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El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en tanto órganos públicos del Estado, están sujetos al escrutinio público y la rendición de cuentas. La crítica de sus decisiones es necesaria y fortalece la democracia y sus instituciones.

No obstante, el libro de José Antonio
Crespo critica injustificadamente la actuación del Tribunal en la elección
presidencial de 2006. Por razones de espacio, sólo analizaré las dos principales
falacias jurídicas del texto.

Los argumentos esgrimidos por Crespo carecen de sustento jurídico y son resultado de una interpretación asistemática y disfuncional, que no toma en cuenta todas las normas constitucionales y legales aplicables.

I


La primera falacia del libro es afirmar que el Tribunal debió realizar el recuento de mucho mayor número de casillas aunque no estuvieran
todas ellas impugnadas.

1) La ley establece que el partido o coalición interesado debe impugnar cada uno de los cómputos distritales y precisar cada una de las casillas cuyos resultados desee controvertir.

2) Si un cómputo electoral (distrital o de casilla) no se impugna, conforme a los artículos 41 de la Constitución federal y 72 de la ley procesal electoral, el resultado es válido, definitivo e inatacable. Por tanto, no es susceptible de revisión por el Tribunal.

3) La Coalición por el Bien de Todos sólo impugnó 230 de los 300 cómputos distritales y aproximadamente 43 mil de las 130 mil 477 casillas. Al menos en las páginas 58, 59 y 179 de su libro, Crespo reconoce que no se impugnaron la totalidad de los distritos electorales y, mucho menos, la totalidad de las casillas.

4) Incluso, la Coalición sólo pidió el recuento de unas 22 mil casillas.
De ellas, el Tribunal ordenó el recuento de 11 mil 724 (aproximadamente,
53% de las demandadas), en virtud de que fueron las únicas en las que, de acuerdo con la ley y a partir de un criterio novedoso y muy amplio, resultaba jurídicamente procedente, ya que las actas respectivas efectivamente contenían alguna inconsistencia o error evidente en los rubros fundamentales relacionados con votos.

Con frecuencia se olvida que, gracias al criterio del Tribunal, bastó la diferencia de un solo voto en las actas de las casillas impugnadas
para que se ordenara su recuento, lo cual permitió acoger en la máxima medida la pretensión de la Coalición demandante.

5) Crespo sostiene que el Tribunal debió haber realizado el recuento
de votos sobre una base de casillas más representativa.
Al respecto, incurre en una confusión de conceptos. El Tribunal ordenó el recuento en ciertas casillas, no porque pretendiera una muestra representativa sino porque así procedía jurídicamente,
después del análisis individual de cada una de las casillas en que lo demandó la Coalición.

El recuento de esas 11 mil 724 casillas no obedeció
a un capricho o a una supuesta conveniencia política. Tampoco fue resultado de un cálculo estadístico.
Fue producto de un procedimiento estrictamente
jurídico. El Tribunal ordenó el recuento de todas y cada una de las casillas impugnadas en que se actualizaron los supuestos legales.

Haber pretendido construir una supuesta muestra
más representativa, incluyendo casillas no impugnadas,
habría implicado una decisión arbitraria sin fundamento legal.

En las sentencias que corresponden a cada uno de los juicios que promovió la Coalición se exponen
las razones jurídicas por las que se ordenó o no el recuento en cada una de esas 22 mil casillas en que se demandó. Tales sentencias son públicas y pueden consultarse vía internet.

6) En diversas partes del libro Crespo acepta la racionabilidad
del criterio del Tribunal de sólo recontar las casillas cuyas actas contenían inconsistencias en cualquiera de los tres rubros fundamentales. La diferencia
estriba en que mientras el Tribunal sostuvo —basándose en la Constitución y la ley— que sólo procedía el recuento de las casillas impugnadas que se encontraban en tales condiciones (11 mil 724), Crespo afirma que se debió realizar el recuento en 81 mil casillas que, según él, adolecían de inconsistencias,
aunque no hubiesen sido impugnadas. Para llegar a esta conclusión —jurídicamente inadmisible—,
Crespo pretende apoyarse en una supuesta jurisprudencia del Tribunal.

7) Es falsa la afirmación de Crespo de que el Tribunal, al abstenerse de ordenar el recuento de casillas no impugnadas, inaplicó la jurisprudencia:
“PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS
SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL”.

Crespo hace una cita parcial e interpretación sesgada de dicha jurisprudencia. En ninguna parte
de la misma se faculta al Tribunal para abrir casillas no impugnadas. Por el contrario, en dicha jurisprudencia el Tribunal es puntual en sostener que “la apertura de los paquetes electorales… únicamente tiene verificativo cuando,
a juicio del órgano jurisdiccional, la gravedad de la cuestión controvertida así lo exige”.

