Este ensayo revisa el mecanismo de construcción de una serie de repúblicas imaginadas: el diseño de las utopías que derivaron en el primer republicanismo hispanoamericano y naufragaron, poco después, al sobrevenir la división entre caudillos y letrados. La historia de un proyecto incumplido, y de sus cartas magnas convertidas en fetiches.
Desde los siglos de las disputas por el Nuevo Mundo entre teólogos neotomistas y viajeros ilustrados, las Américas han sido lugar de representaciones utópicas y, a la vez, de caricaturas de la barbarie. América como comunidad ideal o América como degeneración de Occidente son tópicos que batallan entre sí desde Colón y Las Casas hasta Humboldt y Tocqueville, dejando una estela de imágenes contrapuestas en torno a cuatro virreinatos que, luego de tres siglos de pertenencia al imperio español, rompen con la monarquía absoluta y se descomponen en una docena de repúblicas soberanas.
Ilustración: Jorge Cejudo
Tomemos, como una entre tantas ilustraciones posibles de aquel imaginario utópico, la Carta dirigida a los españoles americanos (1799) del jesuita peruano, exiliado en Italia, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, defensor de la rebelión incaica de Túpac Amaru. A diferencia de otros ilustrados criollos de su generación, Viscardo no leyó en Buffon o en Raynal los tópicos de la barbarie americana sino la promesa de un floreciente Nuevo Mundo, dividido en varios reinos autónomos con el auxilio de la Gran Bretaña. En los últimos años del siglo XVIII, Viscardo afirmaba que los “españoles parecían en todas circunstancias incapaces de ideas republicanas”, pero pensaba inevitable la autonomía monárquica de Hispanoamérica, ya que para él, lo mismo que para Montesquieu, “las Indias y la España eran dos potencias bajo un mismo dueño; mas las Indias eran el principal y la España el accesorio”.
Francisco Miranda leyó con frenesí a Viscardo y recomendó a William Pitt, primer ministro británico, que se invitara al jesuita a Londres para que expusiera su Proyecto para independizar la América española, redactado en 1790. Curiosamente, la idea de dividir Hispanoamérica en tres reinos autónomos había aparecido pocos años antes en el célebre Memorial secreto que el Conde de Aranda envió a Carlos III. Sólo que ahora Viscardo y Miranda proponían a Londres que dichos reinos fueran encabezados no por monarcas borbónicos, sino por príncipes británicos, que viajarían al frente de expediciones separatistas, ya que “sólo los príncipes pueden desempeñar el rol heroico de libertadores en medio de tanto objeto de seducción”. En menos de dos décadas aquel “entusiasmo monárquico” que observaba Viscardo se vio arrastrado por la marea del republicanismo atlántico.
Los 20 años que abarcó el proceso de las independencias, desde la invasión napoleónica a España y la reclusión de los reyes Carlos IV y Fernando VII, en Bayona, y la muerte de Simón Bolívar en San Marta, en 1830, fueron profusos en utopías monárquicas o republicanas. En el Alto Perú las guerrillas comandadas por José Miguel Lanza organizaron una “republiqueta cristiana” en Ayopaya que funcionaba como una comunidad igualitaria, basada en el vínculo carismático con caudillos sacerdotales, que recuerda a los pueblos de indios refundados por Vasco de Quiroga en Michoacán. Como han descrito David Brading y Enrique Florescano, en el Perú, lo mismo que en la Nueva España, los dos virreinatos más antiguos creados por la dinastía de Habsburgo, las guerras de independencia reavivaron el imaginario de los imperios mexica e inca y, a la vez, reprodujeron no pocas visiones de la evangelización y la colonización españolas.
