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En 1997, cuatro años después de la liquidación y/o venta de la mayor parte de las empresas estatales del sector cinematográfico,
se produjeron en México únicamente nueve largometrajes, la cifra más baja desde 1932. Se habló entonces de un auténtico colapso industrial. Para paliar de alguna manera esta situación, entre los meses de septiembre y diciembre de 1997, el gobierno del presidente Zedillo creó un fideicomiso denominado Fondo de Producción para el Cine de Calidad (Foprocine) con una aportación
inicial de 135 millones de pesos (MDP), lo que contribuyó a aumentar el volumen de producción en los años siguientes: 11 películas en 1998, 19 en 1999 y 28 en el año 2000.

Por otra parte, durante 1998, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados emprendió una batalla para revisar y enriquecer la escueta Ley Federal de Cinematografía (LFC), publicada en diciembre de 1992, cuyo objetivo principal era disminuir de forma progresiva,
entre 1993 y 1997, el supuestamente obligado porcentaje de exhibición de cine mexicano, del 50% de la vieja ley, al 10% al final de 1997, para preparar la entrada de México al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLC). El 15 de diciembre de 1998 se reforma la Ley Federal de Cinematografía (la ley de 1992 tiene 15 artículos, la de 1998 tiene 47). En el artículo 33 de la ley reformada se establece como obligación del gobierno federal la creación de un nuevo fideicomiso denominado ahora Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), pero el reglamento de dicha ley, que debía publicarse 90 días después en el {Diario Oficial de la Federación} ({DOF}), y que obligaría al gobierno a proporcionar la aportación inicial a dicho fideicomiso, no se publica
hasta el 29 de marzo del 2001, con el cambio de gobierno. El Foprocine había sido creado por voluntad presidencial, con una aportación única. Lo que pretendían los legisladores con la creación del Fidecine era que, al quedar dentro de la ley, este nuevo
fideicomiso recibiera recursos anuales del presupuesto federal, cuya distribución es una de las atribuciones de la Cámara de Diputados.
En 2001 se produjeron 21 largometrajes, 15 de ellos todavía con apoyo del Foprocine.
Con la publicación del reglamento de la LFC en marzo de 2001, el gobierno federal estaba obligado a hacer la aportación inicial al Fidecine, lo que no sucedió hasta que en septiembre de ese año el presidente Fox anunció que el fideicomiso
recibiría 70 MDP, pero la Secretaría de Hacienda (SHCP) sólo completó el depósito en diciembre. Los fideicomisos,
como es sabido, funcionan a través de un comité técnico y unas reglas de operación. La composición del comité
técnico del Fidecine, de acuerdo con el artículo 37 de la LFC, está integrado por: un representante de la SHCP, uno del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), uno por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), uno del Sindicato de Trabajadores de la Producción
Cinematográfica (STPC), uno de los productores, uno de los distribuidores y uno de los exhibidores, a través de sus organismos representativos.

El comité se integró con esa composición. Entre sus facultades
se especifican, de acuerdo con el artículo 38, la selección y aprobación de los proyectos de películas cinematográficas que habrán de apoyarse. El comité redactó las reglas de operación
del fideicomiso, pero su validación tiene que emitirla la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofemer), un organismo de la Secretaría de Economía. Este proceso duró varios meses y el Fidecine pudo empezar a recibir y evaluar proyectos hasta el segundo semestre de 2002. Como no se habían ejercido los recursos del año anterior, el fideicomiso no recibió más recursos ese año. Foprocine, el otro fideicomiso, también empezaba
agotar sus recursos. La economía del país registró un “crecimiento negativo” y la producción de películas siguió disminuyendo, ya que sólo se produjeron 14 largometrajes en 2002 (siete apoyados por el Estado y siete con inversión 100% privada). Buscando otras fuentes de recursos que no provinieran del erario público para apoyar la producción, el Imcine, con el apoyo del Conaculta, promovió ante diversos organismos del Congreso lo que se conoció como “el peso en taquilla”, es decir, que los exhibidores recaudaran un peso
por cada boleto vendido en las salas cinematográficas del país. Una cifra aproximada de entre 130 y 150 MDP anuales.
La iniciativa fue analizada durante el mes de noviembre por las Comisiones de Cultura y de Hacienda de la Cámara de Diputados, y fue aprobada en el pleno el 4 de diciembre, con 481 votos a favor, cero en contra y una abstención, y se envió al Senado para su ratificación. El 9 de diciembre la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine)
apoyada por la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), en defensa de los intereses de las grandes distribuidoras y de las más importantes cadenas de exhibición, publicaron un desplegado “{manifestando su más enérgico rechazo a la iniciativa}”, alegando entre otras cosas, {“que afectaba al público encareciendo el costo del boleto… que era anticonstitucional… que obstaculizaba el desarrollo de la industria… que beneficiaba a un pequeño grupo a costa de todos los mexicanos… que provocaba que la mayoría de las películas mexicanas que se producirían serían realizadas bajo la tutela y la censura del Estado… que provocaba inseguridad jurídica y promovería incentivos perversos que podrían contagiarse a otras industrias…”.}

