El caso

Dos partidos políticos, por un lado, presentaron acciones de inconstitucionalidad
en contra de algunas reformas constitucionales en materia electoral; por el otro, un grupo de intelectuales, algunos empresarios y las dos principales televisoras
del país interpusieron diversos amparos contra algunas disposiciones del mismo paquete de reformas. La mesa quedó servida para uno de los litigios más interesantes y trascendentes que han tenido en sus manos los jueces constitucionales.
Escribo estas líneas antes de que emitan su sentencia y corro el riesgo de que el texto sea publicado cuando ya lo hayan hecho. Pero dado que el problema de fondo y los dilemas políticos y constitucionales que éste encierra rebasan al caso concreto, confío en que mis reflexiones encontrarán cabida en un debate que seguirá —por mucho tiempo— vigente.

El problema

La Constitución del país es nuestra norma suprema; recoge los principios, derechos e instituciones que ofrecen identidad al Estado mexicano y, por lo mismo, es el parámetro de validez de todas las demás normas político-jurídicas. Cuando una autoridad administrativa o legislativa adopta una decisión que la contradice, ésta —ya sea a través de un amparo o de una acción de inconstitucionalidad— puede llevarse ante los jueces. En última instancia corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si la misma es válida (porque se ajusta al marco constitucional) o, en su defecto, si es inválida (por lo que será anulada y expulsada del ordenamiento jurídico). Por eso decimos que las ministras y ministros son “los guardianes de la Constitución”. Hasta aquí todo es claro y pacífico pero existe un supuesto en el que las cosas se complican.

Es indudable que la prueba de validez puede aplicarse a cualquier norma inferior a la Constitución: a los tratados internacionales, a las leyes federales, a las constituciones
locales, a las leyes locales, a los reglamentos administrativos, etcétera. Sin importar cuál es la autoridad que puede aprobar esas normas, será posible someterlas
a un juicio de constitucionalidad ante el poder judicial (las modalidades, procedimientos, plazos, etcétera, dependerán del tipo de norma que se impugne). Pero, ¿qué sucede cuando la norma que se cuestiona es una norma de la propia Constitución que ha sido aprobada por el órgano facultado para ello? En otras palabras, ¿es posible que una norma de la Constitución sea {inconstitucional}? Y, si fuera el caso, ¿les toca a los jueces expulsarla del ordenamiento?

Son muchos los dilemas que se desprenden de estas cuestiones. En los párrafos que siguen me limito a delinear las coordenadas de tres que me parecen especialmente
relevantes y permanentemente vigentes.

Primer dilema: ¿Cuál es el poder “último” en el Estado mexicano?

Decimos que un poder es soberano cuando no se encuentra sometido a ningún otro: {summa potestas superiorem non recognoscens}. Es decir, cuando sus decisiones no son revisadas por ningún otro poder. El problema que estudiamos nos plantea la siguiente interrogante: dejando de lado la retórica de la “soberanía popular”, ¿cuál es el poder último en el diseño institucional mexicano?; ¿el órgano reformador de la Constitución o la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Veamos algunos argumentos en ambas direcciones:

a) Hasta ahora, en México, parecía existir una especie de acuerdo en favor del órgano reformador de la Constitución. Después de todo se trata del único órgano autorizado para modificar la norma suprema del ordenamiento. Ese órgano ha recibido diversos nombres a lo largo
de los años (“poder constituyente permanente”, “poder de revisión constitucional”,
“poder de reforma constitucional”,
etcétera) y su integración es muy complicada. Por eso decimos que nuestra Constitución es rígida (difícil de modificar). Veamos lo que establece el artículo 135 de la propia Constitución:

La presente Constitución puede ser
adicionada o reformada. Para que
las adiciones o reformas lleguen a
ser parte de la misma, se requiere
que el Congreso de la Unión, por
el voto de las dos terceras partes de
los individuos presentes, acuerde
las reformas o adiciones, y que éstas
sean aprobadas por la mayoría de
las legislaturas de los estados.

La operación política que esto supone sólo puede escapar a los despistados. En el México plural de nuestros días lograr esas mayorías, primero en las Cámaras de Diputados y Senadores y, después, en 16 legislaturas locales, no está fácil. Si, además, consideramos que los legisladores
—federales y locales— son los representantes que los ciudadanos eligieron
a través de su voto, tenemos que las reformas constitucionales son una expresión democrática de eso que llamamos
“voluntad popular”. De ahí que, con buenos argumentos, se haya consolidado la idea de que las decisiones de ese órgano
reformador de la Constitución no son revisables a través del amparo o de las acciones de inconstitucionalidad.

b) Sin embargo, también existen argumentos
en la dirección contraria. La esencia que los inspira es la siguiente: los legisladores —que representan los intereses de los partidos políticos— pueden
aprobar reformas constitucionales aberrantes sin que nadie pueda corregirles la plana. Leo Zuckerman, no sin agudeza, ha lanzado en días pasados la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si se aprueba una reforma constitucional para introducir la esclavitud en la Constitución?
Ante posibilidades como ésa, nos dice, es mejor dejar abierta la puerta para la eventual intervención de los jueces.
Esa línea de argumentación está en sintonía relativa con una fuerte vertiente del constitucionalismo contemporáneo que desconfía de las mayorías políticas y aclama la protección de los jueces constitucionales incluso ante (algunas) reformas constitucionales.

