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El Plan de San Luis,
promulgado en octubre
de 1910 por Francisco
I. Madero, es uno
de los documentos con
mayores efectos prácticos
de nuestra historia:
un plan político que desató
una revolución de
incalculables consecuencias.
Cuando estudiamos
ese plan, solemos hacerlo
tomándolo como punto
de partida de esa revolución;
hoy lo propongo
como punto final de una
activa campaña electoral y una vigorosa lucha legal contra el fraude electoral.

Porque el llamado a la rebelión tiene como justificación y punto de partida la
declaración de ilegalidad de las elecciones federales de 1910, de lo que resultaba
que los gobernantes de la República carecían de legitimidad. Y esta argumentación
tiene un sólido fondo argumental que solemos obviar, para recordar únicamente el
llamado a las armas: los gobernantes de la República son ilegítimos, porque en las
elecciones de 1910 se cometió un fraude monumental.

Y ése es el fondo del razonamiento de Francisco I. Madero en la introducción
del Plan de San Luis: un gobierno autocrático utilizó todo su poder para impedir la
libre expresión del sufragio ciudadano e imponer a sus candidatos y, al cancelar de
esa manera las vías legales de alternancia en el poder, no dejaba al pueblo de México
otro camino que el de las armas.

Ahora bien, ¿realmente se cometió ese fraude monumental? Los partidarios de
Madero así lo creían, pero, además de creerlo, así lo señalaron. Primero, según argumentaron
en las demandas legales correspondientes, hubo una represión sistemática
contra los dirigentes y partidarios de Madero, agrupados en el Partido Nacional
Antirreeleccionista (PNA), represión sistemática que preparó el fraude propiamente
dicho: entre abril y junio de 1910 son muy numerosos los actos electorales del antirreeleccionismo
prohibidos o disueltos por la policía, los periódicos clausurados, la
propaganda confiscada y la aprehensión de dirigentes del partido. Los actos fueron
tan significativos que el 26 de junio, día de la primera ronda electoral, estaban en
prisión el candidato presidencial opositor, Francisco I. Madero, el presidente honorario
del Comité Ejecutivo Electoral del PNA, licenciado Emilio Vázquez Gómez,
y el primer vocal del Comité, licenciado
Roque Estrada. La persecución y las
amenazas habían obligado a huir del
país al presidente efectivo del Comité,
doctor Francisco Martínez Baca y a su
vicepresidente, don Juan Sánchez Azcona.
En muchos estados de la federación
el panorama era parecido.

A pesar de la represión, el licenciado
Federico González Garza, número cinco
del Comité, en funciones de presidente
por la prisión o exilio de las cabezas del
partido, cumplió la tarea encomendada
por Madero, de recabar los datos que
permitieran proceder conforme a derecho
contra el fraude perpetrado durante
las elecciones, que siguió a la represión
propiamente dicha: “En medio de encarcelamientos
y persecuciones —cuenta
Roque Estrada—, el Comité Ejecutivo
iba determinando la evolución del Partido.
El señor Lic. Federico González
Garza, erguido en aquel ambiente de
amenazas y zozobras, recababa los datos
necesarios para la confección de un
‘memorial’ que debería presentarse ante
la Cámara de Diputados en solicitud de
la nulidad de las elecciones”.1

Con el auxilio de los pocos miembros
del Comité que permanecían activos
y libres, Federico González Garza
reunió la documentación y le dio un
sólido sustento jurídico, presentando el
1º de septiembre el extenso Memorial y
la copiosa documentación adjunta “a la
mesa de la Primera Junta Preparatoria
de la Cámara de Diputados Correspondiente
al XXV Congreso de la Unión”,
erigido en colegio electoral. Además,
González Garza hizo imprimir el Memorial
como un folleto de distribución
gratuita que hizo distribuir en la ciudad
de México y envió a los clubes antirreeleccionistas
del interior.

