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Para Carmen Aristegui,
con respeto

I

En el “caso Lydia Cacho” la cosa venía mal desde el inicio. Ahora podemos
afirmarlo con la certeza que ofrece el daño consumado. Si observamos con
atención los eslabones de la cadena que condujeron a la decisión de la Suprema
Corte, el descalabro era previsible. Se trató de un vendaval de despropósitos que
no dejó nada bueno a su paso. Después de la votación de los ministros, en noviembre
pasado, una sensación de impunidad sin diques, indignante y opresora,
invadió las calles. No era para menos. En este país de
elites angostas y de feudillos infinitos triunfó, de nueva
cuenta, el atropello. Los hechos de pederastia y de
pornografía infantil no fueron siquiera valorados y el
abuso del que fue objeto la periodista que los denunció
quedó atrapado en un limbo viscoso que sólo podían
engendrar los abogados: el limbo de las verdades que,
a pesar de ser, no existen.

{{II}}

El derecho puede ser un laberinto con puertas falsas.
La facultad investigadora que tiene la Suprema Corte es
parte del problema. Está ahí, en el párrafo segundo del
artículo 97 de la Constitución desde 1917, por iniciativa
de Venustiano Carranza. En su famoso discurso del 1º
de diciembre de 1916, al presentar el proyecto de Constitución,
Carranza afirmó: cuando una “investigación
no debe ser meramente informativa, para juzgar de la
necesidad e improcedencia de una medida legislativa,
sino que afecta a un carácter meramente judicial, la reforma
faculta tanto a las Cámaras como al mismo poder
Ejecutivo, para excitar a la Suprema Corte a que comisione
a uno o alguno de sus miembros (…) para abrir la
averiguación correspondiente, únicamente para esclarecer
el hecho de que se desea conocer”. Desde entonces
y hasta 1987, esa facultad, que también puede ser solicitada
por los gobernadores de los estados, tenía como
finalidad investigar “algún hecho o hechos que constituyan
la violación {de alguna garantía individual}”. En ese
año, hace dos décadas, se agregó la palabra “grave” para
calificar a las violaciones que serían investigadas. Busqué
en los documentos legislativos de aquella reforma
las razones que explicaron la inclusión sin encontrar
nada relevante. Pero no es difícil intuir el motivo de la misma: sin la precisión, la Corte estaría
llamada a investigar cualquier violación
a las garantías individuales en el país.
Por ello se trató de una puntualización
atinada pero grávida de complejidades:
¿cuándo es grave algo reprobable como
la violación de un derecho fundamental?;
¿eran graves las violaciones en el
caso de Lydia Cacho?

La historia puede servir para orientarnos.
La facultad investigadora constitucionalizada
en 1917 tenía como
antecedente una intervención oficiosa
de la Suprema Corte en la época porfiriana
ante una matanza de presuntos
alzados ordenada por el gobernador
de Veracruz y, desde su incorporación
en la Constitución, sólo se había utilizado
en dos ocasiones. La primera, en
1942, cuando la Corte intervino para
investigar la represión de manifestantes
por parte de las autoridades en León,
Guanajuato;1 la segunda, en 1996, con
motivo de la “matanza de Aguas Blancas”.
Nadie puede negar la gravedad de
dichos eventos ominosos. Y tampoco es
posible desconocer las diferencias con
el caso de Lydia Cacho: no es lo mismo
una masacre colectiva que el tormento
que puede suponer para una persona ser
temporalmente secuestrada, amenazada
y torturada psicológicamente por
las autoridades policiacas de un estado.
Pero, ¿es posible comparar dos males
y valorar su gravedad relativa? En ese
fangoso terreno bucearon los ministros
de la Corte.

