiginosamente desde los años ochenta, cuando a nivel nacional la tendencia era la contraria. Los medios cubrían la violencia de las zonas donde habían aumentado dramáticamente los asesinatos, y el país —incluidos los políticos— vivía con la idea de que el aumento de espacio ocupado por la violencia en la prensa reflejaba una tendencia nacional. Pero ¿acaso el gobierno —y las instituciones abocadas a las políticas públicas— no tendría que haber compilado y analizado los datos presentados por Escalante? Finalmente, los datos que utiliza son del INEGI; es decir, que el propio gobierno los genera. La primera sorpresa del estudio de 2009 fue que el gobierno no utiliza sus propios datos, y que no monitorea de oficio el desarrollo de las tendencias que tendrían que ser claves para el diseño y justificación de su política.

Sin la iniciativa de Escalante —que al principio parecía ser hasta una necedad— la sociedad mexicana entera hubiera seguido haciendo extrapolaciones a partir de notas de prensa. “Finalmente, rebuznábamos, ¿para qué estudiar los datos de homicidios, si todos ‘ya sabemos’ que ha aumentado la violencia exponencialmente? ¡Ahí está Ciudad Juárez! ¡Ahí está Tijuana! ¡Ahí está Michoacán!”. Pues sí. Pero resulta que esas zonas eran, hasta hace poco, excepcionales, y que en la mayor parte del país, las tazas de homicidios bajaban año con año. Para 2006 la probabilidad de morir asesinado en México era muy parecida a la de Estados Unidos.

¿Y el gobierno? Muy bien gracias. Guiándose, aparentemente, por la lectura de El Universal, Reforma, La Jornada, etcétera, igual que todos, y sin tomar la iniciativa más rudimentaria de tener un diagnóstico propio, formulado con los mejores datos que tuviera a su disposición. Esta falta de responsabilidad tuvo consecuencias. Así, por ejemplo, la guerra contra el narco, lanzada al inicio del gobierno de Felipe Calderón, se montó, en parte, sobre las olas de preocupación popular por el aumento en la inseguridad —que se sucedieron unas a otras desde los años ochenta—. Es decir, había un clima de histeria frente a la violencia que ayudó a legitimar una guerra contra el narco, y resulta que ese clima se había generado a partir de una realidad profundamente distorsionada por la extrapolación de la nota roja, en forma de rumor. Sobraban motivos para la histeria en Ciudad Juárez y en Tijuana, y había motivos legítimos de preocupación en otras ciudades, pero había también una tendencia nacional bastante alentadora que se tendría que haber estudiado, comprendido, y luego cacareado.

Llama la atención, de igual forma, la falta de profesionalismo de los medios: se habían dedicado a la nota roja, preocupándose poco por hacer reportajes de fondo acerca del contexto. Por lo general, sus páginas de opinión han sido espejo a la noticia, en lugar de servir de contrapeso basado en información experta. El periodismo de investigación ha brillado por su ausencia.

Esto significó, y sigue significando, que las ejecuciones y la violencia pueden utilizarse fácilmente como instrumento propagandístico. El que manda ejecutar calcula que lo que hace será noticia, y que esa noticia será la base de un imaginario colectivo que no tendrá contrapeso alguno. Y si deja de ser noticia el asesinato de un sujeto, es cosa de aumentar el número de ejecutados, y de aumentar los ultrajes —desmembrando, descabezando o haciendo lo que haga falta para que el acto sea público y notorio—. Esto se ha convertido ya en práctica política estándar de los profesionales de la violencia. Así, por ejemplo, a inicios de enero el presidente Calderón declaró que las muertes violentas disminuyeron en los últimos meses de 2010; al día siguiente aparecen 15 decapitados en Acapulco. La falta de responsabilidad del gobierno en materia de análisis de datos —y por consiguiente en su sistema de toma de decisiones— acabó por afectar al propio gobierno.

Por eso, cuando aparece el ensayo de Escalante de 2009, Felipe Calderón y la Secretaría de Relaciones Exteriores tomaron nota, y comenzaron a citar sus resultados en varios medios nacionales y extranjeros, para hacer contrapeso a lo que aparecía ya como una campaña internacional de difamación de México —es decir, la representación de México como un territorio peligroso para el turista y el inversionista—. El presidente comenzó a decir, con razón, que se hablaba mal de México. Lo que no dijo es que el gobierno había fallado en su responsabilidad de generar los datos y el análisis que se necesitaban para “hablar bien”. Tampoco dijo que sus propias decisiones en materia de seguridad pública se basaban en los mismos prejuicios que la opinión general, pese a que tenía el aparato para generar una visión mejor fundada.