Los cuatro años de práctica inconstante y no generalizada de la legislación preconstitucional y constitucional de las Cortes de Cádiz (1810-1814) afianzaron la ambivalencia entre los conceptos de autonomía e independencia e incluso el fernandismo de Hidalgo, Morelos y algunos líderes chilenos y andinos. Es entonces que los pueblos, como han señalado Antonio Annino y otros historiadores, y no sólo las naciones o los individuos, se constituyen en depositarios de la nueva soberanía. Desde aquellos años, en la América Septentrional y en los Andes los sujetos de la construcción nacional no serán sólo los propietarios o los ciudadanos de la teoría liberal y republicana sino también las comunidades de la tradición jurídica colonial.
El año de 1814, con el regreso de Fernando VII a la península y el restablecimiento de la monarquía absoluta, marca el momento de radicalización republicana del proceso ideológico y político de la independencia. Los más importantes caudillos de aquella gesta (José María Morelos y Simón Bolívar, José de San Martín y Bernardino Rivadavia, Antonio José de Sucre y José Antonio Páez, Bernardo O’Higgins y José Miguel Carrera…) afianzarán a partir de entonces la defensa de la forma republicana de gobierno como modo de zanjar la ambivalencia entre autonomía e independencia y de afirmar la ruptura no sólo con la monarquía absoluta sino con la personificación del trono español en Fernando VII.
El empate militar que experimentó la guerra durante unos seis años y que en la Nueva Granada vivió la más sangrienta confrontación entre los dos bandos enfrentados, se rompió hacia 1820 con el traslado de la iniciativa militar a los insurgentes. Como ha estudiado Roberto Breña, el trienio liberal en España, iniciado tras la sublevación de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan, aceleró el debilitamiento del ejército realista e hizo evidente, a los ojos de muchos líderes hispanoamericanos, la limitación del modelo constitucional gaditano como referente de la nueva legitimidad de las naciones hispanoamericanas. Aún así, el legado de Cádiz en la política hispanoamericana de la primera mitad del siglo XIX pesó mucho más que lo que aquellos republicanos estaban dispuestos a reconocer.
Entre 1820 y 1823, mientras los últimos autonomistas hispanoamericanos (Félix Varela, Lorenzo de Zavala, Manuel de la Bárcena) impulsaban en Madrid o en México la conformación de reinos y provincias autónomas bajo la soberanía de Fernando VII, otro grupo de letrados (fray Servando Teresa de Mier, Vicente Rocafuerte, Manuel Lorenzo de Vidaurre, José María Heredia) promovía, desde Filadelfia y en perfecta coordinación con Bolívar, la adopción continental de la forma republicana de gobierno. Al tiempo en que San Martín, Bolívar y Sucre acorralaban al ejército borbónico en los Andes, aquellos intelectuales traducían al lenguaje de la política hispanoamericana las ideas de Harrington y Paine y —cosa poco admitida— concebían las bases intelectuales de la Doctrina Monroe, luego formulada y aplicada a su manera por Estados Unidos.
Tres historiadores cubanos de la primera mitad del siglo XX (Ramiro Guerra, Herminio Portell Vilá y Emeterio Santovenia) rastrearon en archivos españoles, norteamericanos y británicos los orígenes de la Doctrina Monroe y encontraron que en el lanzamiento de la misma, en 1823, no sólo pesó el deseo de James Monroe y John Quincy Adams de no atar la estrategia de Washington a un pacto geopolítico con Gran Bretaña sino, también, el objetivo de aislar el Caribe hispano de la ola republicana y separatista que arrastraba al continente. El Caribe quedó desde entonces comprendido en un área de influencia geopolítica norteamericana —a la que se sumaría Centroamérica a mediados de siglo— que favoreció la persistencia del orden colonial y esclavista en dicha región.
