En días pasados se suscitó un debate sobre el amparo interpuesto por un grupo de inconformes contra la reforma
constitucional en materia electoral que prohibió a las personas físicas y morales la contratación de propaganda política en radio y televisión. Los quejosos argumentan que se viola la libertad de expresión. En respuesta, la Asociación
Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) envió
al presidente de la Suprema Corte de Justicia una carta en la que disentía de quienes interpusieron el amparo. De acuerdo con la AMEDI: “la posibilidad de que algunos particulares
quieran influir en la decisión de los ciudadanos a través de la contratación en televisión o radio de anuncios de carácter político, ha sido un factor que altera la equidad de oportunidades que, de acuerdo con su presencia electoral,
deben tener los partidos y candidatos”. La reforma a la Constitución, creen, tiene efectos benéficos, pues “impide
que aquellos que tengan dinero para contratar {spots} puedan hacer política electoral en detrimento de quienes no cuentan con recursos para realizar ese gasto… propicia que el debate público acerca de los temas que interesan a los ciudadanos sea a partir de propuestas, posiciones políticas
e ideas y no solamente en función de consignas propagandísticas
y escuetas como las que hay en los {spots}”. El razonamiento último de los firmantes es claro: “la AMEDI, convencida defensora de la libertad de expresión, sabe que no existe ninguna libertad absoluta y que todas ellas, para ser productivas, deben conjugarse con otros valores positivos,
en este caso el de la equidad en la contienda electoral que tanto ha costado construir en nuestro país”.

Las cuestiones involucradas en este diferendo son complejas, pero hay varios
aspectos que conviene subrayar. El primero tiene que ver con la definición de la disputa. Ahí observamos un peculiar
fenómeno que ha afectado no sólo a México sino a buena parte de los países de América Latina desde el siglo antepasado: la idealización de la democracia.
En efecto, ante la escasa experiencia
con el gobierno representativo y los procesos electorales, los mexicanos construimos una imagen ideal de cómo debían conducirse las elecciones y esa imagen desempeñó un papel muy importante
en la evaluación de sus resultados.
Rara vez se alcanzaron esos ideales y ello produjo conflictos. En efecto, el énfasis en la equidad en las elecciones traiciona una visión poco realista de la democracia. Contra lo que creen los firmantes de la carta de la AMEDI, la equidad en sí misma {no} es un valor ni del gobierno representativo ni tampoco de su sucesora, la moderna democracia liberal. Confunden dos cosas: la “equidad”
y la neutralización de la riqueza en las elecciones. No son lo mismo y confundirlas tiene consecuencias adversas
para el gobierno representativo. Creer que la “equidad en la contienda electoral” es un valor de la democracia actual sólo demuestra que no conocemos
la génesis histórica y normativa del gobierno representativo. Veamos.

Hoy creemos que el método electivo es la esencia de la democracia. Pero esa es una creencia muy reciente y equivocada.
Como señala acertadamente Bernard Manin en {Los principios del gobierno representativo} (Alianza, 1998), durante cientos de años el método electivo
fue considerado como fundamentalmente
aristocrático. Así lo pensaban Platón y Aristóteles. El método democrático
para seleccionar magistrados era otro muy distinto: el sorteo. La razón de que la elección fuera considerada aristocrática es que este método, a diferencia
del sorteo, es intrínsecamente {inequitativo}. Aun sin restricciones de ingreso u otra índole, el método en sí está sesgado a favor de unos cuantos. La consecuencia es que en un gobierno basado
exclusivamente en la elección no todos los ciudadanos tienen la misma posibilidad de ser electos. Esto se debe a cuatro factores: el tratamiento desigual de los candidatos por parte de los votantes,
la discriminación que produce la exigencia de elegir, las ventajas cognoscitivas
que confiere la notoriedad y el costo de diseminar información. Como veremos, sólo la inequidad que produce este último factor es un problema para el gobierno representativo.

La equidad, en su sentido amplio, no es parte de la historia del gobierno representativo. Nunca se proclamó como
un valor de esta forma de gobierno. No es difícil entender por qué. Equidad,
según el diccionario de la Real Academia, quiere decir “igualdad de ánimo” y “propensión a dejarse guiar, o a fallar, por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia
o por el texto terminante de la ley”. Si entendemos por equidad la “justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva” o peor aún la “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”, encontraremos que es prácticamente la antítesis del gobierno representativo. En efecto, los votantes requieren que los candidatos sean desiguales.
Si los candidatos son indistinguibles
entre sí los electores no podrían elegir a ninguno. De hecho, consideramos
que muchas desigualdades constituyen
un criterio perfectamente legítimo
para preferir un candidato a otro: uno es más articulado o mejor orador que otro; aquel es más inteligente y propositivo,
etcétera. Los electores elegirán a aquella persona que, a sus ojos, posea en mayor grado una cualidad inusual y socialmente apreciada. Sin embargo, esa cualidad no es fija y única: varía de sociedad a sociedad. Para ponerlo de manera provocadora, los ciudadanos son libres para determinar qué tipo de inequidad consideran valiosa, es decir, para determinar cuáles son las desigualdades
que valoran positivamente y también para elegir cuáles, entre ellas, consideran un criterio apropiado para la selección de políticos. Una sociedad bien puede elegir como una cualidad deseable que los candidatos tengan buenas propuestas, asuman posiciones claras y tengan buenas ideas. Sin embargo, de manera igualmente legítima puede decidir que la cualidad relevante es la apariencia física, la oratoria o el sentido del humor.