{{III}}

La intervención de la Corte para investigar
el asesinato de 17 campesinos en
el vado de Aguas Blancas, cometido por
policías del estado de Guerrero el 28 de
junio de 1995, dejó lecciones jurídicas
y políticas, algunas de ellas aciagas, que
conviene recuperar. Para empezar, a
raíz de su intervención en ese caso, la
Suprema Corte definió y acotó algunos
aspectos ambiguos de su potestad investigadora:
¿quién decide cuándo está
obligada a intervenir?, ¿qué debe hacer
con el resultado de sus investigaciones?,
¿cuál es la naturaleza de esta facultad y
cómo debe entenderse en relación con
el juicio de amparo?, ¿cómo debe entenderse
el concepto de “violación grave”
establecido por la constitución?2

Las precisiones eran necesarias porque
la facultad, en su redacción vigente,
es imprecisa: “La Suprema Corte de Justicia
de la Nación podrá nombrar alguno o
algunos de sus miembros o algún Juez de
Distrito o Magistrado de Circuito, o designar
uno o varios comisionados especiales,
cuando así lo juzgue conveniente
o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna
de las Cámaras del Congreso de la Unión,
o el Gobernador de algún Estado, únicamente
para que averigüe algún hecho o
hechos que constituyan una grave violación
de alguna garantía individual…”.

A partir de este texto, lo primero que
la Corte determinó es que se trata de una
potestad completamente discrecional: es
una facultad que puede ejercer de oficio,
cuando el máximo tribunal lo quiera, y
que puede no ejercer aunque se lo haya
solicitado alguna de las instancias autorizadas
para hacerlo (el presidente de la
República, las Cámaras del Congreso o
algún gobernador). De esta forma, al decretar
el carácter discrecional de su facultad,
los ministros confirmaron su poder
supremo y se embolsaron la llave que abre
las puertas de tan delicada potestad.

Por otro lado, a través de un ejercicio
de interpretación sistemática, concluyeron
que el informe de sus eventuales
averiguaciones debe hacerse llegar
“oportunamente a los órganos que en
principio pudieran resultar competentes”.
La lógica del razonamiento es atendible:
sería absurdo que el resultado de
una investigación del máximo órgano
jurisdiccional del país que determinara,
por ejemplo, que el gobernador de un
estado, por comisión o por omisión, es
responsable del asesinato de un grupo
de campesinos, cómplice de actos de
pederastia o promotor de violaciones a
los derechos civiles de una persona, tuviera
como finalidad última pernoctar
en los archivos de Donceles.

Asimismo, los ministros precisaron
que la facultad de investigación no tiene
una naturaleza propiamente jurisdiccional.
Ésa es su principal diferencia con el
juicio de amparo. Este último sí es un
proceso, un juicio, que procede a petición
de un sujeto agraviado y que concluye
con una sentencia. La investigación, en
cambio, es una averiguación de hechos
que la Suprema Corte ejerce oficiosamente
y que culmina en un informe.

Finalmente, la Corte estableció, mediante
una votación unánime de sus
miembros, cuáles son las violaciones
graves a las que se refiere la Constitución:
“hechos generalizados consecuentes
a un ‘estado de cosas’, acaecidos en
una entidad o región determinados”. Si
bien esta definición no dice mucho, la
Corte precisó lo siguiente:

“la grave violación de garantías individuales
se actualiza cuando la sociedad
no se encuentra en seguridad
material, social, política y jurídica, a
consecuencia de que: a) Las propias
autoridades que deben proteger a
la población que gobiernan, son las
que producen o propician los actos
violentos, pretendiendo en tal forma
obtener una respuesta disciplinada,
aunque aquellos sean violatorios de
los derechos de las personas y de las
instituciones. b) Que frente a un desorden
generalizado las autoridades
sean omisas, negligentes o impotentes
para encauzar las relaciones pacíficas
de la comunidad, o bien que sean
totalmente indiferentes en obtener el
respeto a las garantías individuales”.

Estas interpretaciones, más allá de
sus méritos o defectos, contribuyen a
delimitar los alcances de una facultad
constitucional redactada en términos
oscuros. Y, en esa medida, fueron acertadas.
Pero la investigación de la Corte
en el caso Aguas Blancas dejó más que
un conjunto de definiciones judiciales:
evidenció que la facultad
de marras, además de ambigua,
puede ser corrosivamente ineficiente.
Y su esterilidad potencial,
que en aquella ocasión
se materializó contundente,
es nociva para el órgano que
la ejerce y, dado que éste es ni
más ni menos que la Suprema
Corte de Justicia, puede envenenar
al Estado en su conjunto.
La tragedia humana de Aguas
Blancas culminó con una desventura
institucional: aunque
la Corte, después de investigar
con rigor lo acontecido, determinó
la responsabilidad
en los hechos de funcionarios
y autoridades del máximo
nivel, su informe fue
desatendido. La aceitosa
mancha de la impunidad
se esparció persistente
sometiendo a la justicia.