Aún así, no debería concluirse que por el hecho de no vivir guerras de independencia en la primera mitad del siglo el Caribe hispano estuvo al margen del gran proceso de retrocesión de las soberanías y de difusión del liberalismo y el republicanismo atlánticos. Como ha estudiado Michael Zeuscke, las capitanías generales de Cuba y Puerto Rico también vivieron la búsqueda de una autonomía local, a la hora del vacío de poder real de 1808, y entre 1812 y 1836 experimentaron los vaivenes del liberalismo constitucional hispánico. La Constitución que en 1812 redactó, en Caracas, el criollo bayamés Joaquín Infante proponía la creación de un Consejo de Diputados, con representantes de seis regiones de Cuba, que compartiría la autoridad política con un Poder Ejecutivo, encabezado por tres ministros, y otro Judicial, integrado por media docena de jueces criollos. Los referentes de aquel Proyecto de Constitución para la isla de Cuba (1812) eran el Contrato social de Rousseau, la Constitución de Estados Unidos, la Constitución francesa del año VIII, instaurada por el Consulado, y la Constitución federal venezolana de 1811.
Ideas liberales y republicanas, similares a las de Infante, aparecieron en casi todas las conspiraciones masónicas, separatistas, abolicionistas o anexionistas que se produjeron en Cuba durante la primera mitad del siglo XIX: la de José Antonio Aponte, la de Román de la Luz, la de los “Soles y Rayos de Bolívar”, la de la Gran Legión del Águila Negra, la de La Escalera y las de Narciso López. Aun cuando ninguna de esas conspiraciones logró generar un movimiento independentista cubano, equivalente a los que tuvieron lugar en Hispanoamérica entre 1810 y 1824, su repertorio ideológico da cuenta de la difusión del republicanismo atlántico en una región, como el Caribe, donde el statu quo colonial logró prevalecer hasta la segunda mitad del siglo XIX.
En La democracia en América Alexis de Tocqueville señalaba que una de las evidencias de que las mismas instituciones políticas no podían ser trasplantadas a diferentes culturas era que el modelo constitucional norteamericano adoptado por México, en 1824, funcionaba muy bien en el norte y muy mal en el sur del río Bravo. Pero como advirtiera en su momento Lucas Alamán, y como ha recordado recientemente José Antonio Aguilar, la Constitución de 1824 no era una copia de la norteamericana de 1787, sino una mezcla de ésta y la Constitución de Cádiz de 1812. En todo caso, las grandes dificultades que debió enfrentar la República mexicana, a partir de entonces, no pueden reducirse a un mal diseño constitucional y, mucho menos, a un problema de cultura política.
Luego de las batallas de Junín y Ayacucho y la independencia del Perú, el dilema de la construcción de las nuevas repúblicas dividió a los caudillos y letrados hispanoamericanos. Casi siempre que se estudia el diseño de utopías en esa etapa de consolidación republicana se piensa en el proyecto de confederación lanzado por Bolívar en la convocatoria al Congreso de Panamá de 1826. Sin embargo, además de que ésa no fue la única utopía republicana de aquellos años, por lo general se obvia el hecho de que la unión bolivariana descansaba sobre la defensa de repúblicas unitarias y presidencialistas, con instituciones fundadoras del autoritarismo hispanoamericano, como la “presidencia vitalicia” y el “senado hereditario”, que Bolívar tomó de la Constitución haitiana.
Aquella Constitución de Bolivia, defendida por Bolívar y Sucre en 1826, como garantía de la confederación hispanoamericana, provocó el rechazo de los más importantes letrados de la época: Andrés Bello, José Joaquín Olmedo, Vicente Rocafuerte, José María Heredia, Félix Varela, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Lorenzo de Zavala e, incluso, fray Servando Teresa Mier, quien, a pesar de ser contrario a un federalismo extremo, también criticó, al final de su vida, el despotismo que entrañaba el régimen boliviano. Esa fractura entre los caudillos (Bolívar, Sucre, Flores, Páez, Santander…) y los letrados hispanoamericanos tuvo consecuencias desastrosas para la estabilidad de los nuevos Estados y propició un generalizado espíritu de desencanto entre los próceres de la independencia. El poeta José María Heredia resumirá aquel desencanto en su poema “A Bolívar”:
¡Libertador! ¡y callas! ¿Cuándo insano
Truena un rebelde, ocioso
El rayo vengador yace en tu mano?