Es indispensable que haya una cuestión controvertida para ordenar
la apertura de paquetes electorales. Y, no sobra recordarlo, en el ámbito del derecho, por “cuestión controvertida” se entiende
lo que ha sido “jurídicamente impugnado y específicamente combatido”, no lo que estimen controversial los actores políticos o la academia.

Si en determinado medio de impugnación no se señala siquiera la casilla cuyo resultado se desea controvertir, no hay cuestión controvertida en esa supuesta casilla y, por tanto, mucho menos hay elementos para ponderar si en la misma se justifica o no algún recuento. Simple y sencillamente: la jurisprudencia no dice lo que Crespo aduce que dice. En ninguno de los precedentes que sirvieron de base para constituir dicha jurisprudencia ni en algún otro caso en sus ya casi 12 años de historia, el Tribunal ha ordenado el recuento
de votos en casillas no impugnadas. Por tanto, es un infundio imputar que el Tribunal dejó de aplicar esa tesis jurisprudencial al abstenerse de ordenar el recuento de casillas no impugnadas. A lo largo del libro el único fundamento jurídico utilizado por Crespo para cuestionar el recuento exclusivamente en casillas impugnadas, es esta jurisprudencia mal citada y sesgadamente interpretada.

8) Crespo alega, sin embargo, que el Tribunal debió actuar oficiosamente
y revisar casillas no impugnadas. Lo anterior implicaría un Tribunal que pueda decidir discrecionalmente —con independencia
de las partes y de las disposiciones legales aplicables—
en qué casos intervenir y en cuáles no; qué casillas revisar y qué casillas no revisar, en qué casos ordenar recuentos y en qué casos no. Con ello, el Tribunal
no tendría más límites que la voluntad de sus integrantes, lo que lejos de contribuir a la certeza y a una efectiva y justa tutela jurisdiccional, conduciría a la arbitrariedad y a la violación de los derechos fundamentales.

Crespo soslaya que estamos frente a un proceso jurisdiccional que, a diferencia de un procedimiento
político, debe sujetarse a reglas y principios previamente
establecidos que, en conjunto,
reducen al máximo el margen
CIUDAD DE LIBROS
de discrecionalidad del juzgador, asegurando que sus decisiones sean respetuosas de los derechos fundamentales y otorgando seguridad jurídica. Si el Tribunal tuviera facultades para intervenir oficiosamente
—o peor aún, las ejerciera sin que le fueran conferidas por la ley, como lo pretende Crespo— iría en contra de la naturaleza propia de un Tribunal tercero imparcial y atentaría contra los fundamentos no sólo del derecho electoral sino de un Estado constitucional democrático de derecho, en el que se limitan los poderes de las autoridades a lo expresamente previsto en la ley, en beneficio de la seguridad jurídica y los derechos y libertades fundamentales. Si los integrantes del Tribunal hubiésemos
procedido a revisar o modificar cómputos no impugnados, habríamos violado la Constitución y la ley, e incurrido en responsabilidad.

Nadie puede legítimamente pretender que un Tribunal viole la ley por estimar que, desde su particular
perspectiva o por conveniencia política, resulta
oportuno revisar un mayor número de casillas aunque no estuviesen impugnadas.

9) Una vez verificado el recuento por el Tribunal,
la diferencia entre el primero y segundo lugares se redujo en cuatro mil 859 votos, lo cual equivale aproximadamente a una centésima del total de votos: de 0.58%, según los resultados oficiales del IFE, pasó a 0.57%.

{{II}}


La segunda falacia consiste en afirmar que el Tribunal
debió anular la elección presidencial, en virtud de que las inconsistencias contenidas en las actas de 81 mil casillas —aunque éstas no se hubiesen impugnado— son mayores que la diferencia entre el primero y el segundo lugares.

1) De nuevo Crespo pretende otorgar a las actas electorales no impugnadas efectos contrarios a la Constitución y la ley. En la página 134 del libro, el autor reconoce: “Desde una óptica jurídica, los errores de cómputo que no fueran determinantes en el resultado de cada casilla o cada distrito —o contenidos en las casillas no impugnadas— desaparecerían
del cómputo general, sin afectar por tanto el resultado final”.

Sin embargo, en páginas posteriores, en lugar de considerar lo que él correctamente denomina “errores de cómputo… contenidos en las casillas
no impugnadas” y asignarles la consecuencia también reconocida por él, desapareciéndolos del “cómputo general, sin afectar por tanto el resultado
final”, Crespo cambia de opinión y, sin fundamento legal ni rigor conceptual, empieza a denominar a tales “errores de cómputo” como si fueran “votos irregulares”.

