El fenómeno de la migración entre países pobres y ricos no es nuevo ni privativo de México y Estados Unidos. De hecho la presión migratoria de los países del sur hacia los del norte es una manifestación creciente en todo el mundo, que no se modificará mientras no se generen las oportunidades
de empleo digno en los países expulsores de emigrantes pobres. Lo que sí es un hecho es que el fenómeno de migración masiva más intenso en el mundo se da actualmente entre México y su vecino del norte.

La migración ilegal masiva de ciudadanos de países pobres a otros más desarrollados
ha constituido un asunto de malestar y preocupación para ciertos grupos de la población y los gobiernos de las naciones receptoras de los movimientos
migratorios.

Los argumentos más comunes son en el sentido de que los inmigrantes por necesidad son individuos con bajos niveles de educación, que llegan en una situación económica de pobreza extrema, dispuestos a aceptar cualquier tipo de empleo a cambio de salarios muy bajos, y proclives a delinquir cuando no obtienen una fuente de ingresos legítima. Su situación precaria los convierte en urgidos demandantes de los beneficios públicos como educación, seguridad social, salud, alimentación a menores y adultos mayores, subsidios a la vivienda,
entre otros, que se cubren con los presupuestos generados por la población establecida, fiscalmente cautiva.

La presencia de inmigrantes por necesidad genera también
molestia entre grupos de ciudadanos conservadores de las regiones objetivo de los flujos migratorios cuando practican conductas culturales que chocan con las locales,
y cuando tienen rasgos raciales diferentes a los de la población local.

Desafortunadamente esta manera de entender las causas
y los efectos de la migración tiende a crecer entre los ciudadanos de regiones saturadas por los flujos migratorios.
Este ha sido el caso en los últimos años en los estados fronterizos de California y Arizona, en que las políticas públicas y las iniciativas de grupos antiinmigrantes para tales efectos han adquirido cada vez mayor fuerza. Más aún, el rechazo de la población a los programas para la regularización de inmigrantes indocumentados y de otorgamiento
de servicios de bienestar público a los mismos, es refrendado cada día más por el común de los estadunidenses
nativos.

Resulta ilustrativa de esta conducta la reciente decisión del ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, de dar marcha atrás a su decisión previa de otorgar licencias de manejo a los inmigrantes indocumentados por el rechazo que la medida tuvo y la estrepitosa caída de su popularidad entre la población nativa de su estado.

Las visiones simplistas sobre las causas de la migración
por necesidad desconocen, o pretenden desconocer,
el complicado tejido de factores que le dan origen. Ciertamente, una proporción de los inmigrantes indocumentados
que pululan en espacios públicos contribuye a acrecentar los ejércitos de desempleados y de delincuentes menores, más por necesidad
que por vocación. La inmensa mayoría de los indocumentados busca un empleo y cuando lo obtiene cumple cabalmente con las obligaciones que su empleador le señala, por el simple temor de perderlo si no lo hace. Por el mismo motivo mantiene
una conducta discreta y respetuosa de sus obligaciones impositivas y de las reglamentaciones
públicas.

Si bien la mayor parte de los inmigrantes
indocumentados en Estados Unidos, y aquellos que han logrado su permanencia legal en épocas recientes, ocupan posiciones
de trabajo que pudieran ser ocupadas por estadunidenses nativos, lo hacen porque
las mismas son generalmente rechazadas
por éstos, dados los bajos salarios que se pagan por su desempeño y el alto esfuerzo físico que requieren.

Se argumenta, además, que dadas las bajas remuneraciones que estos trabajadores obtienen, sus aportaciones fiscales están
por debajo de las que el estadunidense promedio efectúa, y en contraposición, el recurso presupuestal que el gobierno utiliza para otorgarles los beneficios públicos que reciben (salud,
educación, alimentación y otros subsidios) están muy por encima de sus contribuciones fiscales, generando un déficit que debe ser pagado con recursos financiados por los estadunidenses
nativos.1

Adicionalmente, ha ido creciendo la opinión de que la presión migratoria proveniente de México se debe en buena medida a la incapacidad del gobierno mexicano para generar los empleos que su población requiere, y que este asunto está vinculado al alto grado de corrupción que ha permeado entre amplios sectores de la población y del gobierno mexicano.2