En el Memorial, los miembros del
Comité Ejecutivo Electoral, como representantes
de los partidos unidos
Antirreeleccionista y Nacionalista Democrático, y en nombre de los ciudadanos
y “clubs” expresados en la documentación
probatoria, y de los numerosos
elementos antirreeleccionistas de
toda la República, “venimos a levantar
la más solemne de las protestas por las
punibles infracciones cometidas a la ley
electoral vigente y por los incalificables
atentados que se perpetraron a nuestras
instituciones en las elecciones que para
funcionarios federales se verificaron en
los meses de junio y julio últimos, y a
reclamar, como su natural y legítima
consecuencia, la nulidad de las mismas
elecciones en los casos concretos de los
cuales en su oportunidad se hará mérito,
y especialmente en las elecciones que se
refieren a la Presidencia y Vicepresidencia
de la República”.2

Tras este exordio, iniciaba la “parte
expositiva” del Memorial, en la que los
antirreeleccionistas hacían un recuento
de sus razones y la organización de su
partido, a partir de que en la entrevista
Creelman, don Porfirio le dijera al pueblo
“voy a devolverte el precioso tesoro
de tus derechos que en aras de la paz me
has entregado; prepárate al noble ejercicio
de las prerrogativas que ya tienes
olvidadas”, hasta la designación de candidatos
a las supremas magistraturas del
país, para entrar luego en los temas que
importaban al Memorial: primero, el de
“las vergonzosas e inicuas persecuciones”
sufridas por los antirreeleccionistas
a lo largo de la campaña electoral; violencias
que culminaron con el encarcelamiento
de Madero.

Preparado así el terreno, sigue el Memorial,
los gobiernistas pasaron a la segunda
parte de sus trabajos, que habían
planeado mientras instrumentaban la
represión: en la inmensa mayoría de
las localidades no se publicó la división
en distritos electorales; el empadronamiento
fue descaradamente selectivo;
no se repartieron boletas, o se les negaron
de plano, a numerosos ciudadanos;
las mesas se instalaron antes de la hora
fijada por la ley; las autoridades designaron
de antemano agentes seguros
para integrar las mesas, con consigna
de ganarlas a cualquier medio; los instaladores
de las mesas designados por
el gobierno, se instalaron a sí mismos
como presidentes de mesa.

“El fraude fue en todas partes descarado;
las mesas estuvieron en continua
comunicación con las autoridades políticas
y con los jefes de policía; si los antirreeleccionistas
estaban por ganar una
elección, rápida y disimuladamente se
sacaba del cajón de la mesa un fajo de
boletas falsificadas y por arte de prestidigitación
todas las cosas cambiaban y
cuando no se tenían ocultas esas boletas
(…) en el acto llegaba un gendarme con el
rollo de falsas boletas y las ponía en manos
del presidente, diciéndole, unas veces
con infinito descaro y otras con absoluta
inconsciencia, que se las enviaba el jefe
político, el presidente municipal o el ‘leader’,
corralista que en automóvil recorría
casillas para atender en el acto cualquier
emergencia de esa naturaleza”.3

Y así seguía el Memorial, enumerando
las formas del fraude que serían
probadas con la documentación respectiva,
así como las amenazas y la violencia
latente que privaron en numerosas
localidades el 26 de junio, día de la primera
ronda electoral. Y para la segunda
ronda, ignorando de plano el texto
de las leyes electorales, simplemente se
cumplió el deseo de los poderosos, haciéndose
los cómputos al modo de los
gobiernistas para imponer la octava reelección
presidencial de Porfirio Díaz y
la primera reelección de Ramón Corral
como vicepresidente, quien desde la Secretaría
de Gobernación instrumentó el
fraude electoral.

De ahí que en el fondo de todos los
espíritus “existe un íntimo, sincero y
profundo convencimiento de que las
elecciones verificadas en los meses de
Junio y Julio de este glorioso año del
Centenario, fueron en su inmensa mayoría,
completamente nulas por haber
sido violadas las leyes tutelares del procedimiento
electoral”.4

El Memorial continúa con el índice
y resumen de la documentación probatoria,
anexa, en la que, dicen los antirreeleccionistas,
“tendremos especial
cuidado, en gracia de la brevedad, de
hacer de ellos un extracto que contenga
solamente las violaciones y los ataques
a la ley que más culminen, pasando
sin mencionar la larga serie de abusos
y atropellos que detalladamente y con
una uniformidad que pasma, cometieron
los señores gobiernistas durante el
proceso electoral”.5