Y ahora viene este segundo estudio de Escalante, lapidario.

Resulta, primero, que entre 2007 y 2009 la tasa de homicidios se disparó a tal punto que se perdió lo que se había ganado en 15 años. Hoy estamos otra vez con índices de homicidios parecidos a los de 1990 —aunque desde luego fundados en una política de la violencia enteramente diferente, y mucho más amenazante para la paz social—. La tasa de homicidios de 2009 es más del doble que la de 2006. Segundo, Escalante demuestra que hoy el territorio mexicano se divide en zonas hiperviolentas, y zonas en que la violencia ha aumentado, pero en menor escala. Por último, Escalante señala que el aumento exponencial del homicidio no se ajusta a la geografía de territorios o plazas de narcos.

Por segunda vez, la cuidadosa investigación de Escalante nos toma por sorpresa, aunque esta vez no porque dudáramos que en estos tres años haya aumentado la violencia —todos lo sabíamos— sino, primero, por la magnitud de lo que describe, que excede con mucho las cifras oficiales y de la prensa, y sobre todo porque este segundo estudio hace dudar de las tesis oficiales y de la prensa respecto de la naturaleza misma del fenómeno que enfrentamos.

El primer estudio de Escalante demostró que no conocíamos ni los datos más básicos respecto de las tasas nacionales de homicidios, y que mentalmente la opinión pública y el gobierno eran presa de la nota roja. El segundo estudio demuestra que la explicación general de la violencia desde 2006 no cuadra con los datos. O mejor dicho, que la explicación oficial de ninguna manera basta para explicar los datos. Por eso los lectores de este magnífico trabajo de investigación quedamos como en los cuentos de Condorito: totalmente sorprendidos (¡plop!), y exigiendo una explicación.

La falta de correspondencia entre los datos existentes y la explicación general del homicidio es tal, que Escalante se toma la molestia de ofrecer una hipótesis alternativa. Nótese, que tras de decenas de miles de muertos, estamos recién en la fase de armar hipótesis.

Concluyo mi comentario centrándome en algunos puntos que me interesan de manera particular.

Transparencia versus responsabilidad
. Fernando Escalante plantea una hipótesis que podría explicar los resultados de su estudio. La idea es que la guerra contra el narco ha sido también una guerra contra de las policías municipales, y que la desaparición, intervención o intimidación de los cuerpos policiales locales (muchos de ellos corruptos, pero en algún grado efectivos) puede haber generado un desbarajuste en los múltiples arreglos informales que eran la base del orden social.

No abundo demasiado en la hipótesis, que Escalante presenta con toda claridad. Se trata de explorar la posibilidad de que el fermento social y de opinión que ha habido a favor de la construcción de un “Estado de derecho” como principio sagrado, independientemente de las realidades concretas en que opera el Estado, y, sobre todo, la elevación de la transparencia como valor máximo de la democracia, hayan generado una especie de alergia de elite contra la corrupción, que llevó al gobierno a hacer a un lado a quienes estaban encargados de regular las prácticas cotidianas de buena parte de nuestra economía.

La economía de México siempre ha estado alimentada, en un porcentaje muy elevado, por la economía informal, donde abundan vendedores ambulantes, contrabandistas, paracaidistas, franeleros, operadores sin licencia, etcétera. Esta realidad implica la existencia de todo un sistema, de una regulación informal corrupta, en mayor o menor medida, donde se negocian los términos de tolerancia o intolerancia a prácticas que quedan fuera de la ley. La hipótesis de Escalante es que el debilitamiento o eliminación de cuerpos policiales municipales fracturó los arreglos de ese sistema, y que eso ha generado una situación de violencia difusa y hasta el momento poco comprendida: la prensa sumaba 22 mil casos de homicidio por pleitos del narcotráfico entre 2007 y 2009, pero la cifra total de homicidios alcanzaba los 43 mil. Evidentemente, hacen falta estudios para confirmar o rechazar la hipótesis de Escalante, y para poner en su justa dimensión la explicación que hasta ahora han tenido el gobierno y los medios. Sin embargo, una conclusión que ya quedó en evidencia es que la transición democrática ha traído consigo a una generación que cree que el valor máximo de la democracia es la transparencia. Los ensayos de Escalante demuestran que existe un valor más importante, y que está muy mal representado en los grupos dominantes de la actualidad (gobierno y medios): la responsabilidad.