Para frenar la migración de indocumentados mexicanos y en mucho menor medida, por ahora, de ciudadanos centroamericanos
que viven el “sueño americano”, el Congreso y el gobierno de Estados Unidos han recurrido a una amplia variedad
de medidas; desde multiplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza ({Border Patrol}) que vigilan la frontera entre México y Estados Unidos,3 hacer grandes inversiones para su equipamiento, hasta la construcción de un muro fronterizo que significará una suma presupuestal multimillonaria.4

En la actualidad, las acciones que el gobierno federal estadunidense
ha puesto en práctica para regular la migración y limitar a través de sus fronteras el acceso de inmigrantes indocumentados
a su territorio se operan fundamentalmente a través del Departamento de Seguridad Nacional ({Department of Homeland Security}). Sin embargo, a lo largo de los años ha existido una gran variedad de leyes, políticas y acciones diseñadas
desde las dependencias de los gobiernos y Congresos federal y locales, destinadas a desalentar este tipo de migración.
Tal vez las más conocidas han sido: la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986, llamada comúnmente Ley Simpson-Rodino,5 que fue aprobada por el Congreso estadunidense
el 17 de octubre de 1986, y la Proposición 187, respaldada por el gobernador de California, Pete Wilson, y aprobada por el Congreso estatal en el año de 1994.6

La política de los gobiernos estadunidenses en materia de inmigración a su territorio ha sido variada e intensa desde sus orígenes como nación; de hecho, la historia de la migración hacia Estados Unidos es parte intrínseca de la historia de ese país, como bien lo ha señalado Oscar Handlin en el subtítulo de su ensayo “Inmigración y política en los Estados Unidos”: {Alguna vez pensé en escribir una historia de los inmigrantes en los Estados Unidos, luego descubrí que los inmigrantes son la historia de los Estados Unidos.}7 Como el propio autor
señala: “Desde los inicios de su vida como nación, la afluencia de extranjeros a los Estados Unidos fue intensa y constante. La actitud norteamericana hacia este fenómeno ha sido distinta dependiendo de sus intereses históricos, tanto por lo que toca al número de inmigrantes por aceptar,
lo cual de alguna manera se justifica, cuanto por lo que se refiere al origen nacional y étnico de los mismos, lo cual resulta difícil de explicar a menos que se hable de xenofobia o racismo”.

Así por ejemplo, a partir del siglo XVI las puertas de ese país estuvieron abiertas a la inmigración proveniente del norte de Europa, principalmente del Reino Unido, Irlanda,
Alemania y los países nórdicos. Durante los siglos XVIII y el XIX se llevaron a su territorio en condiciones infrahumanas cerca de 10 millones de negros de África Occidental, con objeto de satisfacer la demanda de mano de obra para la construcción de infraestructura y los trabajos
agrícolas más pesados. Posteriormente, se permitió el acceso a cerca de 40 mil chinos a la costa oeste, con objeto de incorporarlos a tareas en los campos agrícolas y a la construcción de redes de ferrocarril. Sin embargo, más tarde, mediante el Acta de Inmigración de 1917 se establecieron 33 categorías de personas inadmisibles en Estados Unidos; en ella se establecía la creación de una “Zona Asiática Prohibida”, definida por grados de longitud y latitud, e incluía ciertas zonas de China, India, Persia, Birmania, Siam, los Estados Malayos, Arabia, las islas de Polinesia y las islas de India Oriental.8

Los primeros registros formales de inmigración de origen
mexicano se remontan a la firma del Tratado Guadalupe
Hidalgo en 1848. La presencia de ciudadanos mexicanos
por nacimiento no rebasaba los 30 mil.

La política migratoria restrictiva de los gobiernos estadunidenses
coincide cuando los movimientos migratorios
de México, de China y del sur de Europa empiezan a incrementarse.9

Para 1900 la presencia de mexicanos por nacimiento en Estados Unidos era de sólo 100 mil personas, se concentraban
en California, Arizona, Texas, Kansas e Illinois, sin embargo,
el flujo migratorio se incrementó durante los años de la Revolución mexicana y la Primera Guerra Mundial.

La Ley de Inmigración de 1917 restringió la inmigración legal de origen mexicano. Sin embargo, la demanda de trabajadores
agrícolas en Texas y California obligó al Departamento de Inmigración a establecer un programa de jornaleros
que permitió dar empleo a más de 80 mil mexicanos.