Se presenta, pues, la lista de documentos:
testimonios, protestas firmadas
a veces por centenares de ciudadanos,
actas levantadas ante el ministerio público,
siempre aludiendo a las leyes violentadas
mediante los actos denunciados,
que van de la aprehensión sistemática
de los antirreeleccionistas durante
los últimos días de junio, a toda la gama
de acciones y amenazas señaladas en la
parte expositiva: ciudades donde no se
instalaron más de 20 casillas (Aguascalientes);
aprehensión sistemática de los
conocidos antirreeleccionistas en vísperas
de las elecciones, y liberación de los
mismos apenas pasadas éstas (Ciudad
Porfirio Díaz, Coah.); supresión ilegal
de las credenciales de los escasos electores
independientes victoriosos (Ciudad
Lerdo, Dgo.); “embarazo” de urnas (diríamos
hoy) con centenares de boletas
llevadas por la autoridad electoral (Distrito
Federal).6

La tercera parte del Memorial era
el razonamiento jurídico que, sustentado
en las leyes electorales vigentes y
los preceptos constitucionales en que se fundaban, era impecable en la demostración
jurídica del fraude. Los
antirreeleccionistas mostraban que las
causales previstas por las leyes para declarar
la nulidad de una elección estaban
“perfectamente comprobadas” por
la documentación presentada, y eran
“plenamente suficientes” para declarar
nulas las elecciones. También se cita
con acierto la jurisprudencia en materia
electoral que obligaba a la Cámara a
conocer estos hechos y resolver sobre la
“petición” de nulidad propiamente dicha,
con la que termina el memorial.7

El 10 de septiembre la primera comisión
escrutadora dio su respuesta “a los
CC. Federico González Garza y demás
signatarios del Memorial de primero de
septiembre de mil novecientos diez, que
no ha lugar a lo que objetan”. Firman,
como secretarios de la Comisión, Genaro
García y F. M. de Olaguíbel.8 Los
antirreeleccionistas presentaron nueva
documentación el 23 de septiembre y
el día 27 recibieron la respuesta definitiva
de la Gran Comisión, tan carente
de explicaciones y argumentos como la
primera (“no ha lugar”). Al día siguiente
la Cámara hizo la declaración formal del
triunfo de los candidatos oficiales y ese
mismo día el Comité Ejecutivo Electoral
se disolvió por haber concluido la misión
para la que había sido electo.9

Mientras la Cámara no resolvió en el
sentido indicado, Madero siguió esperando
en San Luis Potosí, donde estaba
en libertad bajo caución con prohibición
de abandonar la ciudad. Tan pronto Díaz y Corral fueron declarados triunfadores,
aceptó los planes de fuga preparados por
su hermano Gustavo y el jefe del maderismo
en San Luis Potosí, doctor Rafael
Cepeda. La fuga de Madero y Roque Estrada
se realizó la noche del 5 de octubre,
y el día 7 Madero y sus acompañantes
cruzaron a Estados Unidos por Nuevo
Laredo, estableciéndose a partir del día
siguiente en San Antonio.10

Para entonces, Madero ya estaba
convencido que sólo quedaba abierta
la vía de la lucha armada anunciada
y procedió conforme a ello. No era el
único: Roque Estrada le había dicho
una y otra vez que a la postre habría
que recurrir a las armas y, en la ciudad
de México, Federico González Garza,
Juan Sánchez Azcona y otros dirigentes,
estaban resueltos a hacerlo a raíz
del arresto de Madero. También desde
el mes de mayo dirigentes como Abraham
González, de Chihuahua, Aquiles
Serdán, de Puebla, José María Pino
Suárez, de Yucatán, y Rafael Cepeda,
de San Luis Potosí, pensaban que la insurrección
era el paso lógico y natural
que debía seguir al fraude electoral.11