La responsabilidad no es lo mismo que la transparencia, porque la transparencia implica cierto grado de pasividad política —se fijan una serie de reglas (“transparentes”) y el papel del funcionario se reduce a cumplir las reglas.

Ser responsable implica esferas sustantivas de competencia. Por ejemplo, el secretario de Gobernación tiene competencia sobre la garantía de la paz social. Si un funcionario es responsable por la paz social, tiene que ver qué hace para que la haya. Su desempeño no se reduce a cumplir reglas, sino a conocer, prever y actuar con efectividad en su esfera de competencia.

“La muerte tiene permiso: Homicidios 2008-2009” demuestra que la responsabilidad no ha sido el valor supremo ni del gobierno ni de los medios. Ambos han preferido darle prioridad al valor de la transparencia —buscar reglas claras y quedar como personajes moralmente íntegros que han cumplido con reglas— en lugar de cumplir cabalmente con su responsabilidad. Prensa y gobierno bailan un vals, donde cada uno presume su pureza —su transparencia— y deja en el olvido el significado de la palabra “responsabilidad”.

Si no fuera así, a nadie le hubiera caído de sorpresa ninguno de los dos ensayos —verdaderos terremotos— de Escalante. Sismos hechos a partir del estudio detallado de datos que son del dominio público.

Con este trabajo de investigación se demuestra la importancia urgente de generar conocimientos oportunos, empíricamente confiables, conceptualmente bien fundados. Más allá de agradecer al autor, y de felicitar a El Colegio de México por haberlo apoyado, la labor de Escalante con las estadísticas de homicidios deja ver que el gobierno y la prensa llevan años operando sin brújula, y sin siquiera utilizar a fondo las fuentes de información existentes.

Tiempo de etnografía. Ya que el ensayo de Escalante presenta preguntas que exigen explicación, concluyo sugiriendo que para construir las explicaciones que necesitamos es necesario pasar por la investigación etnográfica. Quisiera explicar brevemente por qué.

Hasta ahora los funcionarios han justificado sus políticas a partir de una mezcla de estadísticas desordenadas y de anécdotas de la prensa. La etnografía no es una cosa ni otra: implica estudios detallados e intensivos de contextos específicos. A diferencia de un cuestionario, que se basa en respuestas a preguntas estandarizadas y en muestreos representativos, la etnografía se interesa por la fenomenología —es decir, por las formas en que se estructura la experiencia y la conciencia de grupos específicos—. A diferencia de la labor periodística, el trabajo etnográfico no se centra en el seguimiento de una noticia, sino en la explicación de un contexto.

Franz Boas, el fundador de la antropología moderna en Estados Unidos, defendía la necesidad de hacer etnografía a partir de una observación simple pero contundente: dos efectos idénticos pueden ser resultado de dos causas totalmente distintas. Esa premisa llevó al florecimiento de la etnografía a inicios del siglo XX, y me parece que viene muy al caso a la situación mexicana de inicios del XXI.

Lo que ha mostrado Escalante no es que sea falso que se estén matando entre facciones de cárteles, ni que sea falso que el ejército mata a narcos, ni falso que los narcos maten a militares, sino que esa violencia no es la única, y que la hipótesis de la competencia por las plazas de distribución de droga no explica ni el número total de muertos ni la geografía de los homicidios.

Además, presenta que el aumento brutal y vertiginoso de la violencia homicida en México no obedece a una causa única —la competencia entre narcos, y entre narcos y ejército, por el control de las plazas—. Tenemos, al contrario, múltiples situaciones en que hay un efecto igual o muy parecido (incremento de asesinatos y violencia armada). Estamos, en otras palabras, en el terreno de Franz Boas. Es el terreno preferido de la etnografía que es hoy materia de investigación urgente.

A partir de este ensayo tenemos causa justificada para exigir una política de responsabilidad, por encima de una fantasía prepotente e ignorante de transparencia. Exigimos una explicación.

Y mientras esperamos respuesta, tenemos que procesar el significado íntimo y colectivo que tiene para nuestra sociedad la cuenta de decenas de miles de muertos.

Claudio Lomnitz. Director y profesor del Centro para el Estudio de Raza y Etnicidad de la Universidad de Columbia. Es autor de Death and the Idea of Mexico.