¿Y ciñes a un faccioso
Tu espada en galardón…? A error tan triste
Permite a mi dolor que corra un velo.
Si patria no ha de haber, ¿por qué venciste?
¡Ay! Los reyes dirán con burla impía
Que tantos sacrificios fueron vanos,
Y que sólo extirpaste a los tiranos
Para ejercer por ti la tiranía.
Varias escuelas de historiografía nacionalista en América Latina han atribuido a Estados Unidos toda la responsabilidad en el fracaso del proyecto de confederación lanzado por Bolívar en vísperas del Congreso de Panamá. Sin negar que la posición de Washington fue contraria al mismo, como se manifestó en la correspondencia diplomática de Joel R. Poinsett y otros representantes norteamericanos en Hispanoamérica, tampoco debería ignorarse que la confederación fue rechazada por muchos líderes republicanos de la primera generación por diferencias con el centralismo y el autoritarismo de Bolívar. Para algunos historiadores todavía resulta difícil admitir que el desencanto del primer republicanismo hispanoamericano tuvo que ver, entre otras causas, con la falta de consenso de la utopía bolivariana.
Con frecuencia la propia historiografía bolivariana presenta la gran alternativa regional al centralismo presidencialista andino y venezolano, que fue el federalismo mexicano de 1824, como la antiutopía de aquel momento. Basta, sin embargo, revisar los textos de Rocafuerte y Zavala —o los de Ramos Arizpe y Gómez Farías— para constatar que los federalistas también proyectaban la creación de comunidades ideales. El carácter fronterizo de algunos estados norteños de México, como Texas, Nuevo León o Coahuila, donde el federalismo, al igual que en Zacatecas, Jalisco y Yucatán, era muy fuerte, agregaba a esas utopías el atractivo de la conformación de colonias migratorias, heterogéneas desde el punto vista étnico, religioso, lingüístico y cultural.
Los historiadores no hemos reparado lo suficiente en las conexiones que hay entre ese federalismo fronterizo y los socialismos utópicos que por entonces comenzaban a circular en Europa y Estados Unidos. Es sabido, por ejemplo, que el gran utopista británico Robert Owen, fundador de la comunidad New Harmony en Indiana, cuando fue incapaz de sostener económicamente su sociedad ideal y tuvo que vender el terreno, en 1828, viajó a México, donde se entrevistó con el presidente Guadalupe Victoria, a quien pidió se le concedieran unas 150 millas cuadradas de terreno en la frontera de Texas con Estados Unidos para crear una utopía más rentable. Zavala, Rocafuerte y Poinsett respaldaron esas utopías fronterizas y defendieron también asentamientos de colonias migratorias como la de Coatzacoalcos en Veracruz.
La idea de México como tierra de utopías migratorias se difundió lo suficiente en la Europa de aquellos años como para que Balzac y otros escritores de mediados de siglo la registraran en sus libros. México es tema recurrente en varios libros de Balzac: en El contrato de matrimonio, de la serie La comedia humana, se habla con entusiasmo de las minas La Valenciana en Guanajuato; en El primo Pons, de Los parientes pobres, es México, y no las Californias únicamente, la quimera del oro; en Los pequeños burgueses y en el drama Vautrin, se trata el tema de la guerra de los pasteles, en 1838, y se dibuja un retrato amable del general Anastasio Bustamante; en La piel de zapa, de la serie “estudios filosóficos”, aparece, específicamente, el tema de las utopías migratorias de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Anáhuac, en Texas.