El 10 de diciembre, la Comisión de Hacienda del Senado, encabezada por el senador panista Fauzi Hamdan
(cuyo despacho privado defendía los intereses de las grandes cadenas de exhibidores), elaboró un dictamen negativo sobre la iniciativa y, en una sorpresiva
maniobra, consiguió el voto de 80 senadores rechazando la propuesta, con un solo voto a favor, el del senador Javier Corral, también panista. Esta decisión
de los senadores provocó la reacción inmediata de la comunidad cinematográfica, que manifestó su indignación a través de los medios de comunicación. El senador Corral consiguió que la Cámara de Diputados
(a donde ya se había enviado el rechazo), regresara al Senado la minuta para corregirla y volverla a someter
a votación al pleno el 13 de diciembre. Al final, la iniciativa fue aprobada, porque ahora 84 senadores votaron a favor, cuatro en contra y uno se abstuvo. Las reformas y adiciones al artículo 19-C, fracciones I y IV, de la Ley Federal de Derechos se publicaron en el {DOF} el 15 de diciembre de 2002. La precisión legal es importante, porque la fracción I obliga a los distribuidores a pagar a la Dirección de Cinematografía,
de la Secretaría de Gobernación, una cuota por el servicio de clasificación y la autorización de exhibición comercial de las películas, y la fracción IV obligaba a los exhibidores a recaudar el peso en taquilla, a partir de enero de 2003. Para hacer efectiva la recaudación del dinero, los funcionarios del Imcine tuvieron que enfrentarse durante meses con una burocracia renuente y caracterizada a veces
por una franca incompetencia, así como a una interminable tramitología: ante la SHCP, para que publicara la regla miscelánea correspondiente; ante la Secretaría de Gobernación, para que modificara varios artículos del reglamento de la LFC; ante la Secretaría de Economía, para que la Cofemer autorizara
el proyecto de Mejora de Impacto Regulatorio. Por otra parte, y a pesar de que quienes pagaban el peso eran los espectadores, las grandes cadenas de exhibición y sobre todo las distribuidoras norteamericanas
pusieron el grito en el cielo, alegando que el asunto era inconstitucional. El 8 de enero de 2003 el presidente Fox recibió una carta de Jack Valenti, el presidente de la Motion Pictures Association of America (MPAA), representante del poderoso {trust} mundial del cine norteamericano, advirtiéndole que: {“el nuevo impuesto va a generar varias distorsiones, impactará en el aumento de los precios en la taquilla, paralizará los planes de inversión en la construcción de nuevas salas, y pospondrá o cancelará la inversión extranjera directa en la producción de nuevas películas
en México”,} y que “debido a que la nueva legislación
fue tomada prácticamente sin consultarles o dar oportunidad a un debate público, las distribuidoras norteamericanas que operan en México podrían verse obligadas a iniciar acciones legales para defender sus intereses”. Y añade en un tono autosuficiente, primero,
y amenazante, después: “Puedo asegurarle que este tipo de impuesto lo único que causará es un mal servicio a un importante sector cultural […] Así que lo conmino a que analice las repercusiones negativas del nuevo impuesto en las inversiones y operaciones de la exhibición, producción y distribución de películas nacionales y extranjeras en México”.
Tres semanas después Steve Solot, el vicepresidente
de la MPAA para América Latina, se presentó, acompañado de un abogado de uno de los despachos más influyentes del país, en la oficina de la presidenta del Conaculta, para anunciarle que todas las empresas
distribuidoras norteamericanas con oficinas en México iniciarían procesos de amparo en contra del peso en taquilla, porque era una medida que favorecía
al cine mexicano, lo que iba en contra de “los principios de libre mercado”. El pleito legal entre las distribuidoras de la MPAA y la Dirección Jurídica del Imcine, asesorada por un despacho especializado en asuntos constitucionales, duró dos años. El asunto pasó primero por los jueces de distrito, algunos de los cuales fallaron a favor del “peso en taquilla” y otros no. La segunda instancia jurídica son los Tribunales de Distrito, donde pasó casi lo mismo. Finalmente, como los amparos de las distribuidoras norteamericanas
alegaban la inconstitucionalidad de la medida, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia. Para sensibilizar a los ministros sobre la validez del artículo
19-C, cuyo propósito era compensar de alguna manera las inequitativas condiciones mercantiles que hacen muy difícil el crecimiento del cine mexicano debido a la abusiva distribución de los ingresos en taquilla que favorecen a los distribuidores y los exhibidores,
el director del Imcine, acompañado de sus abogados, realizó visitas a seis de los diez ministros de la Suprema Corte. Algunos de ellos entendieron el propósito de la ley y manifestaron su interés por apoyar al cine mexicano.
Sin embargo, en diciembre de 2004, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó improcedente
la fracción IV del citado artículo 19-C, es decir, anuló la recaudación del “peso en taquilla” a partir de 2005. Pero durante su vigencia (2003-2004) ingresaron 68.8 MDP que el Imcine destinó a apoyar la producción de películas nacionales. La fracción I continuó vigente y permite recaudar siete MDP en promedio al año, que tienen como destino el Fidecine.