Segundo dilema: ¿Cuál es
el criterio de validez
de una norma jurídica?

Intento simplificar el punto que suele ser patrimonio exclusivo de los abogados. Una norma es inválida cuando contradice
a la norma que está por encima de ella. Cuando esto sucede un juez la “anula” y la expulsa del ordenamiento. Una norma anulada, entonces, deja de ser derecho vigente y, por lo tanto, deja de surtir los efectos para los que fue creada. La Constitución,
como sabemos, es la última norma a la que deben ajustarse todas las normas de un ordenamiento. Pero, ¿qué pasa cuando alegamos la inconstitucionalidad
de una norma constitucional como esperaban los impugnadores de la reforma electoral? En ese caso tenemos, al menos, dos alternativas:

a) Se decide que una parte de la Constitución (por ejemplo, en la que se recogen los derechos y principios fundamentales)
está por encima del resto y se utiliza como parámetro para valorar qué tan “constitucionales” son las demás normas de la propia Constitución.

b) Se recurre a consideraciones extraconstitucionales
(una teoría jurídica determinada,
algunos principios morales, convicciones religiosas, criterios políticos,
etcétera) para “valorar” si la norma constitucional se ajusta o no a lo que {debe} ser constitucional.

Si lo que enfrentamos es un conflicto
entre dos derechos fundamentales o entre un derecho y un principio fundamental,
entonces se tendrá que descartar
la primera alternativa y la decisión deberá orientarse por algún criterio que permita establecer jerarquías entre los bienes enfrentados. Al final, inevitablemente,
la decisión se fundará en criterios y parámetros “extraconstitucionales”.

Tercer dilema: ¿Cuál debe ser el criterio para determinar quién debe decidir?

Dada la importancia del tema que nos ocupa (¿pueden los jueces constitucionales
valorar la constitucionalidad de una reforma a la propia Constitución?) necesitamos algún criterio de autoridad para resolver el problema. Ese criterio, en un Estado democrático, no puede ser la opinión de un grupo de sabios o el tribunal de la opinión pública sino que, necesariamente, debe provenir de alguna autoridad estatal facultada para emitirlo. Es decir, debe tener su origen en una norma o en la decisión de un poder público. El dilema no está exento de relevancia:

a) La norma en cuestión, por lo delicado del tema, tendría que estar en la propia Constitución. Es decir, ser producto del poder constituyente originario (el que aprobó la Constitución en 1917) o ser creación del órgano reformador de la Constitución.
En México, a diferencia de lo que sucede en otros países (por ejemplo, en Colombia, cuya Constitución —art. 241— contempla las “demandas de inconstitucionalidad” contra reformas
constitucionales pero “sólo por vicios de procedimiento en su formación”), la Constitución no otorga expresamente dicha facultad a la Suprema Corte.

b) Además del órgano reformador de la Constitución, el único órgano del Estado que podría otorgar esa facultad a la Suprema Corte es ella misma. Para hacerlo debe interpretar la Constitución. En concreto —como han sostenido algunos ministros—
el artículo 105 que establece que la Corte es competente
para conocer “las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”. De acuerdo con esta postura
bastaría con interpretar que las reformas a la Constitución producen “normas generales” para resolver el dilema.

Mi postura ante los dilemas en pocas líneas

a) Las reformas constitucionales son, nos guste o no, la expresión
jurídica de decisiones políticas. Mediante ellas se modifica
el documento en el que se expresa el “contrato social” que ofrece sustento al Estado mexicano. Por ello, el órgano facultado para aprobarlas debe tener una legitimidad democrática
incuestionable. Para mí ese órgano sólo puede ser el que establece el artículo 135 constitucional. El mismo, sin duda,
puede equivocarse, pero, ¿por qué pensar que los jueces no pueden hacerlo?

b) En un Estado democrático constitucional todos los poderes deben estar sometidos a la Constitución. Sin duda, los jueces constitucionales están facultados para interpretar y aplicar las normas constitucionales pero el parámetro para ello deben ser, precisamente, las normas aprobadas por los órganos políticos. Lo contrario —permitir que utilicen criterios
extrajurídicos para anular normas constitucionales— nos conduciría hacia una especie de “República judicial”.

c) La Corte se extralimita al otorgarse una facultad que la Constitución no le ha otorgado expresamente. Para decirlo con el ministro Fernando Franco: “…la Suprema Corte de Justicia efectivamente es la garante de la constitucionalidad, pero […] precisamente por ello debe someterse de manera precisa a la competencia que le ha otorgado el Constituyente, no puede por vía de interpretación, prorrogar sus competencias”.
No podría estar más de acuerdo.
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