De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, “para 1924, el aumento acumulado de la inmigración indocumentada, que superaba con mucho las cuotas legales, motivó la aprobación de una nueva ley de inmigración,
que autorizaba la creación de un cuerpo policiaco abocado a la vigilancia de las fronteras: la Patrulla Fronteriza. Entre 1925 y 1928, el número de aprehensiones de indocumentados
aumentó siete veces, hasta cerca de 30 mil en 1929. Este año se declaró la entrada ilegal a EUA, un delito menor penalizado con prisión no mayor a un año”.10

Años más tarde, con la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, el incremento en la demanda de trabajadores para actividades agrícolas y la construcción indujo al gobierno
estadunidense a implementar los programas para trabajadores migratorios, conocidos como {braceros,} mismos
que estuvieron vigentes entre julio de 1942 y diciembre
de 1964. Los mismos estaban encaminados a la contratación
de trabajadores temporales para la agricultura y la construcción ferroviaria y permitieron beneficiar a un promedio de 82 mil trabajadores mexicanos por año.11 Algunos cálculos señalan que la cifra de mexicanos que se acogieron al Programa Bracero durante sus diferentes etapas ascendió a más de cinco millones de personas.12

Para los empleadores estadunidenses resultaba más atractivo contratar inmigrantes indocumentados que jornaleros incorporados al Programa Bracero, ya que los salarios que los primeros aceptaban eran inferiores a los pactados por el programa. Esta situación se facilitaba dado
que en esos años había poca vigilancia a lo largo de la frontera entre los dos países.

Eventualmente, el flujo de inmigrantes no documentados
se elevó a niveles masivos, motivando que en 1954 el gobierno estadunidense estableciera la operación {Wetback} que consistió en deportar a todos los inmigrantes indocumentados
que se encontraran; de acuerdo a algunos autores la cifra fue de casi un millón de personas deportadas.13

A pesar de la implementación de la operación {Wetback}, el Congreso estadunidense convino continuar con el Programa
Bracero entre 1954 y 1964 hasta en seis ocasiones, dada la demanda creciente de mano de obra para sus actividades
agrícolas.

En 1986, siendo presidente de Estados Unidos Ronald Reagan,
el Congreso estadunidense aprobó la anteriormente citada
Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 —la Ley Simpson-Rodino—, que generó temor generalizado entre los inmigrantes indocumentados de ser deportados masivamente,
ya que ofrecía la posibilidad a aquellos que demostraran
residencias previa en territorio estadunidense por periodos de cinco años, y cumplieran otros requisitos aparentemente difíciles de cumplir, la posibilidad de obtener su residencia legal. Por otra parte, establecía sanciones administrativas para aquellos patrones que contrataran en lo futuro los servicios de trabajadores indocumentados. De la misma manera anunciaba el reforzamiento de la política de deportaciones para quienes en adelante intentaran internarse en territorio estadunidense sin documentos y para aquellos que no se acogieran a la iniciativa
de amnistía que la misma ofrecía.

Aun cuando en los hechos las deportaciones de mexicanos
indocumentados tuvieron un repunte importante durante 1986 y 1987, ya que ascendieron a un millón 582 mil y a un millón 25 mil, respectivamente, se calcula que cerca de un millón
de indocumentados se acogieron al programa de legalización
de residentes ofrecido por la Ley Simpson-Rodino.14

Una parte importante del histórico flujo migratorio de México hacia Estados Unidos y de su agudización a partir de la década de los años ochenta, tiene su origen en la incapacidad
de generar los empleos suficientes, y garantizar salarios cercanos a los que se pagan allende la frontera. Más aún, a partir de la crisis económica de principios de los ochenta, y durante las recurrentes recaídas de los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, se acentuó el déficit de creación de empleos formales y los salarios
perdieron su capacidad adquisitiva,15 perpetuando la deformación económica y social estructural que está vigente en el país y que ha imposibilitado hasta ahora revertir o disminuir
los flujos migratorios hacia Estados Unidos.