{{IV}}

El 18 de abril de 2006, cuando los ministros
de la Corte, mediante una votación
dividida, decidieron ejercer la facultad
de investigación en el caso de Lydia
Cacho, uno de ellos, Mariano Azuela,
evocó aquella experiencia: “¿qué pasó
en el caso de Aguas Blancas?, se hizo
la investigación, se concluyó, dando los
resultados de la investigación a los órganos
competentes, se pensó en cuáles
eran órganos competentes que si hubieran
aceptado el valor moral de la interpretación
de la Corte, habrían actuado,
y habrían realizado muchas acciones,
pues resulta que dieron por recibida la
investigación, tomaron en cuenta lo que
la Corte había establecido, y los asuntos
quedaron definitivamente concluidos…”.
Azuela no lo dijo expresamente,
pero dejó en el aire una inquietud relevante:
¿para qué ejercer una facultad tan
onerosa y, eventualmente, tan ineficaz?
Una facultad que, con sus palabras, se
origina en una disposición “oscura
e incongruente” y cuyo mero
ejercicio es problemático porque
lleva implícita una valoración
de los hechos que serán
averiguados: “realizamos
la investigación cuando ya
hay el hecho que es violación
grave a garantías individuales”.
Nadie puede acusar a
Azuela de incongruente: él se
oponía a ejercer la facultad
investigadora, entre otras
razones, porque a su juicio,
como reiteró después, el
caso de Lydia Cacho adolecía
de la gravedad constitucional
suficiente.

La postura defendida, entre
otros, por Azuela, quedó
en minoría y la investigación
se inició por una votación de
seis ministros contra cuatro.3
De esta forma, la mayoría
del pleno de la Corte decidió
emprender, por tercera vez en
la historia de esta delicada facultad constitucional,
una investigación sobre graves
violaciones a las garantías individuales.

V

La tesis defendida por el ministro Azuela,
que también sostuvo el ministro Sergio
Valls, según la cual el inicio de la
investigación suponía reconocer ex ante
la existencia de violaciones graves de
garantías, no es convincente. Era más
sólida la posición del ministro Cossío:
“me parece que lo que vamos a averiguar
es, si el hecho se dio o no, y si tiene
o no tiene un carácter grave”. Pero la reflexión
de los primeros tenía un sólido
cable a tierra: para la opinión pública la
conexión entre la aceptación de la investigación
y la gravedad de lo investigado
era inevitable. Si se aceptaba iniciar la
averiguación, dado que los hechos eran
públicos, por sentido común era previsible
que se señalaría a los culpables y se
solicitaría a las instancias competentes
que fincaran responsabilidades. Eso parecía
evidente sobre todo después de que
se diera a conocer el informe preliminar
elaborado por la comisión encabezada
por el ministro Silva Meza. Esa primera
indagatoria, que sería enviada a los involucrados
y, posteriormente, discutida
y valorada por el Pleno del Tribunal,
prometió lo impensable: generó la ilusión
de que el cielo, por fin, clareaba.

La ilusión duró hasta el último momento.
Pero sólo fue eso: una quimera
de redención en un país mansamente
habituado a la injusticia. El martes 27
de noviembre de 2007 lo primero que
se decidió en la Corte fue ratificar un
sesgo en la averiguación que habían trazado
desde enero y que suponía cercenar
de la investigación la raíz profunda
del problema: el tema de la pederastia y
de la pornografía infantil no constaría
en el informe y, por lo mismo, no sería
tomado en cuenta. Con ello bosquejaron
el desenlace del asunto. El drama de
fondo, la causa y contexto del calvario
de la periodista, no contaba. Estas fueron las palabras del secretario general de
acuerdos de la Suprema Corte al anunciar
la determinación: “hay una mayoría
de seis señores ministros cuya intención
de voto es de que ({sic}) la extensión de
la investigación no debe comprender la
existencia de las redes de pederastia”.4
Ello a pesar de que en el informe presentado
por el ministro Silva Meza se
afirmaba que, después de la investigación
realizada, era posible determinar
la existencia de violaciones “reiteradas
y sistemáticas” de derechos fundamentales
en perjuicio de menores. La suerte
estaba echada.