La historiografía nacionalista ha juzgado con severidad a algunos defensores de aquellas utopías, como Zavala, Rocafuerte y Poinsett, por el respaldo que las mismas suponían a la secesión de Texas y otros territorios. Sin embargo, esos juicios, por lo general, demandan de aquellos letrados y políticos un nacionalismo que ellos no podían poseer, por vivir, precisamente, en el momento republicano, cuando la contraposición entre las dos Américas no se había afianzado en el imaginario cultural ni en la política exterior de los nacientes estados. Zavala, Rocafuerte y Poinsett tenían, además, una posición de avanzada en una materia tan sensible y, a la vez, decisiva para la construcción republicana, como la de la tolerancia religiosa, no reconocida por la Constitución de 1824.
Es interesante contraponer la idea de comunidades heterogéneas, desde el punto de vista étnico, religioso, lingüístico y cultural, que sustentaba aquellas utopías migratorias, con el proyecto de homogeneización ciudadana que defendió el republicanismo hispanoamericano en las primeras décadas de la independencia. Para Bolívar, San Martín, Sucre y otros caudillos de aquella gesta, la diversidad social de los antiguos reinos del imperio borbónico era un obstáculo y no una ventaja para la edificación republicana. Ésa era la principal diferencia que observaban entre el proceso, a su entender, virtuoso de la emancipación de las Trece Colonias y el nacimiento, según algunos de ellos, “enviciado de origen”, de la nueva Hispanoamérica. En la defensa de comunidades heterogéneas, por parte de algunos letrados de aquella generación, como Rocafuerte, Zavala, Vidaurre y Heredia, no es imposible leer un atisbo del multiculturalismo contemporáneo.
Como toda revolución, la hispanoamericana de independencia no escapó a la paradoja de haber sido realizada por sujetos del antiguo régimen. Los pueblos y las elites, el clero secular y regular, los ayuntamientos y las audiencias, la oficialidad y la soldadesca de ambos ejércitos, los peninsulares y las castas, los criollos y los indios que se involucraron en aquella gesta eran la mejor prueba de la diversidad estamental y corporativa del mundo virreinal. A diferencia de los padres fundadores de Estados Unidos, los líderes de la independencia hispanoamericana pensaron que había que destruir totalmente aquel pasado y edificar un futuro de repúblicas armoniosas y perfectas, en las que el ejercicio de derechos y deberes de una ciudadanía libre e igual ante la ley produciría automáticamente la felicidad de los habitantes del Nuevo Mundo.
En sus tristes días finales, narrados magistralmente por Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, Bolívar comprendió que aquellas repúblicas imaginadas estaban hechas de aire: el aire de las nobles ideas y de las cartas magnas convertidas en fetiches. Desde la distancia de dos siglos podemos decir que los primeros republicanos no fueron los únicos que soñaron quimeras y confiaron excesivamente en la regeneración del género humano por obra de leyes sabias y perfectas. Liberales y conservadores del siglo XIX, nacionalistas y socialistas del siglo XX, neoliberales y populistas de hoy también han construido sistemas evanescentes, que carecen de encarnación real en las mayorías de sus pueblos.
Si para América Latina el XIX fue el siglo de la república y el XX el de la revolución, ¿será el XXI el siglo de la democracia? No lo sabemos, pero si lo es, deberíamos tratar de no repetir el error de nuestros antepasados, pensando la democracia como un sistema milagroso y autorreferente que, por sí solo, traerá equidad y desarrollo a nuestras naciones. Mientras no veamos la democracia como panacea y nos relacionemos críticamente con sus múltiples limitaciones, estaremos a salvo del desencanto que abrirá las puertas del autoritarismo. El desencanto, como ha escrito Claudio Magris, es “una forma irónica de la esperanza”, una prevención crítica frente a fáciles profecías. La única manera de conjurar sus peores efectos es evitando hacer del pasado un estigma y del futuro un idilio.
Rafael Rojas
Historiador y ensayista. Es profesor e investigador del CIDE. Su libro más reciente es El estante vacío. Literatura y política en Cuba.