Más allá de la normatividad jurídica y de las iniciativas de ley presentadas en el Congreso estadunidense, el gobierno del presidente Bush ha fortalecido las acciones de detención y deportación de indocumentados, no sólo en la frontera con México, sino en todo el territorio estadunidense. Los representantes de las principales organizaciones de migrantes mexicanos, integrados al Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) consideran que durante el 2007 más de un millón de indocumentados mexicanos habrían
sido deportados a nuestro país.16

Además de las medidas formales que el gobierno estadunidense
viene implementando en sus diferentes ámbitos para restringir la migración de indocumentados, durante los últimos
años ha crecido el número de organizaciones antiinmigrantes
con manifestaciones que van desde el rechazo pacífico a las políticas y programas de apoyo a los indocumentados, hasta las acciones unilaterales con el uso de la violencia contra todo individuo con aspecto de inmigrante y rasgos fisonómicos
de latinoamericano.

Es previsible que en la medida en que el flujo de mexicanos que pretenden ingresar a Estados Unidos en busca de empleo se siga incrementando, las acciones directas del gobierno de ese país, como el reforzamiento de la frontera, la repatriación de indocumentados mexicanos, el veto a que tengan acceso a las prestaciones sociales, se multipliquen. De la misma manera, las medidas particulares de los gobiernos estatales para inhibir la presencia de trabajadores indocumentados en sus respectivos
territorios, a través de iniciativas de ley con el mismo propósito en sus Congresos locales, así como las medidas unilaterales, y aun ilegales, de organizaciones ciudadanas conservadoras y de corte fascista, seguirán surgiendo. Esta tendencia vendría a tensar aún más las relaciones intergubernamentales
entre los dos países y a fortalecer las posiciones
antimexicanas en el Congreso estadunidense.17

La presión migratoria de hombres y mujeres mexicanos hacia Estados Unidos en busca de empleo representa, sin lugar a dudas, el tema más álgido en la relación entre los dos países. La incapacidad del gobierno y el capital mexicanos
para generar los trabajos que la población requiere, y las nulas perspectivas
de cambio en el corto plazo, presagian un agravamiento en las dimensiones
del problema que se vería reflejado en diferentes ámbitos.

Un fenómeno que se ha desarrollado
en México de manera paralela a la migración por necesidad, y que preocupa a los gobiernos de los dos países por su creciente impacto en materia de seguridad de la población,
es el de la delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada.

De acuerdo a Mariana Cruz Hernández
y Roberto Jerónimo Brocado en un análisis sobre la economía de la delincuencia en México durante el periodo 1980-2001, el problema de la delincuencia es generado por causas socioeconómicas: desempleo, bajo ingreso per cápita,
alta urbanización y precaria escolaridad.18 Por su parte, en una serie de reportajes sobre el tema de la delincuencia entre la juventud mexicana, el diario {El Universal} señala que “casi una cuarta parte de los 27 millones de jóvenes del país no estudian ni trabajan. Cinco millones tienen pocas oportunidades de entrar a la Población Económicamente Activa, por lo que ser delincuente es más redituable que obtener un empleo y, si los atrapan, el sistema penal los induce más al crimen sin readaptarlos”.19

Eara mejorar el nivel y la calidad de las relaciones entre
México y Estados Unidos es fundamental llevar a cabo un análisis autocrítico de la actitud que ha caracterizado
a los gobiernos de ambas naciones respecto a su país vecino. Es necesario, además, encontrar nuevas vías para atender el problema de la migración de trabajadores mexicanos por necesidad, partiendo de la base de que si bien es un problema que se genera en México, tiene efectos sustantivos en los dos países dada su vecindad y su cada vez mayor vinculación económica.

El problema de los flujos migratorios entre México y Estados
Unidos debe ser visto desde una perspectiva regional, en el marco de los acuerdos de integración económica e intercambio
comercial que se han construido en la región; el TLCAN desde luego. Partiendo de evaluar y buscar hacer efectivas las supuestas ventajas que los mismos traerían para los habitantes de las diferentes regiones y países que los han suscrito. Al hacerlo se deben considerar los efectos del acortamiento
de las distancias y la mundialización, mediante el uso de las nuevas tecnologías digitales, las telecomunicaciones
y el abaratamiento y masificación del transporte aéreo.