Las violaciones de las garantías individuales
de la periodista Lydia Cacho
empalidecen cuando las desvinculamos
de los hechos, tristes y nefandos,
que denunció en {Los demonios del Edén}.
Fuera de ese entorno la gravedad de las
mismas, incluso aceptando que fuesen
producto de un concierto de autoridades
del estado de Puebla, se desdibuja.
Al menos eso es lo que transpira de la
discusión de los ministros y de la decisión
final, zanjada por una mayoría de
seis votos, el jueves 29 del penúltimo
mes del año. Y, a pesar de lo indignante
del abuso al que fue sometida, cuando se
trata de una investigación realizada por
la Suprema Corte de Justicia, la revaloración
a la baja de la gravedad del atropello
no adolece de sentido; y no porque
las violaciones a sus derechos carezcan
de importancia sino porque existen
otros recursos y procedimientos legales
—digamos, menos excepcionales— para
combatirlas. Por eso el presidente de la
Corte, Ortiz Mayagoitia, pudo afirmar
que, aunque las garantías individuales
de la periodista fueron violadas, dichas
violaciones “no adquieren el calificativo
de graves”. Ciertamente, aun sin considerar
el caso de la pederastia y la pornografía
infantil, los ministros pudieron
llegar a la conclusión contraria y calificar
como graves las violaciones a las
garantías de Lydia Cacho, pero la conclusión
de Ortiz Mayagoitia, que al final
fue la que se impuso, sólo tenía cabida
si se ignoraba la gravedad del contexto
en el que tuvieron lugar los atropellos.
Y eso fue lo que se hizo.

Para valorar a cabalidad los alcances
de la decisión que ignora el contexto,
conviene recordar lo que se había solicitado
a la Suprema Corte. Según un escrito
de la presidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, citado por
el ministro ponente, los legisladores solicitaron
al máximo tribunal “averiguar
la grave violación de garantías individuales,
no sólo de la periodista Lydia
María Cacho Ribeiro, sino también de
los menores involucrados en las redes de
pederastia, y pornografía, y explotación
infantil, así como las relativas al impedimento
para el ejercicio de la libertad
de expresión y de prensa…”. El dictamen
elaborado por el ministro comisionado,
después de cumplir con esta petición,
concluyó la existencia en nuestro país
“de violaciones graves de garantías individuales
en relación con los menores”.
Si colocamos esta afirmación como trasfondo,
a contraluz, adquiere todo su sentido
y gravedad la violación de garantías
a la que fue sometida Lydia Cacho. El
horror que vivió no fue un hecho aislado
sino un eslabón más de una cadena
de abusos, violaciones y atropellos. Este
mirador prismático es el que permite
dimensionar la gravedad de lo sucedido:
las propias autoridades que deberían
proteger a la población, por omisión o
por acción, contribuyeron a la violación
de derechos fundamentales, primero, de
los menores y, después, de quien denuncia
su calvario. La propia Lydia Cacho
calibró la gravedad del caso: “el aparato
del Estado fue utilizado para acallar el
caso de pornografía infantil”; no es lo
mismo que un gobernador proteja a un
empresario a que proteja a “un hombre
que compra niñas por dos mil dólares
para tener orgías con ellas”. Ése es el
fondo de la trama que la mayoría de los
ministros decidió ignorar.