En San Antonio, Madero se reunió
con algunos de sus más firmes partidarios,
varios de los cuales regresaron
clandestinamente a territorio nacional.
Entre las personas con las que Madero
habló en esos días se cuentan Federico
González Garza, Roque Estrada, Francisco
Cosío Robelo, Rafael Cepeda,
Juan Sánchez Azcona, Aquiles y Carmen
Serdán, Gustavo A. Madero, Francisco
Madero Hernández (su padre),
Alfredo Robles Domínguez, Salvador
Alvarado, Ernesto Fernández, Enrique
Bordes Mangel, José Perfecto Lomelí,
José de la Luz Soto, Miguel Albores y otros. Con algunos de ellos (Estrada,
González Garza, Bordes Mangel y Fernández),
Madero discutió y redactó el
plan insurreccional, que “por consideraciones
de alta conveniencia, de dignidad
y neutralidad”,12 fue fechado el
último día que Madero estuvo en San
Luis Potosí: el 5 de octubre, y datado
en esa ciudad.13

El Plan terminaba con una nota que
instruía a los conjurados a no difundirlo
fuera de los círculos más seguros, sino
hasta después del 15 de noviembre, pero
la verdad fue que circuló con mayor
profusión de la prevista y las redes antirreeleccionistas
fueron transformándose
parcialmente en redes de la conspiración.
Hubo un necesario recambio
de líderes, pues no todos los que habían
figurado en primera fila en la lucha política
estaban dispuestos a encabezar
una rebelión (caso señalado el de los
hermanos Vázquez Gómez), y muchos
que habían visto escépticamente aquélla
se comprometieron rápidamente
con la lucha armada. De ese modo, la
organización antirreeleccionista dejó de
ser un partido político para pasar a la
clandestinidad y convertirse en una red
conspirativa. Los hombres del círculo
cercano a Madero no fueron ya jefes
de un partido político, sino miembros
de un Cuartel General en el exilio que
extendió nombramientos de jefes de
la rebelión en las distintas entidades
o regiones a personajes que, a su vez,
nombraron jefes regionales o subalternos.
El contrabando de armas en la
frontera norte arreció ostensiblemente
dejando de lado la propaganda política.
En fin, otras misiones, otros desafíos, ya
no los de un partido político contra la
perpetuación de la autocracia, debieron
enfrentar los maderistas a partir de octubre
de 1910.14{{ n}}

1 Roque Estrada, La revolución y Francisco I.
Madero, México, INEHRM, 1985, p. 272.

2 Federico González Garza, et al., Memorial presentado
a la Cámara de Diputados pidiendo la
nulidad de las elecciones, México, Comité Ejecutivo
Electoral Antirreeleccionista, 1910, p. 6.

3Ibíd., pp. 15-16.

4 Ibíd., p. 23.

5Ibíd., p. 25.

6 La documentación, casi completa, puede
consultarse en el Fondo Federico González
Garza (Centro de Estudios de Historia de
México-Condumex), cajas 10 y 11.

7 Firmaban el Memorial: “El 2º Vocal en funciones
de Presidente, Federico González Garza.-
Primer Vocal suplente, Lucio Cabrera.- 3er
Vocal, Octavio Bertrand.- 4º Vocal, J. Murguía
Santoyo.- 5º Vocal, Manuel Urquidi.- 6º Vocal,
Filomeno Mata.- 7º Vocal suplente, Arnulfo
Serrano Ortiz.- 8º Vocal, Rafael Martínez.-
2º Secretario, Fortino B. Serrano Ortiz.- 3er
Secretario, Rafael D. Beltrán.- 4º Secretario,
Vicente Aldana”.

8 Federico González Garza, La revolución
mexicana. Mi contribución político-literaria,
México, INEHRM, 1985, p. 191.

9 Ibíd., pp. 195-199.

10 “La fuga de Madero”, en Estrada, op. cit., pp.
287-294.

11 Ibíd., pp. 307-309; González Garza, La revolución…,
op. cit., pp. 247-248; Santiago Portilla,
Una sociedad en armas, México, El Colegio de
México, 1995, pp. 73-76; Pedro Salmerón, La
División del Norte, México, Editorial Planeta,
2006, p. 214.

12 Estrada, op. cit., p. 307.

13 Portilla, op. cit., pp. 57-63 y 79-81; Francisco
R. Almada, La revolución en el estado de
Chihuahua, México, INEHRM, 1964, t. I, pp.
156-159.

14Portilla, op. cit., p. 82.