2) Afirmo de manera categórica que no hay fundamento
jurídico alguno que permita transformar o calificar como “votos irregulares” los simples “errores de cómputo” contenidos en actas de casillas
no impugnadas. Ambas cosas son lógica y jurídicamente distintas.

3) La inferencia injustificada de considerar que las actas no impugnadas contienen “votos irregulares”
es lo que le sirve al autor para derivar otra consecuencia peculiar tampoco prevista en la ley: como el número de los supuestos “votos irregulares”
en casillas no impugnadas excede la diferencia entre el primero y segundo lugares, el Tribunal debió anular la elección presidencial, porque supuestamente
se violó el principio de certeza.

De nuevo, el autor incurre en una confusión. El principio de certeza —en efecto, consagrado en la Constitución como rector de la función electoral—
no es la particular concepción o sensación de certeza de alguien en lo individual sino es la certeza que deriva de la ley. Es la propia ley la que proporciona los medios para obtener certeza. No se puede obtener certeza si alguien se aparta de las reglas previstas en la ley para el efecto.

4) El efecto legal previsto para las actas de cómputo no impugnadas es que sus resultados son válidos, definitivos e inatacables. Esa fue la consecuencia
legal que aplicó el Tribunal.

Lo anterior tiene justificación y racionabilidad. La certeza en el resultado electoral se va construyendo a través de las distintas etapas del proceso electoral. Durante el mismo, las autoridades
electorales se deben ajustar, paso a paso, a lo establecido en la ley. Cualquier anomalía de alguna autoridad electoral es susceptible de ser impugnada por los partidos o coaliciones interesados.
Si determinado acto electoral no se impugna, adquiere firmeza y validez de acuerdo con el principio de definitividad, pues se parte del supuesto de que las partes involucradas no advirtieron irregularidad alguna.

5) Si los partidos o coaliciones involucrados no impugnan determinadas actas electorales, los votos que ahí se hacen constar adquieren validez y definitividad. Así se protege la voluntad ciudadana reflejada en los resultados que constan en el acta correspondiente: la elaborada y firmada por los ciudadanos integrantes de las mesas directivas de casilla, delante de los representantes de los partidos y coaliciones, quienes reciben una copia como constancia del resultado ahí obtenido.

Haber actuado de otro modo y considerar que las actas no impugnadas
contienen supuestos “votos irregulares” en lugar de resultados
válidos y definitivos, anulando la elección, habría implicado que los integrantes del Tribunal violáramos la ley e incurriéramos en responsabilidad.

6) El que Crespo haya encontrado que 81 mil actas contenían supuestas inconsistencias —correspondiendo la mayor parte de ellas a casillas no impugnadas— no puede servir para descalificar el trabajo del Tribunal.

En todo caso, podría servir para analizar la pertinencia de la estrategia de impugnación de los partidos o coaliciones interesados.
Cabría preguntarles: ¿Si supuestamente había 81 mil actas de casillas con inconsistencias, por qué sólo demandaron el recuento en 22 mil? Si se hubiesen impugnado ante el Tribunal esas 81 mil casillas, éste habría actuado en consecuencia y ordenado el recuento en todas y cada una en que así procediera.

Los partidos y coaliciones interesados tuvieron la oportunidad procesal de impugnar esas 81 mil casillas e incluso todas, de la misma manera que efectivamente lo hicieron en 22 mil. El pueblo mexicano les ha dotado de recursos económicos suficientes para contar con la infraestructura y asesoría jurídica necesarias para defender sus intereses. El que los partidos o coaliciones interesados se hayan abstenido de impugnar todas las casillas no es imputable al Tribunal.

7) De aplicarse el peculiar criterio de Crespo, prácticamente todas las elecciones con resultados estrechos serían anuladas oficiosamente.
Ese criterio no se adopta en democracia alguna en el mundo y, como he demostrado, tampoco se prevé en el orden jurídico electoral mexicano.

{{III}}


Una vez demostradas las falacias del doctor Crespo, caen por su propio peso las imputaciones insidiosas de que supuestamente el Tribunal falló en contra de lo que se desprende de las actas electorales.

En realidad, quien pretende derivar de las actas una consecuencia no prevista legalmente es el doctor Crespo. En tanto opinión, es respetable, pero se aparta de lo establecido en los principios y reglas electorales aplicables. Las actas efectivamente “hablan”, pero debe atribuírseles el significado previsto en la ley, sin falacias.

A dos años de distancia, sigo sin leer ni escuchar argumento jurídico alguno que habría permitido al Tribunal ordenar un recuento total de votos o anular la elección presidencial. n