Las condiciones económicas del país mejoraron en 2003. Además de los recursos del “peso en taquilla”, y gracias nuevamente
al apoyo de los legisladores, Foprocine y Fidecine recibieron cada uno 70 MDP. En ese año se produjeron 29 largometrajes (17 apoyados por el Estado y 12 con inversión 100% privada). A los funcionarios de la SHCP, que no entendían
el porqué tenían que existir los dos fideicomisos, hubo que explicarles una y otra vez que los dos eran indispensables porque cumplían con propósitos diferentes. El Fidecine, por la composición de su Comité Técnico, es un fideicomiso de industria, cuyo objetivo es apoyar la producción de un {buen cine comercial}. Aunque sabemos que esto no es fácil de determinar,
la opinión de los representantes de los sectores de exhibición y distribución sobre la viabilidad comercial de los proyectos a apoyar sí le da ese carácter. Por otra parte, el objetivo
del Foprocine es apoyar {óperas primas} y un cine más autoral y experimental. El Comité Técnico del Foprocine está integrado por el presidente del Conaculta, un representante del Imcine, uno de la SEP, uno más de la SHCP y un representante
de Nafin. Pero para darle a las decisiones de ese comité el debido respaldo especializado, se incluyó dentro de las reglas de operación de ese fideicomiso a las comisiones consultivas, conformadas por profesionales conocedores de las distintas disciplinas cinematográficas, que analizan los proyectos y emiten
las recomendaciones pertinentes. En 2004 se produjeron 36 largometrajes (25 apoyados por el Estado y 11 con inversión del todo privada). El volumen de producción continuó en ascenso
durante los años siguientes con 53 películas en 2005 (42 apoyadas por el Estado y 11 con inversión 100% privada), y en 2006 se llegó a 64 (34 apoyadas por el Estado y 30 con inversión 100% privada). Otro factor importante para continuar con el apoyo al sector producción fue la creación del artículo 226 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un estímulo fiscal para
los inversionistas mexicanos que participaran en la producción
de películas nacionales, realizadas en territorio nacional. Impulsado por el Imcine, por la comunidad cinematográfica y, nuevamente, con gran energía por parte del senador Javier Corral, el mencionado estímulo recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios representados en el poder legislativo.

