La Constitución mexicana prohibe que ciudadanos contraten propaganda electoral en radio y televisión. ¿Es una instancia de censura, injustificable casi por definición, o una de muchas medidas que actualmente regulan de forma legítima el ejercicio de la libertad de pensamiento? En estas líneas busco defender cuatro proposiciones sobre esta materia: que la libertad de expresión tiene dos aspectos o dimensiones que es preciso distinguir; que la dificultad de justificar límites a esta libertad varía en función de la dimensión afectada; que la imposibilidad de contratar propaganda electoral afecta una dimensión en la que no está en juego la censura; y, sobre todo, que el balance de argumentos es en última instancia favorable a que preservemos esta prohibición constitucional.

1. La frontera entre derechos como la libertad de pensamiento y la libertad de prensa(que muchos sistemas legales del mundo distinguen) es mucho más difusa de lo que se piensa comúnmente. Imprimo diez copias de un texto y las distribuyo en el metro. ¿Sería sólo un ejercicio de libertad de pensamiento o también de prensa? ¿Mil copias? ¿Cien mil? La dificultad de distinguir entre estas libertades se debe a que tienen la misma estructura, compuesta de dos dimensiones que es necesario diferenciar: la existencia de oportunidades para comunicarse con otros, y la ausencia de restricciones de contenido. De poco sirve que nos garanticen: “puedes decir lo que quieras, pero únicamente en la soledad de la regadera” o “exprésate cuando quieras y como quieras, pero sin violar ninguno de los 15 mil artículos del Código de Ideas Socialmente Inaceptables”. Esto ilustra las dos formas básicas de limitar la libertad de expresión. Es crucial no confundirlas, pues una es mucho más difícil de justificar que la otra, como explico enseguida.

2. En la tradición liberal, el enemigo siempre ha sido la censura: la prohibición de que ciertas ideas circulen en el espacio público. Ninguna opinión, por muy equivocada que parezca, puede ser silenciada. Sobre la libertad, el clásico de John Stuart Mill, nos ofrece la mejor defensa de esta postura. Si tomamos conciencia de nuestra falibilidad, si aceptamos que la verdad muchas veces se encuentra desperdigada entre varias opiniones, y si notamos que el acierto brilla más claramente cuando se le contrasta con el error, no podemos más que condenar la censura. Sólo es permisible intervenir cuando resulta inminente un daño injustificado a otras personas. Pero ni siquiera las ideas más absurdas, como la proposición de que la tierra es cúbica, pueden ser vedadas. Limitar la libertad de expresión en su dimensión sustantiva, en suma, es en efecto muy difícil de justificar: un índice de ideas prohibidas es acaso, en una notable paradoja, el único texto que nunca debe ver la luz pública.

La conclusión es muy distinta, sin embargo, con respecto a la otra dimensión de la libertad de pensamiento, es decir, la existencia de oportunidades para comunicarse con otros. Aquí la regulación no sólo es permisible en varias circunstancias, sino que incluso puede ser necesaria para hacer efectiva la misma libertad de expresión. En el contexto de un diálogo, por ejemplo, regular el uso de la palabra no limita sino que garantiza el intercambio de ideas. Por otra parte, el derecho a comunicar nuestras opiniones encuentra límites importantes de forma, modo y tiempo. No incluye el derecho a llenar las calles de graffiti; a usar un altavoz a las dos de la mañana en una zona residencial; a instalar anuncios comerciales del tamaño de un rascacielos; a arrojar panfletos desde un palco en Bellas Artes a medio concierto; a cubrir con una manta las tribunas del Congreso y cancelar así, por la fuerza, el proceso legislativo, etcétera. El cómo, cuándo y dónde de la libertad de expresión, a diferencia del qué, puede y debe ser ampliamente regulado.

3. Hay quienes consideran que la reciente reforma a la Constitución ha introducido la censura en nuestro orden político al prohibir la contratación de propaganda electoral en radio y televisión. La estrategia es obvia: crear un sentido de alarma en la cruzada contra la nueva medida. No es lo mismo decir “me afectaron” que “me torturaron”. Pero claramente se trata de un error. La reforma no limita la libertad editorial en radio y televisión; no impide que se den opiniones favorables o desfavorables sobre los partidos y sus candidatos. Las emisoras pueden organizar cuantos foros quieran para evaluar a los contendientes. Lo que se restringe es el acceso a un espacio específico (el radio y la televisión) por un medio específico (la compraventa) para un propósito específico (hacer propaganda electoral). La acusación de censura es incorrecta y, de ser una maniobra más que un descuido inocente, también es irresponsable.