{{VI}}

La facultad investigadora contenida en
el párrafo segundo del artículo 97 constitucional
es, como hemos visto, una potestad
política y discrecional. Sólo por
ello debe desaparecer de la Constitución.
La Corte, sin actuar en su carácter
de juzgador, puede decidir si la ejerce,
hasta dónde la ejerce, y para qué lo hace.
En el caso que nos ocupa, para colmo,
todas esas definiciones fueron producto
de votaciones divididas.5 Por eso resultó
absurda la defensa del trabajo de la Suprema
Corte que, a nombre de todos sus
compañeros, realizó la ministra Luna
Ramos: nuestra tarea “implica la obligación
de hacer siempre lo debido y no lo
que resulta popular”. Podemos conceder
el punto, pero, ¿cómo saben que hicieron
lo debido si su decisión final, producto
de la más amplia discrecionalidad, fue el
resultado de una votación dividida en la
que la mayoría y la minoría defendieron
posiciones irreconciliables?

Otra razón, quizá la principal, para
derogar de la Constitución la facultad
investigadora tiene que ver con sus efectos.
Por un lado, como evidenció el caso
de Aguas Blancas, existe el riesgo de la
ineficacia: el máximo tribunal del país
concluye una investigación de la que
deben desprenderse consecuencias y las
autoridades responsables de ejecutarlas
simplemente las ignoran. De esta forma,
{de facto}, la Corte queda reducida a una
especie de {ombudsman} decorativo: lo
primero porque su informe se reduce a
una simple recomendación, lo segundo
porque nadie le hace caso. Si esto sucede,
el golpe al Estado de derecho es frontal.

Pero también existe un riesgo que
opera en la dirección contraria: supongamos que las conclusiones de la
Corte en una investigación determinada,
que establezcan la responsabilidad
de algunos personajes,
son observadas con escrúpulo por
todas las autoridades que, a juicio
del máximo tribunal, deben actuar
en consecuencia. En ese supuesto,
¿qué garantías procesales les quedan
a los inculpados? En el caso Lydia
Cacho, por ejemplo, cuando la Corte
abrió su investigación estaban en
curso otros 11 procesos legales de
diversa naturaleza. Si la Suprema
Corte, la última instancia, deslinda y
establece responsabilidades, ¿quién
garantiza la objetividad de las autoridades,
administrativas y jurisdiccionales,
inferiores? En este caso,
{de facto}, la Corte se convertiría en
una especie de tribunal especial de
una instancia: lo primero porque la
comisión investigadora se erige para
el caso concreto, y lo segundo porque,
aunque la investigación no sea
un acto jurisdiccional, sus conclusiones
prefigurarían las decisiones
de las autoridades inferiores. Si esto
sucede, se acabaría con las garantías
del “debido proceso”.

Por todo ello la facultad, simple
y llanamente, debe derogarse. Sobre
todo ahora que existe la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Pero si eso no sucede y la facultad
persiste, existen razones para que no
se ejerza. Una sobre todas (quizá coyuntural
pero fundamental): algunos
de nuestros ministros no están listos
para usarla. A pesar de lo que dijo la
ministra Luna Ramos, con frecuencia
parece que la Suprema Corte de Justicia
actúa siguiendo los oráculos de un
consultor mediático o en respuesta a
los amagues y presiones de los actores
políticos. Ésa, quizá, es la razón por
la que aunque tenga las facultades, de
cara a los ciudadanos, no logra consolidarse
como un Tribunal Constitucional
serio, solvente, confiable. {{n}}

1 Los datos fueron referidos por el entonces
ministro Juan Díaz Romero (sesión del Pleno
de la Corte del 18 de abril de 2006).

2 Ver, entre otras, las siguientes Tesis del Pleno
de la SCJN: P. XC/96; P. LXXXVIII/96; P.
LXXXVI/96; P. XLIV/97; P. XLVII/1999; P/J
19/2000.

3 A favor de ejercer la facultad votaron los ministros
Cossío Díaz, Góngora Pimentel, Gudiño
Pelayo, Valls Hernández, Sánchez Cordero
y Silva Meza.

4 Los seis ministros que votaron en ese sentido
fueron: Aguirre Anguiano, Gudiño Pelayo,
Azuela Güitrón, Valls Hernández, Ortiz Mayagoitia
(Presidente) y Luna Ramos.

5 Solamente un Acuerdo sobre las reglas de
actuación de las comisiones investigadoras
aprobado el de 20 agosto de 2007 fue producto
de una decisión unánime.