A finales de 2004 se aprobó en el Congreso como un incentivo
fiscal que permitía el acreditamiento de un 3% de la inversión en el ISR hasta un monto anual de 500 MDP. Pero durante todo 2005 no se pudo aplicar por una engorrosa interpretación
de sus alcances en términos de “acreditabilidad” y “deductibilidad”, ambos diques construidos por funcionarios de la SHCP radicalmente opuestos a todo incentivo a las industrias culturales. Las gestiones del Imcine ante distintos funcionarios de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, para que aprobaran el anteproyecto de las reglas de operación del estímulo fiscal se prolongaron durante meses, obteniendo como única respuesta, a finales de julio, que dicha Subsecretaría no tenía atribuciones ni para valorar ni para aprobar el anteproyecto. Una vez más, los representantes del sector producción y del Imcine tuvieron que recurrir a los legisladores para que las comisiones correspondientes
del Congreso aceptaran hacer las correcciones pertinentes
al artículo 226 y se facilitara su aplicación. El senador Corral retomó la defensa del incentivo fiscal en la Cámara de Senadores. En un giro de último minuto, en el momento en que el pleno de la Cámara de Diputados votaba la reforma anual de la Ley del ISR, en los primeros días de diciembre de 2005, el diputado perredista Inti Muñoz consiguió elevar el monto del estímulo del 3% al 10%. La reforma al 226 se publicó en el {DOF} el 15 de diciembre de 2005, para que entrara en vigor a partir del 1 de enero de 2006. Pero el viacrusis no terminó
ahí. Faltaba la aprobación, por parte de la Cofemer, de las modificaciones a las reglas de operación del Fidecine y del Foprocine para poder aplicar el estímulo. Los funcionarios de la Cofemer pusieron objeción tras objeción durante meses, hasta
que finalmente, el 14 de septiembre de 2006, se publicaron en el {DOF}. Esta publicación dio a los inversionistas privados la confianza necesaria para canalizar recursos importantes a la producción de películas. Creímos que la batalla había sido ganada, pero nueve días después, el 25 de septiembre, la Administración
General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda, “detectó” varias “inconsistencias jurídicas” en las Reglas de Operación publicadas
en el {DOF}, advirtiendo que {“ante la deficiencia de las mencionadas reglas, las mismas no podrían se vinculantes para las autoridades fiscales en el ejercicio de sus atribuciones y por ende no podrían servir para la debida fundamentación de éstas ni para generarles derechos a los contribuyentes”.} Las objeciones del SAT se filtraron rápidamente entre los fiscalistas de varias de las grandes empresas que ya habían comprometido recursos importantes a través del 226. Cundió el pánico y se congelaron muchas inversiones, por el temor a que éstas no se pudiesen acreditar como parte de ISR. Varias producciones, que estaban
a punto de iniciarse, se suspendieron. La comunidad cinematográfica
se indignó. Tuvieron que intervenir nuevamente las autoridades del Imcine ante los funcionaros del SAT; los legisladores formaron una comisión plural que fue a presionar al mismísimo secretario de Hacienda para
exigirle una solución urgente al asunto. Se estaba terminando el sexenio. Si las autoridades de la SHCP desconocían los 340 MDP, que tanto el Fidecine como el Foprocine ya habían autorizado como inversión a partir del artículo 226 en la producción de más de 30 películas, se iba a armar un nuevo escándalo, no sólo por parte de los integrantes de la comunidad cinematográfica
afectados, sino que también protestarían con fuerza los empresarios, algunos muy influyentes, que ya habían aportado el dinero. Misteriosamente las “inconsistencias jurídicas” del SAT ya no se tomaron en cuenta y la SHCP aceptó acreditar las inversiones
realizadas durante 2006 como el estímulo fiscal previsto en el artículo 226 de la Ley del ISR. A partir del 1 de diciembre hubo cambio de administración, pero la mayor parte de los funcionarios de la SHCP permanecieron en sus cargos y mediante un decreto publicado en el {DOF}, el 27 de diciembre de 2006, le quitaron a los Comités Técnicos del Fidecine y del Foprocine la facultad de autorizar el estímulo fiscal, creando un nuevo Comité Interinstitucional formado ahora por: un representante del Conaculta, un representante
del Imcine y uno de la SHCP, {“quien presidirá el Comité y tendrá voto de calidad”}. Establecieron así un control más rígido sobre el otorgamiento de las aplicaciones del estímulo fiscal. Sin embargo, con los 500 MDP anuales del 226, los 140 MDP que recibieron
presupuestalmente los dos fideicomisos, con los que se apoyó la producción de 41 películas, más las 29 financiadas por empresas privadas, en 2007 se produjeron
70 largometrajes.

Hoy, sin embargo, con la entrada en vigor del Impuesto
Empresarial a Tasa Única (IETU), el estímulo establecido en el artículo 226 se encuentra en riesgo. Ya que, de prevalecer esta nueva ley sobre la del ISR, se afectarían nuevamente los recursos destinados a la producción.

{“Para hacer buenas películas, hay que hacer también las malas”}, me dijo un día Daniel Toscan DuPlantier, un muy experimentado productor francés, presidente de Unifrance, que falleció hace unos años durante el Festival de Berlín. Y creo que su reflexión tiene sentido,
porque al mantener un volumen importante de producción se mantienen activos no sólo los equipos de trabajo, y el talento y la creatividad de los cineastas, también la infraestructura industrial necesaria para producir las películas. Como todo mundo sabe, el problema siguiente es comercializarlas. {{n}}