4. A final de cuentas, por supuesto, la terminología es secundaria. Lo fundamental es determinar si la prohibición es justificable. Yo sugiero que es similar a otras restricciones que nadie se ha atrevido a objetar —porque son inobjetables—. Tres ejemplos: la imposibilidad de comprar tiempo para expresar nuestras opiniones durante las juntas del Gabinete, las sesiones del Congreso, y las deliberaciones de la Suprema Corte. ¿Es válida la analogía? Las elecciones son una parte formal del proceso político. Concebirlas de otra manera es falsificar su naturaleza. La elaboración de leyes y políticas comienza con la elección de representantes. Lo que está en juego en este asunto es la distribución del poder político (no la censura).

Es lamentable que algunos consideren al poder político como un bien sujeto a las leyes del mercado. Se ha dicho que prohibir la contratación de propaganda electoral en radio y televisión —bajo el argumento de que no todos pueden hacerlo— es tan absurdo como prohibir la venta de Mercedes Benz.1 Yo prefiero otra comparación: permitirla sería tan absurdo como permitir la compraventa de sufragios. En la lógica mercantil, si una sola persona u organización pudiera y quisiera comprar todo el tiempo aire de todas las emisoras durante todas las campañas para promover al candidato de su preferencia, no habría objeción. ¿Y por qué detenernos ahí? ¿Por qué no poner a la venta también el derecho al voto y la presidencia de la República? Si consideramos que los ciudadanos deben decidir las elecciones con sus votos, no con sus bolsillos, todo esto es inaceptable. El principio “una persona, un voto” no basta para tener un proceso democrático.

Quienes se oponen a que se prohiba la contratación de propaganda electoral han ofrecido un argumento notable. Por desgracia, es notable porque deja ver todavía con mayor claridad el problema con su postura. El argumento es que al impedir que ciudadanos contraten propaganda se elimina una oportunidad para que la gente de bajos recursos se organice y promueva en radio y televisión a candidatos que abanderen su causa. Pero el punto es justamente que los costos de la acción colectiva son infinitamente más altos para los pobres que para los ricos. La probabilidad de que un grupo de gente sin recursos se organice para comprar un spot en televisión es muy baja, no sólo porque se requiere la participación de un gran número, sino además porque la utilidad marginal del dinero es altísima para ellos. En cambio, los más ricos ni siquiera enfrentan un problema de acción colectiva: no necesitan de la cooperación de otros para obtener suficientes recursos para comprar tiempo en televisión.

La experiencia de otros países es reveladora. Uno de los escasos estudios en la materia deja claro que la contratación de propaganda política en los medios masivos de comunicación está prohibida en la gran mayoría de las democracias consolidadas de Europa, incluyendo a Alemania, Bélgica, Dinamarca, España (sólo televisión), Francia, Irlanda, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.2 Y no debe sorprendernos que el argumento en estos países ha sido justamente que las elecciones deben ganarse con ideas, no con billetes. Por supuesto, hay que decirlo, también existen democracias bien establecidas que sí permiten la contratación de propaganda en radio y televisión, como Austria, Australia, Canadá, Estados Unidos, Finlandia y Holanda, aunque en la mayoría de estos países hay regulaciones para evitar grandes desigualdades en la contienda. Lo que debemos destacar es que México no ha dado un paso atrás hacia la censura autoritaria, como algunos proponen, sino que se ha sumado al grupo más numeroso de las democracias europeas avanzadas.

Cierro con una observación que puede reducir la brecha entre las dos posturas en este debate. Si la preocupación de quienes se oponen a que se prohiba la compraventa de propaganda electoral es el posible monopolio de la palabra por parte de los partidos en tiempos electorales, entonces tenemos algo en común. Lo que nos distancia es el remedio. Por supuesto que se deben abrir espacios para la participación de la sociedad en el debate público en radio y televisión durante las campañas. Lo inadmisible es poner esos espacios a disposición del mejor postor. No va a ser fácil encontrar buenas soluciones institucionales para mejorar la calidad del debate público, pero lo que está claro es que la palabra en este contexto no es un bien al que podemos asignar un código de barras.

Claudio López-Guerra


1 Leo Zuckermann, “Mi respuesta a la AMEDI”, Excélsior, 15 de julio de 2008.

2 European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), Political advertising: case studies and monitoring, documento presentado en la vigésimo tercera reunión de la EPRA, mayo 2006, Dinamarca.