Convendría que los gobiernos de ambos países revisaran
la experiencia de la Unión Europea en materias como la atención a la desigualdad y a la falta de oportunidades
para la población y las regiones menos favorecidas, la construcción de una Europa más igualitaria, en la que se han diseñado y construido esquemas para impulsar el desarrollo en las regiones menos favorecidas como los fondos
de cohesión y los de infraestructura, entre otros.20

Es ilustrativo analizar cómo países tradicionalmente expulsores de mano de obra dejaron de ser generadores de emigración por necesidad a partir de su integración a la Unión Europea, como son los casos de Irlanda, Portugal y España. La explicación radica en el crecimiento de la demanda
laboral y la oferta de empleos mejor remunerados en sus respectivos territorios, gracias al apoyo solidario de las naciones que los acogieron en esa comunidad de naciones. El caso de España resulta interesante ya que de ser una nación expulsora de migrantes se convirtió en una receptora, la cual vio cómo, en los primeros 20 años transcurridos desde su ingreso
a la Unión Europea, “el producto interior bruto (PIB) por habitante (medido en Paridad del Poder de Compra en euros de 2005) se ha incrementado de forma muy considerable durante el periodo 1985-2005. Desde un nivel inferior a los 8,000 euros por habitante antes de la entrada en la UE, se ha pasado a más de 23,000 euros por habitante en 2005, un 99% de la renta media de la UE ampliada. Durante sus 20 años de pertenencia a la UE, la economía española ha acumulado un crecimiento total del PIB de 17 puntos porcentuales por encima del crecimiento medio europeo (España ha crecido un 64.6% acumulado y la UE-15 un 47.9%)”.21

En lo que toca a los movimientos migratorios, a comienzos de la década de los noventa, Portugal, Italia y España eran los países de la OCDE que presentaban saldos netos menores, siendo el país receptor por excelencia Alemania. Esta tendencia
se ha invertido con el cambio de siglo de tal manera que España se ha convertido en el país de la OCDE con el saldo neto migratorio22 más elevado. La causa del mismo responde a la conjunción de dos fenómenos: el retorno de emigrantes y el aumento de la inmigración. En el breve lapso de una década, la población extranjera por cada 100 mil habitantes ha pasado de ser inferior a 100 a superar el millar. Para 2006, había en el país ibérico más de tres millones y medio de extranjeros —de los que 2.7 millones poseen permiso de residencia—, lo que representa alrededor del 8% de la población española y ello supone un aumento de más de tres millones de inmigrantes en sólo una década. Del total de migrantes el 28% era de origen comunitario, mientras que el otro 72% provenía de otras zonas del mundo, principalmente Latinoamérica, el norte de África y la Europa no comunitaria.23

Mientras los gobiernos de los países integrados al TLCAN, particularmente México y Estados Unidos, pero también Canadá,
no asuman la iniciativa de ir a las raíces mismas de la migración por necesidad, y no las contrarresten con políticas públicas conjuntas, de largo plazo y que incidan en las causas primarias y no en los efectos, el problema que representan los flujos migratorios se mantendrá vigente e incluso se incrementará
y se volverá más complejo en sus manifestaciones.

La única salida a esta crisis, ya estructural, del fenómeno de la migración entre México y Estados Unidos, radica en una visión integral, incluyente, sostenida, de largo plazo, pero sobre todo solidaria.
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1 El documento{ Los altos costos de la mano de obra barata; la inmigración ilegal y el presupuesto}, elaborado por el Center for Inmigration Studies, expresa que los impuestos promedio que paga una familia de indocumentados
ascienden a cuatro mil 212 dólares al año, mientras que los costos de los servicios públicos que el gobierno les otorga suman seis mil 949 dólares; es decir, un déficit de dos mil 736 dólares. Señala además que la legalización
de aproximadamente 3.8 millones de indocumentados representaría un déficit fiscal para el presupuesto estadunidense de entre seis mil millones
y 7.7 mil millones de dólares, dependiendo de diferentes supuestos.

2 Durante el debate sobre la procedencia o no del apoyo de mil 400 millones
de dólares propuesto por el presidente George Bush para ser entregado
al gobierno mexicano con objeto de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el senador republicano Tom Tancredo dijo: “México es en sí un cártel de droga. Es difícil decir dónde termina el gobierno y dónde empieza el cártel”.

3 En su intervención de presentación del decreto para la construcción del muro fronterizo a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México ({The Secure Fence Act of 2006}) el presidente Bush informó que el número de agentes de la Patrulla Fronteriza se incrementó desde el inicio de su administración y continuará haciéndolo.

4 En la misma intervención informó que el presupuesto para la seguridad de la frontera se había incrementado de cuatro mil 600 millones de dólares en el 2001 a 10 mil 400 millones de dólares en el 2006.