En sí misma, la elección favorece a aquellos individuos que son notables. A pesar de ello, el procedimiento electivo no es necesariamente meritocrático y no garantiza estrictamente lo que se concibe
hoy como igualdad de oportunidades. No hay nada en el sistema que obligue a los votantes a sopesar con justicia los méritos de los respectivos candidatos. De igual forma, una persona puede ser conocida antes de cualquier campaña electoral simplemente en virtud de su nombre o posición social y los electores
pueden decidir que ésas son razones suficientes para preferirla a otras. ¿Cómo
podría competir el señor Juan Pérez contra el cantante de moda que todos conocen si se postulara a un cargo de elección? Tendría que volverse conocido. Un rico, como el Dr. Simi podría usar su propia fortuna para darse a conocer, pero
un ciudadano común y corriente no podría hacerlo porque volverse famoso cuesta mucho dinero. A diferencia de los tres primeros factores que hacen a las contiendas electorales intrínsecamente inequitativas, esta variable —el costo de diseminar información— puede ser modificada: es posible controlar el peso del dinero a través de campañas pagadas
por el erario. También se pueden imponer límites a los gastos de campaña.
Pero no confundamos la desventaja
indebida que proporciona el dinero con la inequidad en sí misma. No son la misma cosa. La riqueza proporciona una ventaja indebida. ¿Por qué? La razón es que si la ventaja que disfrutan los candidatos
adinerados deriva del costo de diseminar información, entonces la superioridad
en riqueza otorga poder por {sí misma} y no porque los votantes hayan elegido a la fortuna como un criterio válido
de selección de políticos. Combatir la inequidad {per se} es un error, no sólo porque éste es un propósito mucho más ambicioso que combatir el efecto del dinero,
sino porque ignora que la inequidad
es inherente a la elección. Quiénes se preocupan por las condiciones en que se llevan a cabo las elecciones en México tienen un punto válido: quien tiene dinero puede diseminar más ampliamente
sus ideas y ello confiere una ventaja indebida. El problema es cómo contrarrestarla. Pero nótese que, visto de esta manera, el objetivo de la regulación es más modesto: no se trata de combatir la inequidad —cosa improbable— en las contiendas electorales, sino de moderar el efecto del dinero en ellas. El problema, como algunos han apuntado, tiene que ver con la estructura de mercado de los medios de comunicación. El precio debería
dejar de ser una barrera.

En cambio, las exigencias de una quimera, como combatir la inequidad, pueden ser virtualmente insaciables. Me imagino que quienes aplaudieron la prohibición de comprar tiempos de radio y televisión se sentirían defraudados
si los empresarios de los medios, por convicción ideológica, decidieran “donar” tiempos en sus televisoras o radiodifusoras a individuos u organizaciones
que quisieran apoyar u oponerse a algún candidato. El alegato sería que esas donaciones violaban la “equidad”. Aquí el factor responsable de la ventaja ya no sería el dinero, sino la simpatía o antipatía ideológica de los empresarios.
Sin embargo, al no haber contratos (suponiendo, en efecto, que no hubiese transacción monetaria) ya no se podría aducir el peso del dinero para prohibir estas acciones. El problema es que las reformas constitucionales que realizamos
fueron motivadas no por la sensata y realista preocupación de moderar el peso del dinero en las elecciones sino por una idealización equivocada de la democracia y por un deseo irreal y contraproducente
de lograr la “equidad” en los procesos electorales.

Las políticas que buscan contrarrestar
las ventajas indebidas que proporciona
la riqueza deben también poner en la balanza los costos de limitar la expresión de los ciudadanos. No sólo se trata de derechos fundamentales. Aquí el argumento es diferente al que se aduce comúnmente. Desde finales del siglo XVIII la representación ha sido
acompañada por la libertad de los gobernados para formar y expresar en todo momento opiniones políticas sin estar sometidas al control del gobierno. Uno de los requisitos del gobierno representativo,
como señala Manin, es la libertad de la opinión pública, que exige la libertad de expresar opiniones políticas,
no sólo durante las campañas electorales.
Existe una conexión importante entre la libertad de opinión y el papel político del ciudadano en el gobierno representativo. El carácter colectivo de una expresión afecta su peso político.
En efecto, el gobierno puede, sin incurrir en grandes riesgos, ignorar las expresiones aisladas de opiniones individuales,
pero no puede menospreciar de la misma forma expresiones colectivas.
La libertad de la opinión pública es una característica democrática de los sistemas representativos en tanto provee un medio a través del cual la voz de la gente puede ser escuchada por quienes gobiernan. El gobierno, los partidos, los candidatos y los ciudadanos necesitan saber lo que diferentes grupos de la sociedad
opinan (más aún si se trata de minorías influyentes). Los beneficios de la libertad de la opinión pública son tan reales y tangibles como aquellos que producen las medidas para limitar el poder del dinero. Sin embargo, el costo de extender a los particulares las restricciones,
que en la mayoría de los países
democráticos sólo se imponen a los partidos políticos, tal vez sea muy alto para la incipiente democracia mexicana.
Más realidad y menos fantasía nos harían bien. {{n}}