5 Ha sido objeto de amplios debates entre los especialistas. Introdujo por primera vez sanciones a los empleadores de trabajadores indocumentados, pero es vista por muchos como una norma jurídica con profundo sentido social. Ver: Josefina Álvarez Gómez y Patrick Staenles, “Las perfecciones de una ley aparentemente imperfecta”, en revista {Vínculo Jurídico}, UNAM, núm. 1, 1995.

6 La iniciativa que le dio origen fue primero presentada por el congresista
republicano Dick Mountjoy como la iniciativa “Salvemos a nuestro estado” y buscaba prohibir el otorgamiento de prestaciones sociales, salud y educación pública a los inmigrantes indocumentados. Antes de entrar en vigencia fue derogada por una corte federal debido a su inconstitucionalidad.

7 Óscar Handlin, revista {5 de mayo}, junio de 2007, núm. 9, México, D.F.

8 {Ibíd}., p. 5.

9 Leyes Migratorias de 1875, 1882 y 1891 aprobadas por el Congreso de Estados Unidos ({ibíd.}). Ver también www.sre.gob.mx/laredo/pro_hist.htm

10 {Ídem.}

11 Ver: Programa Bracero Cooperación en Tiempos de Guerra (1942-1964), www.colmich.edu.mx/eventos/2007/diplomadoMigratorios/
presentaciones/presenta04.pdf

12 Jorge Durán menciona en el libro {Crossing: Mexican Inmigrationin Interdisciplinary Perspectives} de Marcelo Suárez Orozco

13 Ver: SRE, op.cit., p.3 y Maciel R. Davil y Herrera-Sobek María, {Culture Across Borders}, The University of Arizona Press, EUA, 1998, p. 40, citado en www.catarina.udlap.mx, p. 19.

14 Datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, citados por Laura Juárez en: {Los trabajadores indocumentados de México}, Universidad Obrera, 1996.

15 Para una revisión exhaustiva de cómo las políticas económicas implementadas
por los gobiernos de la República durante los periodos 1982 a 2000 contribuyeron de manera contundente al empobrecimiento de la clase trabajadora mexicana y al incremento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, ver: Ana María Aragonés, {Trabajadores indocumentados y políticas neoliberales}, Comercio Exterior, vol, 51, núm. 4, México, abril de 2001.

16 Para finales de año, Estados Unidos habrá deportado a un millón de migrantes mexicanos como resultado del endurecimiento de la seguridad en la frontera, así como de las redadas contra indocumentados en centros de trabajo, los cuales deberán reincorporarse a nuestro país, alertaron integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Mexicanos en el Exterior
(IME) durante la celebración de el segundo día de trabajo de su reunión anual celebrada el 14 y 15 de noviembre de 2007 en la ciudad de México.

17 La visión de México como un país proclive a la corrupción, con una tolerancia abierta a la delincuencia organizada y el narcotráfico e incapaz de ofrecer alternativas de empleo digno a sus ciudadanos y las visiones extremas sobre cómo atemperar la presión migratoria e “imponer
el orden en nuestro territorio” a través de la invasión de nuestro territorio, la describe de manera ficticia ya desde 1996 el ex secretario de Defensa de la administración de Ronald Reagan, Caspar Weinberger,
en su novela {The Next War}, Regnery, Washington, D.C., 1996.

18 Cruz Hernández, M. y Jerónimo Brocado, R.: “Análisis económico de la delincuencia en México: 1980-2001”, en {Revista de la Universidad Cristóbal Colón}, núm. 19, edición digital a texto completo en www.eumed.net/rev/rucc/19/

19 {El Universal}, redacción, domingo 10 de junio de 2007. México empuja
a cinco millones de jóvenes a la delincuencia. Ven en el crimen una oferta más redituable que en el empleo formal.

20 Para darse una idea de la política de integración de la Unión Europea
y de los efectos que la misma ha tenido en España, a partir de que este país se integró junto con otras naciones europeas menos desarrolladas
a esa comunidad de naciones en 1996, se recomienda ver: {20 años de España en la Unión Europea (1986-2006)}, editado por la Oficina del Parlamento Europeo y la Representación de la Comisión Europea en España en colaboración con el Real Instituto Elcano.

21 Ídem.

22 El saldo neto migratorio recoge la diferencia entre inmigrantes y emigrantes de un país por cada mil habitantes.

23 {Ídem.}